{"id":99897,"date":"2026-06-25T19:35:29","date_gmt":"2026-06-25T19:35:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3128-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:35:29","modified_gmt":"2026-06-25T19:35:29","slug":"stc3128-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3128-2017\/","title":{"rendered":"STC3128-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3128-2017  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2016-02241-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 31 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Steckerl Aceros SAS, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Primero Penal del Circuito y la Fiscal\u00eda Cuarenta y Seis de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso penal seguido contra Carlos Vides, Giovanni Arrieta y \u00c1lvaro Col\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La sociedad accionante actuando a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vigencia de un orden justo y los derechos de la v\u00edctimas dentro del proceso penal a la reparaci\u00f3n integral, la verdad y a la justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.  <\/span><\/p>\n

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2.                Relata que la Compa\u00f1\u00eda fue v\u00edctima de un hurto calificado y agravado continuado del que fueron acusados Carlos Vides, Giovanni Arrieta y \u00c1lvaro Col\u00f3n, quienes al parecer se apropiaron de un monto superior a los 535 millones de pesos, la investigaci\u00f3n fue adelantada por la Fiscal\u00eda 46 Seccional quien present\u00f3 ante la judicatura un preacuerdo con uno de los procesados, consistente en eliminar de la imputaci\u00f3n la circunstancia calificante y dejar la acusaci\u00f3n solo en hurto agravado, \u00ab(\u2026) sin que hubiera modificaci\u00f3n alguna de la prueba y sin que el procesado aportara elemento alguno para adelantar la investigaci\u00f3n o reparar a la v\u00edctima, la Fiscal\u00eda modific\u00f3 los cargos sin justificaci\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que la funci\u00f3n de la Fiscal\u00eda es acusar y obtener la sanci\u00f3n penal por el delito, lo cual no hizo en este caso, desconociendo adem\u00e1s el control judicial exigido por el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, adem\u00e1s de impedirle la participaci\u00f3n a la v\u00edctima en el asunto.  <\/span><\/p>\n

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Con miras a garantizar sus derechos en este proceso, plante\u00f3 la nulidad de dicha actuaci\u00f3n, la cual fue denegada en primera y segunda instancia, determinaciones de las cuales se queja manifestando que \u00ab(\u2026) lo que la Fiscal\u00eda, el Juzgado y el Tribunal permiten con las decisiones que han tomado es que delinquir pague en Colombia ya que el autor no tendr\u00e1 sanci\u00f3n efectiva, su sanci\u00f3n ser\u00e1 menor a la contempla la tipicidad acreditada por las pruebas, y los verdaderos responsables quedar\u00e1n en la impunidad (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3.                Se infiere que su petici\u00f3n se encuentra dirigida a que se revoquen las decisiones proferidas por los funcionarios judiciales demandados que negaron la nulidad frente al preacuerdo suscrito por la Fiscal\u00eda y uno de los coprocesados (ff. 1 a 20, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS E INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La Fiscal Cuarenta y Seis Seccional de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Econ\u00f3mico de Barranquilla, fue enf\u00e1tica en indicar que sus actuaciones se ajustaron plenamente a derecho y respetaron las garant\u00edas procesales de las partes.  Precis\u00f3 que no es cierto que se haya suscrito un preacuerdo con el acusado Vides Botello, la terminaci\u00f3n anticipada de la causa penal se dio en virtud de un allanamiento o aceptaci\u00f3n de cargos voluntaria.   Finalmente puntualiz\u00f3 que la adecuaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica \u00ab(\u2026) se realiz\u00f3 en cumplimiento del Principio de Tipicidad absoluta (\u2026)\u00bb (f. 53 a 57, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto no se vislumbra una v\u00eda de hecho en la actuaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n, pues \u00ab(\u2026) el auto discutido fue confirmado con base en una argumentaci\u00f3n jur\u00eddica, f\u00e1ctica y probatoria, toda vez que no es posible nulitar lo actuado por cuanto no se configur\u00f3 yerro alguno en primera instancia\u00bb (ff. 75 y 76, ib.).  <\/span><\/p>\n

3.        Los abogados defensores de dos de los coprocesados se pronunciaron refutando los dichos de la empresa demandante, se\u00f1alando de temeraria y de mala fe la acci\u00f3n constitucional por ella promovida \u00ab(\u2026) al mentir reiteradamente con afirmaciones como la de que se le dio aplicaci\u00f3n al Principio de Oportunidad, cuando esto no es cierto o cuando afirma que hubo un preacuerdo o negociaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda cuando esto tampoco es cierto (\u2026)\u00bb (ff. 110 a 112, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad que orienta esta excepcional v\u00eda tutelar, y destac\u00f3 que \u00ab(…) la tutela no est\u00e1 dirigida a resolver las controversias sometidas al conocimiento del juez natural al interior del proceso cuando en el ordenamiento jur\u00eddico existe un medio de defensa judicial id\u00f3neo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, m\u00e1xime que el debate planteado a\u00fan no ha culminado (\u2026)\u00bb (ff. 121 a 132, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El apoderado de la sociedad querellante, reprocha el fallo de primer grado al cual acusa de no haber analizado los argumentos planteados ni la situaci\u00f3n f\u00e1ctica respecto de los derechos de la v\u00edctima en el proceso penal, y aduce que \u00ab(\u2026) con el argumento que utiliza la Corte no ser\u00eda posible corregir las v\u00edas de hecho y el desconocimiento de los derechos fundamentales por parte de los llamados a garantizar su efectividad\u00bb.  Reiter\u00f3 finalmente lo indicado en el escrito incoatorio en el sentido que la Fiscal\u00eda cuestionada incumpli\u00f3 sus obligaciones y admiti\u00f3 la postura del procesado que \u00ab (\u2026) condicion\u00f3 la aceptaci\u00f3n de cargos a que la acusaci\u00f3n se presentara por un delito de menor gravedad sin reparar a la v\u00edctimas y sin aportar informaci\u00f3n a la investigaci\u00f3n y contrariando lo que est\u00e1 probado en el expediente (\u2026)\u00bb (ff. 147 a 153, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, tambi\u00e9n se ha instituido que excepcionalmente, puede acudirse a esta herramienta, en los casos en los que el funcionario respectivo adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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       2.        En el presente caso, conforme a los antecedentes destacados, la controversia se centra en establecer si los prove\u00eddos que no accedieron a la declaratoria de nulidad impetrada por la sociedad demandante en el curso del referido pleito penal, viola las prerrogativas reclamadas en esta sede constitucional.  <\/span><\/p>\n

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       Desde ya debe indicarse la improcedencia del amparo por prematuro, pues no puede pretender la Compa\u00f1\u00eda reclamante que este sentenciador se pronuncie sobre un t\u00f3pico que le corresponde resolver al juzgador natural, por cuanto, de admitirse, implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas dentro del respectivo juicio penal.  <\/span><\/p>\n

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       La anterior afirmaci\u00f3n se hace porque, no obstante tramitarse y decidirse la petici\u00f3n de nulidad all\u00ed propuesta, lo cierto es que el asunto se encuentra en curso a\u00fan en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla y, por tanto, es all\u00ed donde debe exponer la salvaguarda de sus derechos, vale decir, a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n frente al fallo de primer grado, el cual no se ha proferido.  <\/span><\/p>\n

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       Deviene dicha aserci\u00f3n seg\u00fan las pruebas incorporadas a la presente actuaci\u00f3n y pedidas por esta Sala al Despacho accionado en donde se aprecia el auto de 6 de febrero de 2017, mediante el cual citan a las partes e intervinientes a la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n dentro del proceso con radicado 08001-60-01-062-2015-00223-01, donde figura como acusado Carlos Ubaldo Vides Botello, diligencia que se llevar\u00e1 a cabo el pr\u00f3ximo \u00ab (\u2026) 8 de marzo de 2017,a las 09:30 de la ma\u00f1ana en la sala 14 del Edificio Telecom piso 1 (\u2026)\u00bb (ver f. 3, cd. Corte)  <\/span><\/p>\n

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De acuerdo con lo rese\u00f1ado, se impone la aplicaci\u00f3n de la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba, del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, tal como viene de anotarse, la acci\u00f3n no puede prosperar dado que cualquier pronunciamiento sobre el asunto resultar\u00eda evidentemente anticipado, como qued\u00f3 visto, ya que a\u00fan no ha sido definido por el juez competente, por lo tanto, se insiste, no es viable acudir a esta senda tutelar cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que la caracteriza, pues el Juez constitucional no puede actuar como si fuera otra instancia ni operar paralelamente con otras actuaciones ni interferir en el procedimiento o adelantar su resoluci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (subrayado en texto, ver entre otras STC6172-2015 y, STC6097-2016, 12 may, rad. 00558-01).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) es claro que el proceso penal no ha concluido y se encuentra para la realizaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n correspondiente, por lo que los libelistas pueden exponer durante su desarrollo todas las circunstancias que, en su criterio, les afecten garant\u00edas, a fin de que dentro de ese escenario se surta el control de legalidad respectivo.   <\/span><\/p>\n

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Ello, por cuanto este camino no fue creado para revisar de forma paralela o anticipada las decisiones judiciales y, por ende, antes de acudir al amparo, las personas deben agotar los instrumentos establecidos en la ley y esperar a que se adopte una decisi\u00f3n final que pueda ser rebatible por la v\u00eda excepcional.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed lo expuso esta Sala cuando indic\u00f3 que \u201c[s]obre las inconformidades que surgen dentro de las causas,\u2026 corresponde a los interesados exponerlas ante el funcionario de conocimiento, a trav\u00e9s de los mecanismos dispuestos al efecto, y, si ya se acudi\u00f3 a ellos, es necesario esperar un pronunciamiento que defina lo cuestionado, pues, de lo contrario el amparo se torna presuroso\u201d (sentencia de 3 de agosto de 2012, exp, 01473-01).  <\/span><\/p>\n

De conformidad con tales lineamientos esta tutela resulta prematura, pues, como qued\u00f3 visto, se encuentra en curso el proceso penal cuestionado, donde no se ha dictado sentencia, momento propicio para estudiar las irregularidades nacidas en la actuaci\u00f3n punitiva.   <\/span><\/p>\n

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Sobre el punto esta Corte indic\u00f3 que \u201c[e]l impugnante no puede aspirar a que el sentenciador constitucional se anticipe a pronunciarse sobre un t\u00f3pico que le corresponde desatar al fallador natural, por cuanto, de admitirse, implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales se pueden buscar las garant\u00edas de tales prerrogativas dentro de esa misma causa\u2026De acuerdo con lo anterior, el amparo propuesto se torna apresurado\u2026, circunstancia que impide el otorgamiento de la protecci\u00f3n, por as\u00ed disponerlo claramente los art\u00edculos 86, inciso 3\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 6\u00ba, numeral 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (fallo de 29 de junio de 2011, exp. 01079-01, reiterada en  STC6497, 22 de mayo de 2014, rad. 00624-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        Consecuentemente con lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo objeto de la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC3128-2017      Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2016-02241-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99897","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99897"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99897\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99897"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99897"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}