{"id":99898,"date":"2026-06-25T19:35:34","date_gmt":"2026-06-25T19:35:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3129-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:35:34","modified_gmt":"2026-06-25T19:35:34","slug":"stc3129-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3129-2017\/","title":{"rendered":"STC3129-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3129-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2017-00003-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilfredy Aguirre Molina contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 y el ciudadano Miguel Eduardo Cabrera Gonz\u00e1lez, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Quinto Civil Municipal de la misma ciudad, al curador ad-l\u00edtem de las personas indeterminadas, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado por la autoridad judicial acusada al declarar la nulidad por falta de competencia del proceso verbal especial de pertenencia promovido por \u00e9l contra Miguel Eduardo Cabrera Gonz\u00e1lez y las personas indeterminadas.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 19 de junio de 2013, Wilfredy Aguirre Molina present\u00f3 demanda verbal especial de pertenencia, para otorgar t\u00edtulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica, sanear la falsa tradici\u00f3n, contra Miguel Eduardo Cabrera Gonz\u00e1lez y las personas indeterminadas, a fin de obtener la declaraci\u00f3n de adquisici\u00f3n del derecho de dominio por prescripci\u00f3n extraordinaria del bien ra\u00edz identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 350-34388, ubicado en la manzana I casa 3 de la Urbanizaci\u00f3n La Colina del Norte, de Ibagu\u00e9, Tolima.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Once Civil Municipal de Ibagu\u00e9, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, requiri\u00f3 a las autoridades p\u00fablicas correspondientes previ\u00f3 a la calificaci\u00f3n del libelo introductor, mediante auto de 9 de agosto de 2013.  <\/span><\/p>\n

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3. Posteriormente, en prove\u00eddo del 25 de marzo de 2015, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, a quien se reasign\u00f3 ese proceso, lo admiti\u00f3 y orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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4. El demandado se opuso a las s\u00faplicas de su contraparte e interpuso las excepciones de \u00abinexistencia de causal contractual que genere incumplimiento\u00bb, \u00abnulidad absoluta de las promesas de compraventa\u00bb, \u00abacci\u00f3n equivocada e impertinente por parte del demandante\u00bb, \u00abinepta demanda por indebida motivaci\u00f3n probatoria de las pretensiones\u00bb y \u00abexceptio non adimpleti contractus\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5. El curador ad l\u00edtem de las personas indeterminadas contest\u00f3 la demanda sin proponer medios exceptivos.  <\/span><\/p>\n

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6. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el juez de la causa dict\u00f3 sentencia el 5 de agosto de 2016, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones.  <\/span><\/p>\n

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7. Contra esta decisi\u00f3n, el demandado present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, al que correspondien providencia adiada el 25 de noviembre del a\u00f1o citado, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio, por falta de competencia del a quo.  <\/span><\/p>\n

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9. La parte demandante manifest\u00f3 su inconformidad frente a la determinaci\u00f3n anterior y solicit\u00f3 que se revisara, sin embargo el juzgador mantuvo su decisi\u00f3n inc\u00f3lume.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, puesto que el despacho accionado no tuvo en cuenta que la demanda fue presentada bajo la vigencia y las reglas del proceso verbal especial para la titulaci\u00f3n de la posesi\u00f3n material sobre inmuebles urbanos y rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica y saneamiento de t\u00edtulos con falsa tradici\u00f3n, establecido en la Ley 1561 de 2012, motivo por el cual carece de fundamento la nulidad decretada por el ad quem. [Folios 1-8, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al estrado judicial querellado y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, el curador ad l\u00edtem de las personas indeterminadas, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 12, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 rese\u00f1\u00f3 lo actuado en el proceso cuestionado y manifest\u00f3 que, en su sentir, no se configur\u00f3 la nulidad decretada por el superior, pues s\u00ed era competente para conocer ese tipo de juicios, con fundamento en la Ley 1561 de 2012. [Folios 22-24, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que deb\u00edan analizarse todos los requisitos para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela y tenerse en cuenta que esta no procede cuando se ataca la interpretaci\u00f3n de los funcionarios judiciales. [Folios 25-27]  <\/span><\/p>\n

De otro lado, Miguel Eduardo Cabrera Gonz\u00e1lez se opuso a la prosperidad del resguardo pues el juez municipal carec\u00eda de competencia para tramitar y fallar la demanda de pertenencia presentada por el quejoso, la cual, adicionalmente, carece de fundamento legal porque con ella se pretende desconocer la cosa juzgada de una sentencia dictada previamente en la que se negaron las pretensiones del actor. [Folios 28-35, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 23 de enero de 2017, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad mencionada que dejara sin efectos la providencia del 25 de noviembre del a\u00f1o precedente y emitiera una nueva decisi\u00f3n, debido a que ese despacho incurri\u00f3 en defecto sustantivo al declarar la nulidad de falta de competencia a un asunto que no le era aplicable, a saber, el proceso verbal especial examinado, en raz\u00f3n a que la Ley 1561 de 2012 le atribuye el conocimiento a los jueces civiles municipales para conocer en primera instancia aquel tipo de juicios. [Folios 66-74, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el se\u00f1or Cabrera Gonz\u00e1lez la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito de intervenci\u00f3n. [Folios 83-97, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto, como resultado del an\u00e1lisis de la providencia proferida el 25 de noviembre de 2016 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, en la que se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto, del proceso verbal especial de pertenencia para otorgar t\u00edtulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica promovido por el accionante, se advierte su incursi\u00f3n en un defecto sustantivo, que transgrede los derechos fundamentales del accionante, y hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional.   <\/span><\/p>\n

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En efecto, el Juzgado del Circuito, decret\u00f3 la invalidez del juicio, en una indebida aplicaci\u00f3n de la regla general de competencia, establecida en art\u00edculo 16 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que asigna el conocimiento de los litigios de pertenencia a los jueces civiles del circuito, pues lo cierto es que dicha controversia estaba regida por normas especiales, dispuestas en la Ley 1561 de 2012, en las que se asigna el conocimiento de manera espec\u00edfica a los despachos civiles municipales.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque el legislador con el objeto de promover el acceso a la propiedad, as\u00ed como garantizar la seguridad en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzados de \u00e9stos, estableci\u00f3 el proceso especial \u00abpara otorgar t\u00edtulo de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica, y para sanear t\u00edtulos que conlleven la llamada falsa tradici\u00f3n\u00bb, sobre aquellos predios urbanos o rurales cuyo aval\u00fao catastral no supere los doscientos cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (250 smlmv), al cual com\u00fanmente se le llama proceso verbal de pertenencia especial,  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed, que su art\u00edculo 5\u00ba, indica: \u00ablos asuntos objeto de esta ley se tramitar\u00e1n por el proceso verbal especial aqu\u00ed previsto y se guiar\u00e1n por los principios de concentraci\u00f3n de la prueba, impulso oficioso, publicidad, contradicci\u00f3n y prevalencia del derecho sustancial. En lo no regulado en esta ley, se aplicar\u00e1n las disposiciones previstas para el proceso verbal de declaraci\u00f3n de pertenencia en el estatuto general de procedimiento vigente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De manera, que para tramitar la prescripci\u00f3n ordinaria y extraordinaria de los citados bienes, debe atenderse el procedimiento dispuesto en la referida norma, y s\u00f3lo es posible acudir a las reglas generales del proceso de pertenencia del estatuto procesal civil, cuando exista un vaci\u00f3 en aquella disposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.1. Ahora bien, el art\u00edculo   8\u00ba de la mencionada Ley, indica: \u00abEl juez competente. Para conocer el proceso verbal especial de que trata esta ley, ser\u00e1 competente en primera instancia, el Juez Civil Municipal del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si estos comprenden distintas divisiones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

De lo que se colige, que el legislador, de forma privativa, asign\u00f3 el conocimiento de las referidas pertenencias especiales, en primera instancia, a los jueces civiles municipales, por lo que frente a ese aspecto no es aplicable ninguna otra norma.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, para determinar la competencia del proceso de prescripci\u00f3n adquisitiva, objeto de la tutela, no era posible acudir a las reglas dispuestas en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que regula la competencia de los procesos de pertenencia en forma general, ni menos  decretar la nulidad del tr\u00e1mite por falta de ellas, pues prevale la disposici\u00f3n que regula de forma especial el caso.  <\/span><\/p>\n

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2.2. De igual forma, aun cuando es posible pensar que existe una antinomia, entre lo dispuesto en la Ley 1561 de 2012 y el referido art\u00edculo 16 del citado estatuto procesal, lo cierto es que al aplicar las normas, establecidas para solucionar dichas contradicciones jur\u00eddicas, tambi\u00e9n se llega a la misma conclusi\u00f3n, esto es, que se deb\u00eda aplicar la primera.  <\/span><\/p>\n

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En efecto,  el art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Civil, subrogado por el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 57 de 1887, indica que \u00abcuando haya incompatibilidad entre una disposici\u00f3n constitucional y una legal, preferir\u00e1 aqu\u00e9lla. Si en los C\u00f3digos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre s\u00ed, se observar\u00e1n en su aplicaci\u00f3n las reglas siguientes: 1\u00aa. La disposici\u00f3n relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga car\u00e1cter general\u00bb. (Subrayado fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

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A su vez los art\u00edculos 1\u00ba a 48 de la Ley 153 de 1887, fijan la metodolog\u00eda orientadora del juez y el int\u00e9rprete para seleccionar cu\u00e1l de las disposiciones jur\u00eddicas en conflicto debe aplicarse, la primera regla hermen\u00e9utica es la jer\u00e1rquica.  <\/span><\/p>\n

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Al aplicar los diferentes criterios,  se advierte que la ley 1561 de 2012, no s\u00f3lo es posterior, sino que adem\u00e1s regula de manera especial el tr\u00e1mite de la pertenencias \u00abpara otorgar t\u00edtulo de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica, y para sanear t\u00edtulos que conlleven la llamada falsa tradici\u00f3n\u00bb, por lo que, entonces, la norma aplicable en este caso es dicho precepto y por ende, no pod\u00eda acudirse al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como indebidamente lo realiz\u00f3 el jugador accionado.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, era imperativa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de conjurar la transgresi\u00f3n de la garant\u00eda superior al debido proceso del accionante, ante el defecto sustantivo que se gener\u00f3 en la segunda instancia al decretarse la nulidad aludida, tal como lo dispuso el Tribunal.  <\/span><\/p>\n

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4. De otro lado, en atenci\u00f3n a los reparos expuestos por el impugnante, acerca de la falta de fundamento legal de la demanda verbal especial de pertenencia presentada por el promotor de la queja por la existencia de cosa juzgada, debe decirse que este no es el escenario para debatir tales asuntos, pues los mismos deben ser expuestos ante el juez natural de la controversia, a trav\u00e9s de los recursos dispuestos por el legislador para ello.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, es necesario advertir que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la protecci\u00f3n estaba llamada a concederse, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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