{"id":99900,"date":"2026-06-25T19:35:46","date_gmt":"2026-06-25T19:35:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3131-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:35:46","modified_gmt":"2026-06-25T19:35:46","slug":"stc3131-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3131-2017\/","title":{"rendered":"STC3131-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3131-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-002-2016-00549-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del  Distrito Judicial de Villavicencio, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Didier Ancizar Bedoya, contra el Ministerio de Defensa Nacional, Polic\u00eda Nacional y Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a  la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante, por intermedio de apoderado judicial solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, presunci\u00f3n de inocencia, buen nombre, honra, debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n que estima vulnerados por las autoridades accionadas  al no concederle el ascenso retroactivo, que en m\u00faltiples ocasiones ha pedido, cuando cumple con todos los requisitos para hacerse acreedor de aquel.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita i) se le otorgue el derecho al ascenso al grado de Subteniente con \u00abretroactividad de fecha fiscal marzo de 2011\u00bb;  ii) que le sean cancelados en su totalidad, los emolumentos, incluyendo primas laborales dejadas de percibir desde el momento que se debi\u00f3 surtir el ascenso con la antig\u00fcedad y fecha fiscal en igualdad de condiciones de sus otros compa\u00f1eros de curso, es decir, lo comprendido entre marzo de 2011 y hasta septiembre de 2012 \u2013fecha en la que se dio el ascenso a Subintendente sin retroactivo-. Y iii) se le otorgue el derecho a nivelar el ascenso al grado de Intendente, fecha fiscal marzo de 2016 \u2013fecha en la que se ascienden los suboficiales tal y como sucedi\u00f3 con los que tambi\u00e9n aplicaron.  [Folios 18- 19, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Cont\u00f3 el accionante que el 1\u00b0 de enero de 2010, siendo patrullero de la Polic\u00eda Nacional, ingres\u00f3 a la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jim\u00e9nez de Quesada, con sede en el Municipio de  Sibat\u00e9 \u2013Cundinamarca para adelantar estudios correspondientes al curso de ascenso para el grado de Subintendente, el cual culmin\u00f3 el 31 de diciembre de ese a\u00f1o.   <\/span><\/p>\n

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2. El 4 de marzo de 2011, por parte del Jefe grupo Promoci\u00f3n laboral recibe por medio de correo electr\u00f3nico la notificaci\u00f3n de novedad, que revisados sus antecedentes, se encuentra reportado en la base de datos de la Procuradur\u00eda, con investigaci\u00f3n disciplinaria por la falta \u00ababuso de funci\u00f3n p\u00fablica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 18 de abril de 2011, se le comunica nuevamente que la Junta de Evaluaci\u00f3n y Clasificaci\u00f3n de Suboficiales, no propuso su ingreso al grado de Subintendente por no reunir los requisitos establecidos en el art\u00edculo 21 del Decreto Ley 1791 de 2000. [Folio 23, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. El 31 de mayo siguiente, el promotor de la queja, eleva petici\u00f3n a la entidad con el fin de que se le aclarara:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) si el procedimiento a seguir para su ascenso es esperar a que fallen la investigaci\u00f3n o en su defecto la archiven\u00bb  <\/span><\/p>\n

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5. A su pedimento, el 7 de junio de esa anualidad, recibe respuesta en la que le citan las normas de clasificaci\u00f3n para ascenso y que su nombre ser\u00e1 nuevamente presentado ante la Junta de Evaluaci\u00f3n cuya sesi\u00f3n se surtir\u00eda en septiembre de 2011. [Folio 24, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Mientras tanto, por otro lado, el 5 de abril de 2012, la Procuradur\u00eda delegada para la Polic\u00eda Nacional, decreta la nulidad del proceso disciplinario a partir de la providencia de 27 de mayo de 2008 que dio apertura a la investigaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. El 8 de septiembre de 2011, una vez m\u00e1s se le comunica que no fue propuesto para ascenso.  <\/span><\/p>\n

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8. Luego de m\u00faltiples reclamaciones, mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 03547 de 23 de septiembre de 2012, el Director Nacional de la Polic\u00eda Nacional de Colombia, asciende al solicitante al grado de Subintendente, con fecha de causaci\u00f3n, 30 de septiembre de 2012 \u2013sin el retroactivo pretendido-.  [Folios 31 y 32, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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9. Hasta el 6 de noviembre de 2014, el reclamante, radic\u00f3 ante la Direcci\u00f3n de Talento humano de la Polic\u00eda, petici\u00f3n en la que solicit\u00f3 el ascenso retroactivo \u00abcon la antig\u00fcedad y fecha fiscal de ascenso de sus compa\u00f1eros de curso, es decir desde el mes de marzo del a\u00f1o 2011\u00bb, por cumplir con los requisitos para acceder a su pretensi\u00f3n.  [Folios 33 – 35, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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10. El Jefe de \u00c1rea de Desarrollo humano, el 14 de diciembre del mismo a\u00f1o, le solicit\u00f3 allegar \u00ablos soportes que consten del t\u00e9rmino de la actuaci\u00f3n disciplinaria\u00bb, para presentaros ante la Junta competente quien \u00abevaluar\u00e1 la situaci\u00f3n administrativa comentada y podr\u00e1 proponer la modificaci\u00f3n  de la fecha fiscal de ingreso\u00bb.  [Folio 36, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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11. El 28 de diciembre de 2015, present\u00f3 una nueva petici\u00f3n dirigida al Director de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional en la que expuso las razones por las cuales considera tener derecho al ascenso retroactivo, con aquel escrito adjunt\u00f3 la  documentaci\u00f3n como medio de prueba, e incluy\u00f3 el pronunciamiento de la Procuradur\u00eda que declar\u00f3 la nulidad de la investigaci\u00f3n disciplinaria.  [Folios 39 – 67, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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12. La entidad acusada, mediante oficio de 14 de enero de 2016, en respuesta a su petici\u00f3n, le inform\u00f3 que su solicitud se presentar\u00eda ante la Junta de Evaluaci\u00f3n, para la sesi\u00f3n del primer semestre de 2016. [Folio 68, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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13. El 24 de abril de 2016, se le inform\u00f3 al peticionario que en sesi\u00f3n de 29 de marzo de 2016, mediante acta N\u00b0 012, la Junta de Evaluaci\u00f3n y Calificaci\u00f3n, no recomend\u00f3 la modificaci\u00f3n de la fecha fiscal de ingreso al grado que ya ostenta.  <\/span><\/p>\n

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Entre las consideraciones all\u00ed plasmadas, y tras revisar el pronunciamiento de la Procuradur\u00eda sobre la investigaci\u00f3n disciplinaria, expuso:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026)se evidencia que en la citada providencia se declar\u00f3 la nulidad desde el momento en que se orden\u00f3 la investigaci\u00f3n como consecuencia de las irregularidades que se presentaron, pero igualmente se estableci\u00f3 que deb\u00eda rehacerse la actuaci\u00f3n a partir de dicha etapa por parte de la Procuradur\u00eda Regional del Vichada.  <\/span><\/p>\n

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14. En vista del comunicado, el 2 de mayo de 2016, procedi\u00f3 a solicitar copia \u00edntegra de la referida acta, que luego de  diferentes tr\u00e1mites, y consignar las copias, le fue allegada en 416 folios \u00fatiles el 28 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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15. En criterio del peticionario del amparo, las autoridades accionadas, vulneraron sus garant\u00edas fundamentales porque pese a las m\u00faltiples reclamaciones, \u00abcon motivaciones carentes en derecho, neg\u00f3 en todo momento lo pedido administrativamente\u00bb.  En su sentir, la investigaci\u00f3n disciplinaria por abuso de autoridad, no est\u00e1 estimada como falta grave, y adem\u00e1s no hay sanci\u00f3n contra \u00e9l, lo que significa que cumple con los requisitos legales para acceder al ascenso retroactivo.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 19 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y se orden\u00f3 el traslado de los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 88, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Procuradur\u00eda Regional del Vichada inform\u00f3 que adelant\u00f3 contra el accionante y otros miembros de la Polic\u00eda Nacional, proceso disciplinario conocido con el radicado N\u00b0 035-1274 de 2007;  que si bien, en el aludido asunto se profiri\u00f3 fallo sancionatorio el 21 de noviembre de 2011, contra esa decisi\u00f3n se interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que al desatarse, en prove\u00eddo de 17 de julio de 2012, se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del auto que orden\u00f3 investigarlo disciplinariamente. Agreg\u00f3 que a la fecha no registra sanci\u00f3n alguna contra el quejoso. [Folio 91, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, pidi\u00f3 desestimar la acci\u00f3n de tutela porque actu\u00f3 dentro del marco de su competencia, como es registrar la informaci\u00f3n recibida por las diferentes autoridades que imponen una sanci\u00f3n o reportan un evento que ha quedado en firme, en ese sentido registr\u00f3 la sanci\u00f3n correspondiente a una multa equivalente a 10 d\u00edas de salario que se impuso dentro del proceso disciplinario N\u00b0 DEPUY -2015-41, sin que obre constancia de que el actor haya elevado petici\u00f3n alguna a causa de los antecedentes que registra. [Folios 92- 95, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s autoridades convocadas, guardaron silencio frente a esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 18 de enero de 2017, la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior de Villavicencio deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que no se cumpli\u00f3 el requisito de subsidiariedad pues el gestor de la queja dej\u00f3 de recurrir el acto por medio del cual se le deneg\u00f3 la petici\u00f3n ascenso retroactivo de fecha 29 de marzo de 2016. [Folios 96 -100, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la acci\u00f3n constitucional la impugn\u00f3, bajo el argumento que la negativa de las accionadas de conceder el pretendido retroactivo le ha causado un detrimento en su patrimonio y perjuicios morales para \u00e9l y su familia.  [Folios 103 – 104, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201cotro medio de defensa judicial\u201d, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiaridad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asusto sub examine, la inconformidad del actor, aflora en la negativa de las encausadas a reconocerle el ascenso con retroactivo desde el mes de marzo de 2011, pues s\u00f3lo lo obtuvo a partir de septiembre del a\u00f1o siguiente, cuando a su juicio, desde esa \u00e9poca cumpl\u00eda los requisitos para ser promovido al grado de Subintendente.  <\/span><\/p>\n

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Respecto del pedimento descrito, la Sala advierte que se torna improcedente la concesi\u00f3n del amparo, al no atenderse el principio que viene de comentarse, toda vez que el promotor de la queja dispuso de otros medios de defensa judicial a trav\u00e9s de los cuales pudo procurar la defensa adecuada de los derechos que estima transgredidos.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, es claro que frente a la comunicaci\u00f3n No. S-2016 111487 \/ADEHU-GRUAS \u2013 1.10, que data de 24 de abril de 2016, a trav\u00e9s de la cual se ofreci\u00f3 respuesta a la petici\u00f3n que elev\u00f3 el tutelante con toda la documentaci\u00f3n que estim\u00f3 suficiente para que se le concediera el ascenso con retroactividad a la fecha fiscal marzo de 2011, eran procedentes los recursos de la v\u00eda gubernativa \u2013 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n -, de los cuales, seg\u00fan da cuenta la actuaci\u00f3n constitucional, no hizo uso el accionante.  <\/span><\/p>\n

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Incluso, el actor cont\u00f3 con la posibilidad de cuestionar la decisi\u00f3n definitiva que all\u00ed se emitiera a trav\u00e9s de los mecanismos de control consagrados en el c\u00f3digo contencioso administrativo, puntualmente, el de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a controvertir la negativa de modificar la fecha fiscal de su ingreso al cargo de Subintendente.  <\/span><\/p>\n

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La efectividad de aquella herramienta, era tan palpable que a trav\u00e9s de las referidas acciones el tutelante pod\u00eda incluso solicitar el decreto de medidas cautelares, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  <\/span><\/p>\n

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Se reitera que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC, 26 ene. 2011, rad. 2011-00027-00)  <\/span><\/p>\n

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Deviene entonces, ostensible que si el promotor de este excepcional tr\u00e1mite no agot\u00f3 los mecanismos de defensa contemplados por el legislador respecto de la determinaci\u00f3n que considera transgresora de sus garant\u00edas fundamentales, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que deb\u00eda dirimirse por las autoridades policivas y judiciales competentes, a trav\u00e9s de los medios de defensa que dej\u00f3 de formular.  <\/span><\/p>\n

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3. Para finalizar, no se advierte el quebranto de la garant\u00eda fundamental a la igualdad del tutelante, en la medida en que no se encuentra acreditado que frente a otra u otras personas en id\u00e9ntica situaci\u00f3n a la suya, la Polic\u00eda Nacional hubiese dado una respuesta distinta a la que a \u00e9l se le entreg\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, se observa \u00fanicamente que el gestor compara su situaci\u00f3n con la de sus compa\u00f1eros de curso o promoci\u00f3n, a quienes seg\u00fan \u00e9l si promovieron desde marzo de 2011, sin que se demostrara la situaci\u00f3n que atraves\u00f3 cada uno de ellos, pero es lo cierto que en su caso particular, otras fueron las circunstancias que se presentaron y por ende, no puede, por esta v\u00eda constitucional, equipararse su situaci\u00f3n a la de los dem\u00e1s, para con base en ello otorgar el pretendido amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado estaba destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3131-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-002-2016-00549-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99900","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99900"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99900\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}