{"id":99901,"date":"2026-06-25T19:35:49","date_gmt":"2026-06-25T19:35:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3132-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:35:49","modified_gmt":"2026-06-25T19:35:49","slug":"stc3132-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3132-2017\/","title":{"rendered":"STC3132-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3132-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00485-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho   (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Narly Parra Plazas contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito (Huila), tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Sin formular petici\u00f3n concreta, la promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Cementos Argos S. A., promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Marcelino Achury Quintero, Edwin Achury \u00c1lzate, Narly Parra Plazas y Guillermo Plazas Parra, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 11 de julio de 2012.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Enterados los ejecutados de la orden de apremio, guardaron silencio, disponi\u00e9ndose seguir adelante la ejecuci\u00f3n con providencia del 13 de noviembre de 2012.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Indic\u00f3 la gestora del amparo que la ejecuci\u00f3n se inici\u00f3 como hipotecaria, pero que el juzgado accionado \u00abequipar[\u00f3] el ruego de demanda al tr\u00e1mite del PROCESO EJECUTIVO ASIMILADO A MIXTO, sin adecuar el tr\u00e1mite (\u2026) a los postulados que regulan este [p]roceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Agreg\u00f3 que el fallador desconoci\u00f3 que si bien el acreedor tiene la posibilidad \u00abde escoger entre el proceso ejecutivo hipotecario o prendario y el denominado proceso ejecutivo mixto, para este caso puntual, el acreedor opt[\u00f3] por el primero (\u2026) argumento que se desprende del escrito de (\u2026) demanda\u00bb; y que la demandante reclam\u00f3 el decreto de medida cautelares, sin aportar escrito separado, \u00abp\u00f3liza y cauci\u00f3n\u00bb.     <\/span><\/p>\n

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2.5.        Con fundamento en dichas circunstancias, la quejosa formul\u00f3 solicitud de nulidad, la cual fue rechazada de plano por el juzgado accionado, a trav\u00e9s de auto del 7 de marzo de 2016, decisi\u00f3n que apel\u00f3, siendo confirmada por el Tribunal accionado con auto del 27 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Finalmente, indic\u00f3 que \u00abno es deudora, que no debe dinero, no tiene obligaci\u00f3n econ\u00f3mica con CEMENTOS ARGOS S. A., por ende no existe documento adecuado al art\u00edculo 488 del C. P. C., que la coloque en calidad de sujeto pasivo en PROCESO EJECUTIVO MIXTO y mucho menos que se decreten medidas previas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 28 de febrero de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito (Huila) remiti\u00f3 copias de algunas piezas procesales y precis\u00f3 que \u00ablas providencias donde se decretaron las medidas cautelares no fueron recurridas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el proceso ejecutivo objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del escrito de demanda extracta la Corte que la gestora del amparo cuestiona (i) el prove\u00eddo del 27 de septiembre de 2016, con que el Tribunal convocado confirm\u00f3 el dictado el 7 de marzo de esa misma anualidad, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito, mediante el cual se rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n invalidatoria que ella elev\u00f3; (ii) las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo objeto de queja constitucional; y (iii) carencia de t\u00edtulo ejecutivo en su contra.  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Frente al primero de los reproches rese\u00f1ados, la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la mencionada providencia de 27 de septiembre de 2016, indic\u00f3 las razones por las cuales no dar\u00eda tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de nulidad que elev\u00f3 la actora.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, tras precisar que la normatividad aplicable a la prenotada solicitud era la contenida en el C\u00f3digo General del Proceso, expres\u00f3 que dicha \u00abcircunstancia da[ba] al traste con la aspiraci\u00f3n procesal de la recurrente, puesto que ya no tiene figuraci\u00f3n el aspecto f\u00e1ctico aducido como causal de nulidad [tr\u00e1mite inadecuado] de estos linajes\u2026\u00bb, contingencia que, sin duda, impon\u00eda el rechazo de la solicitud de invalidez, en virtud de lo que establece el art\u00edculo 1351 (inciso final) de la aludida codificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 las normas que regulan las nulidades procesales en el C\u00f3digo General del Proceso y concluy\u00f3 que las irregularidades relacionadas con el tr\u00e1mite inadecuado del litigio, no se contemplaban en dicha codificaci\u00f3n como causal de invalidez, por lo que la petici\u00f3n invalidatoria deb\u00eda ser rechazada, en cuyo caso tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Respecto a los dem\u00e1s reclamos de la actora, concluye la Corte que la solicitud de resguardo es inviable, comoquiera que la gestora del amparo no expuso, ante los jueces ordinarios, las quejas que ac\u00e1 alega, concretadas en el supuesto decreto an\u00f3malo de medidas cautelares.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, revisados los elementos de juicio allegados a esta tramitaci\u00f3n, evidencia la Corte que la promotora no interpuso recurso alguno contra los prove\u00eddos que decretaron las prenotadas cautelas, seg\u00fan lo inform\u00f3 el juzgado querellado.  <\/span><\/p>\n

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A igual conclusi\u00f3n se arriba en lo que ata\u00f1e al \u00faltimo de los reproches planteados por la querellante, por cuanto ella no plante\u00f3 excepci\u00f3n alguna al ser enterada del mandamiento de pago librado en la ejecuci\u00f3n que critica, oportunidad en la cual bien pudo atacar la exigibilidad de las obligaciones cuyo pag\u00f3 reclam\u00f3 Cementos Argos S. A.  <\/span><\/p>\n

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De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si el querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 La citada disposici\u00f3n establece que \u00ab[e]l juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga despu\u00e9s de saneada o por quien carezca de legitimaci\u00f3n\u00bb (resaltado ajeno al texto).      <\/span><\/p>\n

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