{"id":99903,"date":"2026-06-25T19:36:08","date_gmt":"2026-06-25T19:36:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3134-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:36:08","modified_gmt":"2026-06-25T19:36:08","slug":"stc3134-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3134-2017\/","title":{"rendered":"STC3134-2017"},"content":{"rendered":"

      ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3134-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 27001-22-08-000-2016-00196-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (08) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el doce de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 (Choc\u00f3), en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jarinson Palacios Copete y Jharleicy Palacios Mosquera, contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Alto Baud\u00f3 y Segundo Civil del Circuito de Itsmina y la Alcald\u00eda Municipal de Alto Baud\u00f3; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de los dem\u00e1s ciudadanos accionantes en las actuaciones constitucionales donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n e igualdad, que estiman vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al negarles la solicitud de amparo que elevaron individualmente y que estaba encaminada al reconocimiento y pago de prestaciones laborales por parte de la Alcald\u00eda de Alto Baud\u00f3, donde prestaban sus servicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretenden que se declare la nulidad de las decisiones censuradas, para que en su lugar, se acceda a las pretensiones que all\u00ed invocaron. Adicionalmente, se reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de Nibia Hinestroza Rivas y Nidia Am\u00e9rica Murillo Moreno, por las mismas circunstancias narradas en precedencia. [Folios 1-23, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. En el mes de junio de 2016, el accionante Jarinson Palacios Copete, Nibia Hinestroza Rivas y Darling Yasira Palacios C\u00f3rdoba, promovieron acci\u00f3n de tutela contra la Alcald\u00eda Municipal de Alto Baud\u00f3 (Choc\u00f3), por el presunto incumplimiento en el pago de sus prestaciones salariales como empleados de ese ente territorial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En providencia del d\u00eda 28 de dicho mes y a\u00f1o, el Juzgado Promiscuo Municipal de Alto Baud\u00f3, neg\u00f3 las pretensiones de los dos primeros y concedi\u00f3 parcialmente, el amparo a la \u00faltima, por estimar que sus condiciones particulares ameritaban la intervenci\u00f3n del juez de tutela en el asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. A su turno, en el mes de agosto de 2016, la tutelante Jharleicy Palacios Mosquera y Nidia Am\u00e9rica Murillo Mosquera, instauraron queja de id\u00e9ntica naturaleza contra la misma entidad territorial, para que se protegieran sus garant\u00edas superiores, dada la falta de pago de sus acreencias laborales y respuesta al derecho de petici\u00f3n elevado el 1\u00ba de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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5. Impugnados, los fallos fueron objeto de confirmaci\u00f3n integral por parte del Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Itsmina (Choc\u00f3), en providencias de 1\u00ba de septiembre de 2016 y 8 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Los promotores del amparo, afirman que en las actuaciones rese\u00f1adas se transgredieron los derechos fundamentales invocados, porque se omiti\u00f3 el estudio de diversos aspectos inherentes al caso, tales como la vulneraci\u00f3n flagrante a los derechos a la igualdad y al m\u00ednimo vital de los accionantes frente a sus dem\u00e1s compa\u00f1eros de trabajo, a quienes s\u00ed se les hizo el pago de prestaciones laborales. Argumentan, as\u00ed mismo, que los falladores incurrieron en defecto f\u00e1ctico al excluir o desechar algunas pruebas allegadas al proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretenden que se invalide la actuaci\u00f3n constitucional se\u00f1alada y, en su lugar, acceder a las solicitudes de amparo de cada uno de los promotores de aquellas quejas. [Folios 1-23, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 29 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 147, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El accionado manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo, por considerar que los fallos de tutela adoptados en los dos tr\u00e1mites constitucionales cuestionados, fueron el fruto de una interpretaci\u00f3n razonable y debidamente motivada, de cara a las circunstancias propias que planteaba la situaci\u00f3n particular de cada uno de los tutelantes y por ello, no pod\u00eda brindar una soluci\u00f3n id\u00e9ntica a cada uno de ellos. [Folios 163-164, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Alcald\u00eda Municipal de Alto Baud\u00f3, por su parte, aport\u00f3 copia de la n\u00f3mina de pagos realizada a los reclamantes en las peticiones de amparo iniciales y adujo que los quejosos cuentan con v\u00edas judiciales alternas para controvertir aquellos valores si es que no est\u00e1n de acuerdo con las liquidaciones que all\u00ed se hicieron, al tiempo que destac\u00f3, la insatisfacci\u00f3n del requisito de la inmediatez en el asunto. [Folios 272-274, c.1]  <\/span><\/p>\n

3. El Tribunal Superior de Quibd\u00f3 (Choc\u00f3), en sentencia de 12 de diciembre de 2016, neg\u00f3 el amparo porque, de acuerdo a la jurisprudencia, la tutela era improcedente para atacar decisiones emitidas en tr\u00e1mites de la misma naturaleza. [Folios 317-327, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconformes, los tutelantes impugnaron la decisi\u00f3n, con fundamento en que debi\u00f3 analizarse la jurisprudencia del Consejo de Estado, con miras a determinar con mayor certeza la procedencia o no de esta acci\u00f3n. Aunado a ello, indicaron que la eventual revisi\u00f3n de los fallos atacados, por parte de la Corte Constitucional no necesariamente ocurrir\u00e1. Acto seguido, insistieron en los argumentos que sirvieron de soporte a su escrito genitor. [Folios 340-347, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera habilitado para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el de la legitimaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Para facilitar la defensa de derechos ajenos, tambi\u00e9n estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, as\u00ed deber\u00e1 manifestarse en la solicitud.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este tema, la Sala se ha pronunciado de la manera que sigue:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026 ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb.(CSJ SC 9 Feb. 1996, Exp. 2822; 9 Oct. 1998, Exp. 5429; 19 Feb, 2002, Exp. 0159-01; 24 Feb. 2004, Exp. 00219-01; 11 Mar. 2009, Exp. 00001-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a actuaciones cumplidas en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n judicial o de providencias dictadas dentro de \u00e9sta, se ha considerado que \u201ccualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el supuesto que se analiza, la acci\u00f3n de tutela la promueven Jharleicy Palacios Mosquera y Jarinson Palacios Copete, a trav\u00e9s de apoderado judicial, quien solicita la protecci\u00f3n constitucional para ellos, pero tambi\u00e9n para las ciudadanas Nibia Hinestroza Rivas y Nidia Am\u00e9rica Murillo Moreno, al solicitar que sean amparadas con la orden de pago de \u00ab\u2026los salarios correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 (\u2026) con sus respectivos intereses moratorios\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto observa la Sala que ni los promotores del amparo ni el abogado que los representa, cuentan con legitimidad para representar los intereses de dichas ciudadanas en esta acci\u00f3n constitucional, dado que al tratarse de personas mayores de edad, que no han otorgado poder especial al mandatario, ellas son quienes deben solicitar el amparo, si lo estiman necesario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, el estudio de esta queja constitucional, se har\u00e1 solamente respecto de quienes confirieron mandato al profesional del derecho que accion\u00f3 el aparato jurisdiccional en esta oportunidad, es decir, los se\u00f1ores Jarinson Palacios Copete y Jharleicy Palacios Mosquera.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo, esta Sala ha reiterado la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando, en el procedimiento seguido por el juez de tutela, se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. Se ha dicho que, \u00aben casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb. (CSJ 16 nov. 2011, rad. 01315-01. El mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en los de 14 oct. 2008, rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 00193-00; 21 ene. 2010, rad. 02355-00.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En el asunto concita la atenci\u00f3n de la Sala, los accionantes pretenden controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional por el Juzgado Promiscuo Municipal de Alto Baud\u00f3 (Choc\u00f3), los d\u00edas 28 de junio y 7 de septiembre de 2016, ratificados en segunda instancia por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Itsmina, en providencias de 1\u00ba de septiembre y 8 de noviembre de 2016, en los procesos radicados con los Nos. 2016-00030 y 2016-00039, situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado es el criterio jur\u00eddico y valoraci\u00f3n f\u00e1ctica del juzgador, se\u00f1alamientos que debieron ser ventilados en el respectivo procedimiento de la tutela y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u2026Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ 16 sep. 2003, rad. 0561-01; 10 nov. 2003 rad. 0747-01; 23 ago. 2004, rad. 0840-00; 14 oct. 2004, rad. 1120; reiterada el 7 mar. 2013, rad. 00122-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, t\u00e9ngase en cuenta, que incluso pueden los actores intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de las sentencias y del tr\u00e1mite de tutela; mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). (CSJ. 7 nov. 2012, rad. 2041-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Con relaci\u00f3n a la queja planteada por los libelistas, por no haber sido notificados en debida forma del fallo de tutela proferido en segunda instancia dentro de la acci\u00f3n de tutela radicada con el consecutivo No. 2016-00039, la Sala observa que ello no fue as\u00ed.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por el contrario, tal como lo manifiestan los actores en su demanda y se acredit\u00f3 en el expediente, al correo electr\u00f3nico de notificaciones suministrado, se remiti\u00f3 misiva donde se les pon\u00eda en conocimiento que la sentencia de primer grado hab\u00eda sido objeto de confirmaci\u00f3n integral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, a folio 145 de la actuaci\u00f3n milita copia del oficio No. 900 de fecha 9 de noviembre de 2016, esto es, un d\u00eda despu\u00e9s de la emisi\u00f3n de la providencia a notificar, dirigido al apoderado judicial de los tutelantes, donde se transcribi\u00f3 la parte resolutiva.  <\/span><\/p>\n

Luego, la decisi\u00f3n fue puesta en conocimiento de los interesados de manera id\u00f3nea y oportuna.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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