{"id":99904,"date":"2026-06-25T19:36:16","date_gmt":"2026-06-25T19:36:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3135-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:36:16","modified_gmt":"2026-06-25T19:36:16","slug":"stc3135-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3135-2017\/","title":{"rendered":"STC3135-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3135-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02379-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el veintis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por los accionistas de la Sociedad Minerales y Energ\u00e9ticos Industriales \u2013 Minerg\u00e9ticos S.A.-, Uriel Antonio S\u00e1nchez Ascanio, Servicios y Productos Ltda., Mar\u00eda Isabel Puentes D\u00edaz, Juli\u00e1n Alfonso S\u00e1nchez Puentes, Serpromin S.A.S., Jos\u00e9 Antonio Puentes D\u00edaz, Ernesto \u00c1vila Bello, Aura Janeth Hazb\u00f3n Olaya, Olga Patricia Puentes D\u00edaz,  Dar\u00edo Pel\u00e1ez Villada y Carboner\u00edas California S.A. contra el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades; tramite al que se orden\u00f3 vincular a todas las partes e intervinientes dentro del proceso de intervenci\u00f3n por la comisi\u00f3n de la conducta de captaci\u00f3n de dineros masiva y habitual que iniciaron las Superintendencias accionadas contra las Sociedades Minerg\u00e9ticos S.A. y Capital Factor S.A.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la legalidad, garant\u00edas especiales bajo estados de excepci\u00f3n, debido proceso, propiedad privada, prohibici\u00f3n de confiscaci\u00f3n, buen nombre, dignidad humana, buena fe comercial, principios de tipicidad, legalidad y presunci\u00f3n de inocencia en concordancia con el bloque de constitucionalidad, que consideran vulnerados con la emisi\u00f3n de las resoluciones Nos. 1173 de 2015, 0171 de 2016, 2016-01-352820 de 24 de junio y 2016-01-454299 de 9 de septiembre de ese a\u00f1o, por cuanto contienen entre otras irregularidades  falsedad material e ideol\u00f3gica de una jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, lo que origin\u00f3 un despliegue abierto de arbitrariedades.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretenden que se \u00abdeclare la NULIDAD ABSOLUTA de las cuatro (4) resoluciones atacadas y cuyos datos identificadores se presentan debajo, mediante las cuales la Administraci\u00f3n determina la existencia de \u201ccaptaci\u00f3n masiva y habitual\u201d bajo condici\u00f3n de \u201cplena prueba\u201d en contra de la Sociedad MINERGETICOS y OTRA, por VIOLACI\u00d3N DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, entre otros, ya que acogen en su parte motiva una presunta FALSEDAD MATERIAL E IDEOL\u00d2GICA DE UNA MANIFESTACI\u00d2N JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Se DECLARE que la actuaci\u00f3n de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, en las cuatro resoluciones atacadas, constituye un \u201cEstado de Cosas Inconstitucional\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026se ORDENE el traslado del expediente a la FISCALIA GENERAL DE LA NACI\u00d3N para que se investiguen las presuntas conductas delictuosas de quienes participaron en el iter de expedici\u00f3n  y suscripci\u00f3n de las cuatro ( 4 ) resoluciones atacadas, al interior de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, previa CALIFICACI\u00d2N del m\u00e9rito respectivo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Se ORDENE el traslado del expediente a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION para que se investiguen la presuntas faltas disciplinarias cometidas por quienes participaron en el iter de expedici\u00f3n  y suscripci\u00f3n de las cuatro ( 4 ) resoluciones atacadas, al interior de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, previa CALIFICACI\u00d2N del m\u00e9rito respectivo.  [Folios 31-32, .c1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Se\u00f1alan los accionantes que la Sociedad Minerales y Energ\u00e9ticos Industriales \u2013 Minerg\u00e9ticos S.A. es una empresa minera con t\u00edtulos mineros v\u00e1lidos, que suscribi\u00f3  trece contratos de mutuo con accionistas y personas naturales cercanas, para procurarse capital de trabajo, que entre otros negocios, celebr\u00f3 un contrato con la sociedad comercial Capital Factor S.A., entidad que no estaba vinculada a la parte actora y con objeto social especializado en contratos de mandato.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Que mediante una auditor\u00eda realizada a Capital Factor S.A., la Superintendencia Financiera de Colombia, determin\u00f3 mediante resoluci\u00f3n No. 1173 de 2015 que la Sociedad Minerg\u00e9ticos S.A. estaba incursa en captaci\u00f3n directa de trece contratos con personas naturales, de un contrato con persona jur\u00eddica accionista y con los 26 mandantes sin representaci\u00f3n de Capital Factor, completando 40 operaciones de captaci\u00f3n, cuando lo m\u00e1ximo permitido en este tipo de \u00abcaptaci\u00f3n masiva y habitual eran 20\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Que frente a esa determinaci\u00f3n, se interpuso recurso de reposici\u00f3n en donde se explic\u00f3 que el sentido del art\u00edculo 2177 del C\u00f3digo Civil, no contempla dicho nexo entre el tercero y los mandantes, para cuyo efecto sustent\u00f3 su argumento con jurisprudencia de la Sala Civil de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La impugnaci\u00f3n fue resuelta desfavorablemente mediante resoluci\u00f3n No. 0171 de 2016 tras considerar que exist\u00eda un nexo jur\u00eddico entre Minerg\u00e9ticos S.A. y los mandantes que proven\u00edan de Capital Factor S.A., los que sumaban m\u00e1s de 20 y que, por tal raz\u00f3n configuraba el tipo penal de captaci\u00f3n masiva habitual, para cuyo efecto tuvo en cuenta la misma jurisprudencia aportada por los recurrentes pero acudi\u00f3 a \u00abuna modificaci\u00f3n material e ideol\u00f3gica\u00bb para \u00abreconfirmar\u00bb su decisi\u00f3n, lo que constituye una falsedad al cambiar el verdadero contenido sem\u00e1ntico de la providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Manifiestan que consecuencialmente y partiendo de la supuesta comisi\u00f3n del tipo penal, la Superintendencia de Sociedades orden\u00f3 mediante las resoluciones Nos. 2016-01-382830 y 2016-01-454299 la intervenci\u00f3n de los patrimonios, negocios y toda operaci\u00f3n de los accionistas, directivos, administradores y revisor fiscal de Minerg\u00e9ticos S.A., determinaciones que por tanto \u00abtambi\u00e9n quedaron contaminadas de falsedad\u00bb  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

6. Que la tipicidad positiva bajo la \u00abplena prueba\u00bb que determin\u00f3 la Superintendencia Financiera, hace que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, est\u00e9 llamando injustamente  a los accionistas, directivos y revisores fiscales de Minerg\u00e9ticos S.A. a interrogatorios y audiencias de imputaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En criterio de los peticionarios se les est\u00e1n vulnerando sus garant\u00edas fundamentales, porque al interior del tr\u00e1mite adelantado por la Superintendencia se efectuaron varias irregularidades  entre ellas apartarse de \u00ab(i)El tenor del art. 2177 C.C.; (ii) La interpretaci\u00f3n jurisprudencial autorizada y consolidada del art. 2177 CC, que hace el int\u00e9rprete natural, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. (iii) La obligaci\u00f3n de observar los precedentes jurisprudenciales, (iv) La obligaci\u00f3n de observar el ordenamiento superior y la jurisprudencia del Decreto 4334\/08; (v) El art. 2171 C.C. que determina que la recepci\u00f3n de recurso para colocarlos a inter\u00e9s en contratos de mutuo, es una \u201coperaci\u00f3n autorizada\u201d. (vi) y que por tales arbitrariedades, termin\u00f3 convirtiendo una \u201coperaci\u00f3n autorizada\u201d, en una \u201coperaci\u00f3n no autorizada\u201d (vii) con lo cual determin\u00f3 la existencia de \u201ccaptaci\u00f3n masiva y habitual\u201d por parte de la Sociedad MINERG\u00c9TICOS, bajo condici\u00f3n de \u201cplena prueba\u201d\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo se\u00f1alaron que tal proceder destruye la ley ordinaria y la jurisprudencia, lo que a su juicio se denomina un \u00abEstado de cosas Inconstitucional\u00bb   aunado a que se desconoci\u00f3 el debido proceso administrativo por el ejercicio irregular dado a la figura de \u00abcaptaci\u00f3n masiva y habitual\u00bb, lo que les ha ocasionado graves perjuicios. [Folios 29-86, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a los accionados y vinculados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 117-118, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Superintendente Delegado para la Inspecci\u00f3n Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que en el presente caso se adelant\u00f3 una investigaci\u00f3n a las Sociedades Minerg\u00e9ticos S.A. y Capital  Factor S.A.S. que concluy\u00f3 con la indicaci\u00f3n de haber realizado actividades de captaci\u00f3n no autorizada, durante dicha actuaci\u00f3n, los accionistas ahora accionantes de las compa\u00f1\u00edas no solicitaron su participaci\u00f3n y a sabiendas de que las decisiones que adoptara la Superintendencia Financiera frente a los hechos investigados pod\u00edan tener consecuencias para ellos, guardaron absoluto silencio y permanecieron al margen de la investigaci\u00f3n administrativa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que igual conducta asumieron ante esa Superintendencia cuando se present\u00f3 el plan de desmonte por lo que el juez de tutela, no est\u00e1 llamado a desconocer los conceptos y principios de autonom\u00eda e independencia de los entes administrativos, pues ello dar\u00eda lugar al acaecimiento de hechos de inseguridad jur\u00eddica, m\u00e1xime cuando los accionantes  no han ejercido su acci\u00f3n ordinaria por descuido y falta de diligencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo se\u00f1al\u00f3 que el \u00abEstado de Cosas Inconstitucional\u00bb se\u00f1alado por los actores, son apreciaciones que lucen improcedentes frente a lo que consideran debi\u00f3 hacer la Superintendencia Financiera para determinar la existencia de los hechos de captaci\u00f3n en la actividad desarrollada por estas dos empresas y que de ninguna manera puede ser cuestionada por esa entidad en el ejercicio de sus funciones. [Folios 126-144, c.1]   <\/span><\/p>\n

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La Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado \u2013 ANDJE \u2013 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al no haber inferido acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna generadora de la presunta amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los actores. [Folios 146-150, c.1]  <\/span><\/p>\n

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El apoderado del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico se\u00f1al\u00f3 que los tutelantes pueden acudir a la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento para reclamar sobre la legalidad de los actos administrativos adoptados dentro del tr\u00e1mite adelantado, no siendo la tutela la v\u00eda para hacerlo. [Folios 155-157, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia solicit\u00f3 no acoger la pretensiones de los quejosos por cuanto no se cumple con el principio de la inmediatez al censurar actos administrativos que superaron los seis meses que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado como lapso para acudir al amparo aunado a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, m\u00e1xime que las decisiones atacadas fueron  adoptadas con acatamiento a la normatividad aplicable al caso. [Folios 170-179, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La Magistrada Sustanciadora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci\u00f3n Primera, Subsecci\u00f3n A, expres\u00f3 que all\u00ed se conoce del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por los tutelantes donde se solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de los efectos  de las resoluciones 1173 de 2015 y 0171 de 2016 como medidas cautelares. [Folios 292-293, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        La Coordinadora Grupo de Trabajo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio se\u00f1al\u00f3 que esa entidad no es la llamada a responder por los cargos contentivos en la acci\u00f3n de tutela por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. [Folios 368- 369, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El vinculado L\u00e1zaro Mar\u00eda P\u00e9rez Lozano se\u00f1al\u00f3 que fue miembro de la junta directiva de la Sociedad Minerales y Energ\u00e9ticos Industriales \u2013 Minerg\u00e9ticos S.A. y dentro del tr\u00e1mite surtido por la Superintendencia accionada se vulneraron sus derechos por cuanto nunca se le inform\u00f3 que estaba vinculado a una investigaci\u00f3n. [Folios 376-377, c.1]  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

        3. Superada la irregularidad que dio lugar a que esta corporaci\u00f3n declarara la nulidad de la actuaci\u00f3n el pasado 15 de diciembre de 2016, la Sala Civil del Tribunal Judicial de Bogot\u00e1 el 26 de enero de 2017, neg\u00f3 los derechos invocados por los reclamantes, al considerar que las resoluciones atacadas pueden ser controvertidas ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo y los actores ya iniciaron el respectivo proceso, donde incluso solicitaron como  medidas cautelares la suspensi\u00f3n de los efectos de las resoluciones que por esta v\u00eda cuestionan por lo que el juez constitucional no se puede anticipar a la decisi\u00f3n que all\u00ed se adopte. [Folios 395-403, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Los accionantes, impugnaron la decisi\u00f3n con las mismas manifestaciones de su escrito inicial y se\u00f1alaron que en su sentir el Tribunal no examin\u00f3 sus argumentos acerca de las conductas omisivas y transgresoras cometidas por las autoridades accionadas, que les causaron agravio a sus derechos fundamentales al haber sido nombrado un interventor, quien ya embarg\u00f3 sus patrimonios y tom\u00f3 posesi\u00f3n de todos sus activos; insisten adem\u00e1s en que la acci\u00f3n la intentan para evitar un perjuicio irremediable toda vez que, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se haya en curso carece de idoneidad y eficacia para conjurar de inmediato los efectos nocivos de esos actos administrativos por lo que solicitan se decrete la medida cautelar solicitada en el escrito de tutela. [Folios 457-463 y 2-4, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que una de las caracter\u00edsticas esenciales de la acci\u00f3n de tutela, consagrada por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es la subsidiariedad, en raz\u00f3n de la cual, el mecanismo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legal susceptible de ser invocado ante los jueces; es decir, cuando el afectado no dispone de otro medio judicial para la defensa de sus derechos fundamentales, salvo que reclame la protecci\u00f3n de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En t\u00e9rminos precisos, el amparo tiene como fin exclusivo dar soluci\u00f3n eficiente y oportuna a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresi\u00f3n o la amenaza de una garant\u00eda de la estirpe se\u00f1alada en precedencia, y respecto de las cuales, como se ha insistido, el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro instrumento que se pueda ejercer, de modo que el presuntamente agraviado se encuentra en estado de indefensi\u00f3n ante estos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Hechas las anteriores precisiones, de entrada se advierte la inviabilidad de la solicitud de protecci\u00f3n, toda vez que los promotores del amparo disponen de otros medios a trav\u00e9s de los cuales pueden procurar la defensa de los derechos que estiman lesionados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la acci\u00f3n impetrada por los actores deviene improcedente, porque, como en m\u00faltiples oportunidades lo ha destacado esta Corporaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la herramienta constitucional no es posible cuestionar actos administrativos, pues, como se sabe, estos se sujetan a una serie de presupuestos que determinan su validez. Ausente cualquiera de ellos, el Estado ha instituido como medios de control id\u00f3neos, las acciones judiciales previstas en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre lo anterior, la Sala ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPor tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la accionada y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar. (\u2026) Recu\u00e9rdase que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad \u2018corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC 10 de mayo de 2000, Rad. 1030, 6 nov. 2009, Rad. 00335-01, entre otros)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, teniendo a su alcance dicho mecanismo, que adem\u00e1s de las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n se evidencia conforme lo advirti\u00f3 el A Quo, se est\u00e1 haciendo uso de \u00e9l, [Folio 291, c.1] por cuanto los actores iniciaron el 15 de septiembre de 2016, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que hace evidente la impertinencia del ejercicio de la presente acci\u00f3n, puesto que ser\u00e1 all\u00ed donde se determine la legalidad y la validez de dichas determinaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  3. Ahora, la acci\u00f3n de tutela ni siquiera resulta viable como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como lo pretenden los accionantes, pues cuentan dentro de la acci\u00f3n de nulidad con herramientas como las medidas cautelares, en donde podr\u00e1n pedir la suspensi\u00f3n provisional de los efectos de los actos administrativos emitidos en su contra (art\u00edculo 230 de la Ley 1437 de 2011).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otras palabras, la finalidad de la mentada cautela prevista en el tr\u00e1mite ordinario, es precisamente evitar la configuraci\u00f3n de los da\u00f1os que se puedan causar como consecuencia de las decisiones administrativas abiertamente ilegales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, en un asunto similar al aqu\u00ed auscultado, esta Sala consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u20262. No se acceder\u00e1 al resguardo por ausencia del principio de subsidiariedad, pues, para controvertir las referidas determinaciones, la quejosa cuenta con mecanismos ordinarios de defensa establecidos por el legislador, como pasa a explicarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. La Resoluci\u00f3n N\u00ba 08574 de 21 de mayo de 2015, expedida por la Superintendencia de Puertos y Transportes, seg\u00fan se expres\u00f3 en el libelo genitor, fue atacada a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, los cuales ning\u00fan elemento demostrativo revela que ya hayan sido zanjados.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Agotadas las herramientas en sede gubernativa, la sociedad accionante puede hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en la regla 138 de la Ley 1437 de 2011\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u20264. Debe a\u00f1adirse, que en el eventual decurso de los procesos contencioso administrativos, se puede implorar la suspensi\u00f3n de los pronunciamientos censurados, a fin de conjurar un posible da\u00f1o\u2026\u00bb. (CSJ STC 27 ag. 2015, rad. 2015-00184-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La queja constitucional, se reitera, no se puede utilizar como un instrumento para lograr la anulaci\u00f3n de actos como los controvertidos por los reclamantes, en sustituci\u00f3n de las acciones judiciales creadas legalmente para tal prop\u00f3sito. Lo opuesto conducir\u00eda a que el sentenciador de tutela invada la competencia del juez natural y lo reemplace en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales devienen de la Constituci\u00f3n y de la ley, con abierto desconocimiento de la naturaleza del mecanismo del amparo que no ha sido concebido a manera de un procedimiento contencioso de definici\u00f3n de los conflictos que se ventilan a trav\u00e9s de las v\u00edas ordinarias.  <\/span><\/p>\n

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5. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en la primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3135-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02379-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99904","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99904","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99904"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99904\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99904"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99904"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99904"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}