{"id":99905,"date":"2026-06-25T19:36:23","date_gmt":"2026-06-25T19:36:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3136-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:36:23","modified_gmt":"2026-06-25T19:36:23","slug":"stc3136-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3136-2017\/","title":{"rendered":"STC3136-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3136-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00435-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho (08) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Distribuidora Nissan S.A., contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 Delegatura para Asuntos Judiciales y a las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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La firma accionante, por intermedio de apoderado judicial, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad accionada, al radicar en la Superintendencia vinculada, la competencia para conocer el proceso sobre violaci\u00f3n a los derechos de los consumidores, que una ciudadana formul\u00f3 en su contra, pese a que \u00e9sta carece de tal calidad.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende, que se anule y deje sin efectos la decisi\u00f3n cuestionada, y se ordene a la demandada volver a emitir pronunciamiento sobre el conflicto negativo de competencia; subsidiariamente, solicita que se modifique directamente la determinaci\u00f3n y se ordene el env\u00edo de las diligencias al Juez que plante\u00f3 la colisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de mayo de 2015, la ciudadana Mary V\u00e9lez Casta\u00f1o, present\u00f3 demanda de protecci\u00f3n al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio, contra la compa\u00f1\u00eda reclamante y Com Automotriz S.A.  <\/span><\/p>\n

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2. Subsanada, la demanda fue admitida mediante auto de 2 de octubre de 2015.  <\/span><\/p>\n

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3. Inconforme, la sociedad tutelante, coadyuvada despu\u00e9s por la codemandada, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n, entre otros motivos, porque en su sentir, la autoridad cognoscente no era la competente para dirimir aquel conflicto, dado que la demandante carec\u00eda de la calidad de consumidor, en los t\u00e9rminos de la Ley 1480 de 2011.  <\/span><\/p>\n

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4. El 22 de noviembre de 2016, se resolvi\u00f3 favorablemente el medio de impugnaci\u00f3n y se dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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5. El 2 de diciembre de 2016, el juzgado 6\u00ba de esa especialidad, declar\u00f3 su incompetencia para conocer el asunto y propuso la correspondiente colisi\u00f3n negativa.  <\/span><\/p>\n

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6. El 24 de enero del a\u00f1o que avanza, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dirimi\u00f3 la controversia, radicando en la Superintendencia, la facultad de conocer y fallar el caso.  <\/span><\/p>\n

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7. La sociedad accionante, acude a este mecanismo constitucional, porque en su sentir, la decisi\u00f3n rese\u00f1ada a espacio, vulnera sus prerrogativas superiores invocadas, en tanto desconoce que la demandante en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor, no re\u00fane los requisitos para ser considerada tal y, en esa medida, no es la Superintendencia la competente para resolver sus reclamos.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita el amparo de sus garant\u00edas en la forma vista.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 22 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, y por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub judice, del examen de la providencia en la cual se origina el reproche, esto es, el auto emitido el 24 de enero de 2017 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y de los argumentos en que la accionante funda su inconformidad, no se advierte la vulneraci\u00f3n alegada, toda vez que el fallador cuestionado realiz\u00f3 una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso, con base en los supuestos f\u00e1cticos sometidos a su an\u00e1lisis y adopt\u00f3 una decisi\u00f3n coherente, razonable y motivada.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la sede judicial demandada, al desatar el conflicto negativo de competencia promovido por el Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de Bogot\u00e1, valor\u00f3 en conjunto los argumentos en los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio bas\u00f3 su declaratoria de incompetencia y concluy\u00f3 que su an\u00e1lisis se extendi\u00f3 a temas que en nada afectan ni var\u00edan las facultades que el legislador le atribuy\u00f3 para conocer y fallar los procesos de protecci\u00f3n al consumidor, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1480 de 2011.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, la autoridad tutelada, explic\u00f3 que \u00ab\u2026no cabe duda que, por disposici\u00f3n legal y reglamentaria la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales de la Superintendecia Financiera de Colombia, tiene competencia para conocer, a prevenci\u00f3n, de los procesos verbales de protecci\u00f3n al consumidor, en los t\u00e9rminos antes indicados y de conformidad con lo consagrado en la Ley 1480 de 2011.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, deviene desafortunado el argumento esgrimido para apartarse del conocimiento de la cuesti\u00f3n sometida a su consideraci\u00f3n, si se tiene en cuenta que la acci\u00f3n ejercitada es precisamente la de protecci\u00f3n al consumidor, prevista en la normativa antes aludida.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, como qued\u00f3 expuesto precedentemente, la actora finca el petitum, en que su contraparte opositora desconoci\u00f3 tales prerrogativas, al proveer informaci\u00f3n y\/o publicidad enga\u00f1osa en torno a la adquisici\u00f3n de un rodante.  <\/span><\/p>\n

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Por lo dem\u00e1s, es notorio que la Superintendencia pasa por alto que la constataci\u00f3n de la calidad de \u201cconsumidor final\u201d, es cuesti\u00f3n que no ata\u00f1e a la acci\u00f3n y, por lo mismo, no altera la competencia para definir un asunto en cuanto resulta se aspecto sustantivo que redunda en el buen \u00e9xito de la pretensi\u00f3n, no as\u00ed en qui\u00e9n debe conocer de la controversia.  <\/span><\/p>\n

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Expresado de un modo distinto, tal aspecto, toca con los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, cuya observancia o comprobaci\u00f3n inexorablemente debe verificarse en la resoluci\u00f3n de fondo del litigio, m\u00e1s no forma parte de los requisitos formales \u2013 art\u00edculo 75 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para cuando se propuso la demanda-, ni con los dem\u00e1s presupuestos procesales que deben concurrir en toda actuaci\u00f3n judicial – la capacidad de las partes para obligarse por s\u00ed mismas, comparecer al proceso y ostentar el juzgador competencia para dirimir el conflicto.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, la condici\u00f3n echada de menos en una cuesti\u00f3n que debe mirarse indistintamente si el asunto se tramita ante esa Delegatura o ante un Juez de la Rep\u00fablica, por lo que no se aviene de recibo la remisi\u00f3n del expediente.\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

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De esa manera, la sede judicial consider\u00f3, con suficiente explicaci\u00f3n y exposici\u00f3n de sus argumentos, que la autoridad que deb\u00eda fallar el asunto, era la Superintendencia y no el Juzgado, en tanto la calidad de consumidor final o no de la demandante en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor, no altera el factor de competencia establecido por el legislador, para dirimir ese tipo de controversias.  <\/span><\/p>\n

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3. La decisi\u00f3n adoptada, como se precis\u00f3, no se evidencia infundada ni irrazonable, pues se sustent\u00f3 en el an\u00e1lisis detenido de las normas procedimentales que regulan la materia, circunstancia por la cual el sentenciador de tutela no est\u00e1 llamado a intervenir, pues constitucional y legalmente dicha actividad le compete a los jueces en su funci\u00f3n privativa de administrar justicia.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, es incontestable que no se transgreden los derechos fundamentales de la Compa\u00f1\u00eda accionante, y en ese orden, es palmario que la pretensi\u00f3n de \u00e9sta se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo desacuerdo frente a la decisi\u00f3n del Tribunal, lo cual, naturalmente excede el \u00e1mbito de la acci\u00f3n constitucional, dada la naturaleza residual de este mecanismo.  <\/span><\/p>\n

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4. En ese orden, el amparo invocado es improcedente, desde que no se autoriza por esa v\u00eda, derribar decisiones proferidas v\u00e1lidamente con respeto de las garant\u00edas procesales de los interesados en ellas, cuando so pretexto de la posible incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, se pretende hacer valer el criterio del tutelante sobre el consignado en su decisi\u00f3n por el juez natural.  <\/span><\/p>\n

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Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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