{"id":99910,"date":"2026-06-25T19:37:07","date_gmt":"2026-06-25T19:37:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3141-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:37:07","modified_gmt":"2026-06-25T19:37:07","slug":"stc3141-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3141-2017\/","title":{"rendered":"STC3141-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3141-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2017-00022-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 27 de enero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Salom\u00f3n Boh\u00f3rquez Jerez, como agente oficioso de su nieto menor de edad J.S.B.V., contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional – Seccional Santander y la Cl\u00ednica Regional de Oriente de la misma entidad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Polic\u00eda Nacional, la Direcci\u00f3n de Sanidad de \u00e9sta y la Caja de Sueldos de Retiro de la misma instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante, actuando como agente oficioso de su nieto menor de edad J.S.B.V., reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la salud, a la seguridad social, a la vida y de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a las encausadas \u00abvincul[ar]\u2026 a [su] nieto\u2026 como [su] beneficiario\u2026 [para que] pueda recibir [la] atenci\u00f3n integral inherente al sostenimiento de su salud y calidad de vida\u2026\u00bb. (Folio 3, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Jos\u00e9 Salom\u00f3n Boh\u00f3rquez Jerez, \u00abagente retirado\u00bb, est\u00e1 vinculado, como titular, en el Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional. (Folio 22, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        El gestor se\u00f1al\u00f3 que su hija Nathaly Fernanda Boh\u00f3rquez Villamizar, quien es su beneficiaria en el subsistema de salud referido y est\u00e1 en condici\u00f3n de discapacidad debido a que fue diagnosticada con \u00abretardo mental grave\u00bb, es madre soltera del infante J.S.B.V., menor de edad que para el momento de la interposici\u00f3n de la tutela, 16 de enero de 2017, ten\u00eda menos de 7 meses de nacido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Expuso el tutelante que la autoridad enjuiciada ha negado la afiliaci\u00f3n de su nieto J.S.B.V. como su beneficiario, argumentando que \u00e9ste \u00ab\u201ddebe\u201d vincularse como cotizante (sic) en el r\u00e9gimen subsidiado de salud\u00bb.  <\/span><\/p>\n

2.4.        Advirti\u00f3 el promotor que el menor J.S.B.V. no cuenta con seguridad social ni tiene cobertura en salud, encontr\u00e1ndose en situaci\u00f3n de vulnerabilidad; que ni \u00e9ste ni su hija, por sus especiales circunstancias, est\u00e1n en capacidad de vincularse como cotizantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud; que es su deseo incluir a su nieto como su beneficiario ante la Direcci\u00f3n de Sanidad, dada su condici\u00f3n de integrante de su grupo familiar, destacando que por el estado de salud de la madre del infante, el accionante es el \u00ab\u00fanico con capacidad [para] hacerse cargo del menor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Direcci\u00f3n Seccional de Sanidad de Santander de la Polic\u00eda Nacional se opuso a la prosperidad del resguardo porque los nietos no est\u00e1n en el listado de beneficiarios previsto por el art\u00edculo 24 del Decreto 1795 de 2000; no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental; la prestaci\u00f3n de los servicios de salud para el infante no le corresponde al r\u00e9gimen excepcional sino al sistema general de seguridad social que contempla la Ley 100 de 1993, ya sea a trav\u00e9s del r\u00e9gimen subsidiado o del contributivo, al cual debe acudir el gestor o la madre del agenciado, m\u00e1xime porque ante el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga cursa un proceso que podr\u00eda estar destinado a investigar la paternidad del \u00faltimo, por lo que deb\u00eda tenerse en cuenta la responsabilidad del presunto padre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Anot\u00f3 que no existe un concepto actualizado que acredite el estado de discapacidad de Nathaly Fernanda Boh\u00f3rquez Villamizar, madre del menor J.S.B.V., por lo que se presum\u00eda que era ella la encargada de procurar la afiliaci\u00f3n de \u00e9ste en el r\u00e9gimen general de seguridad social en salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Resalt\u00f3 que, en caso de accederse al amparo, el mismo deb\u00eda condicionarse a lo reglado en el art\u00edculo 40 del Decreto 806 de 1998, en cuanto a que la afiliaci\u00f3n deb\u00eda surtirse a trav\u00e9s de la cancelaci\u00f3n adicional de una unidad de pago por capitaci\u00f3n – UPC, disponiendo el respectivo recobro ante el FOSYGA, y que la vinculaci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00eda estar vigente hasta tanto se afiliara al infante al r\u00e9gimen general de seguridad social.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que como al admitirse la tutela se orden\u00f3, como medida provisional, afiliar al menor agenciado a su subsistema de salud, y hab\u00eda cumplido tal determinaci\u00f3n, deb\u00eda denegarse el resguardo. (Folios 28 a 30 y 33, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a-quo accedi\u00f3 a la salvaguarda al considerar que aunque de acuerdo al art\u00edculo 279 de la Ley 100 de 1993, el sistema integral de seguridad social no se aplica al subsistema de salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda, y que la Ley 352 de 1997 no contempl\u00f3 en este \u00faltimo como beneficiarios a los nietos de sus afiliados; lo cierto es que en casos como el presente, la jurisprudencia constitucional, entre ellas la sentencia T-632\/13, ha contemplado la viabilidad de la vinculaci\u00f3n de tales descendientes como \u00abdependientes del cotizante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Consign\u00f3 que en el caso concreto se deb\u00eda conceder el resguardo porque el menor, \u00ab\u2026quien en este momento no ha cumplido siquiera ocho meses de haber nacido, depende econ\u00f3micamente de su abuelo, \u2026como igualmente lo hace su madre e hija\u2026, pues la misma no empece ser mayor de edad, ha sido calificada con un retraso mental severo\u00bb, lo que sumado a \u00abla afirmada dependencia econ\u00f3mica de uno y otro respecto del\u2026 [accionante], revela que no podr\u00e1n afiliarse al r\u00e9gimen contributivo o subsidiado, por carecer de capacidad de pago para vincularse a aqu\u00e9l y por no estar en condiciones de pobreza o abandono que les permita acceder a \u00e9ste\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 \u00aba la Polic\u00eda Nacional, a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional – Seccional Santander y a la Cl\u00ednica Regional del Oriente de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, que:  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La Direcci\u00f3n Seccional de Sanidad de Santander de la Polic\u00eda Nacional opugn\u00f3 el referido fallo reiterando los argumentos expuestos al contestar la acci\u00f3n de tutela, a los cuales adicion\u00f3 que, en caso de confirmarse la decisi\u00f3n de primer grado, observando \u00abque existe en la actualidad un proceso judicial de investigaci\u00f3n de la paternidad\u00bb, solicitaba \u00ab[aclarar] el sentido del fallo informando\u2026 [hasta qu\u00e9 momento deber\u00e1 afiliarse al menor\u2026] teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y la sentencia que se emita en el proceso de familia que actualmente cursa\u00bb. (Folios 57 a 69, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el presente caso el peticionario censura la negativa de la entidad acusada respecto a proceder a afiliar a su nieto J.S.B.V. como su beneficiario en el Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional, donde aqu\u00e9l est\u00e1 vinculado como titular en su condici\u00f3n de \u00abagente retirado\u00bb, pues dicha privaci\u00f3n atenta contra el derecho a la salud de su descendiente, el que para el momento de la interposici\u00f3n de la tutela contaba con escasos ocho meses de nacido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otro lado, la instituci\u00f3n querellada insiste en que el reci\u00e9n nacido debe ser afiliado al sistema general de seguridad social en salud a trav\u00e9s del r\u00e9gimen contributivo o el subsidiado, pues el Decreto 1795 de 2000 (Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda Nacional) no contempla como beneficiarios a los nietos de los afiliados, aunado a que actualmente cursa un proceso de investigaci\u00f3n de paternidad respecto del infante, por lo que el presunto padre debe ser llamado a asumir su responsabilidad frente a la situaci\u00f3n que se presenta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Para lo que aqu\u00ed interesa, de entrada, debe observarse que cuando se trata de las garant\u00edas fundamentales de un ni\u00f1o, \u00ab[p]or una parte, el art\u00edculo 44 superior establece de manera categ\u00f3rica que los derechos de la infancia prevalecen sobre los de los dem\u00e1s sujetos; del mismo modo, los distintos convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, que integran el \u2018bloque de constitucionalidad\u2019 de que trata el art\u00edculo 93, les reconocen una serie de garant\u00edas inviolables, que han sido reconocidas y aplicadas de manera sistem\u00e1tica por la jurisprudencia\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 1096 de 2008 consagra que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia T-974\/10 (citada por esta Sala, entre otras, en providencias STC, 13 jun. 2012, rad. 00190-01; STC8544-2014, 3 jul.; STC15141-2014, 6 nov., rad. 2014-00262-01; y STC8062-2016, 16 jun., rad. 2016-00520-01), dijo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 ha sido reiterativo el alto Tribunal Constitucional al abordar el tema referente a la protecci\u00f3n de los derechos de que son titulares los ni\u00f1os y ni\u00f1as colombianos, de donde emerge necesario poner de presente que esta poblaci\u00f3n es sujeto de una especial protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales, puntualmente, dijo, en esta oportunidad que: (\u2026) todos los ni\u00f1os y ni\u00f1as gozan de una protecci\u00f3n constitucional especial por mandato directo de la Constituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Ahora, de cara al caso concreto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el plenario se desprende que el peticionario es agente retirado de la Polic\u00eda Nacional2, est\u00e1 afiliado, como titular, al Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional, en el que su hija Nathaly Fernanda Rodr\u00edguez Villamizar es su beneficiaria3, \u00faltima que fue diagnosticada por la Polic\u00eda Nacional con un porcentaje de p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 74,75%4 y es madre del menor agenciado, nacido el 19 de mayo de 20165.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, se vislumbra que el solicitante no cuenta con la capacidad econ\u00f3mica para afiliar a sus descendientes como cotizantes en el sistema general de seguridad social en salud y que \u00e9stos sujetos se encuentran a su cargo, resaltando que as\u00ed lo afirm\u00f36 y ello no fue controvertido por el extremo accionante, por lo que se debe dar aplicaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de veracidad de que trata el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, sin lugar a dudas, impon\u00eda la concesi\u00f3n del resguardo, pues a pesar de que la reglamentaci\u00f3n del subsistema de salud de la Polic\u00eda Nacional no contempla la vinculaci\u00f3n de los nietos como beneficiarios del titular de la afiliaci\u00f3n, las particularidades del caso concreto daban cuenta de una situaci\u00f3n excepcional en la que deb\u00eda propugnarse por garantizar los derechos de un sujeto de especial protecci\u00f3n, a saber, el menor de edad agenciado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En casos con alguna simetr\u00eda al de ahora, dej\u00f3 dicho la Sala que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se puede establecer, entonces, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, que se cumple a cabalidad el supuesto de hecho sentado por la jurisprudencia para la procedencia del amparo constitucional de tutela para este tipo de casos, seg\u00fan el cual \u201c\u2026las personas que no se encuentran legalmente entre los beneficiarios del cotizante, pero que efectivamente dependen de \u00e9l pueden ser afiliados al r\u00e9gimen de seguridad social en salud en el que el cotizante est\u00e9 adscrito\u2026 (CC T-625\/2009, citada por esta Corte en varias decisiones, entre otras, STC, 24 ag. 2010, rad. 2010-00137-01; STC, 16 may. 2013, rad. 2013-00050-01; STC, 8 nov. 2013, rad. 2013-00329-01; y STC, 8 ag. 2014, rad. 2014-01088-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, ante situaciones similares a la aqu\u00ed discutida se ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026los ni\u00f1os cuentan con especial protecci\u00f3n constitucional sobre sus derechos a la salud y la seguridad social, particularmente los reci\u00e9n nacidos, que al estar iniciando la vida se encuentran en un estado de vulnerabilidad, por lo cual necesitan de una atenci\u00f3n m\u00e1s calificada en salud y alimentaci\u00f3n por parte de la familia, la sociedad y [el] Estado. De esta forma, tanto las entidades p\u00fablicas como privadas tienen un deber de cuidado sobre el bienestar de los ni\u00f1os, para lo cual deben procurar siempre, entre otros, garantizar que tengan el acceso al m\u00e1s alto nivel posible de salud y nutrici\u00f3n durante los primeros a\u00f1os de vida, atendiendo en sus actuaciones al inter\u00e9s superior del menor (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, a pesar de la amplia garant\u00eda del derecho a la salud que se ha reconocido para los ni\u00f1os en temprana edad, se ha dejado un espacio de desprotecci\u00f3n en el acceso y la afiliaci\u00f3n al sistema, pues aunque se estableci\u00f3 que todo reci\u00e9n nacido quedar\u00e1 autom\u00e1ticamente como beneficiario de la entidad promotora de salud a la cual est\u00e9 afiliada su progenitora, hay casos para los cuales no es tan clara la vinculaci\u00f3n, como cuando se es hijo(a) de una madre que abandona el hogar y el padre es un adolescente beneficiario del r\u00e9gimen contributivo [que al no ser cotizante no puede afiliar a su beb\u00e9 como beneficiario(a)], pero adem\u00e1s no se tienen los recursos para afiliarlo(a) como dependiente de alguno de sus abuelos y las opciones de ingresar al sistema en el r\u00e9gimen subsidiado o como participante vinculado son muy gravosas para el menor y su familia\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como respuesta a lo anterior, y en atenci\u00f3n a las especiales circunstancias en las que se encuentran los ni\u00f1os reci\u00e9n nacidos que son fruto de la relaci\u00f3n entre menores de edad, la Corte Constitucional les ha reconocido el derecho que tienen a ser integrados al sistema de salud como dependientes de sus abuelos, sin que se les exija el pago de una cuota adicional, siempre que (i) \u00e9stos no cuenten con los recursos para cubrirla, (ii) y las alternativas de buscar la afiliaci\u00f3n del beb\u00e9 en el r\u00e9gimen subsidiado o proveerle la atenci\u00f3n m\u00e9dica como participante vinculado resulten inconvenientes de conformidad con el supuesto f\u00e1ctico planteado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026por lo que debe ser afiliada al r\u00e9gimen contributivo de salud como miembro del grupo familiar de su abuelo, sin que se le exija el pago de una cuota adicional, porque las especiales circunstancias que la rodean han abierto un espacio de desprotecci\u00f3n en su derecho a la salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para el caso de XXXX se abri\u00f3 un espacio de desprotecci\u00f3n en su ingreso al sistema de salud, en tanto se ha visto impedida para ser beneficiaria de alguno de sus padres adolescentes o de las personas que velan por su sostenimiento. Sin embargo, la Sala encuentra que se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para garantizarle la afiliaci\u00f3n al sistema como cotizante dependiente de su abuelo paterno, eximi\u00e9ndolo del pago de la cuota adicional, as\u00ed: (i) el accionante no puede sufragar mensualmente el valor de una imposici\u00f3n sin que se vea afectada su estabilidad financiera (\u2026). Debe entenderse que la incapacidad econ\u00f3mica para asumir un costo derivado del ingreso al sistema de salud de un miembro de la familia se califica a la luz de las otras necesidades de las personas que la componen, pues de lo contrario se les pondr\u00eda en riesgo la materializaci\u00f3n de una vida en condiciones de dignidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026As\u00ed las cosas, (\u2026) la Sala de Revisi\u00f3n, a pesar de comprender que de conformidad con el art\u00edculo 40 del Decreto 806 de 1998, en el r\u00e9gimen contributivo se debe aportar una cuota adicional para afiliar a un nieto como miembro del grupo familiar del cotizante, considera necesario inaplicar tal reglamentaci\u00f3n en este caso, porque la imposici\u00f3n de la cuota adicional a su abuelo se torna desconocedora de los derechos fundamentales de la menor a la salud y la seguridad social, como tambi\u00e9n del especial deber de protecci\u00f3n que el Estado y la sociedad tienen con los ni\u00f1os en temprana infancia, conforme las reglas establecidas en la sentencia T-1093 de 2007 ya citada\u2026 (CC T-763\/11, citada en CSJ STC, 3 abr. 2013, rad. 2013-00017-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed como la presente decisi\u00f3n encuentra asidero en las normas que reconocen la prevalencia de los derechos de los menores de edad respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, lo cual se explica:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026en su posici\u00f3n y situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, e inter\u00e9s del Estado de concederles un trato preferente para garantizarles el pleno, normal y sano desarrollo de su integridad f\u00edsica, sicol\u00f3gica, intelectual, moral, no tanto por debilidad, fragilidad y vulnerabilidad, sino por su trascendencia en la especie, formaci\u00f3n con valores imprescindibles para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por intereses superiores\u2026 (CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01; reiterada en STC, 22 ag. 2012, rad. 2012-00269-01; y STC, 8 nov. 2013, rad. 2013-00329-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, es claro que de lo acreditado en el tr\u00e1mite constitucional y los precedentes jurisprudenciales citados, la negativa a afiliar al menor de edad J.S.B.V., como beneficiario del grupo familiar del gestor, conculca sus derechos fundamentales y, por ende, se abr\u00eda paso al resguardo deprecado, destacando que el abuelo del infante est\u00e1 a cargo de \u00e9ste y su progenitora, siendo su \u00fanica fuente de ingreso la asignaci\u00f3n de retiro de la Polic\u00eda Nacional, lo cual no fue controvertido por la parte accionada, a m\u00e1s que la eventual prosperidad del proceso de investigaci\u00f3n de paternidad al que alude la censora, de momento, no derruye lo ya concluido, pues lo cierto es que actualmente el agenciado no cuenta con reconocimiento paterno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Se precisa que la afiliaci\u00f3n del menor al Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional con ocasi\u00f3n del cumplimiento de la medida provisional dispuesta por el a quo constitucional al admitir a tr\u00e1mite la petici\u00f3n de amparo, contrario a lo aducido por la impugnante, es insuficiente para concluir que se est\u00e1 ante un hecho superado, destacando que esa situaci\u00f3n se edific\u00f3 en una determinaci\u00f3n que no garantizaba de manera definitiva los derechos del menor de edad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        Corolario de lo consignado, como se dejara dicho, siguiendo los precedentes establecidos por la Corte Constitucional en casos como el presente y dada la incapacidad econ\u00f3mica del accionante, se impone modificar la decisi\u00f3n de primer grado para precisar que la afiliaci\u00f3n del menor J.S.B.V. debe producirse \u00abeximi\u00e9ndolo del pago de la cuota adicional\u00bb y que la misma se debe mantener vigente hasta que la Polic\u00eda Nacional demuestre que ha cesado su dependencia econ\u00f3mica respecto de su abuelo materno.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, de no perder de vista que si bien la \u00fanica impugnante fue la parte accionada, lo cierto es que, como se tiene dicho, en las acciones de tutela no aplica el principio de la \u00abnon reformatio in pejus\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al efecto, ha sostenido la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026el amparo est\u00e1 basado en principios y reglas especiales, que propenden por la defensa de garant\u00edas esenciales, el juez de segunda instancia cuenta siempre con plenas facultades para revisar y reformar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, cuando \u00e9sta contraviene lo dispuesto en la Carta Pol\u00edtica; de lo anterior, se colige que tal autoridad no se encuentra limitada por la non reformatio in pejus y tiene el deber de adoptar una determinaci\u00f3n que se acompase con los lineamientos superiores, aunque con su pronunciamiento agrave la situaci\u00f3n de quien apel\u00f3 (CSJ STC, 1\u00ba feb. 2012, rad. 00164-01; reiterada en STC, 7 feb., rad. STC1220-2014; y STC10315-2016, 28 jul., rad. 2016-00167-01).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica el fallo impugnado en cuanto a que la afiliaci\u00f3n del menor J.S.B.V. al Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional, como beneficiario de su ascendiente Jos\u00e9 Salom\u00f3n Boh\u00f3rquez Jerez, debe producirse sin ning\u00fan tipo de condicionamiento, eximi\u00e9ndolo del pago de la cuota adicional, y que tal vinculaci\u00f3n ha de mantenerse hasta que la acusada demuestre la desaparici\u00f3n de la dependencia econ\u00f3mica del infante respecto de su abuelo, acorde con lo consignado en la parte motiva de este decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edesele copia de esta providencia a la parte accionada y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Corte Constitucional, entre otras: C-544\/92, C-019\/93, T-124\/94, T-278\/94, T-408\/95, SU-225\/98, T-514\/98, T-556\/98, T-752\/98, T-182\/99, SU-256\/99, T-715\/99, C-1064\/00, C-839\/01, T-979\/01, T-510\/03, y T-723\/06.    <\/span><\/p>\n

2 Folio 5, cuaderno 1.    <\/span><\/p>\n

3 Folios 7 y 22, \u00eddem.    <\/span><\/p>\n

4 Folio 8, \u00eddem.    <\/span><\/p>\n

5 Folio 6, \u00eddem.    <\/span><\/p>\n

6 Folio 1, \u00eddem.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC3141-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2017-00022-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99910\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}