{"id":99911,"date":"2026-06-25T19:37:10","date_gmt":"2026-06-25T19:37:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3142-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:37:10","modified_gmt":"2026-06-25T19:37:10","slug":"stc3142-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3142-2017\/","title":{"rendered":"STC3142-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3142-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2016-00711-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de enero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosaura Osorio de Barrios contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional -Seccional Tolima.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos a la salud y a la \u00abdignidad humana al adulto mayor en condici\u00f3n de discapacidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.    <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a la convocada \u00abla entrega de nuevos aud\u00edfonos para [su] o\u00eddo izquierdo y derecho con las cualidades t\u00e9cnicas exigidas por la fonoaudi\u00f3loga\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Rosaura Osorio de Barrios tiene 76 a\u00f1os de edad1, est\u00e1 afiliada como beneficiaria en el Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Se\u00f1al\u00f3 lo accionante que debido a la hipoacusia que le fue diagnosticada, el 4 de marzo de 2013 le fueron entregados los aud\u00edfonos que le prescribi\u00f3 su m\u00e9dico tratante, pero \u00e9stos dejaron de funcionar.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Sostuvo la quejosa que por lo anterior, en el mes de septiembre de 2015, solicit\u00f3 ante la entidad accionada la reparaci\u00f3n de los dispositivos auditivos o su cambio por unos nuevos, a lo que no accedi\u00f3 la convocada advirti\u00e9ndole que hab\u00eda expirado la garant\u00eda de esos elementos, la cual era de 2 a\u00f1os a partir de su entrega, y que aqu\u00e9llos contaban con una vida \u00fatil de 5 a\u00f1os, por lo que la paciente deb\u00eda asumir su responsabilidad en el da\u00f1o o deterioro de los aud\u00edfonos, cancelando el valor de su arreglo, el cual ascend\u00eda a $1.600.000,oo, o esperar que se cumpliera el t\u00e9rmino de los 5 a\u00f1os para que le fueran suministrados los de remplazo.  <\/span><\/p>\n

2.4.        Relat\u00f3 la tutelante que es \u00abuna adulta mayor con discapacidad tanto visual como auditiva y de movilidad\u00bb, dado que, adem\u00e1s de la afectaci\u00f3n atr\u00e1s referida, padece de desprendimiento de retina desde hace 17 a\u00f1os y se le diagnostic\u00f3 osteoporosis, lo que le impone movilizarse en una silla de ruedas para evitar una eventual fractura de columna.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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El Jefe de \u00c1rea de Sanidad Tolima de la Polic\u00eda Nacional se opuso a la prosperidad del reclamo porque no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho, destac\u00f3 que \u00abel cuidado y manutenci\u00f3n (sic) de elementos tecnol\u00f3gicos son de responsabilidad y cuidado de aquel que los utilice, m\u00e1s aun cuando un elemento tiene una duraci\u00f3n de 5 a\u00f1os, que sin haberlos cumplido resulta averiado por el uso indebido del mismo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Aludi\u00f3 que al ser la Direcci\u00f3n de Sanidad una dependencia de la Polic\u00eda Nacional, instituci\u00f3n del orden nacional, el Tribunal constitucional no era el competente para conocer de la salvaguarda. (Folios 36 y 37, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo concedi\u00f3 el resguardo al considerar que la tutelante gozaba de especial protecci\u00f3n dado que \u00abes una paciente de 75 a\u00f1os de edad, con problemas en sus vertebras, renales y desprendimiento de retina, requiriendo de silla de ruedas para su movilizaci\u00f3n, lo que indica que es una persona en condici\u00f3n de discapacidad\u00bb, pero que como no exist\u00eda \u00aborden del galeno tratante en el sentido de… calificar el estado de los aud\u00edfonos y de su estado auditivo\u00bb, era necesario esclarecer esa situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 a \u00abSanidad de la Polic\u00eda Nacional Regional Tolima\u00bb que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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…brinde un concepto por parte del profesional m\u00e9dico adscrito a la red de prestadores, con el fin de examinar y valorar al (sic) paciente[,] en el que se determine el estado de los aud\u00edfonos, y la necesidad de los mismos en la paciente (sic). Si el galeno la prescribe, deber\u00e1 ser suministrada en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas contados a partir de la respectiva orden m\u00e9dica. (Folios 38 a 41, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La entidad acusada opugn\u00f3 el referido fallo reiterando lo aducido en la contestaci\u00f3n a la acci\u00f3n de tutela; agregando que exist\u00eda un hecho superado en la medida en que, en cumplimiento a la decisi\u00f3n de primer grado, agend\u00f3 la cita para la valoraci\u00f3n de la gestora; que deb\u00eda cumplirse con lo dispuesto en el Acuerdo 042 de 2005 y la Resoluci\u00f3n 462 de 2010 respecto al protocolo para el suministro de medicamentos, destacando que s\u00f3lo pueden suministrarse los que se encuentren en su vadem\u00e9cum; y que la decisi\u00f3n del a-quo fue demasiado amplia porque \u00abestableci\u00f3 el suministro ilimitado de servicios m\u00e9dicos\u00bb, poniendo en \u00abpeligro la viabilidad financiera del Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Rog\u00f3 revocar el resguardo y que, en caso de confirmarse, se le autorizara \u00aba recobrar al FOSYGA el costo correspondiente\u00bb. (Folios 45 a 49, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        No cabe duda de que la acci\u00f3n de tutela es el mecanismo id\u00f3neo para proteger el derecho a la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana, por tratarse aqu\u00e9l de un derecho aut\u00f3nomo, al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-644\/14, se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026el derecho a la salud tiene rango de fundamental, a pesar de su faceta prestacional. Ello, en raz\u00f3n de que esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 en la sentencia T-760 de 2008 que eliminar el car\u00e1cter de fundamental de un derecho a partir de su cualidad prestacional es un error de categor\u00eda, puesto que esta caracter\u00edstica se predica de algunas de sus facetas y no del derecho considerado como un todo. Entonces, el concepto de derecho fundamental es una denotaci\u00f3n compleja que cuenta con m\u00faltiples dimensiones adem\u00e1s de facetas que implican acciones positivas y negativas del Estado, las cuales no restan el car\u00e1cter fundamental del mismo.  <\/span><\/p>\n

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\u2026  <\/span><\/p>\n

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La conceptualizaci\u00f3n de la fundamentabilidad del derecho a la salud tambi\u00e9n hace parte del consenso de los instrumentos internacionales, los cuales consideran esta garant\u00eda como elemento esencial e inherente de la persona. Estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido, entre las que se encuentran el art\u00edculo 25 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y el art\u00edculo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales, \u00f3rgano autorizado para interpretar el pacto citado, se estableci\u00f3 que: \u201c[l]a salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los dem\u00e1s derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente\u2026\u201d  <\/span><\/p>\n

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3.        Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n formulada por la convocada, de entrada se advierte que el amparo concedido debe ratificarse, comoquiera que las pruebas adosadas al expediente dan cuenta de que la peticionaria es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, dada su condici\u00f3n de persona de la tercera edad con problemas de salud que impiden su normal desenvolvimiento en comunidad, pues son notorias las afectaciones auditivas y visuales que la aquejan, sumadas a un diagn\u00f3stico de osteoporosis por el cual debe movilizarse en silla de ruedas, as\u00ed mismo, se tiene que ella afirm\u00f3 haber dado el uso y cuidado debido a los aud\u00edfonos; supuestos todos que no fueron desvirtuados por la parte accionada, por lo que corresponde dar aplicaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de veracidad de que trata el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Infundada resulta la alegaci\u00f3n consistente en que se presenta un hecho superado porque se agend\u00f3 la cita para la valoraci\u00f3n de la gestora, pues ello se efectu\u00f3 \u00abcon ocasi\u00f3n de la orden impartida en la providencia del a quo, [luego] no tiene objeto la impugnaci\u00f3n que contra \u00e9sta se interpone, por sustracci\u00f3n de materia\u00bb (CSJ STC, 18 may. 2011, rad. 2011-00016-01).  <\/span><\/p>\n

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Ahora, frente a la viabilidad de la entrega de los aud\u00edfonos, independientemente de que no est\u00e9n incluidos dentro del plan de salud, resulta aplicable al presente asunto el precedente sentado por la Corte Constitucional en fallo T-443\/03, en el cual se consign\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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La sentencia de instancia no concede importancia a la funcionalidad que representa para el accionante el utilizar los aud\u00edfonos y desestima tal utilidad cuando sostiene que con ellos s\u00f3lo se potencia la capacidad auditiva. Es precisamente por ello que la Corte ha accedido a tutelar casos an\u00e1logos, pues est\u00e1 en juego la vida en condiciones dignas, siendo la facultad de o\u00edr parte de una vida con dignidad. En torno al concepto de calidad de vida y de vida digna, que debe tenerse presente con miras a la revisi\u00f3n de esta tutela, valga la cita de la sentencia T-1344 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis, cuando se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cEl ser humano, ha dicho la jurisprudencia, necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempe\u00f1arse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomal\u00edas en la salud, a\u00fan cuando no tenga el car\u00e1cter de enfermedad, afectan esos niveles, poniendo en peligro la dignidad personal, resulta v\u00e1lido pensar que el paciente tiene derecho, a abrigar esperanzas de recuperaci\u00f3n, a procurar alivio a sus dolencias, a buscar, por los medios posibles, la posibilidad de una vida, que no obstante las dolencias, pueda llevarse con dignidad.  <\/span><\/p>\n

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\u201cLo que pretende la jurisprudencia es entonces respetar un concepto de vida no limitado a la restrictiva idea de peligro de muerte, ni a la simple vida biol\u00f3gica, sino a consolidar un sentido m\u00e1s amplio de la existencia que se ate a las dimensiones de dignidad y decoro. Lo que se busca con dicha noci\u00f3n es preservar la situaci\u00f3n existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad, ya que, al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable, en la medida de lo posible. De all\u00ed, que tambi\u00e9n el concepto de derecho a la salud, cuando va aparejado de su conexidad con la vida, ha sido definido como \u201cla facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad org\u00e1nica funcional, tanto f\u00edsica como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbaci\u00f3n en la estabilidad org\u00e1nica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acci\u00f3n de conservaci\u00f3n y otra de restablecimiento.\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esa misma decisi\u00f3n, tras expresarse que \u00ab[e]n relaci\u00f3n al otorgamiento de aud\u00edfonos cuando se trata de adultos ya  es abundante la jurisprudencia al respecto\u00bb, se cit\u00f3 la sentencia T-839\/00, en cuanto all\u00ed se indic\u00f3 que:   <\/span><\/p>\n

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\u201c…si bien la colocaci\u00f3n del aud\u00edfono no re\u00fane las caracter\u00edsticas de una urgencia vital para el demandante, s\u00ed resulta ser un aparato que  requiere de manera inmediata a fin de lograr un adecuado desenvolvimiento personal, la integraci\u00f3n social que pretende la Carta, y el mecanismo necesario para realizar sus actividades normales como ciudadano. Es importante reconocer que la facultad de escuchar, resulta ser una ventana al mundo, en especial para una persona de la tercera edad que debido a su condici\u00f3n f\u00edsica y mental requiere de todo el apoyo que pueda serle brindado para continuar con una calidad de vida digna e id\u00f3nea, dada su evidente debilidad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Luego, se reforz\u00f3 la anterior conclusi\u00f3n acudiendo a apartes de las sentencias T-488\/01, T-1239\/01, T-329\/02, T-003\/03 y T-281\/03.  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, no tiene cabida en el presente caso la reclamada autorizaci\u00f3n para recobrar ante el Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda – Fosyga, planteada por la entidad accionada, ya que como lo ha indicado reiteradamente esta Sala en asuntos de similares contornos, tal facultad no aplica respecto del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda. Al respecto se ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u2026no es del caso conceder el recobro ante el Fosyga, dada la inexistencia de norma que lo permita, toda vez que quienes est\u00e1n facultadas para solicitarlo son las entidades promotoras que incurrieron en los gastos, y por cuanto el subsistema de salud de las Fuerzas Militares [y de la Polic\u00eda Nacional] no est\u00e1[n] sujeto[s] a lo previsto en la Ley 100 de 1993 y, \u2018adem\u00e1s, cuentan con los llamados \u2018fondos-cuenta\u2019 que funcionan en forma semejante al primeramente citado que les permite obtener la financiaci\u00f3n de los diversos gastos que deban asumir en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud al personal adscrito y a sus distintos beneficiarios\u2019 (CSJ STC, 24 may. 2011, rad. 00117-01; reiterada en STC12865-2015; y STC786-2016, 16 jun. 2016, rad. 00791-01).  <\/span><\/p>\n

5.        Lo sucintamente anotado impone la confirmaci\u00f3n del fallo de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Folio 29, cuaderno 1.      <\/span><\/p>\n

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