{"id":99913,"date":"2026-06-25T19:37:18","date_gmt":"2026-06-25T19:37:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3144-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:37:18","modified_gmt":"2026-06-25T19:37:18","slug":"stc3144-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3144-2017\/","title":{"rendered":"STC3144-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3144-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2016-00483-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 24 de enero de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael de Jes\u00fas Pareja Reinemer contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculada Olga Lucia N\u00fa\u00f1ez Montiel.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales \u00aba la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la seguridad social, [a la] dignidad humana, [al] debido proceso y [al] m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.    <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene \u00ab (i) el reintegro de manera inmediata al cargo que desempe\u00f1aba o a uno de igual o superior jerarqu\u00eda hasta tanto [se] reconozca [su] pensi\u00f3n de vejez y [sea] incluido en la n\u00f3mina de pensionados [,] y\u2026(ii) el pago de los salarios dejados de percibir junto con las prestaciones sociales…\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Rafael de Jes\u00fas Pareja ha ocupado diferentes cargos en la rama judicial desde julio de 1980, siendo el \u00faltimo de Auxiliar Administrativo Grado 5 en la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cartagena, al que accedi\u00f3, en provisionalidad a partir de enero de 2007.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        A trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n No. DESAJCAR16-1287, expedida el pasado 5 de diciembre, fue declarado insubsistente, como consecuencia del nombramiento en propiedad, en este empleo, de Olga Lucia N\u00fa\u00f1ez Montiel, con ocasi\u00f3n del concurso de m\u00e9ritos convocado mediante acuerdo 069 de 2009.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        El gestor solicit\u00f3 a la entidad encausada llevar a cabo un an\u00e1lisis de su caso particular alegando su pr\u00f3xima jubilaci\u00f3n y la calidad de padre cabeza de familia.  <\/span><\/p>\n

2.4.        Indic\u00f3 el accionante que el acto administrativo objeto de discusi\u00f3n se encuentra inmerso en una falsa motivaci\u00f3n, vulnerando su debido proceso y su derecho a la estabilidad laboral reforzada, toda vez que se desempe\u00f1aba desde hace 32 a\u00f1os al servicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica y \u00ab[estaba] pr\u00f3ximo a cumplir los 59 a\u00f1os de edad\u00bb, arrog\u00e1ndose \u00abla calidad de pre pensionado\u00bb1.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Finalmente, adujo el quejoso que la \u00fanica fuente de ingresos para su familia era el trabajo que desempa\u00f1aba; y que es padre cabeza de familia, adem\u00e1s, que su esposa e hijas, una de ellas menor de edad, dependen econ\u00f3micamente de \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LA VINCULADA  <\/span><\/p>\n

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1.        La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cartagena \u2013 Bol\u00edvar se\u00f1al\u00f3 que no existi\u00f3 falsa motivaci\u00f3n en el acto administrativo que declar\u00f3 al accionante insubsistente, pues el mismo se acogi\u00f3 \u00aba las normas de carrera judicial\u00bb; sostuvo que el gestor no ostenta la condici\u00f3n de prepensionado para gozar de estabilidad laboral reforzada, por falta de cumplimiento del requisito de edad y, adem\u00e1s, inform\u00f3 que \u00e9ste nunca comunic\u00f3 las condiciones especiales alegadas en sede tutelar; suplic\u00f3 se negara la protecci\u00f3n rogada toda vez que el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa para obtener el resguardo de sus derechos (folios 72 a 77, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Olga Lucia N\u00fa\u00f1ez Montiel manifest\u00f3 que la desvinculaci\u00f3n laboral del accionante no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados, acogi\u00e9ndose a los presupuestos de un concurso de m\u00e9ritos que anteced\u00eda, los cuales daban cuenta de un mejor derecho en cabeza de ella, quien llego a ocupar el cargo en carrera, solicit\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda al considerar que carec\u00eda del presupuesto de subsidiariedad (folios 81 y 82, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo deneg\u00f3 el amparo al considerar que el gestor cuenta con los \u00abmecanismos establecidos por la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa\u00bb, para controvertir el acto administrativo se aduce conculcador de derechos fundamentales; destac\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para solicitar el reintegro laboral\u00bb; advirti\u00f3 que el acto administrativo objetado se expidi\u00f3 conforme a la ley y que no demostr\u00f3 ninguna condici\u00f3n que acreditara que el inconforme gozaba de estabilidad laboral reforzada (folios 84 a 89, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante refut\u00f3 el referido fallo reiterando sus alegaciones iniciales; agreg\u00f3 que \u00ab[su] cargo est\u00e1 siendo ocupado por [una] persona diferente a la que gan\u00f3 el concurso\u00bb; y que no fue practicada la prueba que pidi\u00f3 para demostrar la anterior situaci\u00f3n ni se valor\u00f3 su condici\u00f3n de padre cabeza de familia y prepensionado (folios 94 a 96, cuaderno1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        Respecto al reintegro reclamado por el accionante, de entrada debe anotarse que esta Corte ha considerado que \u00abla tutela no es el camino adecuado para ordenar reintegros, pues, no fue instituida para reemplazar a los jueces naturales, m\u00e1xime cuando la desvinculaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una causa legal\u00bb. (CSJ STC, 19 abr. 2013, rad. 00076-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00edan cercen\u00e1ndose los principios nodales que la edifican.   <\/span><\/p>\n

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3.        De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, advierte la Sala que el resguardo deprecado es improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de la subsidiariedad, en el entendido que el gestor del amparo dispone de otros medios de defensa judicial a trav\u00e9s de los cuales puede procurar la protecci\u00f3n de los derechos que estima conculcados, puesto que, auscultada la demanda de tutela, se encuentra que su queja va dirigida contra la resoluci\u00f3n No. DESAJCAR16-1287 del 5 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s de la cual la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cartagena Bol\u00edvar \u00abdeclara insubsistente el nombramiento en provisionalidad del se\u00f1or Rafael de Jes\u00fas Pareja Reinemer\u00bb, del cargo de Asistente Administrativo Grado 5, con ocasi\u00f3n del nombramiento, en propiedad de Olga Lucia N\u00fa\u00f1ez Montiel, en ese empleo, quien tom\u00f3 posesi\u00f3n en la misma calenda; determinaci\u00f3n aquella que constituye un acto administrativo.  <\/span><\/p>\n

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Insistentemente se ha dicho que el cuestionamiento y debate frente a tales actuaciones de la administraci\u00f3n debe suscitarse y definirse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, conforme a los art\u00edculos 1372 y 1383  <\/span><\/p>\n

del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siendo ese el escenario id\u00f3neo para controvertir su legalidad, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto de contornos similares al de ahora, dej\u00f3 dicho la Corte que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[N]ing\u00fan elemento demostrativo revela que el pronunciamiento ahora objetado haya sido controvertido ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[T]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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\u2026[I]gualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado:  <\/span><\/p>\n

\u2026[E]n este sentido la jurisprudencia de la Sala en asuntos que guardan simetr\u00eda con el que en este momento es materia de an\u00e1lisis, ha reiterado que es (\u2026) en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u2026 (CSJ STC, 10 dic. 2008, rad. 2008-00414-01).  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, el resguardo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia estipulada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con la regla 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, porque el pronunciamiento relativo a la remoci\u00f3n de una persona en un cargo p\u00fablico, debe cuestionarse haciendo uso del instrumento judicial rese\u00f1ado, por cuanto este mecanismo excepcional no es una v\u00eda paralela ni sustitutiva de los medios ordinarios o extraordinarios de defensa\u2026 (CSJ STC, 31 mar. 2016, rad. 2016-00039-01; reiterada en STC15370, 27 oct., rad. 2016-00126-01)  <\/span><\/p>\n

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4.        Aunado a lo expuesto, contando el actor con la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, la salvaguarda del ep\u00edgrafe tampoco se abrir\u00eda paso como mecanismo transitorio, pues es indiscutible que en ese escenario tiene la oportunidad de reclamar, en cualquier tiempo, el decreto de medidas provisionales encaminadas a mitigar el hipot\u00e9tico agravio que se le cause, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 229 a 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incluso, puede pedir la suspensi\u00f3n del acto administrativo que cuestiona.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, se advierte que el quejoso no acredit\u00f3 ser sujeto de especial protecci\u00f3n, pues no demostr\u00f3 padecer una enfermedad catastr\u00f3fica, ser discapacitado, padre cabeza de familia o prepensionado, destacando, frente a estos dos \u00faltimos, que al momento de su desvinculaci\u00f3n ni si quiera cumpl\u00eda con el requisito de edad, pues s\u00f3lo contaba con 58 a\u00f1os y, tal como lo advirti\u00f3 el a quo, no aport\u00f3 prueba siquiera sumaria para demostrar porque, a pesar de la existencia de su esposa, se aroga la condici\u00f3n de padre cabeza de familia.  <\/span><\/p>\n

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Referente a las personas nombradas en provisionalidad con calidad de \u00abprepensionados\u00bb, la sala Corte ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 Seg\u00fan la Ley 790 de 2002, las personas que aspiren a ser reconocidas como \u00abprepensionadas\u00bb deben reportar a la entidad para la cual laboran la informaci\u00f3n necesaria para constatar su situaci\u00f3n personal, es decir, que les faltan tres (3) a\u00f1os o menos para causar el derecho a su pensi\u00f3n de vejez, contados a partir de la promulgaci\u00f3n de la referida norma, entre otros requisitos (CSJ STC1271, 18 sep.  2015, rad 00103-02,)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Respecto al argumento tra\u00eddo en la impugnaci\u00f3n en punto a que se obvio decretar la prueba reclamada en el libelo, a saber, una \u00abinspecci\u00f3n judicial\u00bb al puesto de trabajo que ocupaba el censor, debe decirse que tal ruego probatorio se mostraba inviable, en la medida en que la petici\u00f3n de amparo reca\u00eda sobre un acto administrativo, lo que implicaba que con las probanzas documentales obrantes en el plenario era suficiente para definir el asunto, de no olvidar que el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991 ense\u00f1a que \u00ab[e]l juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u00bb, de donde en ninguna irregularidad incurri\u00f3 el fallador de primer grado al no haber dispuesto la pr\u00e1ctica de tal medio de convencimiento.  <\/span><\/p>\n

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Frente a la falta de obligaci\u00f3n de decretar pruebas pedidas en sede de tutela, la Sala ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u201cresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u201d (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC5449-2016, rad. 2016-00122-01; y CSJ STC6582-2016, rad. 2016-00154-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Por los anteriores argumentos, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Precisa la Sala que el tutelante naci\u00f3 el 21 de septiembre de 1958, por lo que actualmente tiene 58 a\u00f1os de edad.    <\/span><\/p>\n

2 Art\u00edculo 137, Ley 1437 de 2011: Nulidad. Toda persona podr\u00e1 solicitar por s\u00ed, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de car\u00e1cter general. (\u2026) Tambi\u00e9n puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificaci\u00f3n y registro. (\u2026)    <\/span><\/p>\n

3 Art\u00edculo 138, Ley 1437 de 2011: Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior.  <\/span><\/p>\n

Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel.      <\/span><\/p>\n

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               AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC3144-2017   Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2016-00483-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99913","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99913","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99913"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99913\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99913"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99913"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99913"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}