{"id":99917,"date":"2026-06-25T19:37:55","date_gmt":"2026-06-25T19:37:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3155-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:37:55","modified_gmt":"2026-06-25T19:37:55","slug":"stc3155-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3155-2017\/","title":{"rendered":"STC3155-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3155-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00482-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 23 de enero de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Jos\u00e9 Villarreal \u00c1lvarez contra el Juzgado Primero de Familia de Cartagena, con ocasi\u00f3n del asunto de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria iniciado por Rosa Manuela D\u00edaz de Voz, en nombre de sus hijos menores Keiler Jos\u00e9 y Mat\u00edas Jos\u00e9 Villarreal de Voz, frente al aqu\u00ed actor.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente lesionado por la autoridad jurisdiccional acusada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Para fundamentar su reparo, se\u00f1ala que dentro del juicio censurado, la madre de sus hijos pretendi\u00f3 como cuota para ambos $1.923.000, correspondiente a los gastos mensuales de \u00e9stos.  <\/span><\/p>\n

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Tras enterarse del libelo, aleg\u00f3 el cumplimiento de sus obligaciones como padre y cuestion\u00f3 la cuant\u00eda pedida por la demandante porque \u201c(\u2026) implicaba imponer[le] toda la carga alimentaria [a \u00e9l] (\u2026) cuando (\u2026) [\u00e9sta es] para los dos padres (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que la empresa donde labora, International Tug S.A.S. -Intertug-, certific\u00f3 cancelarle como ingresos mensuales $5.255.000.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que la progenitora de sus descendientes en su interrogatorio acept\u00f3 recibir $450.000 por concepto de arriendo de un apartamento y entre $50.000 y $80.000 \u201c(\u2026) por venta de revistas\u201d. Asimismo, aqu\u00e9lla adujo tener otro hijo menor, empero no prob\u00f3 esa afirmaci\u00f3n y, de igual modo, omiti\u00f3 acreditar lo sufragado por servicios p\u00fablicos y alquiler para vivienda del lugar donde residen sus hijos.  <\/span><\/p>\n

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El 17 de noviembre de 2016 se profiri\u00f3 fallo estimatorio de las pretensiones de la demanda; no obstante, se determin\u00f3 una cuota superior a la deprecada, pues la juzgadora acusada fij\u00f3 el 50% de sus ingresos para el efecto, \u201c(\u2026) rompiendo as\u00ed el principio de congruencia de las sentencias (\u2026)\u201d (fls. 1 y 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, por tanto, revocar la providencia de la juez atacada y ordenarle emitir otra \u201c(\u2026) con fundamento en lo probado y sin exceder lo pedido (\u2026)\u201d (fl. 6, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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La titular de la oficina judicial querellada se opuso a la prosperidad del amparo porque  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el juez puede de acuerdo a la capacidad econ\u00f3mica del alimentante y la necesidad del alimentario, determinar una cuota alimentaria diferente, ya sea superior o inferior; y como [en] el caso presente se estableci\u00f3 que uno de los menores padece de una enfermedad que requiere atenci\u00f3n permanente por parte de su se\u00f1ora madre y s\u00f3lo con la finalidad de proteger el inter\u00e9s superior del menor, dado que el alimentante contaba con capacidad econ\u00f3mica suficiente y carec\u00eda de otras obligaciones alimentarias, el despacho determin\u00f3 se\u00f1alar cuota alimentaria en favor de sus dos menores hijos en cuant\u00eda del 50% de su salario y dem\u00e1s prestaciones legales (\u2026)\u201d (fls. 138 al 141, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 el auxilio porque no encontr\u00f3 desafuero en la providencia censurada, pues con ella no se desconoci\u00f3 el principio de congruencia, toda vez que el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso le permite a los jueces de familia fallar ultra-petita y extra-petita para brindarle una protecci\u00f3n adecuada a los ni\u00f1os; por tanto,  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) al estar acreditada (\u2026) la necesidad de alimentos de los dos hijos menores (\u2026) y la capacidad econ\u00f3mica del se\u00f1or \u00c1lvaro Jos\u00e9 Villarreal \u00c1lvarez, el juzgado accionado al fijar la cuota alimentaria, simplemente hizo uso de las facultades que la ley le otorga para salvaguardar el inter\u00e9s superior de los menores, uno de ellos con discapacidad relativa (\u2026)\u201d (fls. 30 al 33, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El querellante impugn\u00f3 sin exponer sus motivos de disenso (fl. 150, Vto., cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Escuchada la audiencia de 17 de noviembre de 2016, donde se profiri\u00f3 la sentencia cuestionada, mediante la cual se impuso en favor de los alimentarios una cuota correspondiente al 50% del salario, prestaciones legales, subsidios y dem\u00e1s emolumentos percibidos por el accionante como trabajador de Intertug S.A.S, no se halla v\u00eda de hecho lesiva de prerrogativas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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1. En efecto, la funcionaria atacada, comenz\u00f3 se\u00f1alando la normatividad aplicable a la obligaci\u00f3n alimentaria y luego valor\u00f3 las pruebas recaudadas.    <\/span><\/p>\n

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Afirm\u00f3 que el parentesco entre los alimentarios y el demandado se encontraba acreditado con el registro civil de nacimiento de aqu\u00e9llos.  <\/span><\/p>\n

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Luego, sobre la necesidad de la prestaci\u00f3n, advirti\u00f3 que \u00e9sta constitu\u00eda una afirmaci\u00f3n indefinida no controvertida por el progenitor de los menores, por lo cual cobraba pleno valor lo aducido por la demandante en su interrogatorio, quien, entre otras cuestiones expres\u00f3 que los gastos m\u00ednimos de los ni\u00f1os ascend\u00edan a $1.923.000, sin tener en cuenta las dificultades m\u00e9dicas sufridas por \u00e9stos, esto es, un soplo en el coraz\u00f3n padecido por el hijo mayor y una afecci\u00f3n en un ri\u00f1\u00f3n sufrida por el menor, circunstancias que incrementaban los egresos porque si bien el tutelante los ten\u00eda afiliados al sistema de salud, los copagos a cancelar eran de $28.000, aproximadamente, por ser categor\u00eda C.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que la minor\u00eda de edad de los ni\u00f1os -3 y 8 a\u00f1os-, permit\u00eda inferir su incapacidad para suministrarse sus propios alimentos.  <\/span><\/p>\n

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Enseguida, resalt\u00f3 que para tasar la prestaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 419 del C\u00f3digo Civil, deb\u00edan observarse las facultades y circunstancias dom\u00e9sticas del alimentario. En torno a ello, destac\u00f3 encontrarse acreditado que el aqu\u00ed promotor percib\u00eda $5.255.000 como salario en la empresa Intertug S.A.S., seg\u00fan lo certificado por \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

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Posteriormente, advirti\u00f3 que al contestar el libelo, el tutelante asegur\u00f3 el acatamiento de la prestaci\u00f3n cobrada y la existencia de otra obligaci\u00f3n alimentaria para con su progenitora.  <\/span><\/p>\n

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Frente a lo primero, la juzgadora expres\u00f3 la ausencia de elementos de convicci\u00f3n para desvirtuar el incumplimiento aducido por la madre, pues ella sostuvo que el demandado se sustrajo en varias oportunidades de su deber.  <\/span><\/p>\n

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Y, en cuanto a lo segundo, afirm\u00f3 que la abuela paterna de los infantes declar\u00f3 en el decurso y de sus aseveraciones se extra\u00eda que pod\u00eda atender sus necesidades, pues aqu\u00e9lla manifest\u00f3 \u201c(\u2026) contar con patrimonio propio, un inmueble de su propiedad, [un] veh\u00edculo \u00faltimo modelo (\u2026) y una motocicleta (\u2026)\u201d; adem\u00e1s, acot\u00f3 ser beneficiaria del programa de Familias en Acci\u00f3n del Gobierno Nacional y recibir de otra hija ciertas sumas de dinero.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, la juzgadora anot\u00f3 la imposibilidad de atender a lo supuestamente sufragado por el actor para su ascendiente, porque si bien existe un deber alimentario con los padres, esa circunstancia, en el caso censurado, no pod\u00eda \u201c(\u2026) ir en detrimento de los hijos en estado de indefensi\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, probados los presupuestos para la prosperidad de las pretensiones y no acreditadas las excepciones, resolvi\u00f3 fijar la cuota debatida en el 50% del salario y dem\u00e1s emolumentos percibidos por el demandado.  <\/span><\/p>\n

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3.        La providencia auscultada no contiene arbitrariedad susceptible de conjurarse por esa v\u00eda residual y extraordinaria, por cuanto la falladora denunciada adopt\u00f3 su decisi\u00f3n examinando los elementos de convicci\u00f3n recaudados, las alegaciones de los sujetos procesales y la normatividad aplicable.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, como lo arguy\u00f3 el Tribunal, en litigios como el criticado el juzgador natural tiene la posibilidad de fallar ultra o extrapetita siempre que lo haga, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, \u201c(\u2026) para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente [y] a la persona con discapacidad mental (\u2026)\u201d, seg\u00fan se desprende del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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La apreciaci\u00f3n de las probanzas, se caracteriza por ser una actividad aut\u00f3noma e independiente del juzgador natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Aunque no se aceptara completamente el criterio de la autoridad involucrada, esa circunstancia no permite predicar las irregularidades enrostradas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.      <\/span><\/p>\n

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