{"id":99918,"date":"2026-06-25T19:37:59","date_gmt":"2026-06-25T19:37:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3156-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:37:59","modified_gmt":"2026-06-25T19:37:59","slug":"stc3156-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3156-2017\/","title":{"rendered":"STC3156-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3156-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00036-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de febrero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Milena G\u00f3mez Romero contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n iniciada por Hilda Lesmes Lombana y otros frente a Luis Santiago G\u00f3mez Berm\u00fadez.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su queja, sostiene que es poseedora de un predio rural llamado Bellavista, ubicado en la vereda La Aguadita en Fusagasug\u00e1 desde hace siete (7) a\u00f1os, el cual figura a nombre de sus progenitores, Luis Santiago G\u00f3mez Berm\u00fadez y Marleny Romero.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que en el compulsivo reprochado se dispuso el secuestro sobre la cuota parte de su padre, diligencia adelantada el 11 de julio de 2016 por el Corregimiento de Norte de Fusagasug\u00e1. En esa oportunidad se opuso a la medida y alleg\u00f3 pruebas testimoniales y documentales para acreditar su se\u00f1or\u00edo sobre el inmueble.  <\/span><\/p>\n

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El 8 de agosto de 2016, el comisionado admiti\u00f3 su oposici\u00f3n y frente a esa determinaci\u00f3n la ejecutante inco\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. El primer remedio se desat\u00f3 adversamente y, el segundo, no se concedi\u00f3 por improcedente.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que como el extremo actor no insisti\u00f3 en la realizaci\u00f3n del secuestro, como as\u00ed lo impone el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, dicha cautela no se practic\u00f3 y, por tanto, la determinaci\u00f3n anterior qued\u00f3 \u201cdebidamente ejecutoriada\u201d.   <\/span><\/p>\n

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A pesar de lo narrado, devuelto el comisorio al juzgado accionado, \u00e9ste, en prove\u00eddo de 22 de agosto de 2016, dispuso correr traslado a los intervinientes para que solicitaran y presentaran pruebas en favor y contra la oposici\u00f3n rese\u00f1ada, conforme a la regla 686 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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Interpuso reposici\u00f3n y subsidiariamente apelaci\u00f3n frente a esa decisi\u00f3n, alegando la inexistencia del secuestro y la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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En auto de 9 de noviembre siguiente, se acept\u00f3 el error relativo a la aplicaci\u00f3n de la citada norma, empero se mantuvo la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Deprec\u00f3 la adici\u00f3n de ese auto, por cuanto no se provey\u00f3 sobre la alzada; as\u00ed, el 25 de enero de 2017 se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la misma porque, entre otras cosas, el prove\u00eddo recurrido no se hallaba enlistado en el canon 321 del C\u00f3digo General del Proceso ni en otra norma especial.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que el juez acusado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, pues, en s\u00edntesis,  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) pretende crear una nueva etapa probatoria, sin fundamento legal alguno, pero adem\u00e1s sin ning\u00fan sentido pr\u00e1ctico, pues claro es que la diligencia de secuestro no se practic\u00f3 y por lo tanto no existe ninguna situaci\u00f3n jur\u00eddica por resolver por estar ya definida y por lo tanto es totalmente improcedente un debate probatorio sobre un tema ya decidido (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, en concreto, dejar sin efecto lo actuado desde la providencia de 22 de agosto de 2016 (fl. 26, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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El juzgado denunciado asever\u00f3 la ausencia de lesi\u00f3n de garant\u00edas constitucionales, por cuanto, contrario a lo afirmado por la tutelante,  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) de la lectura de la diligencia [criticada, se observa que] la parte interesada solicita la continuaci\u00f3n de [\u00e9sta,] lo cual re\u00fane los requisitos de ley para el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n (\u2026). Si bien la corregidora comete un error en el tr\u00e1mite, no es menos que el juez de conocimiento persist[a] en el error y vulnere el procedimiento establecido (\u2026). [N]o es de recibo para el despacho que no existi\u00f3 insistencia cuando con solo leer la diligencia se advierte la manifestaci\u00f3n pasada por alto por la corregidora (\u2026)\u201d (fls. 74 al 76, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 el amparo, por cuanto no hall\u00f3 arbitrariedad lesiva de garant\u00edas fundamentales. En efecto, como lo adujo el juez atacado, \u201c(\u2026) s\u00f3lo basta leer el acta de secuestro para establecer que el ejecutante desde el inicio y a lo largo del desarrollo de la diligencia, insisti\u00f3 en el secuestro (\u2026)\u201d, lo cual le impon\u00eda a ese fallador aplicar, como lo hizo, el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 596 y 7\u00b0 del canon 309 del C\u00f3digo General del Proceso (fls. 85 al 92, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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La quejosa impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los expresados en el libelo introductor. Agreg\u00f3 que el a quo constitucional no comprendi\u00f3 que su queja se erig\u00eda frente al juzgado atacado porque \u201c(\u2026) propici[\u00f3] una nueva etapa probatoria sin que exista decisi\u00f3n por adoptar como consecuencia de no haberse practicado el secuestro (\u2026)\u201d (fls. 2 al 4, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La tutelante censura el prove\u00eddo de 22 de agosto de 2016, mediante el cual se tuvo por surtido el despacho comisorio librado para el secuestro del bien cautelado en la ejecuci\u00f3n denunciada y, en consecuencia, se corri\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que los interesados, si a bien lo ten\u00edan, \u201c(\u2026) solicit[aran] pruebas con respecto a la oposici\u00f3n planteada en [esa] diligencia (\u2026)\u201d, determinaci\u00f3n ratificada en sede de reposici\u00f3n el 9 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.        Las providencias enunciadas no revelan irregularidad manifiesta lesiva de derechos fundamentales, pues con independencia de la insuficiente argumentaci\u00f3n usada para mantener el traslado ordenado, dado que el juzgador se limit\u00f3 a expresar que los numerales 2\u00b0 del art\u00edculo 596 y 7\u00b0 del canon 309 del C\u00f3digo General del Proceso impon\u00edan esa actuaci\u00f3n, ciertamente, como lo sostuvo el Tribunal, de la gesti\u00f3n surtida por la corregidora de Fusagasug\u00e1, se desprende que tanto al inicio de la diligencia -11 de julio de 2016-, como al admitirse la oposici\u00f3n -8 de agosto de 2016-, el extremo actor rog\u00f3 \u201c(\u2026) la continuaci\u00f3n del respectivo secuestro (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, aun cuando la comisionada haya omitido pronunciarse sobre dicho pedimento, regresado el encargo al juzgado de origen, \u00e9ste no pod\u00eda pasar por alto la existencia material del secuestro, el cual fue presupuesto para terminar admitiendo la oposici\u00f3n aducida por la quejosa.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, no err\u00f3 el juzgador al aplicar el tr\u00e1mite previsto para resolver las oposiciones, m\u00e1xime si, como se anot\u00f3, la parte interesada insisti\u00f3 en la pr\u00e1ctica de la medida, restando, solamente, dejar \u201c(\u2026) al opositor en calidad de secuestre (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Se extrae, entonces, la falta de trascendencia constitucional del reparo1, pues, en estrictez, la actuaci\u00f3n discutida no menoscaba las prerrogativas de la querellante.  <\/span><\/p>\n

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En torno a lo discurrido, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(…) la procedencia de la tutela se encuentra condicionada a que el conflicto planteado trascienda el \u00e1mbito puramente legal, sobre la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley (\u2026) para comprender un aspecto de naturaleza constitucional que demande la protecci\u00f3n especial del juez de tutela de manera inmediata. (…) Es as\u00ed como a partir del an\u00e1lisis de las causas invocadas y (\u2026) en lo que ata\u00f1e a la tutela, debe verificarse si las causas aludidas por los accionantes vulneran sus derechos fundamentales (…)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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3.        Por tanto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. Civil. Sentencia de 12 de mayo de 2014, exp. 11001-22-03-000-2014-00416-01, reiterada el 19 de junio de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01240-00    <\/span><\/p>\n

2 Corte Constitucional, sentencia T-978 de 24 de noviembre de 2006      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente      STC3156-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00036-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99918","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99918"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99918\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}