{"id":99924,"date":"2026-06-25T19:38:26","date_gmt":"2026-06-25T19:38:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3169-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:38:26","modified_gmt":"2026-06-25T19:38:26","slug":"stc3169-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3169-2017\/","title":{"rendered":"STC3169-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3169-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2017-00056-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 7 de febrero de \u201c2016\u201d por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la tutela instaurada por Jairo Castrill\u00f3n Mar\u00edn y Gladys Giraldo Mosquera en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del ejecutivo hipotecario promovido por el Banco Comercial AV Villas S.A., en el cual funge como cesionario \u00d3scar Corredor Castro, respecto de los aqu\u00ed actores.     <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

1. Los gestores piden la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionados por la autoridad judicial querellada.  <\/span><\/p>\n

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2. En sustento de su inconformidad acotan, en resumen, que en el referido coercitivo, el Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Cali mediante prove\u00eddo de 11 de octubre de 2016, finiquit\u00f3 la actuaci\u00f3n porque \u201cno hab\u00eda prueba de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de vivienda (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Apelada la anterior determinaci\u00f3n por el ejecutante, fue revocada el 25 de octubre siguiente por el Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esa ciudad, al establecer que los demandados, ac\u00e1 tutelantes, \u201cno ten\u00edan capacidad de pago\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Censuran la decisi\u00f3n antelada, pues en su opini\u00f3n, deb\u00eda culminarse el proceso por ausencia de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU- 813 de 2007 de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que la deuda por adquirirse originariamente en UPAC, deb\u00eda ser objeto de \u201creestructuraci\u00f3n\u201d, lo cual nunca ocurri\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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3. Exigen, por tanto, ordenar terminar el mencionado decurso.   <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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El juzgador convocado se opuso al ruego tuitivo, manifestando no haber transgredido prerrogativa alguna a los quejosos, por cuanto el auto confutado se profiri\u00f3 apoyado en las normas que gobiernan el asunto (fl. 27, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1.2. La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por v\u00eda de hecho, pues el cr\u00e9dito insoluto materia del ejecutivo analizado en este juicio constitucional, se adquiri\u00f3 con el \u201csistema de financiaci\u00f3n UPAC\u201d, siendo aplicable obligatoriamente el requisito de \u201creestructuraci\u00f3n\u201d exigido por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y la doctrina constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la evaluaci\u00f3n de la capacidad de pago de los actores realizada por el funcionario acusado, acotan que la jurisprudencia reciente de la Sala de Casaci\u00f3n Civil \u201cha se\u00f1alado que no le corresponde al juez [concretarla] porque ello es de resorte del acreedor (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, dispuso:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) dejar sin efecto la providencia de 25 de octubre de 2016, mediante la cual revoc\u00f3 el auto de 11 de agosto de 2015 del Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Cali, as\u00ed como la actuaci\u00f3n que dependa de aqu\u00e9lla y se ordena a la Juez Segunda Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Cali, adopt[ar] una nueva decisi\u00f3n en la que deber\u00e1 realizar el estudio respectivo acogiendo las consideraciones plasmadas en esta providencia (\u2026)\u201d (fls. 51 a 53, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La inco\u00f3 \u00d3scar Corredor Castro, en su condici\u00f3n de cesionario dentro del comentado subex\u00e1mine, aduciendo que los deudores \u201cno tienen la capacidad de pago suficiente para favorecerse de la renegociaci\u00f3n (sic)\u201d (fls. 63 a 68, cdno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. El auxilio se concentra en precisar si el <\/span><\/p>\n

tutelado transgredi\u00f3 las prerrogativas deprecadas por Jairo Castrill\u00f3n Mar\u00edn y Gladys Giraldo Mosquera, al revocar la decisi\u00f3n del a quo, la cual finiquit\u00f3 el compulsivo hipotecario promovido por el Banco Comercial AV Villas respecto de aqu\u00e9llos, pretiriendo, supuestamente, que la acreencia perseguida no se \u201creestructur\u00f3\u201d.      <\/span><\/p>\n

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2. Se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, al hallarse comprobado que el auto atacado en esta senda resulta arbitrario y caprichoso, al desconocer lo reglado por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y esta Corporaci\u00f3n sobre la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el estrado convocado pese a verificar que el demandante en el coercitivo, iniciado en el 2006, no hab\u00eda demostrado el mentado presupuesto de exigibilidad de la obligaci\u00f3n, pues \u00e9sta hac\u00eda referencia a un \u201ccr\u00e9dito de vivienda en UPAC (sic)\u201d otorgado a los quejosos por Ahorramas S.A. (cedido al Banco AV Villas, quien luego lo traspas\u00f3 a \u00d3scar Corredor Castro), determin\u00f3 continuar el pleito porque, de un lado, el \u201cvalor del inmueble hipotecado era inferior al monto [cobrado]\u201d, y de otro, los tutelantes \u201cno ten\u00edan capacidad de pago para cumplir con la deuda (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. La anterior conclusi\u00f3n tuvo una percepci\u00f3n equivocada acerca de la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d, pues debi\u00f3 el funcionario acusado, antes de esgrimir un juicio de valor sobre la capacidad de pago de Jairo Castrill\u00f3n Mar\u00edn y Gladys Giraldo Mosquera, simplemente determinar la existencia o no de aqu\u00e9l beneficio, y a falta del mismo, terminar el ejecutivo, teniendo en cuenta que los detalles sobre la realizaci\u00f3n del acuerdo de \u201creestructuraci\u00f3n\u201d, corresponde zanjarlos directamente al demandante y a los deudores, o en su defecto por aqu\u00e9l, siendo \u00e9stos y no el Juez, quienes deben evaluar los criterios de viabilidad de la acreencia y la situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual de los obligados, para as\u00ed dar paso a establecer nuevas condiciones respecto a \u201cplazo, modalidad de amortizaci\u00f3n y tasa [a pagar]\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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De todos modos, el citado juzgador no pod\u00eda asumir las potestades del acreedor para decidir sobre el cr\u00e9dito, al inferir que los tutelantes \u201cno ten\u00edan capacidad de pago\u201d, y por tal raz\u00f3n, abstenerse de terminar el ejecutivo.   <\/span><\/p>\n

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Ahora, la decisi\u00f3n de culminar el decurso por falta del citado requisito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanentes en contra del moroso, por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica prima facie que cualquier intento de reformar las condiciones del mutuo ser\u00eda f\u00fatil, siendo en esa circunstancia prueba de su poca solvencia econ\u00f3mica3, situaci\u00f3n no acontecida en el presente asunto.  <\/span><\/p>\n

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En una tem\u00e1tica de iguales contornos, dijo esta Colegiatura:  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, es claro que la obligaci\u00f3n hipotecaria merece ser reestructurada por com\u00fan acuerdo entre las partes, y a falta de pacto, concretar dicho beneficio la propia entidad financiera con base en las condiciones de la reliquidaci\u00f3n de la acreencia y seg\u00fan la situaci\u00f3n financiera (\u2026), fijando un nuevo plazo para cancelar la deuda4.  <\/span><\/p>\n

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No debe dejarse de lado que el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, establece el derecho a la reestructuraci\u00f3n en favor de los deudores de acreencias hipotecarias para la adquisici\u00f3n de vivienda otorgadas inicialmente mediante UPAC, el cual obliga convenir el pago acorde con la realidad financiera de los afectados.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, esa medida no resulta discrecional para el acreedor, mucho menos renunciable por la deudora, en raz\u00f3n de su importancia constitucional. De ese modo, el prop\u00f3sito de diferir el saldo seg\u00fan las reales posibilidades financieras de la tutelante, vale insistir, de acuerdo con sus circunstancias concretas, persigue evitar que las familias sigan perdiendo injusta y masivamente sus hogares, de ah\u00ed que la reestructuraci\u00f3n para esa clase de coercitivos, integre el t\u00edtulo complejo y su ausencia impida adelantar el cobro (\u2026)\u201d5  <\/span><\/p>\n

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4. Por las razones anotadas, se ratificar\u00e1 el fallo examinado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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                       RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencias SU-787 de 2012 y SCT-6767 de 2015, entre otras, expedidas por la Corte Constitucional y la Sala de Casaci\u00f3n Civil, respectivamente.    <\/span><\/p>\n

2 Corte Constitucional, sentencia SU -787 de 2007.    <\/span><\/p>\n

3 Corte Constitucional, sentencia T-511 de 2001.    <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional, sentencia SU -787 de 2007.    <\/span><\/p>\n

5 CSJ STC5141-2016, 22 abr. 2016, rad. 2016-00926-00 CSJ STC5141-2016, 22 abr. 2016, rad. 2016-00926-00, reiterada en la STC1174-2016, 24 agos. 2016, rad 2016-02305-00.      <\/span><\/p>\n

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