{"id":99925,"date":"2026-06-25T19:38:32","date_gmt":"2026-06-25T19:38:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3170-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:38:32","modified_gmt":"2026-06-25T19:38:32","slug":"stc3170-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3170-2017\/","title":{"rendered":"STC3170-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3170-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00453-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a la Regional Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo, a la Territorial Caldas de esta \u00faltima, a la Alcald\u00eda y a la Personer\u00eda Municipal de Pereira y a Audifarma.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial tutelada al revocar la sentencia de primera instancia y condenar en costas a su contraparte, \u00fanicamente en \u00ab\u2026un 80% en ambas instancias\u2026\u00bb, con desconocimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene fijar las costas y agencias en derecho en un (1) salario m\u00ednimo mensual legal vigente, como m\u00ednimo y que se determine si la Defensor\u00eda del Pueblo, con sede en Manizales, incurre en falta disciplinaria al negarse a presentar acciones de tutela en su nombre. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2015, el tutelante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra una sucursal de Audifarma, por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos de la comunidad usuaria de sus servicios.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Pereira, que admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 las notificaciones y publicaciones de ley.  <\/span><\/p>\n

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3. Agotada la actuaci\u00f3n correspondiente, el fallador cognoscente dict\u00f3 sentencia el 3 de octubre de 2016, a trav\u00e9s de la cual desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas al actor.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n y, en el mismo escrito, solicit\u00f3 invalidar la actuaci\u00f3n por indebida publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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5. El 20 de octubre siguiente, se rechaz\u00f3 de plano la nulidad pretendida y se concedi\u00f3 la censura vertical contra el fallo.  <\/span><\/p>\n

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6. El 26 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Pereira advirti\u00f3 la causal de nulidad evidenciada en el proceso, por indebida vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite la Defensor\u00eda del Pueblo y del Ministerio P\u00fablico, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 13 y el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, porque en el proceso no obra constancia de la efectiva entrega a los respectivos entes, de las comunicaciones que se libraron para el anterior efecto.  <\/span><\/p>\n

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7. Transcurrido en silencio el t\u00e9rmino para pronunciarse sobre el punto, el Tribunal profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia el 8 de febrero de 2017, a trav\u00e9s de la que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de su inferior y en su lugar, dispuso ordenar a la accionada contratar el servicio de gu\u00eda o int\u00e9rprete y fijar avisos sobre este servicio y denegar la instalaci\u00f3n de avisos y se\u00f1ales luminosas. As\u00ed mismo, conden\u00f3 en costas a la demandada en un 80% para ambas instancias y orden\u00f3 al juez de primera instancia fijar y liquidar las agencias en derecho.  <\/span><\/p>\n

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8. El 16 de febrero de 2017, el juzgado tutelado, orden\u00f3 obedecer lo resuelto por el Tribunal.  <\/span><\/p>\n

9. El promotor del amparo, acude a este mecanismo constitucional, porque considera que el sentenciador de la segunda instancia, vulnera sus prerrogativas fundamentales al imponer como costas a su favor, tan solo un 80%.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende la protecci\u00f3n constitucional en la forma vista. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

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1. En auto de 27 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 4, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de su Oficina Jur\u00eddica, argumentaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que las decisiones que se cuestionan no son de su resorte.  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal accionado manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo, basado en que el monto de la condena en costas se debi\u00f3 a que las pretensiones del accionante prosperaron solo parcialmente.  <\/span><\/p>\n

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El juez de la causa, por su parte, remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n cuestionada, a solicitud de este Despacho.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, la solicitud de protecci\u00f3n, no atiende el comentado principio, pues el accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial al interior de la actuaci\u00f3n constitucional cuestionada, para formular el reclamo que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela expone, sin que se evidencie la existencia o amenaza de un perjuicio irremediable que viabilice la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, es claro que el promotor del amparo, cuestiona que se fijaran costas a cargo de la parte demandada en cuant\u00eda inferior a un (1) salario m\u00ednimo mensual legal vigente, con desconocimiento del Acuerdo 1887 de 2003; sin embargo, olvida el peticionario que de conformidad con lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, una vez liquidadas las costas del proceso, tendr\u00e1 la posibilidad de recurrir su monto a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, pues es ese el escenario natural donde debe exponer los reproches que por esta v\u00eda formula:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n (\u2026) contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas. (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, que dispone:  <\/span><\/p>\n

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\u00abContra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recursos de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Se reitera que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)As\u00ed las cosas, sin que los accionantes acudan previamente al juez de la causa y soliciten ante \u00e9ste lo que aqu\u00ed pretende[n], no resulta viable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de una controversia que compete, de manera exclusiva, al juez que dirige el respectivo proceso. (CSJ STC3010-2016, 10 mar 2016, rad. 2016-00009-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Para finalizar, se precisa al accionante que no es facultad del Juez de tutela ordenar investigaciones disciplinarias contra funcionarios de entidades p\u00fablicas como la Defensor\u00eda del Pueblo-Seccional Caldas.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, es del resorte del quejoso formular las acciones y\/o demandas que estime pertinentes, ante las autoridades competentes, con los respectivos soportes f\u00e1cticos, jur\u00eddicos y probatorios.  <\/span><\/p>\n

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5. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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Del fallo emitido, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud. De las dem\u00e1s piezas procesales se expedir\u00e1 fotocopia a su costa, por Secretar\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta sentencia.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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