{"id":99926,"date":"2026-06-25T19:38:35","date_gmt":"2026-06-25T19:38:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3171-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:38:35","modified_gmt":"2026-06-25T19:38:35","slug":"stc3171-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3171-2017\/","title":{"rendered":"STC3171-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3171-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2017-00011-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 8 de febrero de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la tutela instaurada por Patricia Mar\u00eda Mart\u00ednez Roa en contra del Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del ejecutivo hipotecario promovido por la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. en Liquidaci\u00f3n, en el cual la aqu\u00ed actora funge como cesionaria, respecto de Maribel P\u00e1ez Hern\u00e1ndez y Jaime Anacona Cu\u00e9llar.     <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

1. La gestora pide la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionados por la autoridad judicial querellada.  <\/span><\/p>\n

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2. En sustento de su inconformidad acota, en resumen, que en el referido coercitivo, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla mediante prove\u00eddo de 3 de octubre de 2014, finiquit\u00f3 la actuaci\u00f3n \u201cpor no haberse reestructurado el cr\u00e9dito\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Apelada la anterior determinaci\u00f3n por la demandante, aqu\u00ed actora, fue confirmada el 28 de octubre siguiente por el Juez Octavo Civil del Circuito de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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Censura la culminaci\u00f3n del compulsivo por desconocerse que el mismo despacho tutelado se neg\u00f3 a terminar un litigio similar, al comprobar en \u00e9l la existencia de un \u201cpacto de reestructuraci\u00f3n suscrito de com\u00fan acuerdo por las partes (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Exige, por tanto, ordenar continuar con el mencionado decurso.   <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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El juzgador convocado se opuso al ruego tuitivo, manifestando que el mentado ejecutivo deb\u00eda terminarse porque \u201cno se hab\u00eda aportado en dicho plenario informaci\u00f3n que d\u00e9 cuenta de los procedimientos realizados por la entidad financiera para reestructurar la obligaci\u00f3n\u201d (fls. 73 a 74, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1.2. La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por v\u00eda de hecho, pues el cr\u00e9dito insoluto materia del ejecutivo analizado en esta senda, se adquiri\u00f3 con el \u201csistema de financiaci\u00f3n UVR\u201d, no siendo aplicable a \u00e9l requisito de \u201creestructuraci\u00f3n\u201d exigido por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y la doctrina constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, dispuso:  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La inco\u00f3 Maribel P\u00e1ez Hern\u00e1ndez y Jaime Anacona Cu\u00e9llar, en su condici\u00f3n de demandados dentro del subex\u00e1mine, aduciendo que la gestora carece de legitimaci\u00f3n en la causa porque la firma por ella estampada en el libelo tutelar \u201cno coincide con las r\u00fabricas\u201d de los memoriales suscritos por \u00e9sta en el mencionado decurso (fls. 97 y 98, cdno 1, y fls. 5 y 10, cdno. de la Corte).  <\/span><\/p>\n

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El Juez querellado manifest\u00f3 su desacuerdo con la decisi\u00f3n del Tribunal a quo, pues ignor\u00f3 que la obligaci\u00f3n hipotecaria se constituy\u00f3 primigeniamente en el a\u00f1o 1997 en UPAC, raz\u00f3n por la cual, si bien se \u201ccalcul\u00f3 en UVR por disposici\u00f3n de la Ley 546 de 1999, no fue reestructurada\u201d (fls. 102 y 103, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. El auxilio se concentra en precisar si el <\/span><\/p>\n

tutelado transgredi\u00f3 las prerrogativas deprecadas por Patricia Mar\u00eda Mart\u00ednez Roa, al ratificar la decisi\u00f3n del a quo, la cual finiquit\u00f3 el compulsivo hipotecario promovido por la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. en Liquidaci\u00f3n frente a Maribel P\u00e1ez Hern\u00e1ndez y Jaime Anacona Cu\u00e9llar, pretiriendo, supuestamente, que en otro asunto id\u00e9ntico, ese juzgador no accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del pleito.      <\/span><\/p>\n

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2. Se negar\u00e1 el resguardo y en consecuencia se revocar\u00e1 el fallo impugnado, al hallarse demostrado que la decisi\u00f3n confutada no es arbitraria ni caprichosa, pues es el resultado de una pormenorizada interpretaci\u00f3n de las normas y el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y esta Corporaci\u00f3n en materia de reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior porque dicho estrado verific\u00f3 que el t\u00edtulo base de recaudo, esto es, el pagar\u00e9 n\u00ba AGG-0220 suscrito en el \u201c2001\u201d recog\u00eda en realidad un cr\u00e9dito de vivienda otorgado en \u201cUPAC en el a\u00f1o 1997\u201d por Concasa S.A., (cedido a la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A. en Liquidaci\u00f3n, quien luego lo traspas\u00f3 a la tutelante), el cual, expuso, producto de la Ley 546 de 1999 se reliquid\u00f3 y transform\u00f3 en UVR1, empero, no fue objeto de \u201creestructuraci\u00f3n\u201d, garant\u00eda que en virtud de las sentencias SU-787 de 2012 y SCT-6767 de 2015, entre otras, expedidas por la Corte Constitucional y la Sala de Casaci\u00f3n Civil, respectivamente, permiten al obligado de esa clase de cr\u00e9ditos pactar de \u201ccom\u00fan acuerdo\u201d con el acreedor \u201clas condiciones de tasas, plazo y monto de los instalamentos\u201d.  <\/span><\/p>\n

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De esa forma, estableci\u00f3 el querellado que la ausencia del anotado requisito constitu\u00eda un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso del se\u00f1alado litigio, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto de iguales contornos, dijo esta Colegiatura:  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora, si la gestora disiente de estas apreciaciones, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo de tutela; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que por supuesto no ocurre en el subex\u00e1mine.   <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:       <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [A]l margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta o no, el an\u00e1lisis (\u2026) efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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Es preciso memorar que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es el m\u00e1s acertado o el m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.   <\/span><\/p>\n

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4. Referente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, tampoco se conceder\u00e1 el auxilio, pues al cotejar la providencia dictada por el querellado en otro coercitivo, el 9 de agosto de 2016 (rad. n\u00ba 2006-00066-01), la cual orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, no se advierte similitud de lo all\u00e1 resuelto con la decisi\u00f3n ac\u00e1 confutada, pues en aqu\u00e9l asunto las partes si allegaron documento de \u201creestructuraci\u00f3n\u201d, situaci\u00f3n no acaecida en el presente sublite.  <\/span><\/p>\n

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5. No se dar\u00e1 curso al argumento esgrimido por los impugnantes sobre la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la gestora, pues la no coincidencia de la firma plasmada en el escrito de tutela con las consignadas en los memoriales allegados por \u00e9sta al mencionado ejecutivo, no desconoce, por s\u00ed solo, su calidad de sujeto activo de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial debatida en el presente resguardo, por cuanto funge actualmente como titular del cr\u00e9dito hipotecario.  <\/span><\/p>\n

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6. Por las razones anotadas, se infirmar\u00e1 el fallo examinado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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                       RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada, y en su lugar NEGAR el amparo a Patricia Mar\u00eda Mart\u00ednez Roa.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 En virtud de los art\u00edculos 38 y 39 de la disposici\u00f3n ej\u00fasdem, los cr\u00e9ditos para vivienda \u201cen mora a 31 de diciembre de 1999\u201d expresados en UPAC deb\u00edan ajustarse y reliquidarse en UVR.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ STC1145, 12 feb. 2015, exp.00180-00, entre otras.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC. 15 de feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterado STC. 24. sep. 2013, rad. 2013-02137-00.      <\/span><\/p>\n

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