{"id":99927,"date":"2026-06-25T19:38:39","date_gmt":"2026-06-25T19:38:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3172-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:38:39","modified_gmt":"2026-06-25T19:38:39","slug":"stc3172-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3172-2017\/","title":{"rendered":"STC3172-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3172-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00454-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a las Territoriales Risaralda y Valle del Cauca de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Regional Caldas de esta \u00faltima, a la Secretar\u00eda de Salud P\u00fablica de Cali, a la Alcald\u00eda Municipal de Cali y a Audifarma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial tutelada al abstenerse de liquidar las costas impuestas en segunda instancia, como lo hacen los dem\u00e1s Tribunales del pa\u00eds.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene al juzgador Ad quem accionado, proceder en la forma reclamada. [Folio 1, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2015, el tutelante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra una sucursal de Audifarma, por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos de la comunidad usuaria de sus servicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Pereira, que admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 las notificaciones y publicaciones de ley.  <\/span><\/p>\n

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3. Agotada la actuaci\u00f3n correspondiente, el fallador cognoscente dict\u00f3 sentencia el 3 de octubre de 2016, a trav\u00e9s de la cual desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas al actor.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n y, en el mismo escrito, solicit\u00f3 invalidar la actuaci\u00f3n por indebida publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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5. El 20 de octubre siguiente, se rechaz\u00f3 de plano la nulidad pretendida y se concedi\u00f3 la censura vertical contra el fallo.  <\/span><\/p>\n

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6. El 26 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Pereira advirti\u00f3 la causal de nulidad evidenciada en el proceso, por indebida vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite la Defensor\u00eda del Pueblo y del Ministerio P\u00fablico, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 13 y el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, porque en el proceso no obra constancia de la efectiva entrega a los respectivos entes, de las comunicaciones que se libraron para el anterior efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Transcurrido en silencio el t\u00e9rmino para pronunciarse sobre el punto, el Tribunal profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia el 8 de febrero de 2017, a trav\u00e9s de la que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de su inferior y en su lugar, dispuso ordenar a la accionada contratar el servicio de gu\u00eda o int\u00e9rprete y fijar avisos sobre este servicio y denegar la instalaci\u00f3n de avisos y se\u00f1ales luminosas. As\u00ed mismo, conden\u00f3 en costas a la demandada en un 80% para ambas instancias y orden\u00f3 al juez de primera instancia fijar y liquidar las agencias en derecho.  <\/span><\/p>\n

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8. El 16 de febrero de 2017, el juzgado tutelado, orden\u00f3 obedecer lo resuelto por el Tribunal.  <\/span><\/p>\n

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9. El promotor del amparo, acude a este mecanismo constitucional, porque considera que el sentenciador de la segunda instancia, vulnera sus prerrogativas fundamentales al negarse a liquidar las costas en segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende la protecci\u00f3n constitucional en la forma vista. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. En auto de 27 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 4, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de su Oficina Jur\u00eddica, argument\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que las decisiones que se cuestionan no son de su resorte.  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal accionado manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo, basado en que su decisi\u00f3n de abstenerse de liquidar las costas del proceso, obedece a lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso y a la necesidad de garantizar el principio de la doble instancia en ese tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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El juez de la causa, por su parte, remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n cuestionada, a solicitud de este Despacho.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Inicialmente, es necesario precisar que si bien la acci\u00f3n de tutela objeto de estudio se dirige contra la misma autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite constitucional radicado con No. 11001-02-03-000-2017-00453-00, y est\u00e1 encaminada a cuestionar la sentencia de segunda instancia emitida all\u00ed el pasado 8 de febrero de 2017, la Sala advierte que el motivo que ocasiona esta solicitud de resguardo, es distinto del expresado en aquella demanda, raz\u00f3n por la cual se concluye que no hay temeridad en el asunto.  <\/span><\/p>\n

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2. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, como resultado del an\u00e1lisis de la providencia en contra de la que se enfil\u00f3 el reclamo en tutela, esto es, la sentencia proferida el 8 de febrero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n de dejar en manos del fallador de primera instancia la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho y la liquidaci\u00f3n de las costas procesales, no es resultado del capricho o la arbitrariedad de la sede judicial cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se observa que como sustento de la decisi\u00f3n que el tutelante considera lesiva de sus garant\u00edas fundamentales, el Tribunal argument\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026el enunciado normativo del art\u00edculo 365-2\u00ba, CGP, derog\u00f3 expresamente el agregado que le hab\u00eda hecho la Ley 1395 de 2010, al art\u00edculo 392-2\u00ba, CPC, que prescrib\u00eda que en la misma providencia decisoria se fijaba el valor de las agencias en derecho. Y tal modificaci\u00f3n pretende acelerar esos tr\u00e1mites, al evitar m\u00e1s autos y sus implicaciones procedimentales, todo en el marco final\u00edstico de esa Ley \u201cadoptar medidas para la descongesti\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Para mejor comprensi\u00f3n del prop\u00f3sito perseguido con la reforma del CGP, al eliminar esa potestad, importa relievar la exposici\u00f3n de motivos del informe de ponencia para primer debate, de ese Estatuto, que dijo en su momento: \u201c(\u2026)Al numeral segundo de la norma se le suprimi\u00f3 el deber del juez de la respectiva instancia fijar las agencias en derecho que se hayan causado en el tr\u00e1mite del que haya conocido. Lo anterior se debe a que, como se explicar\u00e1 en la modificaci\u00f3n al art\u00edculo que sigue, se propone concentrar la liquidaci\u00f3n de costas y agencias en derecho en un \u00fanico momento, ante el juez de primera instancia(\u2026)\u201d Y luego prosigue: \u201c(\u2026) En este art\u00edculo se realizan algunas modificaciones para concentrar la liquidaci\u00f3n de las costas y las agencias en derecho de todas las instancias a un \u00fanico momento, luego de proferirse el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, y hacer m\u00e1s eficiente el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de costas.  <\/span><\/p>\n

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Y lo dicho bien se refleja en el nuevo enunciado normativo del art\u00edculo 366, CGP, cuando dispone: \u201cLas costas y agencias en derecho ser\u00e1n liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso, en primera o \u00fanica instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior (\u2026)\u201d, la mera lectura de esta hip\u00f3tesis ense\u00f1a que la labor procesal radica en cabeza del fallador de \u00fanica o primera instancia, a diferencia de los que estatu\u00eda la regla anterior, que dec\u00eda: \u201cde la respectiva instancia o recurso\u201d.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Am\u00e9n de lo discernido, que es suficiente, ll\u00e1mase la atenci\u00f3n sobre el derecho de contradicci\u00f3n, como garant\u00eda para controvertir el auto aprobatorio. Aceptar la tesis de que la fijaci\u00f3n la hace quien resuelve, y no \u00fanicamente el juez del conocimiento, elimina la apelaci\u00f3n de esa providencia.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. De modo que, no se advierte que el Tribunal accionado haya incurrido en desconocimiento de derecho fundamental alguno al inconforme, pues contrario a ello, hizo referencia a los postulados jur\u00eddicos en los que sustent\u00f3 su decisi\u00f3n y concluy\u00f3 que quien deb\u00eda realizar la liquidaci\u00f3n de las costas fijadas en la sentencia de segunda instancia, era el juez del conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa, que lo pretendido por el peticionario del amparo, es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera, lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela que, dada su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento y autonom\u00eda, asuma frente a determinada situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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No existe duda, por consiguiente, que no fue por flagrante desconocimiento de la ley sustancial o del precedente jurisprudencial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el accionado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales y, por tanto, se itera, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante.  <\/span><\/p>\n

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4. Por lo expuesto, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional reclamada.  <\/span><\/p>\n

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Del fallo emitido, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud. De las dem\u00e1s piezas procesales se expedir\u00e1 fotocopia a su costa, por Secretar\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta sentencia.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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