{"id":99928,"date":"2026-06-25T19:38:43","date_gmt":"2026-06-25T19:38:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3173-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:38:43","modified_gmt":"2026-06-25T19:38:43","slug":"stc3173-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3173-2017\/","title":{"rendered":"STC3173-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3173-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00459-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga (Valle del Cauca) y la Regional Caldas (Manizales); tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, a la Regional Valle del Cauca de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, a la Alcald\u00eda Municipal de Cartago y a la EPS Servicio Occidental de Salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado i) por la instituci\u00f3n encargada de la defensa de la ciudadan\u00eda, al no impetrar tutelas en su nombre y, ii) por la autoridad judicial tutelada al no condenar en costas a su contraparte en la acci\u00f3n popular No. 2015-00076, pese a que el recurso de apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 le fue resuelto de manera desfavorable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se ordene imponer las costas y agencias en derecho a que por ley tiene derecho, tutelar a la Defensor\u00eda del pueblo y remitir copia f\u00edsica y electr\u00f3nica de esta actuaci\u00f3n a su correo. [Folio 1, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2015, el tutelante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Servicio Occidental de Salud EPS, por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos de la comunidad usuaria de sus servicios.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Cartago (Valle del Cauca), que admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 las notificaciones y publicaciones de ley .  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Agotada la actuaci\u00f3n correspondiente, el fallador cognoscente dict\u00f3 sentencia el 29 de abril de 2016, a trav\u00e9s de la cual acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme, la entidad promotora de salud interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Mediante providencia de 12 de julio de 2016, el Tribunal Superior de Buga revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n de su inferior y decidi\u00f3 no condenar en costas a la parte recurrente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En desacuerdo, en el mes de septiembre de 2016, el actor popular promovi\u00f3 queja de id\u00e9ntica naturaleza contra el Tribunal, basado en la vulneraci\u00f3n de las mismas garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n reclama en esta acci\u00f3n, por la ausencia de condena en costas a su favor y porque se dio aplicaci\u00f3n al C\u00f3digo General del Proceso, cuando la acci\u00f3n popular tuvo su g\u00e9nesis durante la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En sentencia de 21 de septiembre de ese a\u00f1o, esta Sala concedi\u00f3 parcialmente el amparo invocado. En primer lugar, consider\u00f3 temeraria la queja contra la Defensor\u00eda del Pueblo, m\u00e1s consider\u00f3 que frente a las costas procesales, la segunda instancia no hizo consideraci\u00f3n alguna para negarse a imponerlas, lo que oblig\u00f3 a la concesi\u00f3n del amparo, para que se procediera en debida forma. La decisi\u00f3n no fue objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 12 de octubre de 2016, en cumplimiento a la orden de amparo, el Tribunal Superior de Buga, dict\u00f3 el pronunciamiento reclamado, negando la imposici\u00f3n de costas procesales a favor del actor popular, por no haberse demostrado su causaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. El memorialista acude por segunda vez a este mecanismo constitucional, porque considera que lo as\u00ed resuelto, desconoce su derecho a obtener el reintegro de los gastos procesales en que incurri\u00f3, tal como lo disponen el art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, el acuerdo No. 1887 de 2003 y el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. As\u00ed mismo, insisti\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas por la Defensor\u00eda del Pueblo, al negarse a presentar este tipo de acciones en su nombre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende la protecci\u00f3n constitucional en la forma vista. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. En auto de 27 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 4, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Cartago, rese\u00f1\u00f3 brevemente su actuaci\u00f3n y remiti\u00f3 copia de los fallos de primer y segundo grado. Frente a la solicitud de resguardo, consider\u00f3 que la queja no est\u00e1 dirigida contra esa sede, por lo que carece de inter\u00e9s en el asunto. Acto seguido, inform\u00f3 que por los mismos hechos el actor ya hab\u00eda interpuesto acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el Tribunal Superior de Buga, puso de presente que en el registro de audio y en el acta que recogen su decisi\u00f3n, est\u00e1n consignadas las razones que lo llevaron a resolver el asunto en la manera que para el tutelante reprocha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Inicialmente, es necesario precisar que no se observa temeridad en la queja del libelista, en lo que respecta a la actuaci\u00f3n judicial cuestionada, porque si bien en pret\u00e9rita oportunidad acudi\u00f3 a cuestionar la sentencia de segunda instancia dictada en la acci\u00f3n popular No. 2015-00076-00, en esta ocasi\u00f3n sus reparos est\u00e1n dirigidos a cuestionar los fundamentos de la providencia que en acatamiento a nuestra orden de amparo, volvi\u00f3 a emitir el juzgador Ad quem en aquel asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, como resultado del an\u00e1lisis de la providencia en contra de la que se enfil\u00f3 el reclamo en tutela, esto es, la sentencia proferida el 12 de octubre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Buga, se evidencia que la sede plural accionada incurri\u00f3 en defecto sustancial.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la providencia que se cuestiona, el fallador Ad quem, adem\u00e1s de ratificar la concesi\u00f3n de amparo a los derechos colectivos de la comunidad en favor de la cual se impetr\u00f3 la acci\u00f3n popular, decidi\u00f3 no condenar en costas ni agencias en derecho, a la entidad demandada, por no encontrarlas causadas en esa instancia.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, de manera puntual sobre este t\u00f3pico que es el que origina la queja constitucional del tutelante, dijo la accionada:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026la Sala concluye que en el caso bajo estudio no aparecen comprobados \u2013 en el expediente \u2013 los gastos en los que incurriera el accionante, como ser\u00edan las notificaciones, la difusi\u00f3n radial del aviso, las publicaciones en diarios o los gastos periciales; raz\u00f3n suficiente para revocar la condena en costas impuesta.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, olvid\u00f3 el Tribunal Superior de Buga, que si bien las costas procesales deben demostrarse en el proceso para que puedan decretarse y aprobarse de conformidad con las reglas establecidas en el C\u00f3digo General del Proceso, las agencias en derecho constituyen un rubro de origen y naturaleza jur\u00eddica distintos que hacen parte de aquellas, pero cuya causaci\u00f3n viene dada por otros factores, tal como lo ha clarificado esta Corporaci\u00f3n de tiempo atr\u00e1s:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) atendiendo criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia1, la suma que se fija por agencias en derecho es el reconocimiento econ\u00f3mico que se hace a favor de la parte que sali\u00f3 victoriosa en el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n, por la vigilancia, atenci\u00f3n y cuidado del proceso, a\u00fan cuando no se constituya apoderado para tal efecto, advirtiendo que el beneficiado con la cifra que se estipule por dicho concepto es el extremo vencedor que no quien los represente o defienda sus intereses, siendo evidente que la suma tasada tambi\u00e9n ha de corresponder con la denominada \u201ccarga de vigilancia\u201d.2  <\/span><\/p>\n

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Y de manera m\u00e1s reciente, se se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) ciertamente, la regla que al efecto establece la norma es la de que la liquidaci\u00f3n de costas ha de contener un rubro en que se incluyan \u2018las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado\u2019, cifra que, en ese orden de ideas, habr\u00e1 consultar en todo caso la \u201cnaturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n adelantada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente\u2019; desde luego, si la disposici\u00f3n habla de tres factores por lo menos a evaluar en relaci\u00f3n con dicha gesti\u00f3n, es porque para su mensura requi\u00e9rese en forma insoslayable que la parte haya actuado, bien acudiendo a un procurador judicial ora haci\u00e9ndolo de manera personal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cMas, s\u00e1bese tambi\u00e9n que en la tasaci\u00f3n de agencias, seg\u00fan lo ha dicho repetidamente la Corte, debe calcularse el componente que alude a la \u2018carga de vigilancia\u2019 que recae sobre la parte beneficiada con la condena (Autos de 7 de noviembre de 1987, exp. 76, 19 de noviembre de 1997, 25 de agosto de 1998, exp. 4724 y 27 de septiembre de 1999, exp. 5180, entre otros); carga que, justamente, fue la que en el caso sub-examen t\u00favose en la mira a efectos de fijar agencias a favor del actor. Pero ocurre que, como lo argumenta la objeci\u00f3n, en el evento \u00e9sta no pudo darse en cuanto concierne al demandante, si es que al perder su minor\u00eda de edad no constituy\u00f3 apoderado judicial ni realiz\u00f3 ning\u00fan intento por intervenir de manera personal en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario.\u00bb (Negrilla para resaltar)  <\/span><\/p>\n

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4. Como en este asunto la EPS Servicio Occidental de Salud SOS, entidad accionada en la demanda popular en donde se origina la queja, recurri\u00f3 la sentencia de primera instancia que acogi\u00f3 las pretensiones del reclamante y el Tribunal despach\u00f3 adversamente aquella censura, exist\u00edan motivos objetivos suficientes para fijar una suma por concepto de agencias en derecho a cargo del extremo litigioso que despleg\u00f3 la actividad del aparato judicial del Estado, pero obtuvo respuesta desfavorable a sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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Para ello, el Tribunal deb\u00eda atender a lo preceptuado por el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual para la fijaci\u00f3n de agencias en derecho deber\u00e1n aplicarse \u00ab\u2026las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura\u2026\u00bb, montos que de ser fijados en un m\u00ednimo o \u00e9ste y un m\u00e1ximo, facultan al juez para atender a la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, mal pod\u00eda el Tribunal acudir a razones ex\u00f3genas para liberar de tal carga al extremo procesal que deb\u00eda soportarla, pues es evidente que la mera consideraci\u00f3n de la falta de abogado o de demostraci\u00f3n en sede de segunda instancia de los gastos en que incurri\u00f3 el demandante, no era suficiente para denegar la condena por ese rubro a la entidad recurrente, circunstancia que impone la concesi\u00f3n del amparo invocado, para que la autoridad judicial tutelada eval\u00fae nuevamente los aspectos a que se han hecho alusi\u00f3n y, con base en ellos, proceda a adoptar una nueva determinaci\u00f3n al respecto.  <\/span><\/p>\n

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5. En punto de las quejas del reclamante contra la Defensor\u00eda del Pueblo-Regional Caldas por negarse a presentar acciones constitucionales a su nombre, se le recuerda que si estima necesario promover cualquier tipo de reclamaci\u00f3n, es a \u00e9l a quien corresponde hacerlo ante la autoridad competente, con los fundamentos f\u00e1cticos y legales del caso y los respectivos soportes probatorios que en esta acci\u00f3n brillan por su ausencia, sin que est\u00e9 de m\u00e1s insistir en que tal asunto ya fue objeto de estudio en sede constitucional3, circunstancia que impide un nuevo pronunciamiento al respecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por lo expuesto, se conceder\u00e1 parcialmente la protecci\u00f3n constitucional reclamada.  <\/span><\/p>\n

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Del fallo emitido, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud. De las dem\u00e1s piezas procesales se expedir\u00e1 fotocopia a su costa, por Secretar\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE parcialmente el amparo invocado. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: ORDENAR a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Buga, que deje sin efecto su decisi\u00f3n acerca de la condena en costas por agencias en derecho, adoptada en la sentencia de segunda instancia dictada el 12 de octubre de 2016 y, en su lugar, proceda, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, a adoptar una nueva determinaci\u00f3n que eval\u00fae las consideraciones expuestas en esta providencia sobre tal rubro.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: NEGAR la protecci\u00f3n invocada respecto a la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta sentencia.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Verbi gratia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Autos de: (i) noviembre 7 de 1987 (expediente 076), (ii) noviembre 19 de 1997, (iii) agosto 25 de 1998 (expediente 4724), (iv) septiembre 27 de 1999 (expediente 5180), (v) junio 24 de 2004 (expediente 7843), (vi) abril 5 de 2006 (expediente 016-1996-5893-01) y (vii) julio 7 de 2006 (expediente 011-1997-09851-01).    <\/span><\/p>\n

2 \u201cLa carga procesal como se ha dicho por la doctrina, es una conducta de realizaci\u00f3n facultativa establecida en beneficio del propio inter\u00e9s del gravado con ella, pero cuya omisi\u00f3n lo expone al riesgo de soportar consecuencias jur\u00eddicas desfavorables. Por lo tanto, la carga de vigilancia, atenci\u00f3n y cuidado a las actuaciones que se surtan en el proceso, est\u00e1 siempre presente en todos los procesos. De tal suerte, que no obstante estar gravado con esa carga, la ley dispone que se le cite para que concurra al despacho para la pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n personal; pero, si tal notificaci\u00f3n se omite, no por eso desaparece la carga de comparecer a la secretar\u00eda del despacho a enterarse de la marcha del proceso, lo que permitir\u00eda por ejemplo, que si se dicta una providencia y no se ha efectuado la citaci\u00f3n, podr\u00eda sin embargo notificarse personalmente de ella.\u201d. Tomado de la CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-309 de marzo 22 del a\u00f1o 2001. Expediente T-419284. Magistrado Ponente: Alfredo Beltr\u00e1n Sierra.    <\/span><\/p>\n

3 Sentencia del 15 de septiembre de 2015, Rad. 17001-22-13-000-2015-00442-00, Tribunal Superior de Manizales, confirmada por esta Corporaci\u00f3n en fallo del 2 de diciembre de 2015 (STC16579-15).      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3173-2017   Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00459-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99928","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99928","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99928"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99928\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99928"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99928"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99928"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}