{"id":99929,"date":"2026-06-25T19:38:47","date_gmt":"2026-06-25T19:38:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3175-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:38:47","modified_gmt":"2026-06-25T19:38:47","slug":"stc3175-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3175-2017\/","title":{"rendered":"STC3175-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3175-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2016-02758-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de febrero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por William Alfonso Garc\u00eda Utsman contra el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito  de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito del mismo lugar y los intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. El Banco Granahorrar promovi\u00f3 un juicio ejecutivo hipotecario en contra de William Garc\u00eda Utsman, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que dict\u00f3 sentencia el 11 de febrero de 2009 disponiendo seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Tras ser recurrida en apelaci\u00f3n la aludida decisi\u00f3n, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en sentencia de 20 de enero de 2010 modific\u00f3 el fallo de primer grado para continuar la ejecuci\u00f3n respecto del pagar\u00e9 No. 79853-3, por 238.517,15 UVR, y del pagar\u00e9 No. 77838-8, por 76.381,91 UVR, junto con los intereses de mora.  <\/span><\/p>\n

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2.3. El proceso fue remitido al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, despacho que el 9 de abril de 2015 avoc\u00f3 el conocimiento del asunto. Al d\u00eda siguiente, el demandado solicit\u00f3 que se decretara la prescripci\u00f3n de las acciones u obligaciones derivadas de la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pues desde que fue proferida el acreedor se encontraba habilitado para iniciar y llevar adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.4. En auto de 20 de abril de 2015 fue denegada la solicitud elevada por el gestor por ser improcedente, pues con la demanda que dio inicio a la acci\u00f3n de cobro se interrumpi\u00f3 civilmente la prescripci\u00f3n, por lo que el tiempo que transcurri\u00f3 desde la ejecutoria del fallo de segundo grado, no revive la misma.  <\/span><\/p>\n

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2.5. El 16 de septiembre de 2016 el accionante nuevamente deprec\u00f3 que se declarara la prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria de las acciones u obligaciones que hayan surgido de la sentencia, pues ya hab\u00edan transcurrido seis a\u00f1os y 8 meses desde que qued\u00f3 ejecutoriada la misma, sin embargo, a trav\u00e9s de auto de 29 de septiembre de 2016, el estrado acusado dispuso que se estuviera a lo resuelto el 20 de abril de 2015.  <\/span><\/p>\n

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2.6. El 5 de octubre de 2016 el gestor recurri\u00f3 la aludida decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y, en la misma fecha, elev\u00f3 un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb solicitando se le explicara por qu\u00e9 no eran aceptadas las sentencias SU-159\/02, T-555\/09 y T-581\/11, la normatividad citada y la jurisprudencia en el caso concreto.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Con autos de 26 de octubre de 2016 el juzgador acusado: a) mantuvo la decisi\u00f3n de 29 de septiembre anterior; y b) neg\u00f3 la petici\u00f3n formulada.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Indic\u00f3 el accionante que solicit\u00f3 nuevamente la prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria de las acciones y obligaciones emanadas de la sentencia porque transcurrieron ocho meses sin que la acci\u00f3n hipotecaria finalizara, pero el 16 de septiembre de 2016 le fue denegada su petici\u00f3n \u00absin ning\u00fan tipo de argumentaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, pese a que la misma, ten\u00eda circunstancias de tiempo, modo y lugar diferentes (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.9. Adujo que la interpretaci\u00f3n que le da al art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil es id\u00e9ntica a la de la Corte Constitucional en la sentencia T-581\/11, la que advierte que cuando se desconocen los precedentes se puede incurrir en prevaricato.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Se\u00f1al\u00f3 que el estrado acusado ha \u00abnegado sistem\u00e1ticamente [sus] derechos fundamentales\u00bb, pues no accedi\u00f3 a la solicitud presentada en el mes de abril de 2015, la de 16 de septiembre de 2016 y \u00abcomo si fuera poco se niega a responder el\u2026 derecho de petici\u00f3n\u00bb (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.11. Agreg\u00f3 que agot\u00f3 todos los mecanismos de defensa a su alcance para demostrar que le asiste raz\u00f3n al invocar la prescripci\u00f3n; el inmueble involucrado es la casa de habitaci\u00f3n de su familia; ha demostrado en distintas ocasiones el pago total de la obligaci\u00f3n; y es claro \u00abque la acci\u00f3n ejecutiva prescribe junto con la acci\u00f3n hipotecaria, aunque subsiste la acci\u00f3n ordinaria tal como [se conoce] desde el C\u00f3digo Judicial\u00bb (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 se opuso a las pretensiones de la demanda, tras indicar que en el prove\u00eddo de 29 de septiembre de 2016 se le orden\u00f3 al memorialista estarse a lo dispuesto en el auto de 20 de abril de 2015, en el que se le hab\u00edan dejado claras las razones por las cuales no era dable acceder a su solicitud de prescripci\u00f3n, \u00absin que fuera dable revivir una actuaci\u00f3n procesal ya clausurada, pues su argumento ya se hab\u00eda debatido al interior del proceso\u00bb; que la providencia de 26 de octubre de 2016 se encuentra ajustada a derecho, toda vez que all\u00ed se consignaron los motivos por los que no era viable atender el derecho de petici\u00f3n que formul\u00f3 el promotor, en tanto que conforme con la jurisprudencia decantada de la Corte Constitucional, las solicitudes efectuadas con ocasi\u00f3n de un litigio, siguen el procedimiento se\u00f1alado en el C\u00f3digo General del Proceso y no el previsto en la Ley 1755 de 2015; y no ha conculcado garant\u00eda esencial alguna (folio 54, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. El Fondo de Garant\u00edas de Instituciones Financieras se\u00f1al\u00f3 que el accionante no es su deudor hipotecario en la actualidad, pues dicha obligaci\u00f3n fue vendida a la Compa\u00f1\u00eda Central de Inversiones S.A. CISA, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al configurarse una falta de legitimaci\u00f3n por pasiva.  <\/span><\/p>\n

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3. Central de Inversiones S.A. se\u00f1al\u00f3 que no conoc\u00eda el contenido de la tutela a efectos de ejercer su derecho de contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n mediante la cual la juzgadora encartada se neg\u00f3 a declarar la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n, solicitada a trav\u00e9s de memoriales y de un derecho de petici\u00f3n, no denotaba quebranto de las garant\u00edas constitucionales ni se apart\u00f3 de los lineamientos normativos, pues tuvo sustento en la aplicaci\u00f3n que hiciera de los art\u00edculos 2539 del C\u00f3digo Civil y 94 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan los cuales la demanda interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n; adem\u00e1s, que las determinaciones \u00abalusivas a la negativa censurada, no fueron controvertidas en su momento\u00bb por el gestor (folio 107, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n aduciendo que en anterior oportunidad acudi\u00f3 al resguardo pero le indicaron que no observaba el presupuesto de la inmediatez, pero en esta ocasi\u00f3n cumple a cabalidad con todos los requisitos formales para que se defina si se acoge a la normatividad y jurisprudencia, teniendo en cuenta que las circunstancias son diferentes y ninguna autoridad se ha pronunciado de fondo.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo de 20 de abril de 2015 que deneg\u00f3 la solicitud de prescripci\u00f3n presentada, y la interposici\u00f3n de la tutela el 6 de diciembre de 2016 (folio 10 vuelto, cuaderno 1), transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza.  <\/span><\/p>\n

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Respecto a dicho presupuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados.  En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00).  <\/span><\/p>\n

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Es de advertirse que el hecho de que el gestor hubiera presentado, con posterioridad, nuevamente los mismos reclamos, incluso, acudiendo al derecho de petici\u00f3n, ello no comporta la vigencia del requisito de la inmediatez, toda vez que \u00abno es admisible que en virtud de la presentaci\u00f3n de una nueva solicitud se puedan revivir los t\u00e9rminos fenecidos con ocasi\u00f3n de una anterior en id\u00e9ntico sentido\u00bb (CSJ STC, 16 sep. 2011, rad. 2011-00307-01; reiterada en CSJ STC, 24 oct. 2013, rad. 2013-01540-01).  <\/span><\/p>\n

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3. En adici\u00f3n, se advierte que el promotor no hizo uso de los mecanismos de defensa con los que contaba para censurar el mencionado prove\u00eddo de 20 de abril de 2015, desperdiciando el escenario id\u00f3neo para exponer sus inconformidades, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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