{"id":99930,"date":"2026-06-25T19:38:52","date_gmt":"2026-06-25T19:38:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3176-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:38:52","modified_gmt":"2026-06-25T19:38:52","slug":"stc3176-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3176-2017\/","title":{"rendered":"STC3176-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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STC3176-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00471-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad y la Regional Caldas de la Defensor\u00eda del Pueblo; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n-Territorial Caldas, a la Alcald\u00eda Municipal de Manizales y al Banco Caja Social.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado i) por la instituci\u00f3n encargada de la defensa de la ciudadan\u00eda, al no impetrar tutelas en su nombre y, ii) por las autoridades judiciales tuteladas al no condenar en costas a su contraparte en la acci\u00f3n popular No. 2015-00129, pese a que las s\u00faplicas de su demanda fueron acogidas y el recurso de apelaci\u00f3n que se impetr\u00f3 fue resuelto de manera desfavorable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se ordene imponer las costas y agencias en derecho a que por ley tiene derecho, tutelar a la Defensor\u00eda del pueblo y remitir copia f\u00edsica y electr\u00f3nica de esta actuaci\u00f3n a su correo. [Folio 1, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2015, el tutelante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Caja Social S.A., por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos de la comunidad usuaria de sus servicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de Manizales, que admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 las notificaciones y publicaciones de ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Agotada la actuaci\u00f3n correspondiente, el fallador cognoscente dict\u00f3 sentencia el 2 de agosto de 2016, a trav\u00e9s de la cual acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas por no haberse causado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconformes ambos extremos del litigio interpusieron recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. En audiencia de 20 de septiembre de 2016, el Tribunal accionado declar\u00f3 desierta la impugnaci\u00f3n del actor popular por no haber concurrido al acto procesal y resolvi\u00f3 la de la entidad financiera que sustent\u00f3 en debida forma. Al respecto, dispuso adicionar la sentencia para precisar que la accionada pod\u00eda contratar el servicio de gu\u00eda o int\u00e9rprete con una instituci\u00f3n especializada en ello, adem\u00e1s de ordenarle instalar se\u00f1ales sonoras y\/o audiovisuales, todo, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 2 meses. As\u00ed mismo, decidi\u00f3 no imponer costas a la demandada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El memorialista acude a este mecanismo constitucional, porque considera que lo as\u00ed resuelto, desconoce su derecho a obtener el reintegro de los gastos procesales en que incurri\u00f3, tal como lo disponen el art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, el acuerdo No. 1887 de 2003 y el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. As\u00ed mismo, insisti\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas por la Defensor\u00eda del Pueblo, al negarse a presentar este tipo de acciones en su nombre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende la protecci\u00f3n constitucional en la forma vista. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. En auto de 27 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 4, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de su Oficina Jur\u00eddica y la Alcald\u00eda de Manizales, argumentaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que las decisiones que se cuestionan no son de su resorte.  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado y el Tribunal demandados, remitieron copia de las decisiones de m\u00e9rito all\u00ed proferidas a solicitud de este Despacho.  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. De acuerdo con los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, la Sala advierte que la primera queja del tutelante tiene como origen la negativa del juzgador A quo a condenar en costas en primera instancia a la entidad financiera accionada, pese a que sus pretensiones con la demanda prosperaron.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, observa la Sala que la solicitud de amparo frente a este t\u00f3pico, no atiende el presupuesto que viene de comentarse, pues el quejoso desaprovech\u00f3 el medio ordinario de defensa con que contaba para controvertir aquella determinaci\u00f3n, ya que, si bien interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo, dej\u00f3 de asistir a la audiencia convocada por el Tribunal Superior de Manizales para sustentarlo, circunstancia que determin\u00f3 la declaratoria de deserci\u00f3n de aquella censura.  <\/span><\/p>\n

Se reitera que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC, 26 ene. 2011, rad. 2011-00027-00)  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora, con relaci\u00f3n a los reparos del quejoso contra la sentencia de segunda instancia, es necesario recordar que la jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. Como resultado del an\u00e1lisis de la decisi\u00f3n adoptada el 20 de septiembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales, se evidencia que la sede plural accionada incurri\u00f3 en defecto sustancial.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la providencia que se cuestiona, el fallador Ad quem, adem\u00e1s de ratificar la concesi\u00f3n de amparo a los derechos colectivos de la comunidad en favor de la cual se impetr\u00f3 la acci\u00f3n popular, decidi\u00f3 no condenar en costas ni agencias en derecho, a la entidad demandada, por no encontrarlas causadas en esa instancia.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) atendiendo criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia1, la suma que se fija por agencias en derecho es el reconocimiento econ\u00f3mico que se hace a favor de la parte que sali\u00f3 victoriosa en el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n, por la vigilancia, atenci\u00f3n y cuidado del proceso, a\u00fan cuando no se constituya apoderado para tal efecto, advirtiendo que el beneficiado con la cifra que se estipule por dicho concepto es el extremo vencedor que no quien los represente o defienda sus intereses, siendo evidente que la suma tasada tambi\u00e9n ha de corresponder con la denominada \u201ccarga de vigilancia\u201d.2  <\/span><\/p>\n

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Y de manera m\u00e1s reciente, se se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) ciertamente, la regla que al efecto establece la norma es la de que la liquidaci\u00f3n de costas ha de contener un rubro en que se incluyan \u2018las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado\u2019, cifra que, en ese orden de ideas, habr\u00e1 consultar en todo caso la \u201cnaturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n adelantada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente\u2019; desde luego, si la disposici\u00f3n habla de tres factores por lo menos a evaluar en relaci\u00f3n con dicha gesti\u00f3n, es porque para su mensura requi\u00e9rese en forma insoslayable que la parte haya actuado, bien acudiendo a un procurador judicial ora haci\u00e9ndolo de manera personal.  <\/span><\/p>\n

\u201cMas, s\u00e1bese tambi\u00e9n que en la tasaci\u00f3n de agencias, seg\u00fan lo ha dicho repetidamente la Corte, debe calcularse el componente que alude a la \u2018carga de vigilancia\u2019 que recae sobre la parte beneficiada con la condena (Autos de 7 de noviembre de 1987, exp. 76, 19 de noviembre de 1997, 25 de agosto de 1998, exp. 4724 y 27 de septiembre de 1999, exp. 5180, entre otros); carga que, justamente, fue la que en el caso sub-examen t\u00favose en la mira a efectos de fijar agencias a favor del actor. Pero ocurre que, como lo argumenta la objeci\u00f3n, en el evento \u00e9sta no pudo darse en cuanto concierne al demandante, si es que al perder su minor\u00eda de edad no constituy\u00f3 apoderado judicial ni realiz\u00f3 ning\u00fan intento por intervenir de manera personal en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario.\u00bb (Negrilla para resaltar)  <\/span><\/p>\n

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5. Como en este asunto el Banco Caja Social S.A., entidad accionada en la demanda popular en donde se origina la queja, recurri\u00f3 la sentencia de primera instancia que acogi\u00f3 las pretensiones del reclamante y el Tribunal despach\u00f3 adversamente aquella censura, exist\u00edan motivos objetivos suficientes para fijar una suma por concepto de agencias en derecho a cargo del extremo litigioso que despleg\u00f3 la actividad del aparato judicial del Estado, pero obtuvo respuesta desfavorable a sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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Para ello, el Tribunal deb\u00eda atender a lo preceptuado por el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual para la fijaci\u00f3n de agencias en derecho deber\u00e1n aplicarse \u00ab\u2026las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura\u2026\u00bb, montos que de ser fijados en un m\u00ednimo o \u00e9ste y un m\u00e1ximo, facultan al juez para atender a la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, mal pod\u00eda el Tribunal acudir a razones ex\u00f3genas para liberar de tal carga al extremo procesal que deb\u00eda soportarla, pues es evidente que la mera consideraci\u00f3n de la falta de abogado o de demostraci\u00f3n en sede de segunda instancia de los gastos en que incurri\u00f3 el demandante, no era suficiente para denegar la condena por ese rubro a la entidad recurrente, circunstancia que impone la concesi\u00f3n del amparo invocado, para que la autoridad judicial tutelada eval\u00fae nuevamente los aspectos a que se han hecho alusi\u00f3n y, con base en ellos, proceda a adoptar una nueva determinaci\u00f3n al respecto.  <\/span><\/p>\n

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6. En punto de las quejas del reclamante contra la Defensor\u00eda del Pueblo-Regional Caldas por negarse a presentar acciones constitucionales a su nombre, se le recuerda que si estima necesario promover cualquier tipo de reclamaci\u00f3n, es a \u00e9l a quien corresponde hacerlo ante la autoridad competente, con los fundamentos f\u00e1cticos y legales del caso y los respectivos soportes probatorios que en esta acci\u00f3n brillan por su ausencia, sin que est\u00e9 de m\u00e1s insistir en que tal asunto ya fue objeto de estudio en sede constitucional3, circunstancia que impide un nuevo pronunciamiento al respecto.  <\/span><\/p>\n

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7. Por lo expuesto, se conceder\u00e1 parcialmente la protecci\u00f3n constitucional reclamada.  <\/span><\/p>\n

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Del fallo emitido, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud. De las dem\u00e1s piezas procesales se expedir\u00e1 fotocopia a su costa, por Secretar\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE parcialmente el amparo invocado. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: ORDENAR a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, que deje sin efecto su decisi\u00f3n acerca de la condena en costas por agencias en derecho, adoptada en la sentencia de segunda instancia dictada el 20 de septiembre de 2016 y, en su lugar, proceda, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, a adoptar una nueva determinaci\u00f3n que eval\u00fae las consideraciones expuestas en esta providencia sobre tal rubro.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: NEGAR la protecci\u00f3n invocada respecto al Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de Manizales y a la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta sentencia.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Verbi gratia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Autos de: (i) noviembre 7 de 1987 (expediente 076), (ii) noviembre 19 de 1997, (iii) agosto 25 de 1998 (expediente 4724), (iv) septiembre 27 de 1999 (expediente 5180), (v) junio 24 de 2004 (expediente 7843), (vi) abril 5 de 2006 (expediente 016-1996-5893-01) y (vii) julio 7 de 2006 (expediente 011-1997-09851-01).    <\/span><\/p>\n

2 \u201cLa carga procesal como se ha dicho por la doctrina, es una conducta de realizaci\u00f3n facultativa establecida en beneficio del propio inter\u00e9s del gravado con ella, pero cuya omisi\u00f3n lo expone al riesgo de soportar consecuencias jur\u00eddicas desfavorables. Por lo tanto, la carga de vigilancia, atenci\u00f3n y cuidado a las actuaciones que se surtan en el proceso, est\u00e1 siempre presente en todos los procesos. De tal suerte, que no obstante estar gravado con esa carga, la ley dispone que se le cite para que concurra al despacho para la pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n personal; pero, si tal notificaci\u00f3n se omite, no por eso desaparece la carga de comparecer a la secretar\u00eda del despacho a enterarse de la marcha del proceso, lo que permitir\u00eda por ejemplo, que si se dicta una providencia y no se ha efectuado la citaci\u00f3n, podr\u00eda sin embargo notificarse personalmente de ella.\u201d. Tomado de la CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-309 de marzo 22 del a\u00f1o 2001. Expediente T-419284. Magistrado Ponente: Alfredo Beltr\u00e1n Sierra.    <\/span><\/p>\n

3 Sentencia del 15 de septiembre de 2015, Rad. 17001-22-13-000-2015-00442-00, Tribunal Superior de Manizales, confirmada por esta Corporaci\u00f3n en fallo del 2 de diciembre de 2015 (STC16579-15).      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ      STC3176-2017   Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00471-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99930","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99930"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99930\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}