{"id":99931,"date":"2026-06-25T19:38:55","date_gmt":"2026-06-25T19:38:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3177-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:38:55","modified_gmt":"2026-06-25T19:38:55","slug":"stc3177-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3177-2017\/","title":{"rendered":"STC3177-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3177-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00477-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a la Regional Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo, a la Territorial Caldas de esta \u00faltima, a la Alcald\u00eda y a la Personer\u00eda Municipal de Pereira, a Coomeva S.A. y al Banco Coomeva S.A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por las autoridades judiciales tuteladas al i) no requerir copias para conceder la apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de primer grado, cuando en otras actuaciones si se le exigen; ii) negar la audiencia por videoconferencia v\u00eda skype, pese a que en otros Tribunales se ha accedido a ello; iii) negarle la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el auto que liquid\u00f3 las costas procesales; iv) liquidar costas a su favor en cuant\u00eda inferior a la especificada en Acuerdo del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura (1 smmlv). Por otra parte, insiste en que la Defensor\u00eda del pueblo vulnera sus prerrogativas al negarse a impetrar acciones de tutela a su nombre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se ordene al juez de instancia i) aclarar porqu\u00e9 en unas acciones populares pide copias para conceder la apelaci\u00f3n y en otras no; ii) conceder la apelaci\u00f3n contra el auto que aprueba la liquidaci\u00f3n de las costas; y, iii) que se liquiden las costas como m\u00ednimo en 1 s.m.m.l.v.; al Tribunal Superior de Pereira, que i) le autorice videoconferencia para realizar la sustentaci\u00f3n de su demanda y explique en qu\u00e9 norma se ampara para negar tal pedimento; y que, ii) liquide las costas procesales en esa sede, como lo ha hecho en otras actuaciones. Finalmente, solicita que se tramite tutela contra la Defensor\u00eda del Pueblo con sede en Manizales, por negarse a presentar acciones de tutela en su nombre. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2015, el tutelante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra una sucursal del Banco Coomeva S.A., por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos de la comunidad usuaria de sus servicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al juzgado 5\u00ba Civil del Circuito de Pereira, que admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 las notificaciones y publicaciones de ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Agotada la actuaci\u00f3n correspondiente, el fallador cognoscente dict\u00f3 sentencia el 20 de abril de 2016, a trav\u00e9s de la cual acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas a la parte vencida, en monto de $300.000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconformes, ambos extremos del litigio interpusieron recurso de apelaci\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. El 24 de mayo de 2016, el Tribunal Superior de Pereira admiti\u00f3 las censuras y por auto de 12 de julio siguiente, fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia de sustentaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 25 de julio de 2016, se dej\u00f3 constancia acerca de la inasistencia del reclamante al acto procesal convocado para esa fecha y se orden\u00f3 poner en conocimiento del agente del Ministerio P\u00fablico, la causal de nulidad advertida en el proceso, por falta de su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Transcurrido en silencio el t\u00e9rmino para pronunciarse sobre el punto, el Tribunal dispuso tener por saneado el vicio evidenciado y orden\u00f3 oficiar al Comando de la Polic\u00eda Regional para que informara si se ha realizado estudio de seguridad al quejoso, donde se hubiese determinado que su vida corre peligro al acercarse a ese recinto, as\u00ed mismo, orden\u00f3 al secretario de la Sala de Decisi\u00f3n, informar si el ciudadano acude con frecuencia a esa sede. Lo anterior, con el fin de resolver sobre la solicitud del accionante, encaminada a que se le excusara por su inasistencia a la diligencia de sustentaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 2 de septiembre de 2016, el Tribunal desestim\u00f3 la excusa presentada por el libelista, debido a la informaci\u00f3n obtenida por la Polic\u00eda Departamental, que dio cuenta de la inexistencia de riesgo para la vida del accionante, quien tiene garantizada su seguridad al asistir a las dependencias de la sede judicial, a trav\u00e9s de los distintos mecanismos de vigilancia y custodia que all\u00ed se ejercen. Adicionalmente, tuvo en cuenta que de acuerdo al informe rendido por la secretar\u00eda de esa Sala, el demandante acude \u201ccasi a diario\u201d a las instalaciones del Tribunal. En la misma providencia, se neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de videoconferencia por tratarse de una figura no autorizada para ese tipo de actuaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. La anterior decisi\u00f3n no fue objeto de reparo alguno.  <\/span><\/p>\n

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10. El 12 de septiembre de 2016, se dej\u00f3 constancia de la inasistencia del actor popular a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 desierta su impugnaci\u00f3n. La apelaci\u00f3n de la entidad accionada, por su parte, fue resuelta adversamente, confirm\u00e1ndose \u00edntegramente la sentencia de primer grado y se conden\u00f3 a la recurrente a pagar las costas causadas en esa instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. El promotor del amparo solicit\u00f3 liquidar dicho rubro en la suma equivalente a ocho (08) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. El 29 de septiembre de 2016, el Tribunal accionado neg\u00f3 la pretensi\u00f3n del libelista, en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, que radica en los juzgados de instancia, la facultad para proceder a ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13.         El 24 de enero de 2017, el juez A quo, fij\u00f3 las agencias en derecho, en la suma de $150.000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

14. En la misma fecha, se liquidaron las costas del proceso en la suma total de $450.000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

15. El 15 de febrero posterior, la entidad accionada aport\u00f3 el dep\u00f3sito judicial correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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16. El quejoso interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas y en el mismo memorial, solicit\u00f3 invalidar aquella actuaci\u00f3n porque, en su criterio, quien deb\u00eda liquidar las costas era el Tribunal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

17. En auto del 15 de febrero de 2017, se neg\u00f3 la reposici\u00f3n de la decisi\u00f3n impugnada, as\u00ed como la nulidad invocada y se rechaz\u00f3 por improcedente el recurso subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

18. El promotor del amparo, acude a este mecanismo constitucional, porque considera que con la actuaci\u00f3n posterior a la emisi\u00f3n de la sentencia de primer grado, se vulneran sus garant\u00edas fundamentales invocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende la protecci\u00f3n constitucional en la forma vista. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. En auto de 27 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 4, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de su Oficina Jur\u00eddica, argumentaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que las decisiones que se cuestionan no son de su resorte.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El juez de la causa, por su parte, remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n cuestionada, a solicitud de este Despacho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, la Defensor\u00eda del Pueblo-Regional Caldas, tras asegurar que ha orientado ampliamente al reclamante en los diferentes asuntos que ha puesto en su conocimiento, destac\u00f3 el uso indiscriminado, injustificado y temerario de este mecanismo de amparo por parte del actor, as\u00ed como la improcedencia de la presente solicitud de amparo, pues \u00ab\u2026concurren los presupuestos contenidos en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional mencionada en el ac\u00e1pite precedente, a saber: (i) identidad de objeto, (ii) identidad de causa petendi, que hace referencia a que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa; y, (iii) identidad de partes. Adem\u00e1s, no existe justificaci\u00f3n alguna para dicho comportamiento\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente asunto, como resultado del an\u00e1lisis de las providencias en contra de las que se enfil\u00f3 el reclamo en tutela, se advierte la improcedencia del amparo, pues tales decisiones no se pueden calificar como arbitrarias ni antojadizas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. En efecto, frente al auto por medio del cual el Tribunal Superior de Pereira decidi\u00f3 tener por no justificada la inasistencia del reclamante a la audiencia de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que \u00e9ste interpuso contra la sentencia de primera instancia, observa la Sala que previo a emitir aquella determinaci\u00f3n la autoridad cuestionada despleg\u00f3 sus facultades probatorias oficiosas a efectos de establecer si en realidad la vida o la integridad personal del quejoso corr\u00eda peligro al tener que concurrir a las instalaciones de esa instituci\u00f3n para participar en el correspondiente acto procesal, ante lo cual recibi\u00f3 informaci\u00f3n de la Polic\u00eda Departamental que daba cuenta de la inexistencia del riesgo, as\u00ed como de las m\u00faltiples medidas de vigilancia y custodia que garantizan la protecci\u00f3n de quienes ingresan a diario a las diferentes dependencias de esa sede judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, obtuvo informe secretarial donde consta que el promotor del amparo acude \u201ccasi a diario\u201d a la secretar\u00eda del Tribunal.  <\/span><\/p>\n

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Con base en las anteriores circunstancias, el juzgador Ad quem concluy\u00f3 que no hab\u00eda lugar a tener por justificada la no comparecencia del actor a la audiencia fijada para el 25 de julio de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, el juzgador explic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026de acuerdo con la informaci\u00f3n que remiti\u00f3 el Comandante Regi\u00f3n de Polic\u00eda No. 3, no corre peligro de asistir a la referida audiencia y porque como lo certific\u00f3 el secretario de esta Corporaci\u00f3n, comparece \u201ccasi a diario\u201d a esa dependencia a revisar las publicaciones por estrados, edictos, traslados y avisos que se fijan en la cartelera y a darle presentaci\u00f3n a los diversos memoriales.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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2.2. En el mismo sentido, deneg\u00f3 la solicitud de videoconferencia porque:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026actuaci\u00f3n como esa no se encuentra regulada por el C\u00f3digo General del Proceso, solo se autoriza en casos especiales para la pr\u00e1ctica de pruebas (art\u00edculo 171).\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Por otra parte, el reclamante censura que la sede plural demandada se negara a practicar la liquidaci\u00f3n de las costas procesales, como s\u00ed lo ha hecho en otras oportunidades. Al respecto, es de ver que el juzgador, explic\u00f3 al reclamante a qu\u00e9 se deb\u00eda el cambio de postura, tal como se desprende del auto de fecha 29 de septiembre de 2016, donde puntualiz\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026en el presente caso los recursos de apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida en primera instancia fueron interpuestos en abril del presente a\u00f1o, fecha para la cual ya hab\u00eda comenzado a regir el C\u00f3digo General del Proceso, el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de costas debe surtirse ante la jueza de primera instancia tal como lo ordena el art\u00edculo 366 de esa obra, que dice: \u201clas costas y agencias en derecho ser\u00e1n liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso de primera o \u00fanica instancia inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Ahora, con relaci\u00f3n a las quejas del memorialista frente al auto del juzgado de instancia que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas, esto es, el emitido el 24 de enero de 2017, ratificado mediante prove\u00eddo de 15 de febrero de 2017, tampoco se observa la transgresi\u00f3n alegada, porque all\u00ed se detallaron al actor popular las razones que llevaban a calcular las costas procesales en la suma de $450.000.  <\/span><\/p>\n

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Con tal prop\u00f3sito, el Juez de la causa indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026frente al primer motivo de inconformidad se advierte al recurrente que los montos de trescientos mil ($300.000) y ciento cincuenta mil pesos ($150.000) y fijado como agencias en derecho en primera instancia y segunda instancia, respectivamente, lo fue con base en lo que establece el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que consagra para el caso espec\u00edfico del tr\u00e1mite de las acciones populares, un margen que carece de l\u00edmite m\u00ednimo y con lo cual se apoya la decisi\u00f3n de fijar el monto de las agencias de dichas sumas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed tambi\u00e9n, y de acuerdo a la definici\u00f3n que trae el citado Acuerdo, las agencias en derecho al constituir una porci\u00f3n de las costas procesales, son imputables a los gastos de defensa judicial de la parte vencedora en juicio, de modo que esta judicatura adopt\u00f3 los criterios que para la fijaci\u00f3n de su monto son propios, a saber, tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la naturaleza y calidad de la actuaci\u00f3n del recurrente, as\u00ed como la carencia de cuant\u00eda de la acci\u00f3n impetrada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, debe precisarse que si bien se encuentra vigente el Acuerdo No. PSAA16-10554 de fecha cinco (5) de agosto de 2016 \u201cpor el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho\u201d, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura; tambi\u00e9n debe tomarse en consideraci\u00f3n que seg\u00fan su art\u00edculo 7\u00ba, \u00e9ste s\u00f3lo se aplica a los procesos iniciados a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n, de modo que aquells tr\u00e0mites iniciados con anterioridad, – como es el caso de la presente acci\u00f3n popular- se siguen regulando por los reglamentos anteriores en la materia; de manera que tal acuerdo no puede regir en el asunto de marras\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con las quejas del libelista por la decisi\u00f3n de no conceder el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas, se advierte que la autoridad censurada argument\u00f3 al respecto que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026no se conceder\u00e1 la alzada debido a que la Ley 472 de 1998 resulta ser norma especial para el tr\u00e1mite de acciones constitucionales y la misma contempla en su art\u00edculo 37 que el recurso de apelaci\u00f3n resulta procedente de manera exclusiva contra la sentencia que se dicte en primer instancia, excluy\u00e9ndose de este modo a las decisiones que se adoptan mediante auto\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En ese orden, surge palmario que las pretensiones del promotor del amparo, en cuanto al presunto desconocimiento de normas sustanciales y procedimentales, se circunscribi\u00f3 de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que los accionados se basaron para resolver sus distintas solicitudes al interior del tr\u00e1mite constitucional donde se origina la queja, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, ha dicho la Sala en otras oportunidades, que al juez constitucional:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cle est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u2026\u201d en suma, \u201cun criterio interpretativo de los hechos y las pruebas coherente\u201d debe ser respetado, \u201caunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis;  es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los jueces de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia. (CSJ STC, 3 Jun de 2011, Rad. 2011-00527-01 y 20 Sep 2012, Rad. 2012-00245-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que los  juzgadores accionados tomaron las determinaciones controvertidas por el accionante, pues los motivos que expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del demandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ahora bien, sobre los cuestionamientos del tutelante por la exigencia de copias de la actuaci\u00f3n en algunas acciones populares, se le informa que no es la acci\u00f3n de tutela el mecanismo id\u00f3neo para revisar ese tipo de inconformidades, pues lo cierto es que en el asunto donde se origina la solicitud de resguardo no se hizo tal exigencia y por ende, carece de objeto cualquier pronunciamiento al respecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si lo que el libelista pretende es que no se le soliciten dichas piezas procesales en ninguna de las acciones populares para efectos de dar tr\u00e1mite a su recurso de apelaci\u00f3n, lo propio es exponer en aquellos casos los argumentos que considere pertinentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En igual sentido, si requiere un pronunciamiento o un concepto de la autoridad cuestionada acerca de sus razones para exigir fotocopias en unas acciones populares y en otras no, cosa que en manera alguna se demostr\u00f3 en esta actuaci\u00f3n, deber\u00e1 elevar la correspondiente solicitud al juzgado, soportada con los argumentos f\u00e1cticos que sean del caso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En punto de las quejas del reclamante contra la Defensor\u00eda del Pueblo-Regional Caldas por negarse a presentar acciones constitucionales a su nombre, se le recuerda que si estima necesario promover cualquier tipo de reclamaci\u00f3n, es a \u00e9l a quien corresponde hacerlo ante la autoridad competente, con los respectivos soportes probatorios que en esta acci\u00f3n brillan por su ausencia, sin que est\u00e9 de m\u00e1s insistir en que tal asunto ya fue objeto de estudio en sede constitucional1, circunstancia que impide un nuevo pronunciamiento al respecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Del fallo emitido, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud. De las dem\u00e1s piezas procesales se expedir\u00e1 fotocopia a su costa, por Secretar\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta sentencia.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia del 15 de septiembre de 2015, Rad. 17001-22-13-000-2015-00442-00, Tribunal Superior de Manizales, confirmada por esta Corporaci\u00f3n en fallo del 2 de diciembre de 2015 (STC16579-15).      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente   STC3177-2017   Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00477-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99931","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99931"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99931\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}