{"id":99932,"date":"2026-06-25T19:39:08","date_gmt":"2026-06-25T19:39:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3178-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:39:08","modified_gmt":"2026-06-25T19:39:08","slug":"stc3178-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3178-2017\/","title":{"rendered":"STC3178-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3178-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00482-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a la Regional Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo, a la Territorial Caldas de esta \u00faltima, a la Alcald\u00eda y a la Personer\u00eda Municipal de Pereira y al Banco BBVA.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por las autoridades judiciales tuteladas al no emitir pronunciamiento sobre las solicitudes de nulidad que elev\u00f3 al interior de la acci\u00f3n popular No. 2015-00235-00, ni invalidar la actuaci\u00f3n oficiosamente como lo ha hecho en otras oportunidades. Cuestiona, por otra parte, que la juzgadora A quo, obviara el decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas que solicit\u00f3 en su demanda.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene dejar sin efectos la actuaci\u00f3n cuestionada, para que se subsanen las falencias que en su sentir se cometieron. [Folio 1, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2015, el tutelante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco BBVA S.A., por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos de la comunidad usuaria de sus servicios.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Pereira, que admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 las notificaciones y publicaciones de ley.  <\/span><\/p>\n

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3. Agotada la actuaci\u00f3n correspondiente, el fallador cognoscente dict\u00f3 sentencia el 4 de octubre de 2016, a trav\u00e9s de la cual desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el actor popular interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n y, en el mismo escrito, solicit\u00f3 invalidar la actuaci\u00f3n por indebida publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

5. El 20 de octubre siguiente, se rechaz\u00f3 de plano la nulidad pretendida y se concedi\u00f3 la censura vertical contra el fallo.  <\/span><\/p>\n

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6. El 21 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Pereira admiti\u00f3 la censura y el 2 de diciembre siguiente fij\u00f3 fecha para la audiencia de sustentaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. Ante la no concurrencia del impugnante al acto procesal rese\u00f1ado, por auto de 13 de diciembre del mismo a\u00f1o, se declar\u00f3 desierta y se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de las diligencias al juez de instancia.  <\/span><\/p>\n

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7. El 27 de febrero de 2017, el quejoso insisti\u00f3 en la nulidad de la sentencia de primera instancia, esta vez, basado en que el juzgador carec\u00eda de competencia para dictarla.  <\/span><\/p>\n

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8. El promotor del amparo, acude a este mecanismo constitucional, porque considera que las sedes judiciales accionadas, desconocen sus prerrogativas fundamentales al no haberse pronunciado sobre la invalidez de la actuaci\u00f3n, dada la indebida publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 y, porque el A quo, no decret\u00f3 ni practic\u00f3 las pruebas que pidi\u00f3 en su demanda.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende la protecci\u00f3n constitucional en la forma vista. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. En auto de 27 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 4, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Tribunal accionado manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo, basado en que dentro del asunto objeto de reproche no hubo sentencia de segunda instancia, porque el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el quejoso se declar\u00f3 desierto en audiencia del 13 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de su Oficina Jur\u00eddica, argument\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que las decisiones que se cuestionan no son de su resorte.  <\/span><\/p>\n

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El juez de la causa, por su parte, remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n cuestionada y puntualiz\u00f3 que en la actualidad est\u00e1 pendiente resolver sobre la \u00faltima solicitud de nulidad elevada por el reclamante.  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201cotro medio de defensa judicial\u201d, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiaridad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, la solicitud de protecci\u00f3n al debido proceso, no atiende el comentado principio, pues es evidente que el accionante no hizo uso de las herramientas jur\u00eddicas con que contaba para controvertir la actuaci\u00f3n judicial que por esta v\u00eda cuestiona y por ello no puede utilizar este mecanismo para revivir las oportunidades procesales que dej\u00f3 fenecer ni debatir temas que no fueron expuestos ante el Juez natural.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, si el tutelante consideraba que la actuaci\u00f3n adelantada en sede de primera instancia por el juzgador de la causa, deb\u00eda invalidarse por la falta del decreto de las pruebas que pidi\u00f3 en su demanda o porque el aviso a la comunidad de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, no fue publicado en debida forma, ha debido acudir a la audiencia de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia o elevar las correspondientes solicitudes de nulidad en las oportunidades procesales id\u00f3neas para ello.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, observa la Sala que el quejoso permiti\u00f3 que el tr\u00e1mite continuara hasta la emisi\u00f3n de la sentencia de primer grado sin reparo alguno, e incluso, proferida \u00e9sta, se abstuvo de concurrir al acto procesal convocado por el Tribunal para la sustentaci\u00f3n de su impugnaci\u00f3n, momento en el que hab\u00eda podido controvertir los aspectos que por esta v\u00eda excepcional y residual pretende ventilar.  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, el rechazo de la solicitud de nulidad que el actor elev\u00f3 paralelamente con su impugnaci\u00f3n al fallo, basado en la argumentaci\u00f3n que sirve de soporte a esta queja, tampoco fue objeto de censura o controversia por parte del interesado, pues n\u00f3tese que el auto de fecha octubre 20 de 2016, no fue objeto de controversia alguna, pese a que de conformidad con el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, era susceptible del recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Luego, no se satisface el requisito de la subsidiaridad de este especial tr\u00e1mite, que no puede utilizarse como un recurso adicional o alternativo de los usuarios de la justicia para revivir etapas procesales que dejaron fenecer por su desatenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Fue entonces, la propia incuria del gestor de la queja la que permiti\u00f3 la ejecutoria de la sentencia de primera instancia emitida el 4 de octubre de 2016 por el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Pereira, por lo que no puede pretender controvertir aquella tramitaci\u00f3n por esta v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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Se reitera que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC, 26 ene. 2011, rad. 2011-00027-00)  <\/span><\/p>\n

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4. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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De los fallos emitidos, rem\u00edtase copia escaneada al accionante a su correo electr\u00f3nico tal como \u00e9l lo solicita y exp\u00eddanse fotocopias de las dem\u00e1s actuaciones, por secretar\u00eda y a su costa.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta sentencia.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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