{"id":99933,"date":"2026-06-25T19:39:12","date_gmt":"2026-06-25T19:39:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3179-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:39:12","modified_gmt":"2026-06-25T19:39:12","slug":"stc3179-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3179-2017\/","title":{"rendered":"STC3179-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3179-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00493-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Glor\u00eda In\u00e9s Ospina Torres contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Superior de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad y todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y la igualdad, los cuales considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al declarar pr\u00f3spera la objeci\u00f3n que se formul\u00f3 en contra de los inventarios y aval\u00faos adicionales que present\u00f3 en el proceso de sucesi\u00f3n de su extinto compa\u00f1ero permanente.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el amparo peticionado, se revoque la decisi\u00f3n que declar\u00f3 probada la objeci\u00f3n y, en su lugar, se incluyan los valores que relacion\u00f3 por concepto de gananciales de la sociedad patrimonial.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 9 de diciembre de 1961 Pablo Emilio Artunduaga Mora contrajo matrimonio con Praxedis Reyes, vincul\u00f3 que se disolvi\u00f3 ante el fallecimiento de la \u00faltima, lo que ocurri\u00f3 el 17 de marzo de 1995. [Folio 9]  <\/span><\/p>\n

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2. Pese al v\u00ednculo matrimonial existente, el se\u00f1or Artunduaga Mora convivi\u00f3 con la accionante desde 1971 hasta la fecha en que aquel falleci\u00f3 \u2013 23 de mayo de 2013. [Folio 10]  <\/span><\/p>\n

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3. Mediante sentencia de 18 de septiembre de 2015 el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 que la tutelante y Pablo Emilio Artundiaga Mora convivieron en uni\u00f3n marital de hecho desde el a\u00f1o 1971 hasta el 23 de mayo de 2013.   <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, declar\u00f3 que entre aquellos se cre\u00f3 una sociedad patrimonial que oper\u00f3 desde el 17 de marzo de 1996, hasta el 23 de mayo de 2013. [Folio 11]     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 6 de febrero de 2014 Mar\u00eda Cristina Atunduaga Ospina present\u00f3 demanda para que se d\u00e9 inici\u00f3 a la sucesi\u00f3n conjunta de los causantes Pablo Emilio Artunduaga Mora y Praxedis Reyes de Artunduaga, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Familia de Ibagu\u00e9. [Folio 11]  <\/span><\/p>\n

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5. Agotadas las diligencias de notificaci\u00f3n, en dicho tr\u00e1mite se reconocieron como herederos de los causantes a Mar\u00eda de las Mercedes, Diana Magally, Marcela Artunduaga Reyes, Ang\u00e9lica Mar\u00eda y Carlos Eduardo Artunduaga G\u00f3ngora, dos \u00faltimos en representaci\u00f3n de Carlos Eduardo Artunduaga Reyes (q.e.p.d).  <\/span><\/p>\n

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6. El 18 de junio de 2015 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de inventarios y aval\u00faos, en dicha oportunidad los sucesores mencionados anteriormente presentaron escrito en el que dividieron los bienes de los causantes en tres grupos: bienes inmuebles propios de Pablo Artunduaga; bienes inmuebles sociales de los causantes; y bienes muebles en general inventariados y avaluados para la sucesi\u00f3n doble intestada.  <\/span><\/p>\n

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Dentro de la oportunidad pertinente la gestora del amparo y su hija formularon objeci\u00f3n, de atender que no se indic\u00f3 de qui\u00e9n son los bienes relacionados el tercer grupo.  <\/span><\/p>\n

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7. Posteriormente, la accionante solicit\u00f3 adicionar los inventarios, para que se \u00abincluyeran los mayores valores que obtuvieron los bienes propios exclusivos del causante Pablo Emilio Artunduaga Mora (q.e.p.d.) durante el tiempo en el que dicho causante tuvo vigente la sociedad patrimonial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Oportunamente los hijos comunes de los causantes, objetaron la adici\u00f3n solicitada, de atender que los incrementos patrimoniales pretendidos, operaron respecto de inmuebles que pertenecen a la sociedad conyugal conformada por los fallecidos y no pueden, de ning\u00fan modo incluirse en la sociedad patrimonial conformada con posterioridad.  <\/span><\/p>\n

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8. En auto de 27 de julio de 2016 el juez de instancia procedi\u00f3 a resolver las objeciones formuladas, declarando pr\u00f3spera la que se present\u00f3 contra el inventario adicional solicitado por la accionante. [Folio 29]  <\/span><\/p>\n

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Al respecto adujo que en vista de que el incremento aducido por la accionante en realidad corresponden a la valorizaci\u00f3n de los inmuebles de propiedad del causante, los montos aducidos no pueden tenerse como haber de la sociedad patrimonial, pues de conformidad con el art\u00edculo 3 de la ley 54 de 1990 y la jurisprudencia que desarrolla tal codificaci\u00f3n, esto solo ocurre cuando \u00ab los compa\u00f1eros permanentes hayan mejorado materialmente los bienes propios, con el producto de su trabajo durante la existencia de la sociedad patrimonial\u00bb  <\/span><\/p>\n

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9. Inconforme con lo anterior, la accionante present\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. Resuelto desfavorablemente el primero, el segundo fue concedido.  <\/span><\/p>\n

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10. Mediante auto de 22 de noviembre de 2016 la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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11. La acci\u00f3nate considera que las decisiones emitidas vulneran sus derechos, pues en ellas se confunde el concepto de fluctuaciones del mercado con el de correcci\u00f3n monetaria, siendo el primero de ellos el que invoc\u00f3 para que se hiciera la adici\u00f3n del inventario de bienes en la sucesi\u00f3n de su compa\u00f1ero permanente.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 27 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al despacho accionado y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las autoridades involucradas en el tramite cuestionado [Folio 27]  <\/span><\/p>\n

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2. La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 atenerse al contenido de la decisi\u00f3n que se cuestiona. [Folio 103]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub-judice, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n de la accionante y aquellos expuestos por el ad quem, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la providencia cuestionada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

       En efecto, para abordar los planteamientos de la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, inici\u00f3 el Tribunal por establecer que si bien de conformidad con el art\u00edculo 3 de la ley 54 de 1990, formar\u00e1n parte del haber de la sociedad \u00ablos r\u00e9ditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, lo cierto es que, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-014 de 1998, el aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible, bajo el entendido \u00abde que la valorizaci\u00f3n que experimentan los bienes propios de los convivientes por causa de la correcci\u00f3n monetaria no forman parte de la sociedad patrimonial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y en ese sentido advirti\u00f3 que, \u00abel incremento material de la riqueza, en los t\u00e9rminos de la citada norma, debe ser \u201cproducto del trabajo, ayuda y socorro mutuos\u201d de los compa\u00f1eros permanentes, de modo que para su inclusi\u00f3n en la respectiva liquidaci\u00f3n no basta con acreditar solamente el incremento del valor del bien propio de uno de los compa\u00f1eros permanentes para que esa cantidad ingrese en el haber de la sociedad patrimonial sino que adem\u00e1s se exige demostrar que ese mayor valor que adquiri\u00f3 el bien es resultado de la actividad productiva de la pareja o de alguno de los integrantes de la misma y que no es consecuencia de la \u201ccorrecci\u00f3n monetaria\u201d, esto es del reconocimiento monetario o pecuniario del efecto inflacionario de los bienes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, teniendo en cuenta que lo pretendido en el inventario adicional era incorporar los mayores valores que por fluctuaciones del mercado generaron los inmuebles de propiedad exclusiva de Pablo Emilio, procedi\u00f3 a declarar pr\u00f3spera la objeci\u00f3n que al respecto formularon los herederos comunes de los causantes.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, de atender que las sumas reclamadas en el inventario adicional adem\u00e1s de \u00abno aparecen acreditadas a trav\u00e9s alg\u00fan dictamen pericial que certifique el origen de las mismas\u00bb, afirmar por parte de las peticionarias que su origen obedece a la actualizaci\u00f3n \u00abdel valor a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del IPC,\u2026 permite deducir que [el] incremento reclamado no es fruto del \u201ctrabajo, ayuda y socorro mutuo\u201d sino del impacto del paso del tiempo en el precio de los inmuebles\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. La citada conclusi\u00f3n es producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y jurisprudencia que regula el asunto, circunstancia que, a juicio del ad quem, conllev\u00f3 a que se declarara probada de la objeci\u00f3n al inventario y aval\u00fao adicional, y por tanto, fueran excluidos los aumentos alegados por la accionante.  <\/span><\/p>\n

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Racionamientos que est\u00e1n acorde con lo que al respecto se estableci\u00f3 en sentencia C-014 de 1998, reiterada en la providencia invocada por el accionante, seg\u00fan la cual \u00abla mera actualizaci\u00f3n del precio de un bien, como resultado de la tasa de devaluaci\u00f3n de la moneda, no constituye un producto de la cosa, pues de esa valorizaci\u00f3n monetaria no se deduce que el poseedor del bien haya acrecentado realmente su patrimonio.  Para poder hablar de que un bien ha producido un mayor valor es necesario que se pueda constatar un incremento material de la riqueza de su propietario, requisito, que como advirti\u00f3 el despacho accionado, en el caso no se cumpli\u00f3. (Subrayado fuera del texto)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Queda claro, entonces, que lo pretendido por la peticionaria del amparo es anteponer su propio criterio al del accionado y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se denegar\u00e1 el amparo constitucional que aqu\u00ed se implora.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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