{"id":99934,"date":"2026-06-25T19:39:18","date_gmt":"2026-06-25T19:39:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3180-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:39:18","modified_gmt":"2026-06-25T19:39:18","slug":"stc3180-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3180-2017\/","title":{"rendered":"STC3180-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3180-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2017-00049-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de febrero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis El\u00edas Leudo Murillo contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Ministerio de Educaci\u00f3n y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Valle del Cauca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, petici\u00f3n y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se le ordene \u00aba la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Cali, [le] expida la correspondiente resoluci\u00f3n de ascenso en el escalaf\u00f3n docente retroactiva a la fecha en que present[\u00f3] la solicitud formal con la documentaci\u00f3n requerida para dicho tr\u00e1mite\u00bb (folio 7, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Indic\u00f3 el accionante que es docente adscrito a la planta de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Cali, con m\u00e1s de 26 a\u00f1os continuos prestando sus servicios profesionales en dicha entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Refiri\u00f3 que inici\u00f3 sus ascensos en la categor\u00eda 7 con t\u00edtulo profesional de abogado, m\u00e1s tres a\u00f1os de experiencia laboral contabilizada desde el 1\u00ba de octubre de 1991 hasta el 18 de marzo de 1995, lo que est\u00e1 consignado en la Resoluci\u00f3n de ascenso 83022 de 2002; y se le concedi\u00f3 la promoci\u00f3n al grado 8 despu\u00e9s de allegar t\u00edtulo profesional diferente al de Licenciado en Ciencias de la Educaci\u00f3n, m\u00e1s tres a\u00f1os de experiencia laboral contabilizada desde el 18 de marzo de 1998 al 18 de marzo de 2001. Posteriormente fue ascendido a la categor\u00eda 9, 10 y finalmente a la 11, el 8 de junio de 2012.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Sostuvo que ha sido tratado con desigualdad respecto de sus otros compa\u00f1eros, pues ha quedado estancado en un periodo en el que pod\u00eda haber ascendido hasta la categor\u00eda 14.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Adujo que tras cursar estudios de postgrados en la Universidad Santiago de Cali, en las especializaciones de derecho administrativo y constitucional, adem\u00e1s de obtener 40 cr\u00e9ditos en las mismas, elev\u00f3 solicitud de ascenso en forma sucesiva en el escalaf\u00f3n docente para las categor\u00edas 12, 13 y 14, sin embargo, mediante resoluci\u00f3n de 25 de abril de 2016 de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Cali fue denegada su petici\u00f3n, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.5. Se\u00f1al\u00f3 que el 13 de julio de 2016 fue despachada desfavorablemente la reposici\u00f3n formulada, demostrando \u00abun total desconocimiento de la sentencia C-507 de 1997\u00bb, pues le indicaron que ese fallo hac\u00eda referencia a los apartes del art\u00edculo 10 del Decreto 2277 de 1979 y no al canon 19 del Decreto 709 de 1996, respecto a los requisitos de ascenso; empero, dicha decisi\u00f3n es posterior, expulsa las palabras, expresiones o frases que contravengan el ordenamiento jur\u00eddico, y se aplica para cualquier disposici\u00f3n que contenga la declaratoria de inexequibilidad (folio 3, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Asever\u00f3 que envi\u00f3 un oficio reiterando su postura, pero no se accedi\u00f3 a la misma; la funcionaria que elabor\u00f3 el documento no estudi\u00f3 el alcance de la normatividad que ha de aplicarse; cumpli\u00f3 con todos los requisitos exigidos para las categor\u00edas 12, 13 y 14; se le piden requisitos que las normas reguladoras de ascensos no contemplan.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Manifest\u00f3 que no era aceptable que se le dijera que era la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n a la que le correspond\u00eda definir sobre los cr\u00e9ditos de los programas de formaci\u00f3n ofrecidos por las universidades, pues adem\u00e1s de que los mismos ya han sido aprobados por el Ministerio de Educaci\u00f3n, los educadores colombianos se capacitan en diferentes \u00e1reas del conocimiento; de la mencionada sentencia C-507\/97 se desprende que su t\u00edtulo de postgrado est\u00e1 legalmente habilitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Agreg\u00f3 que es discriminado, no se ha resuelto la petici\u00f3n ni la apelaci\u00f3n formulada y le pagan un salario inferior al que legalmente le corresponde, conforme a su \u00abalto grado de profesionalizaci\u00f3n y los a\u00f1os de labores desempe\u00f1ados m\u00e1s de 26, con lo cual, [su] escala de remuneraci\u00f3n corresponde a la de escalaf\u00f3n catorce\u2026 y no once\u00bb, lo que le impide \u00abllevar una vida m\u00e1s digna y acorde a sus estudios, conocimientos y labor p\u00fablica que desarrolla\u00bb (folio 6, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El Ministerio de Educaci\u00f3n indic\u00f3 que le correspond\u00eda a las entidades territoriales certificadas de educaci\u00f3n, administrar la prestaci\u00f3n del servicio educativo a trav\u00e9s de las secretar\u00edas de educaci\u00f3n, las que se encargan, entre otras cosas, de hacer efectivas situaciones administrativas de ingreso, ascenso, traslado y retiro de personal docente y administrativo, de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades del servicio, por ser las nominadoras de los funcionarios vinculados a las mismas; que no es el superior jer\u00e1rquico de esas secretar\u00edas; y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, pues no ha desconocido derecho fundamental alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil se\u00f1al\u00f3 que si bien vela por la correcta aplicaci\u00f3n de los instrumentos normativos y t\u00e9cnicos que posibiliten el funcionamiento del sistema de carrera, tambi\u00e9n es cierto que \u00abel asunto que hoy nos ocupa no es del resorte de es[a] entidad sino de la\u2026 nominadora\u00bb; que tiene a su cargo ejercer funciones como m\u00e1ximo \u00f3rgano de la administraci\u00f3n y vigilancia del sistema general de carrera y de los sistemas espec\u00edficos de carrera administrativa de origen legal, entre los que se encuentra el Sistema Especial de Carrera Docente; que \u00fanicamente tiene la competencia para resolver las reclamaciones en segunda instancia, formuladas frente a las decisiones que adopten las entidades territoriales sobre carrera de docente, entre ellas, el ascenso de escalaf\u00f3n; y no ha vulnerado derecho fundamental alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental refiri\u00f3 que la encargada de adelantar los tr\u00e1mites administrativos de reconocimiento de ascenso en el escalaf\u00f3n docente es la Secretar\u00eda Municipal, por lo que existe falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cali adujo que constat\u00f3 que el estudio realizado por el gestor correspond\u00eda a un programa de postgrado en derecho administrativo y no en educaci\u00f3n, como lo exige el art\u00edculo 19 del Decreto 709 de 1996, por lo que no pod\u00eda ser tenido en cuenta para el ascenso al grado 12; que dicha decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pero la misma se mantuvo con fundamento en que el ascenso solicitado era para el grado 12 del Escalaf\u00f3n Nacional Docente, por lo que al no obtener el mismo no era procedente el de los grados 13 y 14 solicitados; que la sentencia C-507 de 1997 de la Corte Constitucional hace referencia a la inexequibilidad de apartes del art\u00edculo 10 del Decreto-Ley 2277 de 1979 frente a la exigencia legal de requerir el t\u00edtulo de licenciado en ciencias de la educaci\u00f3n como condici\u00f3n para la promoci\u00f3n a los grados 13 y 14, pero no hace alusi\u00f3n al canon 19 del Decreto 709 de 1996 sobre requisitos para reconocer cr\u00e9ditos por estudios parciales de postgrados; que al no cumplir con los presupuestos exigidos para el grado 12 no era procedente el ascenso a los posteriores; que los cr\u00e9ditos presentados en el certificado de especializaci\u00f3n de derecho administrativo no corresponden a cr\u00e9ditos aplicables para el escalaf\u00f3n nacional docente por no encontrarse en el campo de la educaci\u00f3n; que la respuesta a la petici\u00f3n en la que reitera la solicitud de ascenso a los grados 12, 13 y 14, fue remitida al promotor; que la alzada formulada fue remitida a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil; y no ha vulnerado derecho fundamental alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo respecto de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, toda vez que no hab\u00eda resuelto los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos frente a las resoluciones de 25 y 26 de abril de 2016 mediante las que se deneg\u00f3 el ascenso de escalaf\u00f3n, pese a que fueron concedidos desde el 13 de julio de ese a\u00f1o; y como no aparece demostrado que dicha entidad haya tenido la necesidad de decretar pruebas que justifiquen la dilaci\u00f3n para resolver el asunto, en la respuesta de la tutela afirma ser la competente para conocer de dicho recurso y guarda silencio frente a las alzadas presentadas, se vulnera el debido proceso administrativo del gestor con dicha demora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Orden\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil que \u00abse pronuncie sobre el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra las resoluciones\u2026 de 25 y 26 de abril de 2016 que negaron el ascenso al escalaf\u00f3n docente al accionante, del cual se sabe fue remitido para su decisi\u00f3n por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n\u2026 de Cali el 26 de julio de 2016\u00bb. Neg\u00f3 el resguardo respecto de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Cali (folio 107 vuelto y 108, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 parcialmente la referida decisi\u00f3n aduciendo que era \u00abinaceptable\u2026 la posici\u00f3n c\u00f3moda adoptada\u00bb por el Tribunal Constitucional, pues es clara la actuaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Cali, la que ha menoscabado sus derechos; que no se estudi\u00f3 el tema de fondo; que no pretende impugnar las resoluciones porque conoce el mecanismo para ese fin, sino que busca la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales; no es dable que la Secretar\u00eda haga caso omiso a la sentencia de la Corte Constitucional \u00abpara seguir utilizando limitaciones inexistentes\u00bb, sino por el contrario, debi\u00f3 acogerse el fallo C-507 de 1997 (folios 114 y 115, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Circunscrita la Sala al estudio de la impugnaci\u00f3n presentada, se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo constitucional de primer grado, comoquiera que no son de recibo los argumentos expuestos por el impugnante, toda vez que precisamente es la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil la que debe resolver los recursos de apelaci\u00f3n formulados frente a las resoluciones de 25 y 26 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la determinaci\u00f3n que adopte dicha entidad confirmara o revocara la proferida por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Cali, por lo que no es dable emitir alguna orden con miras a que se revoque la decisi\u00f3n que actualmente se encuentra impugnada, pues, se repite, es a la Comisi\u00f3n acusada a la que le corresponde adelantar ese estudio y determinar si modifica la decisi\u00f3n acogiendo o no la argumentaci\u00f3n expuesta por el accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, no es dable que el juez constitucional se anticipe a las decisiones que all\u00ed deben adoptarse, pues, se repite, el amparo fue concedido para que la Comisi\u00f3n acusada se pronuncie sobre el punto, sin que sea viable que se desplace a los funcionarios a los que se les asign\u00f3 el conocimiento de la controversia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Adem\u00e1s, es evidente que si la inconformidad del gestor persiste luego de resueltas tales censuras por parte de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, para controvertir esos actos de la administraci\u00f3n, cuenta con la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, mecanismo al interior del cual cuenta con la oportunidad de reclamar medidas cautelares, todo lo cual demuestra la inviabilidad de su ruego frente a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cali, incluso, como mecanismo transitorio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01, reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC3180-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2017-00049-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99934","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99934","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99934"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99934\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99934"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99934"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99934"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}