{"id":99936,"date":"2026-06-25T19:39:30","date_gmt":"2026-06-25T19:39:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3182-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:39:30","modified_gmt":"2026-06-25T19:39:30","slug":"stc3182-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3182-2017\/","title":{"rendered":"STC3182-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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S  TC3182-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00060-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 2 de febrero de 2017, que neg\u00f3 la tutela de Alina Leonor Cuan Fuentes contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes de la causa judicial promovida por la aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La demandante a trav\u00e9s de agente oficioso, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de vida digna, trabajo, m\u00ednimo vital, debido proceso, protecci\u00f3n de la tercera edad y seguridad social, presuntamente vulnerados por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

2.        Manifiesta que a la accionante, por Resoluci\u00f3n 641 de 12 de marzo de 2012, le fue reconocida sustituci\u00f3n pensional como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Rafael Emilio Camargo Maestre, quien en vida promovi\u00f3 demanda laboral solicitando el reajuste y reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n, asunto resuelto a su favor en primera instancia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que si bien fue interpuesto por la entidad demandada el recurso de casaci\u00f3n, el Tribunal consider\u00f3 que la sentencia impugnada, en su espec\u00edfico caso, no era susceptible del mismo debido por la cuant\u00eda, sin embargo, desde el 19 de septiembre de 2012, el proceso se encuentra en la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a pesar de haber sido denegado el recurso por el Tribunal, raz\u00f3n por la que no comprende por qu\u00e9 fue enviado el proceso si el recurso no fue concedido, y tambi\u00e9n si desde el 2012 lleg\u00f3 el expediente a la se\u00f1alada Corporaci\u00f3n, no se ha proferido decisi\u00f3n definitiva, situaci\u00f3n que mengua los derechos fundamentales de la actora, quien adem\u00e1s de ser una persona de la tercera edad, 82 a\u00f1os, sufre de varias dolencias f\u00edsicas.  <\/span><\/p>\n

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3.        Pide en consecuencia que \u00ab(\u2026) se ordene a la H. Corte Suprema de Justicia-Sala Laboral a realizar la devoluci\u00f3n inmediata del proceso laboral (expediente) respecto del demandante Rafael Emilio Camargo (q.e.p.d) (\u2026) al sentenciador de origen el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta (\u2026) [y] exija el cumplimiento de la sentencia a la entidad demandada, teniendo en cuenta los intereses a que haya lugar y la respectiva indexaci\u00f3n\u00bb (ff. 1 a 5, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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1.        El Magistrado Ponente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral precis\u00f3 que \u00ab(\u2026) no es posible la devoluci\u00f3n del expediente por cuanto se encuentra pendiente resolver el recurso de casaci\u00f3n, el cual en materia laboral se concede en efecto suspensivo y por tanto no se puede hacer efectiva la ejecutoria que alega el accionante\u00bb  (f. 60, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, inform\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia del proceso incoado por varios demandantes entre ellos Rafael Emilio Camargo Maestre, en contra del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y aclar\u00f3 que mediante auto de 23 de septiembre de 2012, concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada (ff. 63 y 64, ib.)  <\/span><\/p>\n

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3.        El Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, dijo no ser la llamada a responder por las pretensiones de la accionante, en el entendido que la sentencia en cuesti\u00f3n no se encuentra debidamente ejecutoriada (ff. 69 a 73, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda al estimar improcedente la petici\u00f3n, pues actualmente el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 en tr\u00e1mite y explic\u00f3 que \u00ab(\u2026) el hecho que respecto de una de las partes involucradas en el proceso laboral no se haya concedido el recurso extraordinario no implica afirmar que su situaci\u00f3n jur\u00eddica se haya definido y se ejecutable, toda vez que, el fallo de segunda instancia es de naturaleza indivisible y la trayectoria que sigue hacia su firmeza es \u00fanica, aunque sea plural el n\u00famero de afectados con \u00e9l, de tal manera que el asunto en su integridad debe ser analizado por la Corte Suprema de Justicia, pues resultan jur\u00eddicamente inadmisibles las ejecutorias parciales (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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En todo caso precis\u00f3 igualmente que la querellante cuenta con la posibilidad de acudir a instancias como la vigilancia judicial administrativa o las acciones disciplinarias si lo que alega es una hipot\u00e9tica mora injustificada, o demostrar ante la Sala accionada la necesidad de priorizar el estudio de su caso y modificar en su favor el sistema de turnos (ff. 81 a 92, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Inconforme con la decisi\u00f3n, el agente oficioso cuestiona que no se analiz\u00f3 el fondo de los derechos conculcados y concretamente la situaci\u00f3n de su representada teniendo en cuenta su avanzada edad y su precario estado de salud.  Aclara que no critica la mora de la Corte para resolver el caso sino el que no se hayan valorado las condiciones de Alina Leonor.  Concluy\u00f3 insistiendo que, al no concederse el recurso de casaci\u00f3n por parte del Tribunal, la Corte Suprema de Justicia perdi\u00f3 competencia para pronunciarse sobre el concreto asunto de Rafael Emilio Camargo Maestre (ff. 98 a 100, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme a lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo extraordinario establecido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i)\u201cQue la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (\u2026) (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable;(\u2026) (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (\u2026) (iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (\u2026)(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(\u2026) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (\u2026)\u201d. (CC. Sentencias C-590 de 2005; SU-198 de 2013)  <\/span><\/p>\n

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Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de cada uno de los se\u00f1alados requisitos, y forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado por el actor desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, la tutela no puede prosperar.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al sublite, examinado lo aportado a la actuaci\u00f3n y concretamente lo aducido por la Sala querellada, se tiene que la causa laboral que le corresponde dirimir comprende un n\u00famero plural de demandantes, entre ellos el causante pensional de la se\u00f1ora Alina Leonor Cuan Fuentes.   <\/span><\/p>\n

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La entidad demandada en dicho proceso interpuso recurso de casaci\u00f3n frente a la sentencia que en segunda instancia le fue desfavorable, siendo concedido el mismo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta mediante auto 043 de 23 de julio de 2012, en el que se dispuso lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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Resulta evidente que al tratarse de un solo tr\u00e1mite los efectos procesales necesariamente vinculan a todos los promotores, impidiendo, tal cual lo razon\u00f3 el a quo constitucional, la ejecutoria parcial de la sentencia de segunda instancia, entre otras cosas porque tal situaci\u00f3n no est\u00e1 prevista en nuestro ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si bien frente a Rafael Emilio Camargo Maestre el recurso presentado por la demandada no fue concedido por el Tribunal, s\u00ed lo fue respecto de la mayor\u00eda de los otros sujetos procesales, circunstancia que impide la firmeza del fallo hasta tanto no se resuelva en su integridad.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, en materia laboral es aplicable el art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso, por remisi\u00f3n expresa del 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, precis\u00e1ndose que las providencias cobran firmeza entre otros escenarios \u00abcuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos\u00bb, lo que significa que al haberse concedido el recurso extraordinario que involucra a algunos de los solicitantes sin que haya sido resuelto hasta ahora, no puede admitirse la pretensi\u00f3n de la quejosa que busca la devoluci\u00f3n del expediente al Juzgado de origen en virtud del efecto suspensivo caracter\u00edstico de las sentencias de la especialidad laboral.  <\/span><\/p>\n

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En definitiva, se insiste, las ejecutorias fragmentarias de los fallos judiciales no fueron contempladas por el Legislador para ninguna de las jurisdicciones, y ello es as\u00ed con el prop\u00f3sito de guardar concordancia l\u00f3gica con los principios esenciales del procedimiento y concretamente del recurso de casaci\u00f3n, por cuanto las sentencias de instancia conforman una unidad jur\u00eddica inescindible que implica una ejecutoria unificada, independientemente que se hubiese interpuesto o no el recurso o se hubiese concedido solo respecto de unos y de otros no.  <\/span><\/p>\n

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Es por ello que no se evidencia que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral haya incurrido en afectaci\u00f3n de derecho fundamental alguno, puesto que, tal como se ha precisado, su actuaci\u00f3n se ajust\u00f3 a los preceptos legales procedimentales ya relacionados respecto a la ejecutoria legal de las providencias judiciales.  <\/span><\/p>\n

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3.        Ahora bien, debe memorarse que la acci\u00f3n de tutela deviene impropia cuando en el decurso de un tr\u00e1mite procesal, ordinario o especial, se alega el presunto quebranto de alg\u00fan derecho fundamental cuyo restablecimiento es imperioso buscar al interior del mismo proceso mediante los mecanismos all\u00ed dispuestos, m\u00e1s no por la v\u00eda de amparo constitucional que, por su naturaleza residual y subsidiaria, no es constitutiva de una instancia adicional y menos admitirse como instrumento paralelo o alternativo desquiciador de los procedimientos ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior para indicar que la querellante debe acudir a la Sala acusada y plantear la situaci\u00f3n de vulnerabilidad manifiesta en raz\u00f3n de su avanzada edad y los quebrantos de salud que refiere en la demanda, circunstancia que impondr\u00eda revisar la posibilidad de asignar una prioridad especial a la decisi\u00f3n que la involucra en detrimento del sistema de turnos, pero se trata de una medida que corresponde tomar de manera exclusiva a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ante la que no se ha acudido, porque no es el juez de tutela el llamado a intervenir en competencias ajenas y menos cuando no se ha agotado la instancia ante el funcionario encargado.  <\/span><\/p>\n

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3.        Los razonamientos precedentes se imponen aptos para confirmar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente         S  TC3182-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00060-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99936","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99936"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99936\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}