{"id":99939,"date":"2026-06-25T19:39:53","date_gmt":"2026-06-25T19:39:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3185-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:39:53","modified_gmt":"2026-06-25T19:39:53","slug":"stc3185-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3185-2017\/","title":{"rendered":"STC3185-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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STC3185-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2017-00014-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 25 de enero de 2017, dentro de las acciones de tutela acumuladas que promovieron Ren\u00e9 Pic\u00f3n Acevedo, Gloria Amparo Ni\u00f1o G\u00f3mez, Leydi Liliana Ni\u00f1o G\u00f3mez y Laura Andrea \u00c1lvarez P\u00e9rez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bucaramanga y la Inspecci\u00f3n Segunda de Polic\u00eda de Floridablanca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso Ejecutivo Hipotecario n\u00ba 2014-00178.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando en nombre propio, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abdignidad humana\u00bb, m\u00ednimo vital, buena fe y de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, al disponer la diligencia de entrega del inmueble como consecuencia de un remate surtido en la referida ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       2.        En s\u00edntesis, adujeron que Ren\u00e9 Pic\u00f3n Acevedo, hijo de quien figuraba como \u00abtitular del derecho de dominio\u00bb del inmueble ubicado en la calle 17 n\u00ba 28-77 de Floridablanca, como \u00abposeedor de buena fe\u00bb, les arrend\u00f3 el predio a las dem\u00e1s accionantes, y ahora todos \u00abnos estamos perjudicando\u00bb ante el inminente desalojo anunciado por la Inspecci\u00f3n Segunda de Polic\u00eda de esa localidad para el 16 de enero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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       Se\u00f1alaron que esa diligencia se dispuso dentro de un proceso ejecutivo que conoce el juzgado accionado, en raz\u00f3n a que la mam\u00e1 del poseedor en menci\u00f3n, hab\u00eda transferido la propiedad de ese bien a otro de sus hijos (Oscar Leonel Pic\u00f3n Acevedo), quien a su vez lo comprometi\u00f3 con hipoteca.  <\/span><\/p>\n

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Critic\u00f3 el primero de los demandantes a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de no haber fijado fecha y hora exacta para llevar a cabo la entrega, a efectos de \u00abestar preparado e informar debidamente a mi defensor\u00bb para realizar la oposici\u00f3n, las dem\u00e1s  interesadas se quejan de que se enteraron de esa situaci\u00f3n solo hasta el pasado 11 de enero, \u00aby no tenemos capacidad econ\u00f3mica, como para realizar una reubicaci\u00f3n en tiempo record\u00bb, y que pese a haber solicitado verbalmente el aplazamiento de esa diligencia, la funcionaria lo neg\u00f3.  <\/span><\/p>\n

       3. Pretenden se ordene \u00absuspender la diligencia\u00bb prevista para el 16 de enero de 2017, y en su lugar, \u00abfijar nueva fecha para una oportunidad distinta que no perjudique nuestra indemnidad familiar como tenedoras de buenas fe. Garant\u00edas, de reacomodaci\u00f3n a la familia en condiciones dignas\u00bb (fls. 1 a 4, cds. 1, 2 y 3).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1. La Juez Primera Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bucaramanga pidi\u00f3 negar el amparo, para lo cual inform\u00f3 que \u00abno se formul\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro y para llevar a cabo el dictamen pericial se hizo necesario el allanamiento, diligencia que fue atendida por el se\u00f1or RENE PIC\u00d3N ACEVEDO, por lo cual estaba enterado del tr\u00e1mite del proceso. Que el inmueble fue rematado por el tercero PEDRO VICENTE CUADROS TORRES (\u2026) quien inscribi\u00f3 en el respectivo folio la subasta\u00bb, que ante la informaci\u00f3n del secuestro \u00absobre la imposibilidad de entrega, se libr\u00f3 despacho comisorio para ello\u00bb. Acot\u00f3 que con anterioridad se hab\u00eda declarado improcedente una tutela que buscaba suspender el desalojo bajo el argumento \u00abque se adelanta proceso de simulaci\u00f3n\u00bb (fl. 13, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. Luz Mireya Afanador Amado, en su calidad de secuestre dentro del referido proceso ejecutivo, manifest\u00f3 que no ejerci\u00f3 la administraci\u00f3n del bien en cuesti\u00f3n ya que \u00abestaba habitado por los propietarios\u00bb y que para entreg\u00e1rselo al rematante, el juzgado comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda \u00aben vista de la negativa de entregar el inmueble voluntariamente por las personas que lo ocupaban\u00bb (fl. 21, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Tras descartar la existencia de cosa juzgada constitucional en relaci\u00f3n con la anterior tutela, neg\u00f3 \u00e9sta al evidenciar que pese a haberse accedido a la suspensi\u00f3n provisional de la diligencia, \u00aben este momento no se encuentra fundamento alguno para mantener tal medida, como quiera que dicha fecha ya transcurri\u00f3, y por tanto estamos ante una carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb, dando lugar a su levantamiento, pues inicialmente record\u00f3 que el se\u00f1or Ren\u00e9 Pic\u00f3n Acevedo no se opuso a la diligencia de secuestro \u00abpracticada el 17 de Diciembre de 2014\u00bb, permitiendo que el  bien sobre el cual ahora reclama posesi\u00f3n, quedara legalmente vinculado al juicio.   <\/span><\/p>\n

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Rechaz\u00f3 la posibilidad de fijar nueva fecha, pues el accionante \u00abconoc\u00eda de la existencia del proceso y del remate del inmueble cuya consecuencia apareja la entrega\u2026  bien sea de forma voluntaria o mediante el desalojo, y por tanto debi\u00f3 iniciar su b\u00fasqueda de otro inmueble para fijar su residencia, e igualmente preavisar a sus inquilinos sobre la inminente entrega del bien\u2026\u00bb, y \u00abel hecho de existir un contrato de arrendamiento\u2026 no impide que se lleve a cabo la diligencia de entrega al rematante, como quiera que el contrato que hayan celebrado con quien adujo ser el poseedor del bien  no influye en lo decido (sic) en el proceso\u2026 y no le es oponible al adjudicatario\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que si no se fij\u00f3 \u00abuna hora exacta\u00bb para realizar la diligencia, ello obedece a que \u00e9stas se van desarrollando seg\u00fan los turnos de las distintas gestiones que diariamente realizan a las autoridades de polic\u00eda (fls. 21 a 41, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el promotor inicial del resguardo cuestionando que el Tribunal a-quo no tuvo en cuenta las facultades ultra y extra petita que pudiera satisfacer plenamente lo pretendido, cual era evitar el desalojo suyo y de las personas que habitan el inmueble, en tanto no otorg\u00f3 \u00ablas garant\u00edas de reacomodaci\u00f3n\u00bb a las familias para vivir en condiciones dignas, y el hecho de que hubiera suspendido provisionalmente la diligencia para luego disponer que se reanude, no configura la carencia actual de objeto por hecho superado, pues lo que se busca es que los interesados cuenten con \u00abuna protecci\u00f3n real y efectiva\u00bb a los derechos invocados (fls. 50 a 53, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo precedente, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

2. Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan la cual uno de los principios esenciales que orienta la tutela es el de subsidiariedad, del estudio de los hechos expuestos por los ac\u00e1 reclamantes y el cotejo de \u00e9stos con la informaci\u00f3n incorporada en el expediente, deviene improcedente el amparo incoado, como quiera que es evidente el desaprovechamiento del instrumento judicial id\u00f3neo con el que contaba para procurar la defensa adecuada de los derechos que estima conculcados.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, el comportamiento incurioso del se\u00f1or Pic\u00f3n Acevedo, no abre camino a la protecci\u00f3n excepcional invocada, en tanto como \u00abposeedor de buena fe\u00bb, al interior del proceso y en su debida oportunidad, dej\u00f3 de utilizar los medios defensivos que la ley prev\u00e9 para los efectos ahora pretendidos, esto es, no se opuso a la diligencia de secuestro que fuera practicada el 17 de diciembre de 2014, ni intent\u00f3 la restituci\u00f3n prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 687 del anterior ordenamiento adjetivo.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior conlleva a que una vez rematado el bien, si el secuestre no hizo entrega del mismo al adjudicatario aduciendo falta de voluntad de quienes lo ocupan, se disponga el cumplimiento forzado de la orden judicial conforme a lo establecido en el art\u00edculo 456 del C\u00f3digo General del Proceso, advirtiendo que en esa diligencia no se admitir\u00e1n oposiciones.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, sin que previamente se hubiera intentando acudir ante el juez de la causa, empleando el suficiente fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico el remedio ahora invocado, no es dable acudir a la acci\u00f3n constitucional, pues la Corte reitera que la tutela no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, en la medida en que \u00e9sta no puede considerarse una instancia adicional, y el juez del amparo no puede ser visto como un operador paralelo de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el proceso, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada STC12221-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00202-01).  <\/span><\/p>\n

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Esta Corte ha dejado sentado que en las condiciones antes descritas, es evidente la improcedencia del auxilio, porque el expediente muestra la preclusi\u00f3n de la oportunidad para hacer uso de los instrumentos id\u00f3neos de impugnaci\u00f3n, a lo que en invariable l\u00ednea de pensamiento sostiene:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada entre otras en STC17473-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00566-01).  <\/span><\/p>\n

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3. Adicionalmente, en cuanto a la entrega del inmueble ordenada luego de agotadas todas las etapas del ejecutivo hipotecario, de cuyo tr\u00e1mite no se advierte afectaci\u00f3n a derecho fundamental o una situaci\u00f3n especial que impida su pr\u00e1ctica, la Sala ha se\u00f1alado que este tipo de diligencias:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016).  <\/span><\/p>\n

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En otra ocasi\u00f3n esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que: \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016).  <\/span><\/p>\n

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4. Finalmente, frente a la posibilidad de la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, cabe precisar que la pasividad del reclamante para recurrir en oportunidad las decisiones por las que ahora se duele, reflejan un comportamiento incurioso e injustificado donde la tutela \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo tr\u00e1mite se resuelva definitivamente acerca de la vulneraci\u00f3n iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo\u00bb (CC T-480\/11). Subraya la Sala.  <\/span><\/p>\n

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Bajo tales perspectivas, no se avizora ninguna amenaza de vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los tenedores y a sus familias, ni que haya necesidad de analizar siquiera la posibilidad de una \u00abreacomodaci\u00f3n\u00bb, pues inclusive la diligencia de desalojo se encuentra suspendida, como lo inform\u00f3 la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Floridablanca en oficio fechado el 22 de febrero de 2017 (fl. 4, cd. Corte).  <\/span><\/p>\n

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5. En consecuencia, con las precisiones esgrimidas en precedencia, se ratificar\u00e1 la negaci\u00f3n del amparo implorado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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