{"id":99943,"date":"2026-06-25T19:40:23","date_gmt":"2026-06-25T19:40:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3190-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:40:23","modified_gmt":"2026-06-25T19:40:23","slug":"stc3190-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3190-2017\/","title":{"rendered":"STC3190-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-10-000-2016-00385-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de enero de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pablo Antonio Jim\u00e9nez Betancur contra el Juzgado Catorce de Familia de Oralidad de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Luz Elena de Jes\u00fas Jim\u00e9nez Betancur, el Defensor de Familia y el Agente del Ministerio P\u00fablico, adscritos al referido despacho.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se \u00abdeje sin vigencia o revoque la decisi\u00f3n de la Juez 14\u2026, en el sentido de rechazar la demanda\u00bb; que se le \u00abimpartan instrucciones precisas a la\u2026 accionada en el sentido de admitir dicha demanda, decretar las medidas cautelares solicitadas y dejar el litigio a las partes, es decir, para que no ejerza simult\u00e1neamente las veces de Juez y parte\u00bb (folios 2 y 3, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Pablo Antonio y Luz Elena de Jes\u00fas Jim\u00e9nez Betancur promovieron un juicio de alimentos en contra de Ra\u00fal de Jes\u00fas Jim\u00e9nez Betancur, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Catorce de Familia de Oralidad de Medell\u00edn.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Mediante prove\u00eddo de 22 de agosto de 2016 el referido estrado inadmiti\u00f3 la demanda con el fin de que se acreditara que se agot\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad y se aportara copia del libelo para el Ministerio P\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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2.3. En auto de 2 de septiembre siguiente el juzgador acusado rechaz\u00f3 la demanda por ausencia de subsanaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Indic\u00f3 el accionante que no era obligatorio el requisito de conciliaci\u00f3n prejudicial, pues solicit\u00f3 el decreto de medidas cautelares conforme con el art\u00edculo 35 de la Ley 640 de 2001, entre ellas, el embargo y secuestro de un inmueble, del derecho que tiene el demandado en una sucesi\u00f3n y de los saldos de las cuentas que aquel tuviera.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Adujo que el juzgador hizo caso omiso a lo anterior \u00abcon fines de denegar justicia y proceder por las v\u00edas de hecho\u00bb; la demanda fue objeto de \u00abpaseo judicial\u00bb, pues la conocieron los Juzgados Segundo, Once y Catorce de Familia de Medell\u00edn; el estrado convocado interpret\u00f3 err\u00f3neamente la aludida Ley 640 de 2001, \u00abaplic\u00e1ndola en forma parcializada y perjudicial\u00bb (folios 1 y 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.6. Agreg\u00f3 que las decisiones judiciales no cobran obligatoriedad por su ejecutoria sino por su legalidad; y la demanda se instaur\u00f3 con el fin de solicitar alimentos para personas de la tercera edad contra quien \u00abadministra el \u00fanico bien relicto de la sucesi\u00f3n de [sus] finados padres\u00bb (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda 145 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia refiri\u00f3 que la actuaci\u00f3n del juzgador cuestionado se ajust\u00f3 a las normas sustantivas y procesales   pertinentes; que no se puede obviar el agotamiento del requisito de procedibilidad \u00absolicitando unas medidas cautelares que no proceden en este tipo de procesos\u00bb, pues si bien puede acudir directamente a la jurisdicci\u00f3n sin dicha exigencia, \u00abello es posible cuando la medida previa solicitada se ajusta a los lineamientos legales o es una medida innominada [por lo que] ser\u00e1 el juez en quien a su prudente juicio determinara si\u2026 es viable\u00bb; que las cautelas deprecadas no corresponden con el tipo de juicio que se pretende adelantar, por lo que la negativa es ajustada a derecho; que no se pueden decretar medidas que no est\u00e9n permitidas por el legislador; que para incoar una demanda es necesario agotar los \u00f3rdenes que prev\u00e9 el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, norma en la que \u00abno aparece el supuesto rese\u00f1ado por el tutelante, cual es la obligaci\u00f3n que tiene su hermano como administrador del \u00fanico bien relicto de la sucesi\u00f3n de sus finados padres\u00bb; y no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno (folio 12, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Catorce de Familia de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que el promotor no hizo uso de los mecanismos ordinarios de defensa, por lo que no cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad. Remiti\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n surtida.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el peticionario no interpuso recurso de reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo de 2 de septiembre de 2016, que rechaz\u00f3 la demanda incoada, pese a que ese auto se notific\u00f3 por estado, aceptando as\u00ed la determinaci\u00f3n proferida; y la decisi\u00f3n no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por lo que se encuentra habilitado para promoverla nuevamente con el cumplimiento de los requisitos legales, a efectos de reclamar los alimentos.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n aduciendo que el magistrado del Tribunal Constitucional no se declar\u00f3 impedido, pese a que fall\u00f3 dos veces la tutela, a lo que debe agregarse que el quejoso afirm\u00f3 que entre \u00e9l y el referido funcionario exist\u00eda una evidente enemistad derivada de rec\u00edprocas denuncias penales y disciplinarias; que ante la decisi\u00f3n del estrado acusado, el que \u00abni siquiera libr\u00f3 auto de inadmisi\u00f3n de la demanda\u00bb, por \u00absensatez y econom\u00eda procesal\u2026 era superfluo alg\u00fan recurso\u00bb; y en el libelo solicit\u00f3 como medida cautelar la fijaci\u00f3n de alimentos provisionales, lo que para el estrado no constituye una cautela ni est\u00e1 contemplado en el art\u00edculo 35 de la Ley 640 de 2001 (folio 67, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.   De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el promotor del resguardo desperdici\u00f3 los medios de defensa con los que contaba para exponer sus reclamos.  <\/span><\/p>\n

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Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01).  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, en cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada 15 may. y 17 oct. 2012, rads. 2012-00017-01 y 2012-02127-00; STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00).  <\/span><\/p>\n

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3. De otro lado, en lo atinente al argumento expuesto en la impugnaci\u00f3n, respecto a que el magistrado ponente del Tribunal Constitucional se encontraba impedido para fallar por segunda vez la tutela, se advierte que ello no constituye impedimento alguno; adem\u00e1s no se acredit\u00f3 la supuesta existencia de mutuas denuncias disciplinarias y penales entre el tutelante y el mentado funcionario, que, en sentir del primero, acreditaban la causal de apartamiento; y conforme con el art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991 en esta sede excepcional no es procedente la recusaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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