{"id":99944,"date":"2026-06-25T19:40:35","date_gmt":"2026-06-25T19:40:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3191-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:40:35","modified_gmt":"2026-06-25T19:40:35","slug":"stc3191-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3191-2017\/","title":{"rendered":"STC3191-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       STC3191-2017          <\/span><\/p>\n

  Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00025-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 8 de febrero de 2017, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Alcalde de ese Municipio, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico de la Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el querellante promovi\u00f3 el amparo constitucional de la referencia, tras considerar que la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus derechos fundamentales en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular N\u00ba \u00ab2015-318-01\u00bb contra el Banco Davivienda S.A, Santander de Quilichao \u2013 Cauca.  <\/span><\/p>\n

2. Manifiesta, en resumen, que el juez encartado le exigi\u00f3 cumplir con requisitos que no est\u00e1n contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1.998, concretamente que aportara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad financiera demandada, y, a su vez, que desconoci\u00f3 \u00ababiertamente lo ordenado en TUTELA por la H Corte Suprema de Justicia SCC \u2013 Rad 66001-22-13-000-2016-000878-01\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Afirma, que la negativa a conceder el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la providencia que rechaz\u00f3 la demanda es contraria a \u00ablo decidido en sala plena por el H Consejo de Estado en sentencia de numero 25000-23-24-000-2002-02188-01\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. En virtud de lo enunciado, considera vulneradas  sus \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb y pide, en consecuencia, aplicar los precedentes enunciados, que le sea admitida la acci\u00f3n popular, y que se le conceda el recurso de apelaci\u00f3n (ff. 1 y 2, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Promiscuo del Circuito de la Virginia remiti\u00f3 en medio magn\u00e9tico las copias solicitadas y se opuso a todas las pretensiones formuladas por el recurrente afirmando que \u00abel accionante dejo vencer los t\u00e9rminos procesales sin cumplir con la carga procesal que le fue asignada\u00bb (ff. 7 a 9, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Alcalde Municipal de ese lugar, manifest\u00f3 que en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular no se ha observado negaci\u00f3n al acceso a la justicia o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales, y que \u00aben el expediente puede evidenciarse el cumplimiento de las instancias procesales y actuaciones por el accionante\u00bb (f. 16, ib).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Procuradur\u00eda Regional Risaralda, inform\u00f3 que para dar cumplimiento a lo ordenado en el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998 ha designado a diferentes profesionales de esa entidad, en virtud de las acciones populares presentadas por el actor; plantea adem\u00e1s que la situaci\u00f3n arg\u00fcida es ajena a su funci\u00f3n, por lo cual pide su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (fl. 18 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n con fundamento en que \u00abel juez accionado adopt\u00f3 sus decisiones con fundamento en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que en ning\u00fan momento se puede tachar de caprichosa\u00bb (ff. 32 a 37, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El querellante solicit\u00f3 se aplicaran las normas de orden p\u00fablico en la acci\u00f3n popular (f. 39, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia vulner\u00f3 la prerrogativas denunciadas al (i) rechazar la acci\u00f3n popular que refiere el peticionario, al no haber cumplido con la carga procesal que le fue impuesta consistente en aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad demandada y (ii) al negar la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n frente al prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Para el an\u00e1lisis que se efect\u00faa se encuentra demostrado lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Mediante providencia de 6 de noviembre de 2016 el juzgado acusado inadmiti\u00f3 la demanda para que el recurrente aportara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad financiera accionada, posteriormente el d\u00eda 8 del mismo mes y a\u00f1o resolvi\u00f3 rechazarla de plano, toda vez que el actor popular no subsan\u00f3 lo relacionado (f. 24, ib\u00eddem ).      <\/span><\/p>\n

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2.2. El 9 de noviembre de 2016, el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n frente al auto de rechazo (f. 25 v, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.3. El 19 de enero de 2017, el despacho judicial dispuso no reponer el auto de 8 de noviembre de 2016 y declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto (f. 27 v, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones en el proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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3.1. Respecto de personas jur\u00eddicas, particularmente de sociedades comerciales, es preciso acreditar su existencia y representaci\u00f3n para efectos de la verificaci\u00f3n de los presupuestos de capacidad para ser parte y para comparecer a juicio, seg\u00fan se desprende de los art\u00edculos 53, 54, 84-2 y 85 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Para ello, es necesario contar con el elemento de juicio id\u00f3neo, mismo que antes concern\u00eda aportar principalmente al demandante y que en la actualidad no puede exigirse por el Juez cuando se trate de personas jur\u00eddicas de derecho privado cuya informaci\u00f3n \u00abconste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla\u00bb, tal cual lo establece el mentado precepto 85 del ib\u00eddem, al igual enfatiza: \u00abCuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La anterior disposici\u00f3n que resulta coherente con los esfuerzos encaminados a procurar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones al interior del proceso (art. 103 del C.G.P.), encuentra sentida relevancia en la acci\u00f3n popular, donde su car\u00e1cter de mecanismo constitucional para la defensa de derechos e intereses colectivos, exigi\u00f3 que el legislador haya enfatizado la aplicaci\u00f3n de los principios de \u00abprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u00bb, los cuales deben materializarse por v\u00eda del impulso oficioso, preferente y proactivo por parte del Juez en orden a obtener una decisi\u00f3n de fondo, as\u00ed como del otorgamiento de facilidades para la formulaci\u00f3n de la \u00abdemanda o petici\u00f3n\u00bb (arts. 5, 6, 14, 17, 18, entre otros de la Ley 472 de 1998).  <\/span><\/p>\n

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4. La Ley 472 de 1.998 consagra lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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Art\u00edculo    18\u00ba.- Requisitos de la Demanda o Petici\u00f3n. Para promover una acci\u00f3n popular se presentar\u00e1 una demanda o petici\u00f3n con los siguientes requisitos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) La indicaci\u00f3n del derecho o inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado;  <\/span><\/p>\n

b) La indicaci\u00f3n de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petici\u00f3n;  <\/span><\/p>\n

c) La enunciaci\u00f3n de las pretensiones;  <\/span><\/p>\n

d) La indicaci\u00f3n de la persona natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;  <\/span><\/p>\n

e) Las pruebas que pretenda hacer valer;  <\/span><\/p>\n

f) Las direcciones para notificaciones;  <\/span><\/p>\n

g) Nombre e identificaci\u00f3n de quien ejerce la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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La demanda se dirigir\u00e1 contra el presunto responsable del hecho u omisi\u00f3n que la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenar\u00e1 su citaci\u00f3n en los t\u00e9rminos en que aqu\u00ed se prescribe para el demandado.  <\/span><\/p>\n

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5. Bajo el contexto que viene de verse, resulta claro que la exigencia de aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, no est\u00e1 dispuesta en la norma transcrita, es por ello que, mal pod\u00eda el fallador exigir al demandante el cumplimiento de requisitos que la norma especial aplicable al caso concreto no contempla y mucho menos, proceder al rechazo de la acci\u00f3n popular como consecuencia de la ausencia de subsanaci\u00f3n, tal como procedi\u00f3 en virtud del prove\u00eddo de 8 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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6. Corolario de lo discurrido, se impone revocar el fallo impugnado y en su lugar se conceder el amparo implorado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En su lugar, por las razones expuestas en este pronunciamiento, se CONCEDE la tutela solicitada por el accionante, y en consecuencia dispone:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia que en el t\u00e9rmino improrrogable de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de \u00e9sta providencia, deje sin efecto la actuaci\u00f3n objeto de queja a partir del auto inadmisorio de la demanda, inclusive, y en su lugar le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.          <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente             STC3191-2017             Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00025-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99944","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99944","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99944"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99944\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99944"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99944"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99944"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}