{"id":99945,"date":"2026-06-25T19:40:41","date_gmt":"2026-06-25T19:40:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3192-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:40:41","modified_gmt":"2026-06-25T19:40:41","slug":"stc3192-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3192-2017\/","title":{"rendered":"STC3192-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

STC3192-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2017-00012-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 1\u00ba de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Personero Municipal de San Pedro (Valle del Cauca), como agente oficioso de los menores, L.J.L.G., F.N.A.G., J.E.O.V. y E.S.V., en contra del Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social; tr\u00e1mite al que fueron vinculados Dora Lilia Guti\u00e9rrez Vargas, la Unidad Administrativa Especial Para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y el Director Regional Valle del Departamento Administrativo Especial Para la Prosperidad Social.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El representante del Ministerio P\u00fablico, como agente oficioso de los citados menores, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n y prevalencia de los derechos fundamentales de \u00e9stos al debido proceso, al m\u00ednimo vital, a la salud, a la educaci\u00f3n y dem\u00e1s conexos, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, con ocasi\u00f3n de la suspensi\u00f3n de la inscripci\u00f3n del programa \u00abM\u00e1s Familias en Acci\u00f3n\u00bb desde el 25 de octubre de 2016, de Dora Lilia Guti\u00e9rrez Vargas, progenitora y abuela de los agenciados, lo que conllev\u00f3 a la suspensi\u00f3n desde el mes de noviembre siguiente del desembolso de los subsidios otorgados a favor de los menores beneficiarios.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 levantar la suspensi\u00f3n impuesta por la entidad accionada; ordenar efectuar el pago de los auxilios dejados de entregar para el n\u00facleo familiar de Dora Lilia Guti\u00e9rrez Vargas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Subsidiariamente, en caso de que no sea levantada la suspensi\u00f3n a la se\u00f1ora Guti\u00e9rrez Vargas, pidi\u00f3 disponer una medida alternativa para que los menores contin\u00faen recibiendo el beneficio (folio 29, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

           <\/span><\/p>\n

1. El agente oficioso, en apoyo de los anteriores pedimentos, en s\u00edntesis adujo:    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Que Dora Lilia Guti\u00e9rrez Vargas y su n\u00facleo familiar, integrado por sus hijos L.J.L.G. y F.N.A.G., as\u00ed como por sus nietos J.E.O.V. y E.S.V., aparecen inscritos en el Registro de V\u00edctimas de la Unidad Para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas del Conflicto Armado; que se encuentran domiciliados en el municipio de San Pedro (Valle del Cauca); que desde agosto de 2012 fueron incluidos como beneficiarios del programa \u00abM\u00e1s Familias en Acci\u00f3n\u00bb.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Que mediante sentencia proferida el 3 de mayo de 2016 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9, Guti\u00e9rrez Vargas fue condenada a la pena privativa de la libertad por el t\u00e9rmino de 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n, en cuanto fue encontrada responsable del punible de concierto para delinquir agravado, actualmente disfrutando del beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Que el pasado mes de noviembre los menores no recibieron el subsidio referido a espacio; que mediante oficio de 14 de diciembre siguiente el Director Regional de dicho programa en atenci\u00f3n al requerimiento elevado por Dora Lilia, por intermedio del agente oficioso, le inform\u00f3 que:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026luego de consultar\u2026 [el] sistema\u2026 la inscripci\u00f3n de la se\u00f1ora Dora Lilia Guti\u00e9rrez se encuentra en estado de suspendido desde el 25 de octubre de 2016, debido al reporte por parte de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, quien en su base de datos tiene el documento n\u00b0 29.784.994 perteneciente a la se\u00f1ora en menci\u00f3n, en estado de \u00abbaja por p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de los derechos [pol\u00edticos]\u00bb\u2026.   <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Que la entidad criticada desconoci\u00f3 las prerrogativas de sus agenciados al suspender el pago de la ayuda sin un fundamento legal v\u00e1lido, puesto que la resoluci\u00f3n n\u00b0 4134 de 25 de noviembre de 2015, por la que se estableci\u00f3 el Manual Operativo que reglament\u00f3 el aludido programa, no tiene contemplada como causal de retiro y\/o suspensi\u00f3n de un beneficiario del mismo, el hecho de que el documento de identidad se halle en estado de \u00abdado de baja o suspensi\u00f3n de derechos pol\u00edticos\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Que la negativa de girar los incentivos con apoyo en que la titular del n\u00facleo familiar tiene una restricci\u00f3n en el ejercicio de sus derechos pol\u00edticos, desconoce abiertamente los derechos de los menores, quienes son los destinatarios de tales beneficios.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Coordinador del Grupo de Trabajo de Acciones Constitucionales, Oficina Asesora Jur\u00eddica del Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, previamente manifest\u00f3 que no cuenta con asignaci\u00f3n presupuestal ni con la delegaci\u00f3n de funciones para cumplir \u00f3rdenes judiciales respecto de las acciones de tutela propuestas contra la entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tras se\u00f1alar que el Departamento ha dado cabal cumplimiento a sus funciones legales y a las \u00f3rdenes judiciales impartidas, solicit\u00f3 negar el amparo suplicado, dado que la inscripci\u00f3n de Dora Lilia Guti\u00e9rrez Vargas del programa \u00abM\u00e1s Familias en Acci\u00f3n\u00bb est\u00e1 suspendida desde el 25 de octubre de 2016, con ocasi\u00f3n del reporte de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, conforme al cual \u00e9sta aparece en \u00abestado de baja por p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de los derechos [pol\u00edticos]\u00bb; por lo tanto \u00fanicamente cuando se levante la suspensi\u00f3n de la familia, se activar\u00e1 el procedimiento de verificaci\u00f3n de requisitos y la liquidaci\u00f3n de los auxilios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que para que los menores pertenecientes a dicho n\u00facleo familiar no se vean afectados se puede efectuar un cambio de titular, en cuyo caso debe encontrarse \u00abfocalizada en el programa y debe certificar la custodia de los menores mientras el titular cumpla la totalidad de la condena y se levante dicha restricci\u00f3n en las diversas bases de datos del Estado\u00bb (folios 56 a 59, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal constitucional concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar que el manual operativo del programa \u00abM\u00e1s Familias en Acci\u00f3n\u00bb, prev\u00e9 las condiciones b\u00e1sicas de acceso a los subsidios all\u00ed establecidos, as\u00ed como las circunstancias que implican la p\u00e9rdida de los mismos.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Sin embargo, al verificar las causales de suspensi\u00f3n de dicho plan, advirti\u00f3 que no consagra \u00abla suspensi\u00f3n de los derechos pol\u00edticos\u00bb, derivada de una condena penal impuesta a la representante legal de un menor de edad que sea beneficiario del auxilio. Por consiguiente, no existe raz\u00f3n legal v\u00e1lida para negar o suspender la entrega del subsidio a favor de los menores hijos y nietos de Dora Lilia Guti\u00e9rrez Vargas por el hecho de que \u00e9sta estuviese cumpliendo una condena penal, lo que torn\u00f3 contraria a derecho la actuaci\u00f3n de la entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Orden\u00f3 al Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social levantar la suspensi\u00f3n de la actora del memorado plan y pagar los incentivos que no fueron entregados como consecuencia de esta circunstancia; tambi\u00e9n dispuso continuar suministrando la prestaci\u00f3n oportunamente, sin oponer requisitos no previstos en la Constituci\u00f3n, la ley y los instrumentos que disciplinan tal programa (folios 100 a 110, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

OTRO PRONUNCIAMIENTO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La Unidad Para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas solicit\u00f3 ser desvinculada de la acci\u00f3n constitucional, por cuanto no es responsable del quebrantamiento de los derechos de los menores reclamantes dado que no se encuentra entre sus funciones la de administrar el programa \u00abM\u00e1s Familias en Acci\u00f3n\u00bb (folio 117, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La entidad acusada apel\u00f3 la decisi\u00f3n que viene de rese\u00f1arse reiterando los argumentos expresados en la r\u00e9plica de la demanda de tutela, agregando que en atenci\u00f3n a que a la titular del programa le fueron \u00absuspendidos sus derechos civiles\u00bb, como consecuencia de la condena penal de la cual es sujeto, se hace necesario efectuar la novedad de cambio de titular, lo que conlleva a la inclusi\u00f3n de una persona no inscrita en el n\u00facleo familiar o trasladar la condici\u00f3n de titular a otro miembro del n\u00facleo; para el efecto explic\u00f3 el procedimiento que debe seguirse (folios 120 a 123, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Por consagraci\u00f3n constitucional y legal la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para la regular composici\u00f3n de los litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a menos que act\u00fae en la modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Del mismo modo, cuando la lesi\u00f3n actual o potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional precisa la pertinencia de la tutela de manera excepcional, es decir s\u00f3lo \u00abcuando se detecta una desviaci\u00f3n arbitraria, caprichosa o absurda del fallador\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 1999, rad. 6621; criterio reiterado en CSJ STC, 8 feb. 2012, rad. 02642-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, la petici\u00f3n tuitiva se dirige contra la actuaci\u00f3n del Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social que resolvi\u00f3 suspender la entrega del incentivo a favor de los menores accionantes beneficiarios del programa \u00abM\u00e1s Familias en Acci\u00f3n\u00bb, por cuanto la titular del n\u00facleo familiar, su progenitora y abuela, se encuentra con restricci\u00f3n de los derechos pol\u00edticos, en virtud de la sentencia condenatoria de 3 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9, aspecto este que no aparece previsto como causa de suspensi\u00f3n del pago del auxilio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en ST-587\/98, dijo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45).  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En un caso de similares contornos al de ahora, la Corte Constitucional explic\u00f3 que las autoridades judiciales o administrativas deben dar prevalencia a los derechos de los menores en eventos en que se hallen en contraposici\u00f3n dos m\u00e1s intereses, en tal virtud,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026el programa \u00abFamilias en Acci\u00f3n\u00bb debe enmarcarse en estos postulados y, toda decisi\u00f3n que rodee la entrega de los subsidios encaminados a beneficiar a los menores, siempre deben tener en cuenta la protecci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os, por encima de cualquier consideraci\u00f3n adicional (CC T-362\/15).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. De entrada, en el sub lite la Corte advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, comoquiera que la sanci\u00f3n penal accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un per\u00edodo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta a Dora Lilia Guti\u00e9rrez Vargas, titular del n\u00facleo familiar de los menores accionantes, no tiene porque afectar la entrega del auxilio monetario del cual son beneficiarios \u00e9stos de parte del programa \u00abM\u00e1s Familias en Acci\u00f3n\u00bb, dado que dicha sanci\u00f3n judicial no tiene ninguna relaci\u00f3n con ese plan del Gobierno Nacional.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, por cuanto dicho programa tiene como finalidad reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos de las familias colombianas que se encuentren en situaci\u00f3n de extrema necesidad y vulnerabilidad o en desplazamiento forzado, a trav\u00e9s de la transferencia de ayudas que est\u00e1n dirigidas directamente a favorecer el desarrollo de los menores de edad integrantes de tales n\u00facleos sociales, en factores tales como nutrici\u00f3n, salud y educaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a ello la suspensi\u00f3n de la entrega de las ayudas constituye una sanci\u00f3n adicional que no est\u00e1 consagrada legalmente para el delito por el cual fue sentenciada Dora Lilia Guti\u00e9rrez Vargas, y peor a\u00fan, los efectos de dicha condena se hicieron directamente extensivos a sus menores hijos y nietos1.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Recu\u00e9rdese que la suspensi\u00f3n en el ejercicio de derechos pol\u00edticos implica que el individuo est\u00e9 impedido para ejercer los derechos previstos en el art\u00edculo 40 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los cuales se refieren a la participaci\u00f3n activa y democr\u00e1tica en las decisiones que involucren el inter\u00e9s general; por lo tanto, los l\u00edmites de la restricci\u00f3n de tales derechos est\u00e1n determinados en dicha norma superior, lo que no implica un impedimento para continuar recibiendo los subsidios otorgados por el Estado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia de tutela referida a espacio, concluy\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026exist\u00eda una vulneraci\u00f3n al debido proceso administrativo, porque a la accionante se le est\u00e1 excluyendo de un beneficio social con base en una causal que no estaba prevista expresamente en el Programa M\u00e1s Familias en Acci\u00f3n, as\u00ed como una vulneraci\u00f3n al principio de legalidad, toda vez que a la actora se le estaba imponiendo una sanci\u00f3n que no estaba relacionada con su situaci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Al igual que en dicha oportunidad, debe esta Sala resaltar que la suspensi\u00f3n de derechos pol\u00edticos no implica la suspensi\u00f3n de las dem\u00e1s funciones que cumple el documento de identidad y tampoco afecta el derecho que le asiste a un individuo de ser beneficiario de un subsidio otorgado por el Estado2; en consecuencia, el DPS no puede hacer extensiva la restricci\u00f3n del ejercicio de los derechos pol\u00edticos de la accionante al ejercicio de otros derechos fundamentales, toda vez que hacerlo implicar\u00eda un desconocimiento al principio de legalidad y tipicidad de las sanciones3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta circunstancia cobra mayor gravedad al constatar que los subsidios negados como consecuencia de la suspensi\u00f3n, afectan directamente los derechos de los tres hijos menores de edad de la accionante. Como fue relatado en las consideraciones de esta sentencia, la finalidad de los subsidios entregados en el marco del programa \u00abM\u00e1s Familias en Acci\u00f3n\u00bb es garantizar a los hijos menores de edad de las familias beneficiadas, el acceso a los servicios de salud y educaci\u00f3n. En consecuencia, la decisi\u00f3n del DPS est\u00e1 desconociendo tanto los derechos de la actora, como de sus tres menores hijos, quienes, valga recordar, hacen parte de un grupo vulnerable de la poblaci\u00f3n y quienes, actualmente no cuentan con ingresos suficientes para garantizar el acceso al sistema educativo de los ni\u00f1os, unas condiciones de vida adecuadas y el pago de las obligaciones existentes en cabeza de la actora. Al respecto cabe recordar el pronunciamiento realizado por esta Corporaci\u00f3n en sentencia T-356 de 2002 con respecto a la importancia de estos subsidios,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEl subsidio se entrega a las personas pertenecientes a los sectores m\u00e1s pobres de la poblaci\u00f3n. En la medida que busca dar ayuda a los ni\u00f1os cuyos padres no cuentan con los medios econ\u00f3micos suficientes para satisfacer todas sus necesidades, se conecta con el derecho al m\u00ednimo vital que es protegido tutelarmente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Por consiguiente, se respaldar\u00e1 la sentencia de primer grado.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunci\u00f3 en un asunto an\u00e1logo en el mismo sentido, STP 10616-2015, 11 ag. 2015, rad. 81049.    <\/span><\/p>\n

2 Sentencia T-954 de 2014.    <\/span><\/p>\n

3 Ib\u00eddem.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente   STC3192-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2017-00012-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99945","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99945\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}