{"id":99948,"date":"2026-06-25T19:41:12","date_gmt":"2026-06-25T19:41:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3200-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:41:12","modified_gmt":"2026-06-25T19:41:12","slug":"stc3200-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3200-2017\/","title":{"rendered":"STC3200-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00530-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Central Finca Ra\u00edz S.A.S., contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9;  tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 y de todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio de la presente acci\u00f3n, la sociedad accionante, por intermedio de su representante legal, solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por la autoridad accionada por las v\u00edas de hecho en las que incurri\u00f3 al emitir el fallo de 8 de julio de 2016 tras desatar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por \u00e9l formulado contra la sentencia que dict\u00f3 el de 5 de marzo de 2013 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se deje sin valor ni efecto  la decisi\u00f3n de fecha preanotada y se dicte una nueva sentencia que en derecho y justicia corresponda.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La aqu\u00ed tutelante, promovi\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra Yeris\u00e9n Hern\u00e1ndez D\u00edaz con el prop\u00f3sito de que \u00e9ste \u00faltimo le restituyera el bien ubicado en la carrera 4 N\u00b0 24-45 de la ciudad de Ibagu\u00e9, tras invocar como causal de incumplimiento por parte de aquel, el no pago del reajuste de los c\u00e1nones de arrendamiento.  <\/span><\/p>\n

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2. Le correspondi\u00f3 conocer el asunto con radicado N\u00b0 2011-00044 al Jugado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9, quien en auto de 1\u00b0 de febrero de 2011, la admiti\u00f3 y orden\u00f3 el enteramiento de la parte pasiva.  <\/span><\/p>\n

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3. El demandado se notific\u00f3 por aviso, y por intermedio de apoderado judicial contest\u00f3 la demanda en la que formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de la causal invocada\u00bb, \u00abausencia de causa para demandar la restituci\u00f3n\u00bb, \u00abinexigibilidad e inexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abla derivada del negocio jur\u00eddico que dio origen a la raz\u00f3n por la cual el demandado habita el inmueble objeto de la restituci\u00f3n\u00bb, \u00abinexistencia del contrato de arrendamiento y ausencia de buena fe de la entidad demandante\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para el cobro de c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb;  pidi\u00f3 adem\u00e1s el reconocimiento y pago de mejoras.  <\/span><\/p>\n

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4. El 5 de marzo de 2013, se dict\u00f3 sentencia en la que se resolvi\u00f3 negar las pretensiones de la demanda, y reconocer a favor del arrendatario \u00abel derecho al valor de mejoras. Por consiguiente, condenar a la parte demandante a cancelar al aqu\u00ed demandado Yerins\u00e9n Hern\u00e1ndez D\u00edaz, la suma de $27.421.410,oo, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del presente fallo, por concepto de mejoras necesarias efectuadas en el inmueble materia de la litis\u00bb, entre otras disposiciones.  <\/span><\/p>\n

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       Arrib\u00f3 a la anterior determinaci\u00f3n, tras concluir que en el interrogatorio de parte no se estableci\u00f3 de manera clara cu\u00e1l era el valor de reajuste pactado, mientras que sobre las mejoras reclamadas, estas se probaron con la inspecci\u00f3n del perito quien las calcul\u00f3 en la suma ordenada.  <\/span><\/p>\n

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6. Contra la decisi\u00f3n se interpuso recurso de apelaci\u00f3n el cual fue denegado por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia.  <\/span><\/p>\n

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7. El 2 de marzo de 2015, la sociedad aqu\u00ed accionante present\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la trasuntada sentencia, en ella invoc\u00f3 las causales 6 y 8 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, mediante auto de 5 de febrero de 2016, admiti\u00f3 el recurso y orden\u00f3 correr traslado a las partes dentro del proceso materia de revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. El 8 de julio de 2016, el ad quem desat\u00f3 el recurso planteado, en el que resolvi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abDeclarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Central de Finca Ra\u00edz SAS por intermedio de apoderado judicial respecto de la sentencia proferida el 5 de marzo del 2013 (\u2026)  <\/span><\/p>\n

(\u2026) Decretar que no prosperan las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el demandado en revisi\u00f3n (\u2026)  <\/span><\/p>\n

(\u2026) Condenar a la recurrente en costas y perjuicios causados en el tr\u00e1mite del recurso que en esta providencia se decide, en favor del demandado Yerinsen Hern\u00e1ndez D\u00edaz (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio de la peticionaria del amparo, el Tribunal accionado incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho al dictar el fallo por medio del cual declar\u00f3 infundado el recurso propuesto, pues en su sentir, realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n equivocada de las normas cuando debi\u00f3 advertir que se cercen\u00f3 su derecho a la segunda instancia en el proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado de menor cuant\u00eda y a su vez, que no proced\u00eda reconocer mejoras a favor del arrendatario cuando se desestimaron las pretensiones de la demanda y m\u00e1s a\u00fan cuando no es el propietario del inmueble, sino que obra como administradora.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 6 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 enterar a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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2. Al momento de someterse a discusi\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, la autoridad accionada, y dem\u00e1s vinculados, no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub examine, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el ad-quem al resolver el recurso extraordinario de revisi\u00f3n promovido contra la sentencia de 5 de marzo de 2013 proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para adoptar su determinaci\u00f3n, el Tribunal, luego de enmarcar e ilustrar acerca de la configuraci\u00f3n de la causal prevista en el numeral sexto del art\u00edculo 380 del estatuto procesal civil,  se\u00f1al\u00f3 respecto de la demanda de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado la cual culmin\u00f3 con la desestimaci\u00f3n de las pretensiones y el reconocimiento de mejoras a la parte pasiva, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPara el recurrente la presente causal se estructura porque la sentencia le est\u00e1 causando un perjuicio en tanto afirma no tiene por qu\u00e9 pagarle mejoras al demandado, ya que no es propietario del inmueble que fue objeto de la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n y porque el juez, fuera de condenarlo \u201cirregularmente\u201d al pago de las mismas, le neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra dela sentencia.  <\/span><\/p>\n

Planteadas as\u00ed las cosas deriva incontestable, que el fundamento de hecho alegado por el recurrente so encuadra en el supuesto normativo atr\u00e1s enunciado, pues como arriba se vio para que se configure la causal, \u201cel hecho fraudulento\u201d debe provenir de una de las partes del proceso, cosa que no se alega en el caso que nos ocupa, sino que lo endilga directamente al juez, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia especializada, la causal alegada:  <\/span><\/p>\n

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\u201cse estructura cuando las partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consciente e il\u00edcita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgador, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales, comportamiento que, obviamente debe aparecer plenamente probado, pues la presunci\u00f3n de buena fe capea como un principio del procedimiento civil, debe, en todo quebrarse\u00bb Sentencia de 25 de julio de 1997 Rad. 5407.  <\/span><\/p>\n

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Luego, abord\u00f3 puntualmente el reproche contra la conducta judicial desplegada;  en ese sentido expuso:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aun aceptando en gracia de discusi\u00f3n que la causal se configurara a\u00fan respecto de las actuaciones del juez, como lo pregona el recurrente, a la misma conclusi\u00f3n se llegar\u00eda, pues a lo anterior, habr\u00eda de agregarse que \u2013como arriba se indic\u00f3- para que se configure la \u201cmaniobra fraudulenta\u201d se requiere que (i) aquella provenga de un acuerdo deliberado tendiente a causar un da\u00f1o a una persona (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Y (ii) que la maniobra fraudulenta sea externa al proceso, es decir, que los hechos que la configuran se hayan dado por fuera de \u00e9l, toda vez que si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas dentro del proceso, la revisi\u00f3n se torna en improcedente por cuanto lo que se estar\u00eda pretendiendo es la nueva revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n, como si se tratase el recurso extraordinario de una instancia m\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, no se encuentra demostrado en el expediente, que la decisi\u00f3n del juez de instancia de condenar al recurrente al pago de mejoras y posteriormente, la de negar el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia que as\u00ed lo dispuso haya sido producto de la confabulaci\u00f3n de aquel con la otra parte o con un tercero, con el reprochable fin de ocasionarle un perjuicio al demandante.  De hecho, tampoco puede afirmarse \u2013pues ello no est\u00e1 demostrado en el expediente \u2013 que tales decisiones hayan sido producto de un manifiesto acto de mala fe del juzgador de instancia, o que \u00e9ste haya maquillado o falseado total o parcialmente la verdad formal a fin de condenar al demandante en el proceso de restituci\u00f3n del bien inmueble, al pago de mejoras o impedirle el acceso a la segunda instancia\u00bb. Se resalta.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, la Colegiatura acusada, al abordar el estudio de la causal octava invocada, la que se configura por \u00abexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, esgrimi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la causal de nulidad que se alegue debe afectar la sentencia que se enjuicia m\u00e1s no el tr\u00e1mite adelantado, aunado a que el motivo anulatorio debe ser de los expresamente consagrados por el ordenamiento procesal.  <\/span><\/p>\n

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En el caso que nos ocupa, se\u00f1ala la revisionista que se configura la causal en tanto el juez de instancia neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n que ahora se revisa argumentando que se trataba de un asunto de \u00fanica instancia, cuando en el proceso ya se encontraba establecido, mediante providencia ejecutoriada, que se trataba de un proceso de menor cuant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

Debe indicarse que si bien el principio constitucional de la doble instancia garantiza, que la controversia sea conocida \u201csucesivamente por dos jueces de jerarqu\u00eda distinta cuando los interesados lo requieren mediante la proposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d, lo cierto es que el mismo no es absoluto y en tal sentido la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del art\u00edculo 39 de la Ley 820 de 2003, que consagra el tr\u00e1mite del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en \u00fanica instancia cuando la causal alegada sea la mora del arrendatario, la encontr\u00f3 ajustada a la Carta Pol\u00edtica (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Con todo, el Tribunal advirti\u00f3 que esta \u00faltima causal  alegada, fue a su vez, propuesta v\u00eda incidente de nulidad, resuelto en providencia de 7 de octubre de 2015 y en cierre, consider\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAs\u00ed las cosas, caen por su propio peso los argumentos en los que se sustenta la causal que se revisa, debi\u00e9ndose a\u00f1adir frente a la queja de que se pretermiti\u00f3 \u00edntegramente la segunda instancia por cuanto el art\u00edculo 39 de la Ley 820 de 2003 no resultaba aplicable a las presentes actuaciones en tanto el inmueble a restituir est\u00e1 destinado a una actividad comercial, que ya la jurisprudencia especializada [h]a decantado el punto en el sentido de indicar que la norma en menci\u00f3n es de \u00edndole procesal, por ende, aplicable a todo tipo de proceso de restituci\u00f3n de tenencia de bien inmueble independientemente de la destinaci\u00f3n dada al mismo(\u2026)  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, con la negativa del juez de causa de conceder el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el aqu\u00ed recurrente no se pretermiti\u00f3 ninguna instancia, pues por disposici\u00f3n legal, no proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n al ser un proceso que se tramitaba en \u00fanica instancia, en raz\u00f3n a la causal alegada (\u2026)\u00bb. Se resalta.  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la parte actora, como gestora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por ello, la accionante  no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la del cuerpo colegiado accionado y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera le desfavorecieron, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la sociedad tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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   MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00530-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Central Finca Ra\u00edz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99948","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99948"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99948\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}