{"id":99949,"date":"2026-06-25T19:41:19","date_gmt":"2026-06-25T19:41:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3207-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:41:19","modified_gmt":"2026-06-25T19:41:19","slug":"stc3207-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3207-2017\/","title":{"rendered":"STC3207-2017"},"content":{"rendered":"

      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3207-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2016-00831-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 24 de enero de 2017, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Isela Ospina Salazar, en representaci\u00f3n del menor XYXY, coadyuvada por Diana Mar\u00eda Quijano Ospina1, contra el Juzgado 26 de Familia de esta misma ciudad (antes Juzgado 3\u00ba de Familia de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1); tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes del proceso que origin\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante, en su condici\u00f3n de representante legal de su menor hijo XYXY, por intermedio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n superior de los derechos fundamentales a la igualdad, petici\u00f3n, trabajo, seguridad social y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n de la sentencia de 9 de julio de 2015, emitida dentro del juicio de aumento de alimentos que promovi\u00f3 en contra de Ricardo Quijano Rueda, en calidad de madre del menor [XYXY] y de Diana Mar\u00eda Quijano Ospina, quien para ese entonces era menor de edad.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 declarar la nulidad de la providencia de 9 de julio de 2015, dictada por el desaparecido Juzgado Tercero de Familia de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, y ordenar al despacho siguiente en turno, proferir una nueva decisi\u00f3n (folio 44, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su pretensi\u00f3n, en s\u00edntesis, manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Que la aludida providencia desconoci\u00f3 el acervo probatorio encaminado a demostrar la necesidad de aumentar la cuota alimentaria de los hijos comunes, as\u00ed como de la capacidad econ\u00f3mica del alimentante para sufragar la totalidad de los gastos de los menores; simplemente determin\u00f3 dos valores referentes a los gastos anuales educativos del menor XYXY y salud (medicina prepagada) para los dos hijos comunes, nada expres\u00f3 sobre la variaci\u00f3n en el tiempo de la prestaci\u00f3n ni sobre la capacidad econ\u00f3mica de los padres.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        La decisi\u00f3n no expres\u00f3 nada concerniente a los derechos de Diana Mar\u00eda, quien estudia en la universidad y depende econ\u00f3micamente de sus padres; tampoco refiri\u00f3 a los gastos de vivienda, por los que viene respondiendo la quejosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Aleg\u00f3 que su demora en incoar la acci\u00f3n constitucional se debi\u00f3 a que estuvo representada por profesional del derecho que omiti\u00f3 defender a cabalidad los intereses de sus hijos, tanto que no interpuso los recursos de ley frente al fallo que hoy critica; por lo que consider\u00f3 que no tuvo defensa t\u00e9cnica.  <\/span><\/p>\n

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       3.        Diana Mar\u00eda Quijano Ospina present\u00f3 escrito coadyuvando la petici\u00f3n tuitiva instaurada por su ascendiente en representaci\u00f3n de su hermano menor XYXY (folio 53, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado 26 de Familia de esta capital manifest\u00f3 que fue creado mediante acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, dictado por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo cual no tiene conocimiento del caso concreto, el cual se hallaba archivado; de manera que remiti\u00f3 en pr\u00e9stamo las piezas procesales contentivas de la actuaci\u00f3n (folios 55 y 56, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo tras considerar que era improcedente, en la medida en que no cumpl\u00eda los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, por cuanto han transcurrido m\u00e1s de 17 meses desde la emisi\u00f3n de la sentencia sin que hubiesen aducido la justificaci\u00f3n de dicha tardanza, pues no resulta de recibo el argumento atinente a que la falta de defensa t\u00e9cnica impidi\u00f3 apelar tal decisi\u00f3n, dado que era de \u00fanica instancia; record\u00f3 que lo decidido en punto de los alimentos no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, de manera que si lo estiman pertinente tienen la posibilidad de pedir la modificaci\u00f3n de la cuota alimentaria, ello siempre y cuando se re\u00fanan las condiciones para el efecto (folios 66 a 69, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promotora inicial del amparo, por intermedio de su apoderada judicial, apel\u00f3 el fallo rese\u00f1ado reiterando los argumentos de la demanda de tutela (folios 85 a 90, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Por consagraci\u00f3n constitucional y legal la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para la regular composici\u00f3n de los litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a menos que proceda la tutela en la modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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Del mismo modo, cuando la lesi\u00f3n actual o potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional desde antes precisa la procedencia del amparo de manera excepcional, s\u00f3lo \u00abcuando se detecta una desviaci\u00f3n arbitraria, caprichosa o absurda del fallador\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 1999, rad. 6621; criterio reiterado en CSJ STC, 8 feb. 2012, rad. 2011-02642-00).  <\/span><\/p>\n

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1. En la demanda tutelar se acusa la sentencia de 9 de julio de 2015 del Juzgado Tercero de Familia de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 de conculcar las garant\u00edas superiores de los hijos comunes, por cuanto \u00fanicamente modific\u00f3 la cuota alimentaria acordada por los padres a favor de aqu\u00e9llos, mediante escritura p\u00fablica 1116 de 12 de abril de 2011, en lo relativo a los gastos educativos anuales a favor del menor XYXY y de salud (medicina prepagada) tanto para \u00e9ste como para la entonces menor Diana Mar\u00eda Quijano Ospina; asign\u00e1ndole al progenitor la obligaci\u00f3n de pagar el 50% del costo del primer \u00edtem y el 100% del segundo; omitiendo valorar la totalidad de las probanzas obrantes en el proceso que acreditaban el aumento de los gastos de los alimentarios, as\u00ed como la capacidad econ\u00f3mica del padre para asumirlos.    <\/span><\/p>\n

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En el caso bajo estudio, de entrada, advierte la Sala el fracaso de este auxilio, comoquiera que desatiende el presupuesto de inmediatez. En efecto, el resguardo fue incoado tard\u00edamente el 19 de diciembre de 2016 (folio 46, cuaderno 1), esto es, habiendo transcurrido m\u00e1s de 6 meses desde el pronunciamiento del fallo materia de la presente queja constitucional, 9 de julio de 2015, lapso dispuesto por la Sala como proporcional y razonado para hacer uso de este mecanismo excepcional (folios 3 a 16, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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Y si bien las interesadas pretendieron excusar la tardanza en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, en el hecho de que no contaron con defensa t\u00e9cnica en el aludido juicio para haber impugnado la sentencia que supuestamente lesiona sus intereses, tal argumento no resulta de buen recibo por cuanto ese tipo de causas son de \u00fanica instancia.   <\/span><\/p>\n

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Mem\u00f3rese lo explicado por esta Corporaci\u00f3n frente a la observancia del requisito de inmediatez en el planteamiento del amparo fundamental:  <\/span><\/p>\n

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\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados.  \u2026en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, terceros.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00).  <\/span><\/p>\n

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3.        Finalmente, necesario resulta precisar que la decisi\u00f3n reprochada no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, por lo tanto, de cambiar las circunstancias de los progenitores y considerar las suplicantes que han variado las condiciones econ\u00f3micas y las necesidades alimentarias de los descendientes comunes, pueden acudir a la justicia ordinaria para que se revise la cuota alimentaria.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Sala expuso:  <\/span><\/p>\n

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\u2026no resulta impertinente ni redundante a\u00f1adir que, trat\u00e1ndose la decisi\u00f3n atacada de una providencia que no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada en sentido material, toda vez que es susceptible de modificaci\u00f3n cuando var\u00eden las condiciones que dieron lugar a ella, la accionante tiene la posibilidad real de iniciar un nuevo proceso con la misma pretensi\u00f3n para que el juez natural la dirima con base en las pruebas regularmente allegadas (CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00095-01; citada en STC, 25 may. 2012, rad. 00139-01; y en STC, 26 abr. 2013, rad. 00032-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        En conclusi\u00f3n, se respaldar\u00e1 la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Ana Mar\u00eda Quijano Ospina coadyuv\u00f3 la acci\u00f3n constitucional formulada por su progenitora frente al Juzgado Tercero de Familia de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 (folio 53, cuaderno 1).      <\/span><\/p>\n

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