{"id":99951,"date":"2026-06-25T19:41:27","date_gmt":"2026-06-25T19:41:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3211-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:41:27","modified_gmt":"2026-06-25T19:41:27","slug":"stc3211-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3211-2017\/","title":{"rendered":"STC3211-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3211-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b008001-22-13-000-2016-00698-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Adolfo Solano Salas contra los Juzgados Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito y Primero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, el reclamante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la recta administraci\u00f3n, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que presentara en el proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra por Central de Inversiones S.A.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se dejen sin valor ni efecto las providencias a trav\u00e9s de las cuales se procedi\u00f3 de la manera criticada. [Folios 1-7, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 11 de julio de 2005, Central de Inversiones S.A., cesionario del cr\u00e9dito otorgado al tutelante por el Banco Central Hipotecario, promovi\u00f3 proceso ejecutivo con acci\u00f3n real a fin de lograr el pago derivado del pagar\u00e9 No. 030137547.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto, correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Barranquilla, despacho que dict\u00f3 mandamiento de pago el 7 de septiembre del mismo a\u00f1o, por el capital pedido ($24.163.706,88), m\u00e1s los intereses pactados a la tasa del 18.85%, m\u00e1xima legal permitida y los intereses moratorios a la tasa del 1.5%. Lo anterior, porque el cr\u00e9dito fue pactado en UPAC.  <\/span><\/p>\n

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4. El 11 de julio de 2013, se profiri\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual fueron desestimados los medios defensivos propuestos por el deudor, tras establecer que el mutuo no era susceptible de conversi\u00f3n de UPAC a UVR, de conformidad con las disposiciones de la Ley 546 de 1999, como lo pretend\u00eda el ejecutado. No obstante, decidi\u00f3 ajustar la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n a los planteamientos jurisprudenciales sobre la materia, en aras de proteger los intereses de ambas partes. As\u00ed dispuso que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, deb\u00eda calcularse con base en las directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia.  <\/span><\/p>\n

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5. Inconforme, el actor constitucional recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n el fallo.  <\/span><\/p>\n

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6. Concedida la impugnaci\u00f3n ante el Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla, se corri\u00f3 traslado para sustentar, mediante auto de 29 de agosto de 2013.  <\/span><\/p>\n

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7. El 26 de noviembre siguiente, se declar\u00f3 desierta la censura, al haber transcurrido en silencio el t\u00e9rmino anterior.  <\/span><\/p>\n

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8. El 13 de junio de 2014, el demandado present\u00f3 liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito con un saldo a favor de $3.484.956,35.  <\/span><\/p>\n

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10. La ejecutante objet\u00f3 el estado de cuentas por error grave.  <\/span><\/p>\n

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11. El 1\u00ba de octubre de 2015, se declar\u00f3 infundada la objeci\u00f3n, pero se procedi\u00f3 a modificar el c\u00e1lculo presentado por las partes, para ajustarlo a las directrices impartidas en la sentencia, obteniendo como resultado un saldo a cargo del deudor de $42.410.058, 04.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. En desacuerdo con aquella determinaci\u00f3n, el accionante la recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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13. El juez de conocimiento decidi\u00f3 mantener inc\u00f3lume su postura y conceder la censura subsidiaria.  <\/span><\/p>\n

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14. El 7 de julio de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, confirm\u00f3 integralmente el auto impugnado.  <\/span><\/p>\n

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15. El peticionario del amparo acude a este mecanismo constitucional, porque en su sentir, las \u00faltimas decisiones rese\u00f1adas  vulneran sus prerrogativas fundamentales, en la medida en que difieren de la orden que fue dictada en la sentencia. En este sentido, asegura que como pact\u00f3 un inter\u00e9s corriente del 16% EA con su acreedor, as\u00ed debi\u00f3 liquidarse este concepto para obtener el monto total de su obligaci\u00f3n, cosa que no ocurri\u00f3 porque se aplicaron las directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, en la forma vista. [Folios 1-7, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 11 de enero de 2017 el Tribunal Superior de  Barranquilla admiti\u00f3 la queja y dispuso la notificaci\u00f3n de los accionados y dem\u00e1s interesados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 11, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, corrobor\u00f3 los hechos expuestos por el tutelante en cuanto a que esa sede judicial decidi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y adujo que no vulner\u00f3 con su pronunciamiento las garant\u00edas reclamadas por el actor. [Folios 22-24, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Para finalizar, el Juez 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal accionado, inform\u00f3 que sus providencias se ajustan a lo dispuesto en la ley y destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es el medio adecuado para controvertir ese tipo de actuaciones. [Folio 38, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 24 de enero de 2017, el Tribunal, neg\u00f3 el resguardo invocado, por evidenciar insatisfecho el requisito de la subsidiaridad, en tanto que el quejoso cont\u00f3 con la oportunidad procesal id\u00f3nea para controvertir la decisi\u00f3n que considera lesiva de sus garant\u00edas fundamentales y no lo hizo, pues dej\u00f3 vencer en silencio el traslado para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia, que fue donde se dispuso la forma como deb\u00eda liquidarse la obligaci\u00f3n. [Folios 39-42, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el promotor de la queja impugn\u00f3 la sentencia, porque en su sentir, debi\u00f3 concederse la protecci\u00f3n deprecada. [Folio 55, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

2. En el caso que se examina, el reclamo se dirige contra las decisiones que resolvieron modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por las partes en el juicio ejecutivo adelantado contra el tutelante, porque estima que ellas no son consonantes con lo establecido en la sentencia.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, la sala se ocupar\u00e1 del an\u00e1lisis de la emitida por el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla en sede de segunda instancia, esto es, la providencia de fecha 7 de julio de 2016, por ser la que resuelve definitivamente el tema objeto de reproche en esta queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al Juzgador Ad quem para resolver el recurso de apelaci\u00f3n que el promotor de la queja impetr\u00f3 contra el auto de 1\u00ba de octubre de 2015, a trav\u00e9s del cual el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal resolvi\u00f3 lo atinente al estado de cuentas de la obligaci\u00f3n ejecutada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la valoraci\u00f3n efectuada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En efecto, el Juzgador al resolver la censura, tuvo en cuenta los argumentos expuestos por el recurrente y a partir de all\u00ed, analiz\u00f3 la sentencia de \u00fanica instancia emitida en el asunto, – recu\u00e9rdese que pese a haber sido apelada, la impugnaci\u00f3n fue declarada desierta por ausencia de sustentaci\u00f3n -, lo cual le permiti\u00f3 deducir los par\u00e1metros all\u00ed establecidos para la liquidaci\u00f3n de los intereses. Acto seguido, verific\u00f3 las cuentas del A quo y concluy\u00f3 que respetaron aquellas directrices:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026aterrizando a los fundamentos del recurso, es menester indicar que de conformidad al art\u00edculo 521 del C.P.C. (vigente al momento de la emisi\u00f3n del auto recurrido), la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito debe practicarse de conformidad a lo dispuesto en el mandamiento de pago o en la sentencia seg\u00fan el caso. En este sentido la sentencia fue clara en su numeral  quinto al indicar:  <\/span><\/p>\n

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\u201c5. Pract\u00edquese la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026) con especificaci\u00f3n del capital ($10.500.000,oo M\/Cte.), intereses de mora causados desde el 01 de enero de 2002 y de los pagos de las cuotas realizadas por el demandado desde el 01 de enero de 1994 hasta 31 de diciembre de 2001\u2026\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) bien podr\u00eda afirmarse que cabe la raz\u00f3n al recurrente al indicar que la sentencia en su parte resolutiva no indic\u00f3 que la liquidaci\u00f3n de los intereses durante el plazo se efectuara conforme a la tasa certificada por la Superfinanciera; sin embargo, no es posible perder de vista que la sentencia constituye una unidad, y en tal medida, la parte resolutiva debe estar en consonancia con lo indicado en la parte motiva, y cualquier interpretaci\u00f3n o duda que deba surtirse de lo dispuesto en la parte resolutiva, debe efectuarse en atenci\u00f3n a lo indicado en los fundamentos de la decisi\u00f3n; de este modo, en la misma sentencia, en su parte considerativa, como bien apunt\u00f3 el A-quo se indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPor tratarse de un cr\u00e9dito comercial y no de vivienda a largo plazo debe estar sujeto a las directrices del c\u00f3digo de comercio, por lo cual se ordenar\u00e1 en esta sentencia que las partes presenten la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito con los intereses legales y moratorios de acuerdo con las directrices dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, partiendo en los moratorios desde la fecha del incumplimiento por parte del deudor sobre el valor determinado en pesos el mutuo con intereses.\u201d (Subrayas nuestras)  <\/span><\/p>\n

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4. Luego, las anotadas consideraciones no evidencian capricho del juez acusado, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias y con independencia de que se comparta o no su interpretaci\u00f3n, no es posible descalificar la providencia emitida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del promotor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el fallador accionado se soport\u00f3 para arribar a sus conclusiones, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Queda claro, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el Juzgado 1\u00ba de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n al debido proceso del solicitante del amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ahora bien, si lo que pretend\u00eda el gestor de la queja era controvertir la orden de ajustar los intereses legales y moratorios a las directrices dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, tal como se dispuso en la parte considerativa de la sentencia emanada el 11 de julio de 2013, lo debido era proceder a sustentar oportunamente el recurso de apelaci\u00f3n para atacar aquella disposici\u00f3n o bien, solicitar la aclaraci\u00f3n del fallo para que se precisara el punto de disenso en la parte resolutiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, el quejoso desech\u00f3 aquellas herramientas defensivas y permiti\u00f3 que la decisi\u00f3n, que data de hace m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, cobrara firmeza.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, el actor constitucional no puede pretender revivir a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite discusiones o debates procesales que debi\u00f3 suscitar en las oportunidades id\u00f3neas para ello, como tampoco que se desconozcan los efectos de una decisi\u00f3n que qued\u00f3 ejecutoriada hace varios a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema, la Sala ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Las razones aqu\u00ed expuestas, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n estaba avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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