{"id":99952,"date":"2026-06-25T19:41:34","date_gmt":"2026-06-25T19:41:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3213-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:41:34","modified_gmt":"2026-06-25T19:41:34","slug":"stc3213-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3213-2017\/","title":{"rendered":"STC3213-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3213-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00808-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de este Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Patricia Garc\u00eda Roa, frente al Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a los Juzgados Primero y Tercero de Ejecuci\u00f3n de Familia de esta ciudad, la Defensor\u00eda de Familia, al Agente del Ministerio P\u00fablico adscrito al juzgado, a Jorge Alberto Puig Machado y a Lizza Manuela Katrina Garc\u00eda Roa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La ciudadana solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, congruencia, equidad, igualdad, vida digna, derechos de los ni\u00f1os, por las v\u00edas de hecho en las que incurri\u00f3 al proferir la sentencia de fecha 11 de noviembre de 201 dentro del proceso ejecutivo de alimentos N\u00b0 2019- 00521.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se revoque los numerales 1 y 2 de la providencia aludida; y en su lugar, se ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n conforme qued\u00f3 dispuesto en el mandamiento de pago. [Folio 32, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1. El 23 de agosto de 2013, Sandra Patricia Garc\u00eda Roa, en representaci\u00f3n de su hija, Lizza Manuela Katrina Puig Garc\u00eda, quien entonces era menor de edad, promovi\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos contra Jorge Alberto Puig Machado.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Present\u00f3 como t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, la sentencia de 7 de octubre de 2010 proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, en la que se resolvi\u00f3:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abPrimero: Condenar al demandado Jorge Alberto Puig Machado a sufragar alimentos a favor de su menor hija Lizza Manuela Katrina Puig Garc\u00eda.  <\/span><\/p>\n

Segundo: Se\u00f1alar como cuota alimentaria a favor de la menor Lizza Manuela Katrina Puig Garc\u00eda, la suma de $800.000,oo pesos, suma de dinero que debe ser consignada por el demandado dentro de los primeros cinco (5) d\u00edas de cada mes a la cuenta de ahorros que para el efecto suministre la demandante.  <\/span><\/p>\n

Tercero: Disponer que la presente sentencia presta m\u00e9rito ejecutivo (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, libr\u00f3 mandamiento de pago mediante auto de 23 de abril de 2014 por la suma de $27.653.333,33 correspondientes a los meses de octubre de 2010 a agosto de 2013, por las mesadas que en lo sucesivo se causen, m\u00e1s los intereses desde la fecha en que se hizo exigible la obligaci\u00f3n y hasta que se verifique el pago total de aquella.  [Folio 56, c. 1]    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El ejecutado, por intermedio de apoderada judicial, contest\u00f3 la demanda en la que formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abpago de la obligaci\u00f3n\u00bb, y \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la primera adujo que formul\u00f3 demanda de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, la que concluy\u00f3 con reducci\u00f3n desde el a\u00f1o 2012 a la suma del 50% de su salario m\u00ednimo legal mensual.  [Folios 114 a 120, c. 1]  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Adelantada la actuaci\u00f3n judicial de rigor, el juez de la causa dict\u00f3 sentencia el 11 de noviembre de 2015, en la cual resolvi\u00f3:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abPrimero: Declarar probada la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n por la suma de $3.727.300 pesos (\u2026).  <\/span><\/p>\n

Segundo: Ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra del ejecutado por la suma de $17.317.587,20 pesos (\u2026) y la suma de $600.000,oo pesos por concepto de costas procesales liquidadas (\u2026).  <\/span><\/p>\n

Cuarto: Condenar en costas al ejecutado en un 80%. Se se\u00f1ala como agencias en derecho la suma de $700.000,oo (\u2026)\u00bb.  [Folios 431 a 436, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La notificaci\u00f3n se surti\u00f3 por edicto, el cual se fij\u00f3 el 19 de noviembre siguiente y de desfij\u00f3 el 23 de noviembre de 2015. [Folio 438, c. 1]    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El d\u00eda 26 de la misma mensualidad, interpone recurso de apelaci\u00f3n. [Folios 439 a 441, c. 1]    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En auto de 30 de noviembre de 2015, el juzgado de conocimiento dispone no conceder el recurso por tratarse de una sentencia de \u00fanica instancia. [Folio 443, c. 1]    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En criterio de la peticionaria, el juzgado accionado incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho al dictar la mentada sentencia por la indebida valoraci\u00f3n probatoria que aplic\u00f3, pues, en su sentir no debi\u00f3 dar valor a los documentos presentados en copia simple no aceptados por ella que daban cuenta de unos supuestos pagos de vestuario, educaci\u00f3n y salud;  de otro lado, pas\u00f3 por alto que contra el proceso de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos,  se interpuso acci\u00f3n de tutela, que luego de desestimarse en segunda instancia, la reducci\u00f3n de alimentos debi\u00f3 versar sobre la cuota que se estim\u00f3 en el fallo de la aludida fecha y no otro;  as\u00ed mismo, critic\u00f3 que la oficina judicial omiti\u00f3 pronunciarse sobre los intereses peticionados en la demanda, con el incremento anual aplicable, lo que se desatendi\u00f3 aunado a la falta de defensa t\u00e9cnica de su abogado. [Folios 28- 31, c.1]    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 15 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y se orden\u00f3 comunicar a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 35 – 36, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Familia, indic\u00f3 que las decisiones que emiti\u00f3 est\u00e1n debidamente sustentadas.  Alleg\u00f3 el expediente a la Colegiatura para su inspecci\u00f3n y revisi\u00f3n.  [Folio 44, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el proceso fue remitido desde el 14 de diciembre de 2015, a los juzgados de ejecuci\u00f3n en asuntos de familia. [Folios 33-34, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El profesional en derecho, Carlos Soto Rivero, arguy\u00f3 en su defensa que acompa\u00f1\u00f3 a la accionante como apoderado judicial a t\u00edtulo gratuito, sin abandonar su actividad procesal;  al respecto pronunci\u00f3 actuaciones como interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n el que no se concedi\u00f3 por tratarse de un asunto de \u00fanica instancia, hizo referencia a que trat\u00f3 de perseguir el embargo de bienes del ejecutado, lo que result\u00f3 imposible al reportar las entidades bancarias no tener relaci\u00f3n con el demandado, por lo que no encuentra justificada la denuncia que hace la accionante respecto de su gesti\u00f3n como abogado.  [Folios 120- 122, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 18 de enero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por considerar que no se cumpli\u00f3 con el principio de inmediatez, porque han pasado aproximadamente 4 a\u00f1os desde que se concluy\u00f3 el proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria adelantado por el se\u00f1or Puig Garc\u00eda, m\u00e1xime cuando con base en esa sentencia, fue que inici\u00f3 el proceso ejecutivo de alimentos;  en todo caso no advirti\u00f3 ninguna arbitrariedad que comprometiera los derecho fundamentales alegados.  [Folios 175- 184, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme, la tutelante impugn\u00f3 el fallo, bajo el argumento que la inmediatez no debe aplicarse cuando las obligaciones que reclama son de tracto sucesivo y se mantienen a la fecha.  Insisti\u00f3 adem\u00e1s en la falta de defensa t\u00e9cnica en tanto que el mandatario judicial present\u00f3 una liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito con valores que no corresponden a los verdaderamente adeudados. [Folio 168, c.1 y 4- 7, c. Corte]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola con el principio de inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El presupuesto mencionado, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer el requisito de la acci\u00f3n que viene de comentarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso la decisi\u00f3n que cuestiona la accionante, se remite a la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2015 mediante la cual se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n por la suma de $ 3.727.300,oo, y se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por un valor de $17.317.587,20 \u2013 no se dirige la queja contra actuaciones anteriores como lo entendi\u00f3 el fallador de primer grado-;  y sin embargo, el amparo constitucional, s\u00f3lo se intent\u00f3 hasta el 14 de diciembre de 20161.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que la tutelante, para acudir al amparo por esta v\u00eda, dej\u00f3 trascurrir un poco m\u00e1s de un a\u00f1o, despu\u00e9s de la actuaci\u00f3n censurada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En todo caso, tampoco se advierte procedente la concesi\u00f3n de la salvaguarda deprecada, pues no se avizora ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la gestora de la s\u00faplica, toda vez que la determinaci\u00f3n que cuestiona no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, al pronunciarse sobre las cuotas exigibles, hizo un estudio cuidadoso de la sentencia que sirvi\u00f3 de t\u00edtulo ejecutivo de fecha 7 de octubre de 2010 de la que revis\u00f3 el t\u00e9rmino de ejecutoria por obrar acci\u00f3n de tutela contra ella, para efectos de determinar las primeras cuotas debidas;  sobre el punto expuso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) las cuotas alimentarias exigibles son:  <\/span><\/p>\n

Noviembre de 2010 (por sentencia de 7 de octubre de 2010), enero de 2011 (sentencia del 7 de diciembre de 2010) y a partir de febrero de 2011 en adelante (sentencia de 7 de octubre de 2010) hasta el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Descongesti\u00f3n que data del 28 de agosto de 2012 dentro del proceso de reducci\u00f3n de cuota alimentaria iniciado por el se\u00f1or PUIG que orden\u00f3 una cuota alimentaria del 50% del salario m\u00ednimo mensual legal vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, en lo tocante a la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n, el juez de conocimiento valor\u00f3 la documentaria adosada en la que tuvo en cuenta las facturas obrantes a folios 103, 104, y 108 de la encuadernaci\u00f3n principal y los dep\u00f3sitos judiciales consignados desde el 30 de noviembre de 2010 al 11 de julio de 2012 por estimar que \u00absi bien es cierto fueron consignados dentro de un proceso de visitas en el Juzgado 10\u00b0 de Familia de esta ciudad, no lo es menos que no existe concepto diferente a ser de \u201calimentos\u201d para la menor de edad objeto de dicho proceso, m\u00e1s aun teniendo en cuenta que en la sentencia all\u00ed proferida no se fij\u00f3 cuota alimentaria alguna ni se indic\u00f3 por la parte actora que dichos dineros recayeran en otra obligaci\u00f3n o concepto diferente al que endilga el demandado haberlos hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo anterior, no puede desconocerse que el operador judicial enlist\u00f3 cada uno de los rubros a considerar, descont\u00e1ndolo asertivamente a cada cuota adeudadas seg\u00fan la fecha de su causaci\u00f3n, para concluir que el demandado prob\u00f3 el pago parcial de la obligaci\u00f3n por la suma de $3.727.300,oo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1 Ahora, si se duele de los intereses que deben actualizarse, y que su abogado no ofreci\u00f3 una defensa t\u00e9cnica de sus intereses, se le recuerda a la peticionaria que dicho concepto le fue reconocido y por tanto, es de su carga, actualizar el cr\u00e9dito de conformidad con lo dispuesto en la regla procesal que lo reglamenta, y ya, ante el juzgado de ejecuci\u00f3n, elevar las peticiones que considere pertinentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este punto, vale la pena precisar, que aunque la tutelante aduzca que no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica, debido a la desatenci\u00f3n en la que incurri\u00f3 su apoderado judicial en las diligencias que cuestiona, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en establecer que \u00abla contingente incuria de los apoderados judiciales [\u2026] en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u2018…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u00bb. (CSJ CS 9 Jun 2004, Exp.  No. 00448; 26 Jul 2005, Exp. No. 00097; 27 Ene. 2006, Exp. No. 00014; y, 18 Ago. 2010, Exp. No. 00045-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n del all\u00ed ejecutante, como promotora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por ello, la accionante  no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la del juzgado de conocimiento accionado y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera le desfavorecieron, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la auspiciante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En contera, las razones que se han dejado consignadas, se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Acta de reparto, visible a folio 34.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3213-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00808-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99952","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99952","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99952"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99952\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99952"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99952"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99952"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}