{"id":99953,"date":"2026-06-25T19:41:46","date_gmt":"2026-06-25T19:41:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3214-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:41:46","modified_gmt":"2026-06-25T19:41:46","slug":"stc3214-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3214-2017\/","title":{"rendered":"STC3214-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3214-2017  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Eli\u00e9cer Hern\u00e1ndez Garc\u00eda contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, ambos de Bogot\u00e1, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Diecinueve de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogot\u00e1, Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A. como integrantes del Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2015, y las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerados por las autoridades judiciales encausadas al dictar sentencia condenatoria en su contra por el delito de secuestro extorsivo agravado y negar la admisi\u00f3n de las demandas de revisi\u00f3n contra ese fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se ordene a la colegiatura accionada que admita y resuelva el recurso de revisi\u00f3n, al juez que conoce la ejecuci\u00f3n de la pena que expida la boleta de libertad, al juzgado que emiti\u00f3 la sentencia que informe los pormenores que lo llevaron a emitir esa decisi\u00f3n y al INPEC que se encargue de la vigilancia de la pena en su residencia o que lo traslade a la ciudad de Villavicencio y que brinde toda la atenci\u00f3n a su estado de salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. En agosto de 1992, inici\u00f3 la investigaci\u00f3n contra Jorge Eli\u00e9cer Hern\u00e1ndez Garc\u00eda, por el presunto delito de extorsi\u00f3n, con base en la denuncia efectuada por Hernando Celis Guti\u00e9rrez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 29 de abril de 2002, la Fiscal\u00eda profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n contra el investigado como autor del delito de secuestro extorsivo agravado, debido a que el ofendido contaba con m\u00e1s de sesenta a\u00f1os de edad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 emiti\u00f3 sentencia el 7 de marzo de 2006, en la que declar\u00f3 al se\u00f1or Hern\u00e1ndez Garc\u00eda como autor del delito referido y lo conden\u00f3 a la pena de 372 meses de prisi\u00f3n, multa de 200 salarios m\u00ednimo legales mensuales vigentes e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas durante ese t\u00e9rmino.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En auto de 30 de junio de 2006, el a quo declar\u00f3 desierto el medio de impugnaci\u00f3n anterior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 25 de noviembre de 2013, el condenado fue capturado y se orden\u00f3 su encarcelaci\u00f3n en el COMEB de Bogot\u00e1, La Picota.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Posteriormente, el condenado present\u00f3, el 10 de junio de 2016, una acci\u00f3n de revisi\u00f3n contra el fallo anterior,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en prove\u00eddo de 14 de junio siguiente, inadmiti\u00f3 la demanda precedente por incumplimiento de los requisitos legales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El 31 de agosto del a\u00f1o citado, el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Garc\u00eda inco\u00f3 una nueva demanda de revisi\u00f3n, no obstante el despacho colegiado, mediante auto de 26 de septiembre de esa anualidad, la inadmiti\u00f3 con base en la carencia de los presupuestos correspondientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. Contra esta decisi\u00f3n, el procesado interpuso el recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. En providencia de 1\u00b0 de noviembre de 2016, la colegiatura accionada no repuso la determinaci\u00f3n cuestionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, puesto que los despachos accionados incurrieron en m\u00faltiples irregularidades al tramitar y decidir el proceso penal adelantado en su contra, en raz\u00f3n que se violaron los principios de favorabilidad, legalidad y congruencia al emitir una sentencia condenatoria por el delito de secuestro extorsivo agravado, con base en la Ley 599 de 2000, pese a que fue investigado inicialmente por extorsi\u00f3n en la modalidad de tentativa, seg\u00fan el Decreto Ley 100 de 1980, y se individualiz\u00f3 la pena conforme a las reglas que no estaban vigentes al momento de la comisi\u00f3n del hecho punible, de otro lado se quebrant\u00f3 el principio del juez natural porque las autoridades fiscales y el juzgador que conocieron esa investigaci\u00f3n y juicio carec\u00edan de competencia, de acuerdo con las disposiciones vigentes, asimismo se tardaron 14 a\u00f1os para proferir el fallo de primera instancia, lo que impidi\u00f3 que se ejerciera una defensa t\u00e9cnica a lo largo de ese asunto, y finalmente se inadmitieron las demandas de revisi\u00f3n pese a que cumplieron los requisitos legales. [Folios 1-49, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 11 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las sedes judiciales querelladas y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Diecinueve de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogot\u00e1, Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A. como integrantes del Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2015, y las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 342, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 relat\u00f3 lo acontecido en el proceso penal cuestionado e indic\u00f3 que no se cumple el requisito de la inmediatez. [Folios 356-358, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el Juzgado Diecinueve de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que est\u00e1 dando cumplimiento a la sentencia condenatoria proferida contra el quejoso, que se encuentra en firme. [Folios 396-399, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, Fiduprevisora S.A., en calidad de integrante del Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2015, manifest\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa porque no est\u00e1 encargada de la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos a la poblaci\u00f3n privada de la libertad. [Folios 477-480, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otro lado, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se opuso a la prosperidad del resguardo, dado que el actor no ha formulado una petici\u00f3n dirigida al juzgado que conoce la ejecuci\u00f3n del fallo condenatorio emitido en su contra. [Folios 553-554, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se\u00f1al\u00f3 que no ha negado al reclamante el acceso a las \u00e1reas de sanidad del centro penitenciario donde est\u00e1 recluido, motivo por el cual es improcedente la tutela contra esa entidad. [Folios 555-557, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 24 de enero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 que corrigiera mediante sentencia complementaria la dosificaci\u00f3n punitiva impuesta al accionante, debido a que ese fallador incurri\u00f3 en un error objetivo de car\u00e1cter jur\u00eddico con efectos en el quantum de la pena, pues si bien se utiliz\u00f3 la norma m\u00e1s favorable para el procesado, para la individualizaci\u00f3n de la pena se ubic\u00f3 en el primer cuarto medio sin que existieran circunstancias de mayor punibilidad, toda vez que aplic\u00f3 una causal de agravaci\u00f3n no imputada por la Fiscal\u00eda, lo que condujo a un desconocimiento de los principios de congruencia y legalidad de la pena; sin embargo lo anterior no tiene repercusiones frente a la certeza y legalidad de lo juzgado, que se mantiene inc\u00f3lume, sino a la correcci\u00f3n de una v\u00eda de hecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, el a quo constitucional deneg\u00f3 la tutela frente a las providencias que inadmitieron la demanda de revisi\u00f3n porque el actor desconoce la \u00f3rbita de acci\u00f3n del juez de amparo y sus inconformidades se relacionan con los criterios razonables expuestos por el Tribunal accionado, relativos al incumplimiento de los requisitos procesales para la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, y adicionalmente respecto al traslado de establecimiento carcelario y la prestaci\u00f3n de los servicios de salud, el impulsor de la salvaguarda no asumi\u00f3 la carga argumentativa y probatoria de la presunta violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, sino que se advirtiera alguna circunstancia que amerite la emisi\u00f3n de una orden sobre el particular. [Folios 564-588, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial e insisti\u00f3 en que la pena impuesta debi\u00f3 ser menor conforme al Decreto Ley 100 de 1980, sin la reforma efectuada por la Ley 40 de 1993, adem\u00e1s los errores procedimentales y la vulneraci\u00f3n de los principios del juez natural, legalidad, congruencia y favorabilidad penal, viciaron el juicio. [Folios 601-627, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el asunto sub judice, no logra advertirse ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del impulsor de la salvaguarda, toda vez que las determinaciones cuestionadas que fueron proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no son resultado de subjetivos criterios que conlleven ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la colegiatura accionada al pronunciarse frente a las demandas de revisi\u00f3n presentadas por el accionante, concluy\u00f3 que no deb\u00eda admitirlas por falta de cumplimiento de los presupuestos de esa acci\u00f3n, mediante las providencias emitidas el 14 de junio, 26 de septiembre y 1\u00b0 de noviembre, todas de 2016, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n, para el caso de la primera decisi\u00f3n aludida:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esas condiciones, como la norma impone esa carga (la de probar el momento en que se produjo la ejecutoria) al accionante interesado en que se revise la sentencia, pues se trata de un procedimiento rogado, el Tribunal no puede asumir esa labor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) Adicionalmente, observa esta colegiatura que el demandante tampoco refiri\u00f3 en cu\u00e1l de las causales descritas en el art\u00edculo 220 de la norma procedimental fundamenta su petici\u00f3n de revisi\u00f3n, descripci\u00f3n que debe incluirse en la demanda de acuerdo con lo reglado en el numeral 3o del canon 222 de la misma norma. La procedencia de la revisi\u00f3n de una sentencia ejecutoria es por circunstancias espec\u00edficas y no es un mecanismo que habilite a las partes a presentar un sinf\u00edn de argumentos caracter\u00edsticos de los recursos ordinarios o de acciones constitucionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Posteriormente, ante la presentaci\u00f3n de una nueva demanda por parte del procesado, el Tribunal determin\u00f3 que tampoco reun\u00eda los requisitos exigidos en el estatuto adjetivo, puesto que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Revisado el libelo se advierte que el demandante no alleg\u00f3 la constancia de ejecutoria de la sentencia de primera instancia de la cual pretende la revisi\u00f3n, con el fin de dar curso a la acci\u00f3n impetrada, y si bien, en las copias aportadas aparecen las constancias de las notificaciones, y se anexa copia del auto del 30 de junio del 2006, mediante el cual el Juzgado 3 Penal de Circuito Especializado, declara desierto el recurso de apelaci\u00f3n, esto no equivale a la constancia de ejecutoria, la cual debe ser una manifestaci\u00f3n concreta del secretario del Juzgado en ese sentido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero esta no es la \u00fanica raz\u00f3n para rechazar la demanda, aqu\u00ed el interesado no desarrollo (sic) las causales invocadas, ni se\u00f1ala con claridad sus fundamentos, como tampoco exterioriza argumentaci\u00f3n en torno a las causales propuestas, las pruebas que refuta como nuevas o las supuestas pruebas falsas en las que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es que, el abogado fundamenta gran parte de la demanda, en la incorrecta aplicaci\u00f3n de la normatividad vigente para la \u00e9poca de los hechos, pues a su parecer se debi\u00f3 aplicar el Decreto-ley 2700 de 1991 y el Decreto \u2013ley 100 de 1980, pero no especifica en qu\u00e9 causal del art\u00edculo 220 de la Ley 600 del 2000 se enmarca dicho argumento. Analizadas las causales consagradas en la norma en comento, se observa que ninguna de ellas tiene relaci\u00f3n con las hip\u00f3tesis expuestas por el demandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, en el extenso escrito el accionante alude al numeral 2\u00b0del art\u00edculo 220 de la Ley 600 del 2000 que dispone: \u201cCuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u201d alegando que la denuncia origen del proceso se interpuso por extorsi\u00f3n y no por secuestro extorsivo, de ah\u00ed que la acci\u00f3n penal deb\u00eda adelantarse por el primer delito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto debe aclararse que es al funcionario judicial instructor a quien le corresponde realizar la adecuaci\u00f3n t\u00edpica de la conducta a partir de los hechos que se le ponen en conocimiento, m\u00e1s no a la persona que interpone la denuncia, pues esta \u00fanicamente se limita a relatar la situaci\u00f3n que considera punible y, si bien, puede aludir a un determinado tipo penal, esa manifestaci\u00f3n no es vinculante para la Fiscal\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n invoca la causal 3\u00b0 del art\u00edculo 220 de la Ley 600 del 2000, esto es, \u201cCuando despu\u00e9s de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad\u201d y, al respecto acude a las distintas investigaciones que realizaron algunas entidades por los mismos hechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aqu\u00ed, el demandante no explica porque las pruebas aportadas deber ser consideradas novedosas, m\u00e1xime cuando los documentos anexados se relacionan con investigaciones adelantadas m\u00e1s no con pruebas nuevas o hechos desconocidos por el funcionario que dict\u00f3 la sentencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, demanda la causal 5\u00b0 del art\u00edculo 220 Ib\u00eddem que establece \u201cCuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisi\u00f3n se fundament\u00f3 en prueba falsa\u201d alegando reiteradamente que la sentencia proferida en contra de su defendido se profiri\u00f3 fundamento en \u201cpruebas nulas\u201d, y que los agravantes atribuidos no se configuraban, as\u00ed mismo, que en la providencia condenatoria el tallador determin\u00f3 que el delito del cual era responsable su representado era secuestro extorsivo conforme el art\u00edculo 268 del Decreto 100 de 1980, no obstante, la pena fue dosificada atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2790 de 1990.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El libelista se limita a se\u00f1alar que la sentencia aludida se bas\u00f3 en prueba falsa, aportando un auto emitido por el Juzgado 38 Penal del Circuito el 30 de octubre de 1992, mediante el cual se declar\u00f3 la inexistencia de las indagatorias rendidas por los inculpados y la nulidad de la actuaci\u00f3n surtida en dicha investigaci\u00f3n, pero no precia el alcance que pretende de cara a la causal que alega. Valga precisar, que no es lo mismo declarar la nulidad de una actuaci\u00f3n \u2013por afectaci\u00f3n al debido proceso\u2013 a declarar la falsedad en una prueba practicada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, ante la falta de claridad, precisi\u00f3n y argumentaci\u00f3n de la demanda, que se traduce en el no cumplimiento de los requisitos consagrados en art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 2000, corresponde inadmitir la demanda de revisi\u00f3n. (Sombreado en el texto original)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Las conclusiones anteriores son producto de unas motivaciones que no pueden calificarse de irrazonable, pues se fundaron en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y en una valoraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n procesal, circunstancias que, a juicio del estrado judicial acusado, condujeron a que no se admitieran las demandas de revisi\u00f3n incoadas por el promotor de la queja, debido a que no se reunieron los requisitos para que fuera procedente el tr\u00e1mite de aquella acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las conclusiones a las que lleg\u00f3 el despacho colegiado accionado, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Queda claro, entonces, que lo pretendido por el peticionario del resguardo es anteponer su propio criterio al de la sede judicial acusada y atacar, por esta v\u00eda, las determinaciones que la desfavorecieron, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De otro lado, frente a las quejas del accionante relativas a su traslado de establecimiento carcelario a la ciudad de Villavicencio o concesi\u00f3n de la libertad provisional y la prestaci\u00f3n de los servicios de salud, dada su edad y condici\u00f3n f\u00edsica, la Corte concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado de la subsidiariedad, pues el querellante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto se tiene, que si el gestor considera que deben concederse las pretensiones anteriores, se advierte que esa persona no ha presentado los argumentos en los que funda la presente acci\u00f3n excepcional ante los funcionarios competentes para que, de esa manera, se pronuncien concretamente sobre los asuntos por cuya defensa se propende, mediante las herramientas que la legislaci\u00f3n adjetiva le confiere, de lo que se deduce, entonces, la improcedencia de la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que se torne improcedente el amparo solicitado, porque es al interior del proceso censurado que el impulsor de la salvaguarda tiene la oportunidad de esbozar las razones que expone por esta v\u00eda, y no puede pretender que mediante la presente acci\u00f3n de tutela, el juez constitucional se anticipe a la decisi\u00f3n de los jueces competentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre este tema, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. No obstante, respecto a las inconformidades planteadas contra la sentencia del 7 de marzo de 2006, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, en la que declar\u00f3 al accionante como autor del delito de secuestro extorsivo agravado y lo conden\u00f3 a la pena de prisi\u00f3n de 372 meses y multa de 200 salarios m\u00ednimo legales mensuales vigentes, entre otras penas accesorias, se advierte la incursi\u00f3n en un error objetivo de car\u00e1cter jur\u00eddico con efectos en el quantum de la pena, que hace la intervenci\u00f3n del juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, una vez que el juez de la causa concluy\u00f3 que el procesado hab\u00eda cometido la conducta punible endilgada por el ente acusador, procedi\u00f3 a dosificar la pena, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que aplicar\u00eda el principio de favorabilidad:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) en cuanto a la pena privativa de la libertad se aplicar\u00e1 el art\u00edculo 169 [Ley 599 de 2000], agravado por el numeral 12 del art. 170 del nuevo Estatuto Penal, sin la modificaci\u00f3n que trae la Ley 733 de 2012, por ser la m\u00e1s favorable y en relaci\u00f3n con la pena de multa, se aplicar\u00e1 el art\u00edculo 268 de la anterior legislaci\u00f3n [Decreto Ley 100 de 1980] en raz\u00f3n de la mayor benignidad en su cuant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) como en el caso en comento fueron imputados agravantes gen\u00e9ricos, esto es, la presencia de antecedentes necesariamente tendr\u00edamos que movernos por estas especiales circunstancias en el primer cuarto medio, es decir, entre trescientos setenta y dos (372) meses y cuatrocientos ocho (408) meses de prisi\u00f3n, y multa de doscientos (200) a trescientos (300) salarios m\u00ednimos legales mensuales, acatando lo dispuesto en el art\u00edculo 61 de la nueva normatividad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el sub examine realizadas las anteriores precisiones, partiremos de la pena m\u00ednima establecida en el cuarto seleccionado, en atenci\u00f3n a la presencia de antecedentes penal y de agravante punitivo por parte del encartado, por lo anterior se le impondr\u00e1 una pena principal de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS (372) MESES DE PRISI\u00d3N y multa de DOSCIENTOS (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pues bien, a pesar de que el juzgado querellado acert\u00f3 al estimar que deb\u00eda aplicar la ley m\u00e1s favorable a ese caso, de conformidad con el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, se equivoc\u00f3 al considerar que exist\u00eda una circunstancia de agravaci\u00f3n punitiva, debido a que en la resoluci\u00f3n acusatoria emitida por la Fiscal\u00eda el 29 de abril de 2002 se indic\u00f3 que la misma correspond\u00eda a la establecida en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 270 del Decreto Ley 100 de 1980, esto es, que el delito se haya cometido en persona mayor de sesenta a\u00f1os de edad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, el fallador en la sentencia condenatoria advirti\u00f3 que dicha agravaci\u00f3n se refer\u00eda a la prevista en el numeral 12 del art\u00edculo 170 de la Ley 599 de 2000, a saber, que \u00abla conducta se comete utilizando orden de captura o detenci\u00f3n falsificada o simulando tenerla\u00bb. En consecuencia, es claro que la \u00faltima circunstancia referida no fue imputada por el ente acusador en el pliego de cargos, lo que transgrede el principio de congruencia y el derecho fundamental al debido proceso del promotor de la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a lo anterior, el estrado judicial encausado consider\u00f3 que la existencia de antecedentes penales por parte del procesado constitu\u00eda una circunstancia de mayor punibilidad, motivo por el cual deb\u00eda ubicarse en el primer cuarto medio para individualizar la condena, no obstante, esa particularidad no est\u00e1 incluida en la lista contenida en el art\u00edculo 58 de la Ley 599 de 2000, que trata sobre esa materia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, es imperativa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de conjurar la transgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, ante el error objetivo en la fijaci\u00f3n de la pena por parte del juzgado que profiri\u00f3 la sentencia condenatoria en contra de esa persona, la cual debe ser corregida a trav\u00e9s de una sentencia complementaria, sin que ello implique la remoci\u00f3n de la ejecutoria de ese fallo, dado que el defecto advertido no tiene repercusiones frente a la legalidad y certeza de lo juzgado en ese asunto, tal como lo dispuso el a quo constitucional en la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la protecci\u00f3n debe concederse, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3214-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticuatro de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99953","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99953"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99953\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99953"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}