{"id":99955,"date":"2026-06-25T19:42:01","date_gmt":"2026-06-25T19:42:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3218-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:42:01","modified_gmt":"2026-06-25T19:42:01","slug":"stc3218-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3218-2017\/","title":{"rendered":"STC3218-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3218-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00011-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el veintis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Leonel Castillo Rico frente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Siete Penal del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Veintitr\u00e9s de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, legalidad, libertad, justicia e igualdad que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al dictar sentencia condenatoria en primera y segunda instancia, incurriendo en un error en la dosificaci\u00f3n punitiva pues aplicaron indebidamente los incrementos de pena a los que se refiere el art\u00edculo14 de la Ley 890 de 2004.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se disponga la redosificaci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n y se retire el incremento de pena aplicado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Inconforme, el procesado interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 5 de agosto de 2015, confirm\u00f3 el fallo de primer grado tras realizar una valoraci\u00f3n de los medios de prueba recopilados y revisar la dosificaci\u00f3n punitiva aplicable a su caso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Relat\u00f3 el tutelante que por razones por atravesar una dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica no pudo contratar los servicios de un abogado para presentar demanda de casaci\u00f3n y que el defensor que se le design\u00f3 de oficio, no lo ilustr\u00f3 acerca de los beneficios y descuentos de la pena a los que pod\u00eda hacerse acreedor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En criterio del peticionario del amparo, se vulneraron sus garant\u00edas deprecadas, al aplicarle indiscriminadamente los aumentos generales de la pena incorporados en la Ley 890 de 2004, y desconocer que aquellos resultan improcedentes en atenci\u00f3n a lo reglado por la Ley 1098 de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 13 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y, se orden\u00f3 comunicar a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 39, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Conocimiento,  luego de realizar un breve recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de la queja, indic\u00f3 que la sanci\u00f3n impuesta al condenado, obedeci\u00f3 a la valoraci\u00f3n de las pruebas legalmente debatidas en el juicio;  am\u00e9n, que el accionante no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo que hace improcedente la concesi\u00f3n del amparo.  [Folios 53 -56, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Defensor P\u00fablico Edgar Humberto Loaiza Bejarano, mencion\u00f3 que asisti\u00f3 al condenado durante todo el juicio penal, e interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia condenatoria proferida en primera instancia. [Folio 89, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogota, expres\u00f3 que la pena impuesta al accionante la dosific\u00f3 de acuerdo con la ley vigente para el momento de los hechos; prove\u00eddo que pone en conocimiento de esta Corporaci\u00f3n para su valoraci\u00f3n. [Folios 91 – 97, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, el Juzgado Veintitr\u00e9s de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que avoc\u00f3 conocimiento de la ejecuci\u00f3n de la pena el 18 de octubre de 2016, neg\u00e1ndole al actor el sustituto de la prisi\u00f3n intramural por la domiciliaria y que a la fecha, en esa oficina judicial, no existe petici\u00f3n jur\u00eddica por resolver, motivo por el cual solicita la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite de tutela. [Folio 99, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 26 de enero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo suplicado al considerar que adem\u00e1s de no cumplirse con el requisito de la inmediatez, el actor no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que cab\u00eda contra el fallo de segunda instancia que pretende cuestionar por esta v\u00eda y si bien, afirm\u00f3 no contar con los recursos econ\u00f3micos para cubrir los honorarios de  un abogado, lo cierto es que pudo solicitar apoyo de la Defensor\u00eda del Pueblo, motivo por el cual no se justifica su descuido.   [Folios 116 -122, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme, el reclamante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n  bajo el argumento que siempre ha estado \u00abdesprovisto de asesor t\u00e9cnico id\u00f3neo\u00bb y que s\u00f3lo hasta el momento del fallo se enter\u00f3 que pod\u00eda ser asistido por la Defensor\u00eda del Pueblo.  En todo caso, pide se le conceda el amparo, por sufrir un agravio que amerita dejar de lado la subsidiaridad y la inmediatez, para lo que trae a colaci\u00f3n sentencias de tutela con radicado STP 5390 -2014 y otras con Nos. 46583; 48065; 69613 y 71200, entre otros.  [Folios 129 -134, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es la inmediatez.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad de la misma, dicho presupuesto impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 Ago 2007, Rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente al se\u00f1alado mecanismo excepcional, pues \u00e9ste no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de otras personas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos por el accionante, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque la petici\u00f3n elevada no atiende el postulado que viene de comentarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, de acuerdo con los argumentos en que se funda el reproche que formula el tutelante en esta sede, la alegada vulneraci\u00f3n de sus derechos deprecados tendr\u00eda origen en la decisi\u00f3n que data de 22 de mayo de 2015 emitida por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 que lo declar\u00f3 penalmente responsable del delito \u00abactos sexuales con menor de catorce a\u00f1os agravado en concurso homog\u00e9neo\u00bb,  y en consecuencia, lo conden\u00f3 a la pena privativa de libertad de 151 meses; as\u00ed mismo, la  adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n en providencia de 5 de agosto de 2015, en tanto que la acci\u00f3n constitucional se impetr\u00f3 el 11 de enero de 2017, esto es, despu\u00e9s de que transcurriera cerca de a\u00f1o y medio desde que se emiti\u00f3 el  \u00faltimo pronunciamiento referido.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que el peticionario del amparo para interponer la tutela dej\u00f3 transcurrir un per\u00edodo superior al que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que hubiera alegado y menos a\u00fan, demostrado alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De otra parte, la solicitud de amparo tampoco atiende el principio de subsidiariedad, pues el accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para cuestionar las referidas determinaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque si, a juicio del actor, se aplic\u00f3 desproporcionadamente el aumento de pena contenida en la Ley 890 de 2004, pudo interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo proferido por el Tribunal accionado, medio de impugnaci\u00f3n establecido por el legislador para plantear tal debate al interior del proceso, mecanismo del que no hizo uso el interesado, sin que tal incuria fuere excusada v\u00e1lidamente tal y como lo dej\u00f3 visto la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, que le puso de presente que de no contar con la solvencia econ\u00f3mica para sufragar los honorarios de un abogado, contaba con el apoyo de la Defensor\u00eda del Pueblo, para su defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Ahora, de pasarse por alto la incuria que le atribuy\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al no formular el recurso procedente, en todo caso, no logra advertirse que la negativa de sus pretensiones, se traduzca en la vulneraci\u00f3n a los derechos invocados, pues las decisiones adoptadas  obedecen a un criterio razonable y motivado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este punto, vale resaltar que aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de los fallos proferidos por el a quo y su superior funcional, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 el juzgador de la segunda instancia, toda vez que aqu\u00e9lla fue la que resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al ad quem para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia a trav\u00e9s de la cual se le conden\u00f3 a una pena principal de prisi\u00f3n de 151 meses, sobre la cual ya est\u00e1 cumpliendo una condena, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se adopt\u00f3, no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se avizora que las determinaciones censuradas estuvieron fundadas en una razonable hermen\u00e9utica de la normatividad aplicable al asunto y de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que qued\u00f3 acreditada en el proceso, tras el estudio de las pruebas recaudadas, lo que llev\u00f3 al Tribunal accionado a estimar que deb\u00eda confirmar la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para resolver el recurso vertical, no s\u00f3lo hizo una valoraci\u00f3n de las pruebas debidamente incorporadas, sino que adem\u00e1s, en lo tocante al reproche puntual, esto es, la dosificaci\u00f3n punitiva, enmarc\u00f3 las reglas aplicables para ese prop\u00f3sito, como lo son, las previstas en los art\u00edculos 60 y 61 del C\u00f3digo Penal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, una vez precisada la pena para la conducta punible de actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os, la que oscila entre 9 y 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 209 del C\u00f3digo Penal, modificado por la Ley 1236 de 2008 con sujeci\u00f3n al agravante dispuesto en el art\u00edculo 211 ib\u00eddem, modificado por el canon 30 de la Ley 1257 de 2008;  consign\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00abBien se ve, entonces, que el juzgado tas\u00f3 la pena conforme al procedimiento establecido en la ley, a la vez que, con fundamento en uno de los respectivos criterios legales, increment\u00f3 el l\u00edmite m\u00ednimo en una proporci\u00f3n absolutamente razonable, dentro del primer cuarto, cuyo l\u00edmite m\u00e1ximo se estableci\u00f3 en 166.5 meses de prisi\u00f3n, mientras que en ese eslab\u00f3n la pena se tas\u00f3 \u00fanicamente en 145 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, cierto es que el procesado no registra antecedentes penales. Sin embargo, ha de record\u00e1rsele al apelante que ese aspecto, a voces del inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 61 del C. P., no tiene ninguna incidencia al momento de individualizar la pena, como si la tiene la gravedad de la conducta, que fue el factor aducido por el a quo para graduar la pena en 145 meses de prisi\u00f3n, apenas un mes por encima del l\u00edmite m\u00ednimo legal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed entonces, habiendo sido dosificada la pena correctamente, ninguna modificaci\u00f3n cabe hacer a ese respecto\u00bb. Se resalta  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En ese orden, el prove\u00eddo que es objeto de an\u00e1lisis en esta sede constitucional se aprecia adecuadamente motivado y contiene una valoraci\u00f3n frente a las circunstancias particulares del caso, lo que no puede ser calificado de tener su origen en alg\u00fan criterio puramente subjetivo de la autoridad judicial accionada, o en un ejercicio arbitrario de la funci\u00f3n judicial, razones \u00e9stas que impiden considerar el proceder del funcionario como trasgresor de garant\u00edas superiores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La pretensi\u00f3n del actor, entonces, queda circunscrita, de modo exclusivo, al disenso frente al criterio jur\u00eddico de la autoridad acusada, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, dada la naturaleza excepcional de dicho mecanismo, que no se erige en una instancia m\u00e1s dentro de los tr\u00e1mites judiciales.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado a no prosperar, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3218-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00011-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99955","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99955","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99955"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99955\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99955"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99955"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99955"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}