{"id":99956,"date":"2026-06-25T19:42:05","date_gmt":"2026-06-25T19:42:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3220-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:42:05","modified_gmt":"2026-06-25T19:42:05","slug":"stc3220-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3220-2017\/","title":{"rendered":"STC3220-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b066001-22-13-000-2017-00019-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el treinta de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 al Defensor del Pueblo, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional Risaralda y Bancolombia as\u00ed como a los intervinientes en la acci\u00f3n constitucional objeto de la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n a la decisi\u00f3n proferida el 18 de enero de 2017 que lo requiri\u00f3 para que gestionara la publicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 cuando dicha informaci\u00f3n ya exist\u00eda en el expediente.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene continuar con la acci\u00f3n popular amparado en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la Ley 472 de 1998. [Folio 1, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1.  El accionante  promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular que se radic\u00f3 con el n\u00famero 2015-0243, contra Bancolombia por poseer un cajero electr\u00f3nico que vulnera el art\u00edculo 8\u00ba de  Ley 982 de 2005 por cuanto en su teclado no tiene lenguaje  <\/span><\/p>\n

bradley, carece de parlantes con altavoces ni cuenta con se\u00f1ales luminosas, auditivas ni visuales a fin de que pueda ser utilizado por ciudadanos sordos y ciegos.  <\/span><\/p>\n

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2. El tr\u00e1mite le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, autoridad que el 2 de junio de 2015 procedi\u00f3 a su admisi\u00f3n y orden\u00f3 correr traslado tanto a la entidad accionada como al defensor del pueblo as\u00ed como la publicaci\u00f3n a los miembros de la comunidad. [Folio 14, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. La entidad  demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y mencion\u00f3 que respecto a los hechos de la demanda en ninguno se individualiza jur\u00eddicamente al cajero electr\u00f3nico al que se refiere el actor y no es cierto que los cajeros electr\u00f3nicos de esa entidad bancaria vulneren el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005, pues de su lectura no se deriva la obligaci\u00f3n de adecuarlos con teclado en lenguaje bradley, parlantes, conectores de aud\u00edfonos, se\u00f1ales luminosas, visuales y auditivas. Que las personas con limitaciones visuales pueden acudir a la caja de atenci\u00f3n preferencial para realizar sus transacciones con la ayuda de uno de los funcionarios de la sucursal.  <\/span><\/p>\n

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4. De igual modo el demandado propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abIneptitud de la demanda, ausencia de vulneraci\u00f3n de derechos e intereses colectivos e  imposibilidad de presumir la afectaci\u00f3n de un derecho colectivo a partir del incumplimiento de normas\u00bb  <\/span><\/p>\n

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5. Mediante auto fechado 20 de agosto de 2015 se dispuso correr traslado de las excepciones propuestas.  <\/span><\/p>\n

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6. Posteriormente se fij\u00f3 d\u00eda y hora para llevar a cabo audiencia de pacto de cumplimiento, misma que se declar\u00f3 fallida toda vez que el accionante no compareci\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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8. El 14 de julio de 2016 se concedi\u00f3 la acci\u00f3n popular y se orden\u00f3 a Bancolombia proceda a implementar en los cajeros autom\u00e1ticos ubicados en la sucursal de la Plaza de Bol\u00edvar de esa ciudad, las medidas necesarias para que los mismos puedan ser utilizados por personas con limitaciones auditivas y visuales en forma adecuada, para cuyo efecto concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de 60 d\u00edas. [Folios 16-23, c.1]  <\/span><\/p>\n

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9. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, la entidad bancaria interpuso recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. El 22 de agosto de 2016, el Tribunal Superior de Pereira declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n tras advertir que si bien el juzgado elabor\u00f3 la comunicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 y la divulg\u00f3 a la comunidad por intermedio de la Emisora de la Polic\u00eda Nacional, el aludido aviso contiene informaci\u00f3n errada respecto del inmueble en el que se encuentra ubicado el cajero electr\u00f3nico que se dice no re\u00fane los requerimientos necesarios para ser utilizado por personas con discapacidad auditiva y\/o visual, por lo que era necesario cuando el a quo se enter\u00f3 de aquella inconsistencia, que corrigiera el aviso y ordenara nuevamente su publicaci\u00f3n, lo que no aconteci\u00f3.  [Folios 39-41, c.1]   <\/span><\/p>\n

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11. Contra esta determinaci\u00f3n el tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n al considerar que en el plenario s\u00ed aparece prueba de que se haya hecho el aviso a la comunidad junto con la constancia de su divulgaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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12. El 7 de septiembre siguiente, el Ad Quem deneg\u00f3 la reposici\u00f3n y advirti\u00f3 que la providencia era \u00abirrecurrible\u00bb. [Folios 45-46, c.1]  <\/span><\/p>\n

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13. El 19 de septiembre de ese a\u00f1o, el juzgado en obedecimiento a lo resuelto por el superior dispuso elaborar el aviso informando a la comunidad sobre la existencia del proceso y fuera publicado el mismo en una emisora o medio escrito de amplio cubrimiento en la ciudad con la advertencia que los costos serian a cargo del tutelante. [Folios 28 y 29, c.1]  <\/span><\/p>\n

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14. Inconforme con la decisi\u00f3n el accionante la impugn\u00f3  bajo el argumento que no contaba con dinero ni v\u00ednculo laboral para hacer la publicaci\u00f3n, por lo que se debe dar v\u00eda al impulso oficioso.   <\/span><\/p>\n

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15. El 4 de octubre siguiente, el Juzgado no repuso su decisi\u00f3n tras se\u00f1alar que \u00abEl impulso oficioso a que se apega el actor no contempla que la labor de quien promueve la demanda sea \u00fanicamente el de presentarla y que sean los despachos judiciales, quienes deben asumir los costos de notificaci\u00f3n, publicaciones,  peritazgos, etc\u00e9tera. Cuando se activa el aparato judicial, las partes est\u00e1n obligadas a asumir unas responsabilidades m\u00ednimas y no se concibe que se traten de evadir al hacerse interpretaciones ama\u00f1adas de las normas.\u00bb. De igual forma neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto en subsidio por improcedente. [Folio 32, c.1]  <\/span><\/p>\n

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16. El 18 de enero de 2017, el Juzgado dispuso requerir al actor para que en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas procure la publicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 so pena de dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. Determinaci\u00f3n frente a la que el tutelante guard\u00f3 silencio. [Folio 34, c.1]   <\/span><\/p>\n

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17. En criterio del peticionario, el despacho judicial accionado le vulner\u00f3 sus derechos, porque, la informaci\u00f3n que requiere en su \u00faltima decisi\u00f3n se encuentra acreditada en  los folios 6 y 18 del expediente. [Folios 1 y 2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 23 de enero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 su tr\u00e1mite, as\u00ed como el traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 5, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se mostr\u00f3 ajena a los hechos en los cuales el quejoso fundamenta su reclamo, puesto que sus reparos est\u00e1n dirigidos a controvertir decisiones adoptadas \u00fanica y exclusivamente por el Juzgado accionado. [Folio 9, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el juzgado accionado remiti\u00f3 copia de las decisiones adoptadas al interior del tr\u00e1mite censurado y manifest\u00f3 que contra el auto que requiri\u00f3 al actor para que publicara el aviso so pena de ordenar el desistimiento t\u00e1cito  no se interpuso recurso alguno. [Folios 12, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 30 de enero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada por considerar que pese a que el accionante no impugn\u00f3 la decisi\u00f3n censurada  que lo requiri\u00f3 para que cumpliera con la carga de la notificaci\u00f3n a los miembros de la comunidad, dicha determinaci\u00f3n no es producto de una descabellada e irregular posici\u00f3n jur\u00eddica que deba removerse por esta v\u00eda.  [Folios 49-51, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, para cuyo efecto adujo que en la acci\u00f3n popular no existe el desistimiento t\u00e1cito \u00abya que mi acci\u00f3n es constitucional y de impulso oficiosa\u00bb y \u00abla A Quo se niega rotundamente a desconocer lo que le ordena el art. 5 y 84 de la Ley 472 de 1998 y parece que nada paza (sic)\u00bb [Folio 54, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, la solicitud de protecci\u00f3n al debido proceso, no atiende el comentado principio, pues es evidente que el accionante no hizo uso de las herramientas jur\u00eddicas con que contaba para controvertir la decisi\u00f3n fechada 18 de enero de 2017 y que por esta v\u00eda cuestiona, no siendo viable utilizar este mecanismo para revivir las oportunidades procesales que dej\u00f3 fenecer ni debatir temas que no fueron expuestos ante el Juez natural.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, contra el citado prove\u00eddo, a trav\u00e9s del cual el juzgador accionado requiri\u00f3 al actor para que en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas siguientes procure la publicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, so pena de dar aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, era susceptible del recurso de reposici\u00f3n, luego, no se satisface el requisito de la subsidiaridad de este especial tr\u00e1mite, que no puede utilizarse como un recurso adicional o alternativo de los usuarios de la justicia para revivir etapas procesales que dejaron fenecer por su desatenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Se reitera que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC, 26 ene. 2011, rad. 2011-00027-00)  <\/span><\/p>\n

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3. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado, pero con fundamento en lo aqu\u00ed expuesto.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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