{"id":99957,"date":"2026-06-25T19:42:08","date_gmt":"2026-06-25T19:42:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3224-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:42:08","modified_gmt":"2026-06-25T19:42:08","slug":"stc3224-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3224-2017\/","title":{"rendered":"STC3224-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3224-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00531-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Germ\u00e1n Andr\u00e9s Valencia Franco en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos Emilio, Martina y Lorenzo Valencia Duran contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, la Alcald\u00eda y las Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y Obras P\u00fablicas de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de dicha urbe, as\u00ed como la parte activa y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante en la forma antes mencionada, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, a la dignidad humana, a la igualdad, a la vivienda digna, a la familia, a la salud y a la vida en condiciones dignas, presuntamente conculcados por las entidades y la autoridad jurisdiccional convocadas, con la Resoluci\u00f3n No. 16 de 7 de mayo de 2014, confirmada por la Resoluci\u00f3n No. 31 de 7 de julio siguiente, as\u00ed como con la sentencia de segunda instancia proferida en audiencia el pasado 26 de enero, dentro de la acci\u00f3n de cumplimiento promovida por el Conjunto Cerrado Arboletes de la ciudad de Manizales contra las Secretar\u00edas de Planeaci\u00f3n y de Obras P\u00fablicas de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado por pasiva junto a los se\u00f1ores Adonilson Julio De La Rosa, C\u00e9sar Augusto Ossa Meza, Doralice Ortiz Ortiz, Fredy Alexander Villa Carmona, H\u00e9ctor Jairo Nore\u00f1a Nore\u00f1a, Ivonne Castrill\u00f3n Torres, Mart\u00edn Alfredo Duarte Barco, Orlando Vivas Mu\u00f1oz, Rafael Enrique Coronel Hern\u00e1ndez, Ricardo Loaiza Ocampo, Mario Edilson Alzate Cano, Mar\u00eda Daliris Giraldo Alzate y V\u00edctor Ra\u00fal Ram\u00edrez Ceballos.  <\/span><\/p>\n

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Pretende entonces, que se le conceda el resguardo implorado, \u00abdej[ando] sin efectos la [citada] decisi\u00f3n\u00bb judicial, y ordenando entonces, a la Alcald\u00eda de la aludida capital, \u00abSUSPENDER los efectos de la resoluci\u00f3n No. 174 del 31 de enero de 2017 (\u2026) \u201cPor la cual se adoptan medidas para el cumplimiento de una sentencia\u201d, hasta que (\u2026) se pronuncie y decida de fondo sobre la legalidad y la constitucionalidad de las [prenombradas] Resoluciones\u00bb, tarea que deber\u00e1 atender \u00aba fin que si observa un vicio de inconstitucionalidad en las [mismas] proceda a revocarlas\u00bb (fls. 24 y 25).  <\/span><\/p>\n

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2.   Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en s\u00edntesis, que adquiri\u00f3 de manos del ingeniero Gustavo Casta\u00f1o Loaiza, constructor del Conjunto Cerrado \u201cSanta Mar\u00eda del Camino\u201d de Manizales, una de las casas all\u00ed construidas por un valor de $301.000.000,oo, para lo cual cancel\u00f3 inicialmente la suma de $60.000.000,oo, y el saldo restante a trav\u00e9s de un contrato de \u201cLEASING HABITACIONAL\u201d con el Banco Helm; sin embargo, dice, el 21 de abril de 2014, a tan solo un mes de haber pagado dicho inmueble, asisti\u00f3 a una reuni\u00f3n celebrada por la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal, con el objeto de \u00abrecepcionar declaraciones de los propietarios\u00bb, quien lo cit\u00f3 al mes siguiente \u00abpara dar[le] a conocer la Resoluci\u00f3n No. 16 de 2014 en la que se sancionaba al [mencionado] ingeniero\u00bb, por incumplir normas urban\u00edsticas, decisi\u00f3n que fue confirmada posteriormente mediante \u00abResoluci\u00f3n No. 31 de[l mismo a\u00f1o]\u00bb, la cual tambi\u00e9n le fue comunicada.        <\/span><\/p>\n

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Sostiene que en vista de lo anterior, los propietarios de las unidades habitacionales le solicitaron al constructor que \u00ab[les] brindara una soluci\u00f3n pronta y oportuna ante los problemas que pod\u00edan derivarse de la sanci\u00f3n impuesta\u00bb, quien les manifest\u00f3 que ya hab\u00eda pagado la misma y que \u00abtodo ya hab\u00eda sido solucionado\u00bb, raz\u00f3n por la que no se siguieron preocupando por el tema; no obstante, asevera, en el mes de agosto de 2016, se enter\u00f3 que estaba siendo vinculado \u00abcomo tercero afectado en una acci\u00f3n de cumplimiento promovida por la administradora del conjunto vecino (Conjunto Cerrado Arboletes)\u00bb, tr\u00e1mite a trav\u00e9s del cual se buscaba dar cumplimiento al numeral 4\u00ba de la primera de las demarcadas resoluciones, \u00abespec\u00edficamente en lo que tiene que ver con la demolici\u00f3n de [las] viviendas\u00bb, motivo por el cual contrat\u00f3 junto con los dem\u00e1s vinculados, los servicios de un profesional del derecho, a quien se le solicit\u00f3 que al momento de contestar la demanda, manifestara que \u00ab[h]ab\u00edan casos particulares de especial relevancia, en lo atinente a derechos fundamentales y poblaci\u00f3n de especial protecci\u00f3n, entre ellos ancianos, ni\u00f1os y personas con enfermedades graves e inclusive algunas con enfermedades catastr\u00f3ficas\u00bb, situaci\u00f3n que, dice, no fue tenida en cuenta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento del asunto, pues mediante fallo del 6 de octubre siguiente, accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue recurrida sin \u00e9xito, pues la Sala Civil del Tribunal de la misma ciudad, al resolver la alzada, \u00abconfirm\u00f3 parcialmente\u00bb lo resuelto, \u00abafecta[ndo] directamente [su] propiedad\u00bb.            <\/span><\/p>\n

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Finalmente refiere, que en el evento en que se haga efectiva la anterior determinaci\u00f3n, se ver\u00eda abocado a desalojar su vivienda, y por ende, a conseguir un inmueble en arriendo, lo cual \u00abgenerar\u00eda una grave afectaci\u00f3n a [sus] derechos fundamentales; y peor a\u00fan a los de [su] familia\u00bb, la cual est\u00e1 compuesta por \u00ab3 ni\u00f1os menores de 7 a\u00f1os\u00bb, uno de ellos gravemente enfermo, pues se le diagnostic\u00f3 un \u00abtumor cerebral\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que su reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo de especial protecci\u00f3n (ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 28 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 129).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  El Juez Segundo Civil del Circuito de Manizales manifest\u00f3, que se atiene \u00abal contenido de las providencias dictadas en el curso del tr\u00e1mite del proceso [debatido] y los argumentos contenidos en las mismas\u00bb (fl. 182).    <\/span><\/p>\n

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b.  La Administraci\u00f3n Municipal de Manizales, luego de hacer un breve pronunciamiento frente a cada uno de los hechos narrados por el tutelante en el escrito de tutela, se opuso al \u00e9xito del auxilio implorado, con sustento en que \u00abal contenido de las providencias dictadas en el curso del tr\u00e1mite del proceso [debatido] y los argumentos contenidos en las mismas\u00bb (fls. 185 a 188).   <\/span><\/p>\n

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c.  Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en el presente tr\u00e1mite constitucional.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el se\u00f1or Germ\u00e1n Andr\u00e9s Valencia Franco en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos Emilio, Martina y Lorenzo Valencia Duran, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues en lo que toca con el reproche endilgado contra las Resoluciones No. 16 y 31 de 7 de mayo y 7 de julio de 2014, por medio de las cuales la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Manizales dispuso, entre otros, \u00abIMPONER MULTA de CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($110.764.936.oo) (\u2026) al se\u00f1or GUSTAVO CASTA\u00d1O LOAIZA (\u2026), responsable de las obras sin SUJECION A LA LICENCIA en el (\u2026) CONJUNTO SANTA MARIA DEL CAMINO (TERCERA Y ULTIMA ETAPA)\u00bb, y, en caso de incumplir lo anterior, de un lado, \u00abORDENAR la suspensi\u00f3n de los servicios p\u00fablicos domiciliarios\u00bb, y de otro, \u00aba costa del interesado se llevar\u00e1 a cabo la demolici\u00f3n de las obras ejecutadas\u00bb; y, confirmar lo resuelto1, respectivamente, se advierte que, a m\u00e1s que el aqu\u00ed interesado no las cuestion\u00f3 a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas pertinentes, el amparo invocado no cumple con el presupuesto de la inmediatez, si en cuenta se tiene que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 20 de febrero de la presente anualidad (fl. 27), esto es, dos a\u00f1os y casi siete meses despu\u00e9s de haberse emitido \u00e9stas, circunstancia que evidencia, entonces, la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la tem\u00e1tica que se debate no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con las se\u00f1aladas resoluciones, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado requisito, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.   <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-00; citada entre otras en STC16688-2015, STC608-2016, STC1898-2016, STC2172-2016 y STC122-2017).  <\/span><\/p>\n

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3.      Ahora, en lo que toca con el ataque dirigido contra la sentencia de segunda instancia proferida en audiencia el 26 de enero hoga\u00f1o, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la citada capital, por medio de la cual se resolvi\u00f3, \u00abCONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el cuatro (4) de octubre de 2016 y adicionada el 13 de octubre posterior por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, Caldas dentro de la acci\u00f3n de cumplimiento, promovida por el Conjunto Cerrado Arboletes de Manizales frente a la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal y la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados por pasiva los se\u00f1ores Adonilson Julio De La Rosa, C\u00e9sar Augusto Ossa Meza, Doralice Ortiz, Fredy Alexander Villa Carmona, Germ\u00e1n Andr\u00e9s Valencia Franco, H\u00e9ctor Jairo Nore\u00f1a Nore\u00f1a, Ivonne Castrill\u00f3n Torres, Mart\u00edn Alfredo Duarte Barco, Orlando Vivas Mu\u00f1oz, Rafael Enrique Coronel Hern\u00e1ndez, Ricardo Loaiza Ocampo, Mario \u00c9dilson Alzate Cano, Mar\u00eda Daliris Giraldo Alzate y V\u00edctor Ra\u00fal Ram\u00edrez Ceballos\u00bb; \u00abREVOCAR la providencia censurada en lo atinente a la Casa N\u00ba21 del conjunto residencial Santa Mar\u00eda del Camino de Manizales\u00bb; y, \u00abACLARAR que el cumplimiento forzado de las Resoluciones que dieron origen a la presente acci\u00f3n constitucional se refiere \u00fanicamente a las edificaciones que fueron expresamente se\u00f1aladas en el conjunto de Resoluciones 16 y 31 de 2014 de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal Local\u00bb (fl. 122), basta decir que la misma tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, en raz\u00f3n a que, frente a los reparos esgrimidos por tanto por el actor como por los dem\u00e1s vinculados2, dicha Corporaci\u00f3n, puntualiz\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAcerca de si se debieron especificar las obras que fueron ilegalmente construidas, con indicaci\u00f3n de las que se pueden adecuar a la ley urban\u00edstica; resulta pertinente acotar que este tema ha debido ventilarse por la v\u00eda gubernativa en el tr\u00e1mite del proceso sancionatorio, o demandarse ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, solicit\u00e1ndose por ende, de ser el caso, la suspensi\u00f3n de las resoluciones atacadas. Y ello en virtud de que la finalidad de la presente acci\u00f3n constitucional no es otra que dar cumplimiento o materializar lo contenido en el acto administrativo; no siendo dable en estos momentos discutir o revivir etapas preclu\u00eddas, pues se atentar\u00eda contra el principio de la preclusi\u00f3n o eventualidad de los actos procesales; fuera de que las resoluciones se encuentran debidamente ejecutoriadas y en firme desde el 17 de octubre de 2014, tal como lo afirm\u00f3 la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n. De manera que no son de recibo los argumentos expuestos como sustento de este reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Los argumentos expuestos con precedencia tambi\u00e9n sirven para controvertir la tesis de que la adquisici\u00f3n de las viviendas se realiz\u00f3 con desconocimiento de la actuaci\u00f3n administrativa que se adelantaba en contra del constructor del conjunto.  <\/span><\/p>\n

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2. Referente a que las decisiones que se atacan no cobijan a la casa No 21 que hace parte de Santa Mar\u00eda del Camino, es pertinente resaltar que obra en el folio 30 del cuaderno 3 constancia de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Manizales, donde manifiesta que existe otro proceso administrativo, que se sit\u00faa en el expediente 119-2015, igualmente contra el se\u00f1or Gustavo Casta\u00f1o Loaiza; certificaci\u00f3n que cotejada con el resto del material probatorio arroja que se refiere a la casa n\u00ba 21 del Conjunto Santa Mar\u00eda del Camino, tr\u00e1mite en que apenas se est\u00e1n surtiendo las etapas procesales; por tanto, no existe una decisi\u00f3n de fondo.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior nos lleva a concluir que si bien la adecuaci\u00f3n a las normas a que se ha venido haciendo referencia fue ordenada a los linderos del Conjunto Residencial con ficha catastral N\u00ba 1-01-03-11-003-802 no existe en el momento un acto administrativo sancionatorio espec\u00edfico debidamente expedido y ejecutoriado pendiente de cumplimiento en relaci\u00f3n con la mencionada casa N\u00ba 21. Por lo tanto, esta propiedad deber\u00e1 ser excluida de la decisi\u00f3n adoptada por el fallador de primer nivel.  <\/span><\/p>\n

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Ha indicado el H. Consejo de Estado: \u201cRespecto de la acci\u00f3n de cumplimiento, es importante se\u00f1alar que en principio su ejercicio est\u00e1 en cabeza de cualquier persona; sin embargo, cuando se trata de la materializaci\u00f3n de derechos subjetivos, solo el afectado o el titular del derecho puede exigir su cumplimiento\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Todav\u00eda m\u00e1s, el da\u00f1o se ha seguido generando, como se anot\u00f3 en la resoluci\u00f3n No 31 de 2014, donde se dej\u00f3 constancia que no han cesado en el Conjunto Santa Mar\u00eda del Camino los procesos constructivos realizados con violaci\u00f3n de las normas urban\u00edsticas, al carecer de los permisos de las curadur\u00edas urbanas de esta Ciudad.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, tras verificarse el incumplimiento por parte del Condominio Santa Mar\u00eda del Camino en adecuar la construcci\u00f3n a las normas urban\u00edsticas, y no existiendo razones que lo justifiquen; se confirmar\u00e1 parcialmente la decisi\u00f3n de primer nivel; con excepci\u00f3n de lo referente a la casa No. 21, por las razones atr\u00e1s consignadas y se aclarar\u00e1 el sentido del fallo para indicar que el cumplimiento forzado de las resoluciones que dieron origen a la presente acci\u00f3n constitucional se refiere \u00fanicamente a las edificaciones que fueran expresamente se\u00f1aladas en el conjunto se\u00f1aladas en las Resoluciones 16 y 31 de 2014 de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal Local\u00bb (fl. 122).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor los Magistrados del Tribunal acusado hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, como qued\u00f3 visto, el ingeniero Gustavo Casta\u00f1o Loaiza, constructor del susodicho complejo habitacional, no solo dej\u00f3 de solicitar una nueva licencia de construcci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n no construy\u00f3 las edificaciones que levant\u00f3 conforme a las normas urban\u00edsticas que regulan ese tipo de obras, lo que indefectiblemente trajo como consecuencia, la correspondiente sanci\u00f3n y la instauraci\u00f3n de la rese\u00f1ada acci\u00f3n de cumplimiento por parte del conjunto residencial afectado, para que se diera cumplimiento a las memoradas resoluciones, lo cual, por simple l\u00f3gica, no pod\u00eda ser enervado con los argumentos esgrimidos por el actor con el recurso de apelaci\u00f3n, como bien lo explic\u00f3 la citada autoridad, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la decisi\u00f3n que se cuestiona, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada en STC728-2016, STC1496-2016 y STC2343-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.         Con todo, cabe acotar, que el gestor y los dem\u00e1s afectados con las memoradas actuaciones, cuentan con las acciones civiles previstas en nuestro ordenamiento para demandar los perjuicios causados por el constructor del Conjunto Cerrado \u201cSanta Mar\u00eda del Camino\u201d de Manizales, con la omisi\u00f3n en la observancia de la rese\u00f1ada reglamentaci\u00f3n, as\u00ed como con la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, para reclamar la correspondiente indemnizaci\u00f3n por falla del servicio del Estado, en este caso, de las autoridades competentes que permitieron la ejecuci\u00f3n y la comercializaci\u00f3n de tales viviendas, de darse los presupuestos para ello, pues, sin restarle importancia a la situaci\u00f3n narrada por el peticionario en el escrito de tutela, lo cierto es que, necesariamente, debe darse cumplimiento a las decisiones proferidas por las autoridades jurisdiccionales acusadas, de ah\u00ed que no pueda ordenarse la suspensi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 174 del 31 de enero de 2017, \u201c[p]or la cual se adoptan medidas necesarias para el cumplimiento de una sentencia\u201d, la cual encuentra su fundamento en una orden proferida como consecuencia de un tr\u00e1mite judicial.  <\/span><\/p>\n

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6.         Por tanto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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Devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Folios 34 a 63, cdno. 1.    <\/span><\/p>\n

2 El ataque del actor y de otros vinculados se centr\u00f3 en que \u201ccalificaron el fallo de inadecuado porque no se especificaron las obras que fueron construidas ilegalmente, ni cuales de ellas se pueden adecuar a la norma,  dado que la Ley 388 de 1997 permite a los infractores ajustarlas a la ley urban\u00edstica. Agregaron que la compra de las viviendas construidas en el conjunto se llev\u00f3 a cabo con pleno  desconocimiento de la actuaci\u00f3n administrativa que se adelantaba en contra del constructor del conjunto.\u201d      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3224-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00531-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-   Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Germ\u00e1n Andr\u00e9s […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99957","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99957"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99957\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99957"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99957"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}