{"id":99958,"date":"2026-06-25T19:42:13","date_gmt":"2026-06-25T19:42:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3225-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:42:13","modified_gmt":"2026-06-25T19:42:13","slug":"stc3225-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3225-2017\/","title":{"rendered":"STC3225-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3225-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00542-00  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Julia Mar\u00eda Urbina contra la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados Quince Civil del Circuito, S\u00e9ptimo de Familia, Veinte Civil Municipal de Descongesti\u00f3n, y, Cuarenta y Uno Civil Municipal, todos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la parte pasiva y activa de los procesos liquidatorio y declarativo, respectivamente, a los que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         La gestora reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las diferentes decisiones proferidas al interior del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que promovi\u00f3 en contra de Salvador Epaminondas Urrea Cruz, y, dentro del proceso reivindicatorio que este \u00faltimo instaur\u00f3 en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene \u00abLA REVISI\u00d3N DE TODO LO ACTUADO POR LOS DESPACHOS JUDICIALES ACCIONADOS POR HABER INCURRIDO EN IRREGULARIDADES PROCESALES\u00bb, y como consecuencia de lo anterior, que se \u00abREVOQUEN APARTES DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LOS JUZGADOS ACCIONADOS [EN EL] PROCESO DE FAMILIA\u00bb y el juicio reivindicatorio referenciados, menos, en este \u00faltimo, \u00abEL PUNTO REVOCADO POR EL SE\u00d1OR JUEZ 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1\u00bb (fls. 9 a 11, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, adujo en s\u00edntesis, que contrajo matrimonio el 30 de septiembre de 1973 con el mentado se\u00f1or Urrea Cruz, uni\u00f3n de la cual nacieron cinco (5) hijos de nombre \u00abJAVIER ARMANDO, MERY CONSUELO, NELSON, JUAN GERMAN Y FABIO ANDR\u00c9S URREA URBINA\u00bb; sin embargo, afirma, por problemas de convivencia y \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb, tuvieron que separarse, motivo que la llev\u00f3 a promover el referido proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que pese a que acredit\u00f3 dentro de dicha actuaci\u00f3n, que en el lote de propiedad de su ex c\u00f3nyuge construy\u00f3 con recurso propios en vigencia de la sociedad conyugal, el bien inmueble ubicado en \u00abla transversal 4 No. 36 \u2013 74 de Bogot\u00e1\u00bb, el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de la misma ciudad no le reconoci\u00f3 los gananciales a que ten\u00eda derecho por la edificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala, por otra parte, que aunque en el a\u00f1o 2006 concili\u00f3 con su ex esposo, que ella recibir\u00eda los c\u00e1nones de arrendamiento de uno de los locales del referido inmueble, y posteriormente, \u00e9ste accedi\u00f3 a que dichos emolumentos fueran destinados al pago del cr\u00e9dito hipotecario que inicialmente se les otorg\u00f3 por $30.000.000.oo para la adquisici\u00f3n de un establecimiento de comercio denominado \u00abPESCADER\u00cdA IDEMAR\u00bb, el cual no funciona por haber sido \u00absacada a la fuerza\u00bb por alguno de sus hijos y su ex c\u00f3nyuge, la Juez Cuarenta y Uno Civil Municipal de la citada capital, que conoci\u00f3 del proceso reivindicatorio que aqu\u00e9l promovi\u00f3 en su contra, la conden\u00f3 no solo a restituirle el aludido local comercial, sino tambi\u00e9n a devolver los c\u00e1nones de arrendamiento recibidos desde el a\u00f1o 2009, as\u00ed como al pago de las costas procesales, siendo confirmada en sede de alzada \u00fanicamente, la orden de restituci\u00f3n por parte del Juzgado Quince Civil del Circuito de dicha urbe.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente sostiene, que en las aludidas controversias no se realiz\u00f3 una correcta valoraci\u00f3n probatoria, pues se dej\u00f3 de lado, no solo que la sociedad conyugal se mantuvo hasta el a\u00f1o 2008, sino que quedaron a su cargo todos los pasivos de \u00e9sta sin que le fueran reconocidos sus esfuerzos y lo que ella aport\u00f3 a aqu\u00e9lla durante su vigencia, sumado a que, dice, se aceptaron todas las mentiras que su contraparte quiso introducir en las mismas, raz\u00f3n por la que considera que las citadas autoridades con dichas actuaciones transgredieron su debido proceso (fls. 1 a 12, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 2 de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 133).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en el presente tr\u00e1mite constitucional.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por la se\u00f1ora Julia Mar\u00eda Urbina no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues en lo que toca con los reproches endilgados contra las decisiones proferidas al interior del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que ella promovi\u00f3 en contra de Salvador Epaminondas Urrea Cruz, con rad. No. 1994-02248-00, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de tutela de segunda instancia de 20 de abril de 2016 (STC4934-2016), en la que neg\u00f3 el resguardo suplicado, tras considerar que \u00e9ste no atend\u00eda el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, decisi\u00f3n en la que se consider\u00f3 puntualmente lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAunque la accionante reclama a trav\u00e9s del amparo que se deje sin efecto todo lo actuando dentro del citado proceso liquidatorio, pues en su sentir, las autoridades judiciales del conocimiento desconocieron que fue en vigencia de la uni\u00f3n entre las partes que ella con sus propios recursos edific\u00f3 un inmueble en el predio de propiedad de su ex esposo, lo que la hac\u00eda merecedora del reconocimiento de una suma de dinero a t\u00edtulo de gananciales, no cabe duda la inviabilidad de lo solicitado por incumplir con el presupuesto de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la sentencia que puso fin a la aludida controversia data del 27 de julio  de 20101 (fls. 12 a 15, cdno. 8, exp. rad. No. 1993-02248), mientras que la acci\u00f3n de tutela fue presentada s\u00f3lo hasta el 18 de diciembre de 2015 (fl. 15), lo que evidencia que transcurri\u00f3 con largueza un t\u00e9rmino superior a seis (6) meses, el cual es estimado como razonable por esta Corporaci\u00f3n para intentar la protecci\u00f3n reclamada\u00bb (STC4934-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.   Ahora, al ser remitido dicho expediente a la Corte Constitucional2, \u00e9ste fue excluido de revisi\u00f3n mediante prove\u00eddo de 14 de julio de 20163, por lo que la aludida decisi\u00f3n hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional (Art. 243 numeral 1\u00ba C.P.), y por ende, es oponible a quienes intervinieron en dicho tr\u00e1mite, por lo que cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de reabrir nuevamente el debate sobre aquellas actuaciones, en lo que a la tem\u00e1tica puntual refiere, en raz\u00f3n a que tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional,  <\/span><\/p>\n

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\u00abuna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u201cno hay lugar para reabrir el debate\u201d y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u201c(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u00bb (C.C. SU1219\/01, citada en CSJ STC295-2016, STC9446-2016 y STC1793-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por otra parte, en lo que respecta con la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de julio de 2016 por el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta capital, dentro del proceso declarativo reivindicatorio que el se\u00f1or Salvador Epaminondas promovi\u00f3 contra la tutelante, particularmente, lo relacionado con la falta de reconocimiento de las mejoras construidas (local comercial) sobre el bien inmueble ubicado en \u00abla transversal 4 No. 36 \u2013 74 de Bogot\u00e1\u00bb, as\u00ed como los frutos civiles que aqu\u00e9llas hayan producido, no cabe duda que el resguardo suplicado tambi\u00e9n est\u00e1 llamado al fracaso, pues dicha determinaci\u00f3n tuvo como fundamento argumentos que no pueden considerarse caprichosos o absurdos, en tanto que, como bien lo indic\u00f3 el despacho en su providencia, tal t\u00f3pico qued\u00f3 zanjado en el \u00abjuicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb, en el que se determin\u00f3 que aqu\u00e9l era de propiedad del demandante, raz\u00f3n por la que dicho t\u00f3pico \u00abno puede ser materia de discusi\u00f3n en es[a] instancia\u00bb, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la providencia confutada se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la actuaci\u00f3n que se debate, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada en STC728-2016, STC1496-2016 y STC2343-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.         Por tanto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Fallo de segunda instancia proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1.    <\/span><\/p>\n

2 Por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, quien confirm\u00f3 lo resuelto.    <\/span><\/p>\n

3 De acuerdo a la informaci\u00f3n consultada en la p\u00e1gina Web de la Corte Constitucional,      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3225-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00542-00      Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Julia Mar\u00eda Urbina contra la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99958","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99958","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99958"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99958\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99958"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99958"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99958"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}