{"id":99959,"date":"2026-06-25T19:42:25","date_gmt":"2026-06-25T19:42:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3226-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:42:25","modified_gmt":"2026-06-25T19:42:25","slug":"stc3226-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3226-2017\/","title":{"rendered":"STC3226-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3226-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00433-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Fredy Leonardo G\u00f3mez Jaramillo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto penal a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El promotor del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00ablegalidad\u00bb, a la \u00abindependencia judicial\u00bb, al \u00abbuen nombre\u00bb y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por la Alta Corporaci\u00f3n accionada, al definir la competencia para conocer del recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente a la determinaci\u00f3n que en calidad de Juez Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3 con Funci\u00f3n de Garant\u00edas, emiti\u00f3 revocatoria medida de aseguramiento, en el marco del tr\u00e1mite penal seguido contra Heliodoro Agamez Pineda y Alfredo Jos\u00e9 Agamez Venegas, por lo punibles de prevaricato por omisi\u00f3n, peculado por apropiaci\u00f3n y falsedad en documento p\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, que se \u00abdecre[te] la nulidad de la providencia AP156-2017 emitida el 18 de enero de 2017 por la Sala Plena Penal de la Corte Suprema de justicia\u00bb; tambi\u00e9n que se ordene a la Sala de casaci\u00f3n Especializada en lo Penal, remitir \u00ablo actuado al juez competente para desatar la alzada en forma expresa sobre la decisi\u00f3n de revocar la medida de aseguramiento\u00bb; y, que \u00abse abstenga de enviar la compulsa de copias ordenadas en la providencia hasta tanto se resuelva de fondo la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb (fl. 56).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reclamo, aduce en compendio, que por competencia correspondi\u00f3 al Despacho a su cargo (Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3), la solicitud de revocatoria de medida elevada por los imputados antes citados; que previo a la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite, \u00aborden\u00f3 que se justificara el por qu\u00e9 de la presentaci\u00f3n en esa comprensi\u00f3n territorial\u00bb, ante lo cual adujo el apoderado de los peticionarios, que \u00e9stos estaban domiciliados en dicha ciudad, hecho por el cual procedi\u00f3 con la citaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, quien inst\u00f3 la declaratoria de incompetencia por parte del Despacho, en tanto que \u00abexiste providencia de la [C]orte [S]uprema de [J]usticia [S]ala [P]enal en la cual se orden\u00f3 que todas las audiencias de garant\u00edas que se surta en este caso penal se tienen que tramitar en la ciudad de Bogot\u00e1 donde fue radicado el proceso para su juicio\u00bb, ante lo cual consider\u00f3, que \u00ablos autos de definici\u00f3n de competencia no son jurisprudencia, que como juez de garant\u00edas constitucionales penales ten\u00eda competencia nacional y que es[as] [determinaciones] (\u2026) erraban as\u00ed fueran de[l] [M\u00e1ximo Tribunal de lo Penal] (\u2026) pues no pod\u00edan ser regresiv[a]s del avance legislativo\u00bb, por lo que, acudiendo a la independencia judicial, asegura, decidi\u00f3 conocer de tal pedimento de revocaci\u00f3n de medida de aseguramiento, al cual accedi\u00f3 en prove\u00eddo 15 de septiembre de 2016, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el ente acusador.  <\/span><\/p>\n

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Expone que ya en tr\u00e1mite de la alzada, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas \u00abinexplicablemente, (\u2026) se declar\u00f3 incompetente para resolver [sobre el asunto]\u00bb, por lo que el expediente fue remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para resolver dicho conflicto de competencia, autoridad que a trav\u00e9s de auto adiado 18 de enero hoga\u00f1o, determin\u00f3 que corresponde es a los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1, decidir sobre tal recurso vertical, adem\u00e1s de compulsar copias penales y disciplinarias en su contra, lo que a todas luces, dice, vulnera las garant\u00edas ius fundamentales invocadas (fls. 26 a 58).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 2 de marzo de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        De cara a los argumentos planteados por el inconforme, se advierte que la actuaci\u00f3n aqu\u00ed reprochada es puntualmente, la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 18 de enero de los corrientes, al resolver el conflicto negativo de competencia suscitado en el marco del proceso penal seguido en contra de Heliodoro Agamez Pineda y Alfredo Jos\u00e9 Agamez Venegas por los punibles de prevaricato por omisi\u00f3n, peculado por apropiaci\u00f3n y falsedad en documento p\u00fablico, que defini\u00f3, en \u00faltimas, que la autoridad competente para conocer de la apelaci\u00f3n de la decisi\u00f3n emitida por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3 (aqu\u00ed accionante), es el Juez Penal del Circuito de Bogot\u00e1 \u2013reparto-, adem\u00e1s de compulsar copias de las actuaciones surtidas tanto a la Fiscal\u00eda como al Consejo Superior de la Judicatura \u2013Sala Disciplinaria, para que adelanten las indagaciones pertinentes frente al actuar del promotor de la salvaguarda en su calidad de Juez Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3, pues en su sentir, s\u00ed estaba habilitado para resolver sobre el levantamiento de medida de aseguramiento que instaron los imputados, motivo por el cual, no existe raz\u00f3n alguna para que deba ser sujeto de investigaci\u00f3n penal y disciplinaria.  <\/span><\/p>\n

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3.         No obstante, una vez examinada la determinaci\u00f3n atacada, se revela que el amparo invocado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que de manera contraria a considerarse caprichosos, absurdos o infundados, son el resultado del an\u00e1lisis normativo y probatorio aplicado al caso controvertido.  <\/span><\/p>\n

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4.        En efecto, en la providencia antes individualizada, la Alta Corporaci\u00f3n convocada, despu\u00e9s de memorar las principales actuaciones surtidas dentro del tr\u00e1mite cuyo desenlace critica el actor, y aclarar que el disenso suscitado en torno a la competencia para conocer del asunto no pod\u00eda solucionarse a la luz del criterio general (factor territorial), aclar\u00f3 lo siguiente para zanjar la diferencia:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn ese orden, considerando que el art\u00edculo 139, numeral 5\u00ba, de la Ley 906 de 2004, consagra como deber espec\u00edfico de los jueces \u201cdecidir la controversia suscitada durante las audiencias para lo cual no podr\u00e1 abstenerse so pretexto de ignorancia, silencio, contradicci\u00f3n, deficiencia o ambig\u00fcedad de las normas aplicables\u201d, en asuntos distintos a los arriba se\u00f1alados la jurisprudencia ha suplido la ausencia expl\u00edcita de regulaci\u00f3n y por eso trat\u00e1ndose de disputas frente a la competencia para conocer de audiencias preliminares (CSJ AP 5453-2015, AP 6750-2015), la preclusi\u00f3n (CSJ AP 1003-2015) e incluso para asumir la fase de ejecuci\u00f3n de la pena (CSJ AP 6971-2015), por citar algunas; ha admitido la procedencia de la figura acudi\u00e9ndose al protocolo previsto en aquella disposici\u00f3n, pues controversias de esta \u00edndole no pueden quedar en la incertidumbre y requieren del pronunciamiento del funcionario designado para decidir el particular (Cfr. CSJ AP, 14 May 2013, Rad. 41228), por la sensibilidad de los intereses que pueden afectarse con el proceso penal.  <\/span><\/p>\n

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       De este modo, la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la normatividad adjetiva vigente sobre el tema ha permitido establecer subreglas que para estos eventos ofrecen salidas concretas sin que ello implique usurpar el rol del legislador, toda vez que \u00e9ste ha conferido a los jueces tal labor hermen\u00e9utica ante contextos de esta \u00edndole, seg\u00fan se advierte del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, conforme al cual \u201ccuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicar\u00e1n las leyes que regulen casos o materias semejantes\u201d. Lo anterior, encuentra explicaci\u00f3n en que la soluci\u00f3n de esta clase de discusiones no podr\u00eda ser facultativa por parte de los inmersos en el debate, ya bien sea para rehusar o admitir la competencia, ni es viable arribar a decisiones inhibitorias, siendo as\u00ed el superior funcional de \u00e9stos el llamado a zanjar el asunto. En esa secuencia, si la pol\u00e9mica se da entre juzgados que pertenecen al mismo distrito judicial quien dirime el particular es el Tribunal respectivo (art\u00edculo 34, numeral 5\u00ba, de la Ley 906 de 2004) y si pertenecen a circunscripciones territoriales distintas, corresponder\u00e1 a la Corte Suprema de Justicia (art\u00edculo 32, numeral 4\u00ba, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. De otro lado, debe recordarse que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica atribuye a esta Corporaci\u00f3n el rol de \u201cm\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d (art\u00edculo 234) y, en consecuencia, sus pronunciamientos como \u00f3rgano de cierre s\u00ed son vinculantes dentro de la respectiva especialidad, al tenor de lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-836 de 2001:  <\/span><\/p>\n

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A paso seguido, y acerca de la aseveraci\u00f3n que hizo el juzgador accionante, en torno a que las decisiones emitidas por el M\u00e1ximo Tribunal de lo Penal, en materia de competencia, no constituyen, per se, precedente jurisprudencial de obligatoria observancia, indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

       \u00abPor consiguiente, negar lo anterior, conforme lo hizo el a quo, equivale a vaciar de contenido toda la conceptualizaci\u00f3n que la teor\u00eda del derecho contempor\u00e1nea ha hecho con relaci\u00f3n a la importancia del precedente como componente de la interpretaci\u00f3n jur\u00eddica para quienes integran la administraci\u00f3n de justicia, en especial, cuando este proviene de sus \u00f3rganos v\u00e9rtice, seg\u00fan ya ha tenido oportunidad de analizarlo la Corte (cfr. CSJ SP, 01 Feb 2012, Rad. 34853, CSJ SP, 10 Abr 2013, Rad. 39456). Esto, sin perjuicio de las circunstancias en las que es v\u00e1lido apartarse del mismo considerando que esa vinculatoriedad no es irreflexiva ni omn\u00edmoda, por cuanto los jueces pueden marginarse de aplicar el precedente desde que cumplan con la carga argumentativa espec\u00edfica descrita por la Corte Constitucional en el fallo en comento.  <\/span><\/p>\n

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       3. De esta manera, las decisiones evocadas por la Fiscal\u00eda y en concreto la del 3 de agosto de 2016, proferida en el radicado 48494 (CSJ AP 4931-2015), no constituyen simples referentes potestativos para la judicatura sino que obedecen a un dise\u00f1o institucional que les confiere la connotaci\u00f3n de imperativo cumplimiento. Entonces, al margen de la posible discusi\u00f3n que cabr\u00eda con relaci\u00f3n a la obligatoriedad de los autos de las Altas Cortes en asuntos que no podr\u00edan resolverse a trav\u00e9s de sentencias, no puede ser anodino el hecho que pese a dictarse la providencia en cita, en este caso puntual, se pretenda darle curso repetido al problema jur\u00eddico que en ella se examin\u00f3 a la espera de que se replantee una postura ya consolidada, por el perjuicio que ese escenario acarrea para la eficacia de la funci\u00f3n p\u00fablica atribuida a la rama judicial, aunado a la hipot\u00e9tica repercusi\u00f3n que un actuar de ese talante tendr\u00eda en el principio de seguridad jur\u00eddica.\u00bb   <\/span><\/p>\n

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       Fue por lo anterior, que ya en la etapa conclusiva, anot\u00f3 frente a la competencia para definir el recurso de alzada, y a la actuaci\u00f3n desplegada por el juez de primer grado:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[e]n otras palabras, no hab\u00eda lugar en el sub examine a discutir un tema ya decidido sin que se advierta justificaci\u00f3n para que los abogados de los implicados, luego de allegar la petici\u00f3n inicial, retiraran la solicitud de celebraci\u00f3n de audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento cuyo conocimiento asign\u00f3 la Sala a Bogot\u00e1, en atenci\u00f3n al cambio de radicaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n (coyuntura que pas\u00f3 desapercibida para el a quo); e inmediatamente despu\u00e9s procedieran a presentarla en Apartad\u00f3 como si lo dispuesto por la Corte no les fuere vinculante o fuese susceptible de ser revisado ante instancias paralelas, hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus intereses.  <\/span><\/p>\n

       (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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De este modo, pese a que no es el aspecto territorial el que impera para determinar la competencia de la funci\u00f3n de control de garant\u00edas, sino el funcional, ello no quiere decir que discrecionalmente pueda acudirse ante cualquier juez, pues han de confluir circunstancias que as\u00ed lo justifiquen en el entendido que son sucesos pr\u00e1cticos y objetivos los que permiten abstenerse de concurrir al lugar geogr\u00e1fico donde el ordenamiento jur\u00eddico indica que corresponde adelantar el proceso penal. Este, por su naturaleza, genera el emplazamiento de una log\u00edstica institucional con la que se busca propiciar su pronto desarrollo, por ende, conspirar\u00eda contra ese prop\u00f3sito la presentaci\u00f3n de solicitudes en puntos distantes al sitio en el que ha de cursar el tr\u00e1mite, particularmente, durante la etapa el juicio.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, restringirse a la pr\u00e9dica con respecto a que una interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica del precepto bastaba para descartar la anterior conceptualizaci\u00f3n, so pretexto de la necesidad inminente de proteger garant\u00edas fundamentales (recu\u00e9rdese que AGAMEZ PINEDA y AGAMEZ VARGAS no est\u00e1n privados f\u00edsicamente de la libertad), se ofrece insuficiente en pos de admitir la presencia de la carga argumentativa que permite alejarse del precedente conforme ya se cit\u00f3, lo que sumado, como ya se vio, a que ya hab\u00eda una decisi\u00f3n puntual acerca de la materia, conlleva a que tambi\u00e9n sean compulsadas copias penales y disciplinarias en contra de este funcionario para que se realice un escrutinio con relaci\u00f3n a la legalidad de su proceder.  <\/span><\/p>\n

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       5. En este orden de ideas, bastar\u00eda con estarse a lo resuelto en el pluricitado auto del 3 de agosto de 2016, sin embargo, ya que se dio curso a la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento y se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n sobre el particular que fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n, en concordancia con lo ya dispuesto en el sub examine y a partir del cambio de radicaci\u00f3n dispuesto para la ciudad de Bogot\u00e1, ser\u00e1n los Jueces Penales del Circuito de esta capital -Reparto- los convocados a desatar la alzada y adoptar las determinaciones correspondientes, por lo que se les enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n para que obren de conformidad\u00bb (Resalta la Sala) (AP156-20171).  <\/span><\/p>\n

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5.        Dicho lo anterior, es evidente que la conducta de los integrantes de la Sala Penal de esta Corte no merece reproche alguno en el campo de la acci\u00f3n de tutela, pues si en el asunto penal objeto de an\u00e1lisis, precisamente, una vez surtido el tr\u00e1mite de cambio de radicaci\u00f3n, en el que pret\u00e9ritamente se estableci\u00f3 que son los jueces penales de la capital quienes deben conocer del plurimencionado proceso y, por tanto, no existe ning\u00fan tipo de justificaci\u00f3n que habilite la actuaci\u00f3n del Juez Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3, quien sin m\u00e1s, se apart\u00f3 de tal decisi\u00f3n \u2013AP4931-2015- y, contrario a lo en ella establecido, pese a que el ente acusador tambi\u00e9n le puso de presente que no le compet\u00eda resolver sobre tal, hizo caso omiso, y orden\u00f3 el levantamiento de la medida de aseguramiento referenciada, lo que llev\u00f3 a establecer a trav\u00e9s de una hermen\u00e9utica razonable, no solo que la competencia para conocer del recurso de alzada corresponde a los juez especializados en lo penal de la capital, sino que se deb\u00eda compulsar copias tanto a la autoridad de investigaci\u00f3n penal como al ente disciplinario respectivo, para que se indague acerca de tal conducta, que por no calificarla de otra manera, es abiertamente infundada, tal y como se concluy\u00f3, circunstancia que entonces impide cualquier tipo de intervenci\u00f3n frente a la misma por parte del Juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.   Recu\u00e9rdese entonces que, como lo ha mencionado reiteradamente esta Corporaci\u00f3n,  <\/span><\/p>\n

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\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, Rad. 00297-01, reiterada en STC17019-2016).  <\/span><\/p>\n

De igual forma, esta Sala ha sostenido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, Rad. 00514-01, reiterada, entre otros en STC14045-2015 y STC17019-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de lo expuesto, y tal como se anunci\u00f3, habr\u00e1 de negarse el amparo suplicado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Fls. 18 a 25).      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC3226-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00433-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Fredy […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99959","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99959"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99959\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}