{"id":99961,"date":"2026-06-25T19:42:35","date_gmt":"2026-06-25T19:42:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3228-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:42:35","modified_gmt":"2026-06-25T19:42:35","slug":"stc3228-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3228-2017\/","title":{"rendered":"STC3228-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3228-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00441-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Juan Pablo Ospina Lara contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes en el asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso \u00abefectivo\u00bb a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la colegiatura accionada, al negar el decreto de una prueba en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de fondo emitida dentro del proceso declarativo de petici\u00f3n de gananciales, que en su contra promovi\u00f3 Sara Yackelin Fern\u00e1ndez.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene al Tribunal de Bogot\u00e1, \u00abdej[ar] sin efectos las providencias emitidas el 29 de noviembre (\u2026) y 15 de diciembre de 2016 (\u2026), y, en su lugar, con fundamento en los lineamientos del Juez Constitucional, se ordene proferir un auto sustitutivo en el que se acoja la solicitud impetrada (\u2026) a trav\u00e9s de memorial de 28 de noviembre de 2016\u00bb (fl. 36).    <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reclamo, aduce en compendio, que dentro del referido juicio adelantado ante el Juzgado Trece de Familia de esta capital, present\u00f3 objeci\u00f3n por error grave a la aclaraci\u00f3n al dictamen pericial que all\u00ed se present\u00f3; que pese a que se le dio tr\u00e1mite a la misma, posteriormente se emiti\u00f3 decisi\u00f3n de primer grado sin que su reparo a ese trabajo fuera definido.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que una vez apel\u00f3 la sentencia, dentro del t\u00e9rmino para pedir pruebas en segunda instancia solicit\u00f3 a la Colegiatura convocada que \u00abse sirviera darle tr\u00e1mite a la objeci\u00f3n presentada (\u2026) con el fin de terminar de practicar la prueba decretada, pues a la fecha, tal pr\u00e1ctica se encuentra inconclusa\u00bb, pedimento que le fue negado \u00absin fundamento alguno\u00bb con auto del d\u00eda 29 de ese mismo mes, el cual recurri\u00f3 a trav\u00e9s de s\u00faplica, la que fue resuelta de manera desfavorable con prove\u00eddo del 15 de diciembre siguiente, porque supuestamente no actu\u00f3 con diligencia para obtener el medio de convicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente asegura, que esas determinaciones vulneran las prerrogativas superiores que solicita amparar, porque la petici\u00f3n se enmarc\u00f3 en el supuesto del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00abhabi\u00e9ndose decretado la prueba en primera instancia, la misma se dej\u00f3 de practicar sin culpa de la parte que la pidi\u00f3\u00bb (fls. 30 a 38).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a). La secretaria del Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que el proceso criticado fue remitido al hoy Juzgado Treinta y Dos de la misma especialidad y ciudad, el 20 de agosto de 2015, quien a su turno manifest\u00f3 que el asunto se encuentra desde el pasado 22 de noviembre en el Tribunal Superior de la misma localidad, surtiendo la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primera instancia (fls. 66 y 68).  <\/span><\/p>\n

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       b).        Gustavo Hern\u00e1n Arguello Hurtado, quien dijo ser apoderado de la parte actora dentro del juicio cuestionado, se\u00f1al\u00f3 que adem\u00e1s que no procede el recurso de s\u00faplica contra la decisi\u00f3n de no tramitar la objeci\u00f3n, las decisiones que adopt\u00f3 la Colegiatura endilgada no son arbitrarias ni caprichosas, pues son el reflejo de la negligencia con que actu\u00f3 el aqu\u00ed accionante dentro de aquella causa (fls. 70 a 81).   <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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       2.  De cara a los argumentos planteados por el inconforme, se advierte que las actuaciones aqu\u00ed reprochadas son puntualmente, las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en autos del 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2016, en el marco del tr\u00e1mite de la alzada interpuesta contra la sentencia dictada dentro del proceso declarativo de petici\u00f3n de gananciales que en su contra promovi\u00f3 la se\u00f1ora Sara Yackelin Fern\u00e1ndez, de no dar curso a la objeci\u00f3n a la aclaraci\u00f3n de un dictamen que present\u00f3 aqu\u00e9l en primera instancia, y, mantener tal determinaci\u00f3n en sede de s\u00faplica, pues en sentir de \u00e9ste, su solicitud se enmarca en el supuesto normativo contemplado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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3.         No obstante, una vez examinadas las determinaciones atacadas, se revela que el amparo invocado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aqu\u00e9llas tuvieron como fundamento argumentos que de manera contraria a considerarse caprichosos, absurdos o infundados, son el resultado del an\u00e1lisis normativo y probatorio aplicado al caso controvertido.  <\/span><\/p>\n

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4.        En efecto, en la primera providencia antes individualizada, la colegiatura convocada consider\u00f3 que la solicitud del actor de \u00abdar tr\u00e1mite a la objeci\u00f3n presentada contra la aclaraci\u00f3n al dictamen pericial rendido por el perito avaluador\u00bb, resultaba improcedente, porque \u00abla situaci\u00f3n planteada no se subsume en ninguno de los eventos contemplados por el art. 327 del C. General del Proceso para decretar pruebas en segunda instancia, dado que lo que se pretende en \u00faltimas, no es otra cosa que se tramite aqu\u00ed la objeci\u00f3n al dictamen pericial que se dice, dej\u00f3 de realizar el juez de conocimiento, actuaci\u00f3n \u00e9sta que no es del resorte de esta instancia\u00bb, argumentos en los que ahond\u00f3 el Magistrado que segu\u00eda en turno al momento de resolver el recurso de s\u00faplica interpuesto por el aqu\u00ed interesado, quien a trav\u00e9s del segundo prove\u00eddo criticado precis\u00f3, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abel auto cuestionado no neg\u00f3 el decreto de una prueba y que en primera instancia se dio el tr\u00e1mite legal correspondiente a la pr\u00e1ctica de la prueba pericial, y a la objeci\u00f3n a la aclaraci\u00f3n planteada por el recurrente, decretando las pruebas que solicit\u00f3 en su objeci\u00f3n, de no ser porque dentro de los t\u00e9rminos legales, \u00e9ste no gestion\u00f3 las comunicaciones que con miras a verificar el presunto error grave, solicit\u00f3. Al punto que fue requerido en m\u00e1s de una oportunidad en ese sentido, con los autos de fecha 19 de abril de 2013 (visto al folio 12 del mismo cuaderno), lo que quiere decir que no fue diligente al momento de prestar su concurso para la pr\u00e1ctica de las pruebas pedidas en sustento de su objeci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Esto descarta la aplicaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis contemplada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 327 del C. General del Proceso, norma que requiere que la parte sea totalmente diligente y preste la colaboraci\u00f3n debida para la pr\u00e1ctica de las pruebas que solicita, es decir que no dejen de practicarse por culpa atribuible a la parte., Prueba de ello es que los oficios requeridos fueron elaborados desde el 3 de abril de 2013 y su diligenciamiento se acredit\u00f3 cinco meses despu\u00e9s, seg\u00fan las constancias procesales que obran en los folios (326 a 330) del cuaderno principal\u00bb (fls. 22 y 27 a 29).  <\/span><\/p>\n

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Consideraciones que se observan extra\u00eddas de manera objetiva de la realidad procesal, y que fundan con suficiencia las decisiones reprochadas, pues dan cuenta de la falta de diligencia que tuvo el aqu\u00ed accionante para finiquitar la aludida objeci\u00f3n, quien a pesar de haber sido requerido en varias oportunidades por el juez de instancia para tal cometido, no prest\u00f3 la debida colaboraci\u00f3n, situaci\u00f3n \u00e9sta que por ende impide predicar de su parte la ausencia de culpa que para la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas en primera instancia, exige el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, como elemento necesario para tal decreto en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de la sentencia.   <\/span><\/p>\n

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5.    Dicho lo anterior, es evidente que la conducta de los integrantes del Tribunal no merece reproche alguno en el campo de la acci\u00f3n de tutela, pues aunque el aqu\u00ed interesado no comparta las decisiones que adoptaron, esto es, no tramitar la mentada objeci\u00f3n en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n a la sentencia, tal actuar atendi\u00f3 a la realidad procesal y la normatividad adjetiva aplicable a la materia, circunstancia que entonces impide cualquier tipo de intervenci\u00f3n frente a la misma por parte del Juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase presente, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si,  <\/span><\/p>\n

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\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo expuesto, y tal como se anunci\u00f3, habr\u00e1 de negarse el amparo suplicado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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