{"id":99963,"date":"2026-06-25T19:42:42","date_gmt":"2026-06-25T19:42:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3230-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:42:42","modified_gmt":"2026-06-25T19:42:42","slug":"stc3230-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3230-2017\/","title":{"rendered":"STC3230-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3230-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00019-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 30 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jos\u00e9 Rafael Gait\u00e1n G\u00f3mez contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos a dicha sede judicial, as\u00ed como al Bienestar Familiar Regional Tolima Centro Zonal Jord\u00e1n y los dem\u00e1s intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo por intermedio de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con ocasi\u00f3n del proceso de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos que en su contra promovi\u00f3 \u00c1ngela Carolina Garz\u00f3n P\u00e9rez en representaci\u00f3n de su menor hija, Juliana Gabriela Gait\u00e1n Garz\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En virtud de lo expuesto reclama, entonces, que se declare que el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 \u00abcarece de competencia para conocer la [aludida] demanda de alimentos\u00bb, o en subsidio, que se le ordene a \u00e9ste \u00abdej[ar] sin efecto las decisiones tomadas (\u2026) en la audiencia \u00fanica celebrada el d\u00eda 12 de octubre de 2016 (\u2026) [y] realizar una nueva audiencia dentro de la cual tenga como prueba los testimonios extra proceso rendidos bajo la gravedad de juramento ante notario, por la se\u00f1ora Marina G\u00f3mez Ram\u00edrez y el se\u00f1or Isauro Gait\u00e1n Garc\u00eda\u00bb (fl. 10, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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Indica que el d\u00eda 27 de ese mismo mes y a\u00f1o, el Despacho accionado admiti\u00f3 la demanda, cuando lo procedente, dice, era rechazarla, ya que ninguna de las partes de la conciliaci\u00f3n solicit\u00f3 a la defensora de familia el env\u00edo de las diligencias al Juzgado, conforme lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 111 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que se\u00f1ala que \u00absi no se ha logrado la conciliaci\u00f3n, el defensor fijar\u00e1 cuota provisional de alimentos \u201cpero solo se remitir\u00e1 el informe al juez si alguna de las partes lo solicita dentro de los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Expresa que el 27 de junio siguiente contest\u00f3 la demanda y argument\u00f3 que su \u00fanico ingreso econ\u00f3mico son  $768.700,oo, suma que percibe como empleado, y, que tiene a su cargo \u00ablos cuidados, gastos y manutenci\u00f3n de sus padres (\u2026) quienes son adultos mayores y debido a su avanzada edad no poseen ingresos econ\u00f3micos de ninguna fuente, pues no son pensionados, ni perciben subsidios de ninguna naturaleza\u00bb, lo cual busc\u00f3 acreditar con declaraciones extrajudiciales de \u00e9stos ante notario.  <\/span><\/p>\n

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       Afirma que el 12 de octubre de 2016, en la audiencia \u00fanica realizada dentro del juico en comento, el Estrado citado no tuvo como prueba las precitadas declaraciones, bajo el argumento que \u00abdeb\u00edan ser ratificadas en la audiencia\u00bb, pese a que, asevera, ello s\u00f3lo es necesario \u00abcuando as\u00ed lo solicite la parte contraria\u00bb, m\u00e1xime cuando al momento de convocar a la audiencia no advirti\u00f3 sobre tal requisito para la procedencia de la prueba, ni dentro de la misma decret\u00f3 esos testimonios de oficio.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente asegura, que a trav\u00e9s de tal actuar el Juzgador convocado \u00abconfigur\u00f3 el defecto procedimental por exceso de ritualidad manifiesto\u00bb, y que en la audiencia aludida fij\u00f3 la mesada a su cargo en el 35% de su sueldo, \u00abvalor que es totalmente elevado en estos momentos, en el entendido que su salario es bajo, que responde por sus padres, por la vivienda donde convive con ellos, y que adem\u00e1s al no tener otro ingreso econ\u00f3mico, del mismo salario debe sufragar diferentes gastos que le son necesarios para poder sobrevivir\u00bb, motivos \u00e9stos por los cuales estima vulneradas las prerrogativas superiores que solicita amparar (fls. 1 a 12, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a).        La Defensora de Familia ICBF Regional Tolima Centro Zonal Gal\u00e1n, manifest\u00f3 que la cuota alimentaria fijada a cargo del actor est\u00e1 \u00abdentro de los par\u00e1metros del 50% que estipula la ley para los hijos menores de edad\u00bb, y, que en el tr\u00e1mite administrativo \u00abel Defensor de Familia asigna cuota provisional de alimentos cuando las partes no llegan a un acuerdo, [y] de existir oposici\u00f3n por parte de ellos ser\u00e1 remitido el proceso al Juez de Familia quien decidir\u00e1 la Litis\u00bb (fls.45 a 49, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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       b).        El Titular del Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 se\u00f1alo, que no solo en auto del 7 de septiembre de 2016, con que se cit\u00f3 a la audiencia \u00fanica criticada, se advirti\u00f3 al actor que deb\u00eda acudir a la misma con sus pruebas, sino que \u00e9ste tiene la posibilidad de pedir la revisi\u00f3n de los alimentos fijados a su cargo \u00abcuando variaren las circunstancias que le dieron origen al asunto\u00bb (fls. 50 a 53, ib.).    <\/span><\/p>\n

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       c).        El Procurador Judicial de Familia adscrito a la sede judicial accionada puntualiz\u00f3, que \u00abdentro de la actuaci\u00f3n ante la Defensor\u00eda de Familia, la progenitora de la ni\u00f1a se opuso a la cuota alimentaria fijada, motivo por el cual, al parecer, la defensora envi\u00f3 el informe al Juez de Familia\u00bb; que si en gracia de discusi\u00f3n tal proceder configur\u00f3 una irregularidad procesal, la misma qued\u00f3 saneada porque las partes actuaron en el proceso sin alegarla, al igual que ocurri\u00f3 con el rechazo de las declaraciones extrajuicio aportadas por el actor.  <\/span><\/p>\n

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       Acot\u00f3 que la cuota alimentaria fijada a favor de la descendiente del accionante respeta los topes legales, y que en todo caso, si \u00e9ste \u00abno se encuentra conforme con las decisiones tomadas por el Juez de Familia, debe controvertirlas en el proceso de alimentos y no acudir a la tutela\u00bb (fls. 60 a 65, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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       d).        El Director de la Regional Tolima del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solicit\u00f3 denegar el resguardo suplicado, porque la defensora de familia que conoci\u00f3 del asunto endilgado procedi\u00f3 conforme establece la Ley 1098 de 2006, pues en el acta que elev\u00f3 \u00abes clara la parte resolutiva en se\u00f1alar la oposici\u00f3n por parte de la se\u00f1ora \u00c1ngela Carolina Garz\u00f3n P\u00e9rez\u00bb (fls. 69 a 72, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar incumplido el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, si en cuenta se tiene que el aqu\u00ed interesado no atac\u00f3 en reposici\u00f3n el auto admisorio dentro del juicio ejecutivo, ni el prove\u00eddo que decret\u00f3 pruebas y que tuvo lugar en la audiencia del pasado 12 de octubre (fls. 80 a 84, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, alegando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 91 a 93, ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del accionante se dirige, puntualmente, contra las decisiones del Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9, de i) admitir la referida demanda de alimentos mediante auto del 27 de abril de 2016; ii) en audiencia del 12 de octubre siguiente, no tener como prueba unas declaraciones extraprocesales, y, en consecuencia, iii) fijar una cuota definitiva de alimentos a su cargo por el 35% de su salario, pues en sentir de aqu\u00e9l, con la primera determinaci\u00f3n se desconoci\u00f3 lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 111 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y en las otras dos, se incurri\u00f3 en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,  pues se comprometieron los recursos para su propia subsistencia y la de sus progenitores.     <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, de la revisi\u00f3n de la documental adosada al expediente y el an\u00e1lisis del actuar procesal del accionante, surge patente la improcedencia del amparo reclamado de cara a los dos primeros prove\u00eddos, si se tiene en cuenta que las cuestiones por \u00e9l planteadas resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro de la prenotada controversia no hizo uso de la herramienta de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.1.   En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues las decisiones del juzgado accionado de admitir la referida demanda de alimentos y no decretar la prueba consistente en la declaraci\u00f3n extraprocesal de sus padres, no fue recurrida por el aqu\u00ed interesado a trav\u00e9s del recurso ordinario previsto por el legislador para tal efecto, esto es, el de reposici\u00f3n (art. 318 C.G. del P.), mecanismo de impugnaci\u00f3n que estuvo a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin que se haya agotado el medio procesal contemplado en la ley, para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.2.  Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras en CSJ STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.3.   Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada en STC2537-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.4.   En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda al tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar las decisiones que hoy cuestiona, por ser el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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4.        En cuanto al tercer punto de inconformidad del aqu\u00ed interesado, atinente a la decisi\u00f3n del Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 de imponerle una cuota alimentaria a favor de su menor hija por el 35% de su salario, advierte la Sala que examinada dicha determinaci\u00f3n, con el l\u00edmite propio del Juez de tutela, se concluye que carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de una correcta hermen\u00e9utica, la cual resultaba aplicable al asunto objeto de examen, y por tanto, no puede calificarse de antojadiza o caprichosa, desestim\u00e1ndose entonces la consolidaci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico, pues como se ha dicho reiteradamente, aqu\u00e9l \u00abse produce cuando el juez toma una decisi\u00f3n sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisi\u00f3n en el decreto o valoraci\u00f3n de las pruebas; de una valoraci\u00f3n irrazonable de las mismas; de la suposici\u00f3n de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios\u00bb (SU198-13 reiterada en STC11351-2015 y STC14045-2015).  <\/span><\/p>\n

       4.1.   Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que en efecto, revisado el contenido de la audiencia p\u00fablica llevada a cabo el pasado 12 de octubre, se observa que el Juzgado de Familia criticado arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n objeto de reproche, luego de surtir la etapa probatoria, donde revis\u00f3 las pruebas documentales allegadas al proceso cuestionado, escuch\u00f3 al testigo del aqu\u00ed accionante, y surti\u00f3 el interrogatorio de las partes, para luego emitir decisi\u00f3n de fondo, de donde se pudo extraer lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl inter\u00e9s superior de la menor Juliana Gabriela est\u00e1 establecido, no solo en la constituci\u00f3n pol\u00edtica, sino en los tratados internacionales, y adem\u00e1s en el c\u00f3digo de infancia y adolescencia como m\u00e1s adelante se advertir\u00e1. No existe ninguna raz\u00f3n suficiente para este juzgado, que sacrificando aspectos de car\u00e1cter material, como lo ha planteado el demandado Jos\u00e9 Rafael Gait\u00e1n G\u00f3mez, tenga que pasar por encima de los derechos superiores que tiene la ni\u00f1a Juliana Gabriela. Para el derecho de familia, para la constituci\u00f3n pol\u00edtica, para los tratados internacionales, como antes se advirti\u00f3, es en suma lo m\u00e1s importante para este juicio, y en ese orden de ideas el juzgado aceptando los argumentos expuestos por la Defensor\u00eda de Familia va a determinar que el demandado, por encima de cualesquier otro inter\u00e9s, debe responder por los alimentos en favor de su hija.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Los derechos de la ni\u00f1a, fruto de la relaci\u00f3n entre la demandante y el demandado, priman sobre cualesquier otro derecho, y aunque aqu\u00ed exista un confort familiar, como lo ha manifestado el juzgado, y como se ha declarado ante este mismo juzgado por la misma demandante, respecto de la habitaci\u00f3n mejorada por todas las condiciones que plasm\u00f3 dentro de su declaraci\u00f3n, es entendido que si bien es cierto ello es muy importante para la calidad de vida de las personas, tampoco es menos importante que por encima de estos asuntos de car\u00e1cter material priman los derechos de los infantes y de los adolescentes. La declaraci\u00f3n rendida por el testigo del demandado, nada infiere o nada se puede deducir sobre la capacidad econ\u00f3mica, porque \u00e9l simplemente es un testigo de los comentarios que al son de la amistad, del vecindario, que han tenido desde su infancia, no es relevante porque el testigo jam\u00e1s ha indicado a este juzgado que conociese documento alguno sobre la capacidad econ\u00f3mica, aparte de afirmar que el demandado es un empleado de una empresa privada, aparte de que el demandado vive en su casa con sus padres, pero eso est\u00e1 bien para que cumpla con algunos deberes, pero sin sacrificar el derecho de los ni\u00f1os, en este orden de ideas el juzgado habr\u00e1 de fijar una pensi\u00f3n alimentaria equivalente al 35% de los ingresos mensuales que devengue el se\u00f1or demandado como empleado de Homecenter Sodimac Corona (\u2026) en donde se afirma que \u00e9l tiene un trabajo permanente desde el a\u00f1o 2012, enero de 2012 hasta el mes de agosto de 2016, ese 35% del salario total devengado aplica previos los descuentos de ley, as\u00ed mismo el 35% de las primas de junio y diciembre si las llegare a recibir, tambi\u00e9n ser\u00e1n afectadas como cuota alimentaria, y para garant\u00eda de las obligaciones alimentarias en caso de retiro parcial o definitivo de las cesant\u00edas y dem\u00e1s prestaciones sociales ser\u00e1 del 35%, el subsidio familiar, que seg\u00fan el demandado recibe por Comfahuila, debe ser entregado a la madre\u00bb (CD. fl. 29, minuto 1:11:30 a 1:19:10, Audiencia de fallo).  <\/span><\/p>\n

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4.2.  Aparte donde se constata, entonces, que la autoridad judicial convocada, a partir de las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite de cuyo desenlace su duele el actor, constat\u00f3 de manera razonada cada uno de los elementos necesarios para acceder a las pretensiones reclamadas, siendo de resaltar que determin\u00f3 la capacidad del alimentante previo an\u00e1lisis de sus ingresos y de los gastos que quedaron probados dentro del juicio, para de all\u00ed establecer la mesada alimentaria a favor de su descendiente, siempre teniendo presente la prevalencia de sus intereses superiores, y sin llegar a sobrepasar el tope legal del 50% establecido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 130 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, para las medidas que puede adoptar el Juez para asegurar la oportuna satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria que se reclama, circunstancia que por ende impide predicar un desconocimiento de la normatividad aplicable, y enmarca la decisi\u00f3n dentro del margen de discrecionalidad que tiene el juez natural.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3.  Puestas as\u00ed las cosas, al margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta \u00edntegramente o no el se\u00f1alado pronunciamiento, se concluye que no puede tildarse de antojadizo o caprichoso, lo cual impide su revocatoria en esta Sede, pues la diferencia de criterio que expone la parte aqu\u00ed interesada no permite, por s\u00ed sola, predicar el quebranto de los derechos cuya protecci\u00f3n invoca, siendo que en la decisi\u00f3n censurada se observaron las normas que eran aplicables al caso concreto; de all\u00ed que la determinaci\u00f3n impartida no se ofrezca absurda o contraria al ordenamiento que el legislador dispuso para ello.  <\/span><\/p>\n

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4.4.          T\u00e9ngase presente, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si,  <\/span><\/p>\n

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\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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       5.        Y sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente al aqu\u00ed interesado que puede promover en el momento que lo estime pertinente un nuevo proceso para que, con sustento en circunstancias como las que aleg\u00f3 dentro del juicio criticado, atinentes a la supuesta ayuda econ\u00f3mica que brinda a sus progenitores, se estudie la posibilidad de revisar la mesada a favor de su hija, \u00abtoda vez que la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 respecto de los alimentos no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, sino meramente formal, circunstancia contemplada como causal de improcedencia del amparo en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC-8685-2014, reiterada en STC7466-2015 y STC17270-2016).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3230-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00019-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99963","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99963\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}