{"id":99964,"date":"2026-06-25T19:42:46","date_gmt":"2026-06-25T19:42:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3231-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:42:46","modified_gmt":"2026-06-25T19:42:46","slug":"stc3231-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3231-2017\/","title":{"rendered":"STC3231-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3231-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02247-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de enero de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jes\u00fas Antonio Acu\u00f1a Rodr\u00edguez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la citada Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo laboral a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante a trav\u00e9s de gestor judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, \u00abAL RESPETO POR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS\u00bb y a la seguridad social,  presuntamente conculcados por la Corporaci\u00f3n accionada, con la sentencia dictada en sede de casaci\u00f3n el 10 de agosto de 2016, dentro del juicio ordinario laboral que instaur\u00f3 contra el extinto Banco Cafetero.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, \u00abdejar sin efecto LA [CITADA] SENTENCIA\u00bb y, como consecuencia de ello, que \u00abdej[e] vigente la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Laboral el d\u00eda 29 de enero de 2010, (\u2026) que confirm\u00f3 la (\u2026) proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de [la misma ciudad] de fecha 12 de diciembre de 2008, y su adici\u00f3n del 23 de enero de 2009\u00bb (fl. 8, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en compendio, que el asunto referido en l\u00edneas precedentes lo instaur\u00f3 con el fin de \u00absolicitar el reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n oficial a partir del 22 de enero de 2007 (\u2026), con fundamento en la Ley 33 de 1985, junto con el pago de los intereses moratorios establecidos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993\u00bb, pretensiones que fueron acogidas en ambas instancias por las aludidas autoridades judiciales, mediante las providencias mencionadas con antelaci\u00f3n; sin embargo, asevera, en atenci\u00f3n al recurso extraordinario de Casaci\u00f3n formulado por el extremo pasivo contra la decisi\u00f3n adoptada por el ad quem, la Sala de Casaci\u00f3n censurada la cas\u00f3 a trav\u00e9s de providencia del 10 de agosto de 2016, en cuanto a \u00abla condena al pago de intereses moratorios\u00bb, actuaci\u00f3n que estima lesiva de sus garant\u00edas fundamentales, pues, afirma, dicha Colegiatura \u00abdesconoci\u00f3 LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL (ART. 243 C.P.) y LA INTERPRETACI\u00d3N AUTENTICA QUE H[IZO] LA CORTE CONSTITUCIONAL CON FUERZA DE AUTORIDAD\u00bb en la sentencia SU-230 de 2015, raz\u00f3n por la que considera que la se\u00f1alada autoridad incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto sustantivo (fls. 1 a 11, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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b.   La Sala de Casaci\u00f3n censurada, el Tribunal y los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00aben el presente caso no se puede activar de manera excepcional la protecci\u00f3n constitucional deprecada por JES\u00daS ANTONIO ACU\u00d1A RODR\u00cdGUEZ, ya que en momento alguno logr\u00f3 demostrar una afectaci\u00f3n grave a sus condiciones de vida o al m\u00ednimo vital propio de su n\u00facleo familiar, que le est\u00e9 causando un perjuicio de tal magnitud que requiera de una inminente intervenci\u00f3n constitucional, en tanto su \u00fanico alegato se dirige a censurar la postura jur\u00eddica adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral accionada en punto del derecho que estima tener sobre los intereses moratorios que reclama como acreencias pensional.  <\/span><\/p>\n

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El accionante en momento alguno refiri\u00f3 o demostr\u00f3 por alg\u00fan medio de conocimiento, la existencia de una situaci\u00f3n apremiante generada a partir de la decisi\u00f3n judicial que cas\u00f3 parcialmente el fallo de segundo grado, para resolver a la parte demandada del pago de los intereses moratorios, cuando ni siquiera espec\u00edfico que la suma que pretende lograr perjudique directamente su m\u00ednimo vital.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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No se demostr\u00f3 una urgencia en el monto peticionado como intereses moratorios, circunstancia que de plano no se traduce en una grave afectaci\u00f3n a sus condiciones normales de vida y por ende, se torna improcedente el reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero, m\u00e1s all\u00e1 de ello, tampoco encuentra la Sala configurada alguna irregularidad o v\u00eda de hecho en la providencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 10 de agosto de 2016\u00bb (fls. 96 a 108, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante se mostr\u00f3 inconforme con el fallo anterior, esgrimiendo, en suma, los mismos planteamientos con los que sustent\u00f3 la queja constitucional (fls. 114 a 118, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Recuerda la Corte que seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la tutela para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que el interesado no cuente con otro medio de defensa judicial id\u00f3neo, pues la acci\u00f3n de amparo no puede constituirse en un mecanismo sustitutivo o paralelo a los mecanismos ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de prerrogativas.    <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el se\u00f1or Jes\u00fas Antonio Acu\u00f1a Rodr\u00edguez resulta improcedente, pues como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, la determinaci\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n el 10 de agosto de 2016, por medio de la cual cas\u00f3 la sentencia proferida el 29 de enero de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario laboral que el aqu\u00ed interesado promovi\u00f3 contra el extinto Banco Cafetero (fls. 62 a 69, cdno. 1), tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.   En efecto, en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, la Corporaci\u00f3n acusada, luego de analizar el cargo subsidiario formulado por la entidad demandada a la luz de la normatividad aplicable al asunto y la postura que ha adoptado respecto de la procedencia de los intereses moratorios para la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n regida por la Ley 33 de 1985, concluy\u00f3 que el ad quem incurri\u00f3 en el error jur\u00eddico denunciado por la parte recurrente, por haber desconocido que dichos r\u00e9ditos no proceden para la prestaci\u00f3n regulada bajo la citada normatividad, tal y como lo ha explicado esa Sala en reiterada jurisprudencia, raz\u00f3n por la que deb\u00eda casarse la sentencia refutada, en cuanto a la condena impuesta por dicho t\u00f3pico.       <\/span><\/p>\n

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Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, la Colegiatura censurada precis\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPartiendo de la premisa indiscutible de que la pensi\u00f3n reconocida al actor es la prevista en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 33 de 1985, tal cual se dej\u00f3 dicho en los antecedentes atr\u00e1s consignados, asiste toda raz\u00f3n a la entidad recurrente en cuanto a que la jurisprudencia no ha concluido la procedencia de los r\u00e9ditos moratorios previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 para esta clase de prestaci\u00f3n, pues, por el contrario, ha considerado que este concepto jur\u00eddico es propio y restrictivo de las pensiones comprendidas por el Sistema General de Pensionales regulado por esa normativa.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para explicar lo dicho es suficiente transcribir lo asentado por la Corte en la sentencia atr\u00e1s rese\u00f1ada de 9 de marzo de 2016 (Radicaci\u00f3n SL4255 e interna 54519), en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u201cEl problema jur\u00eddico del presente cargo se contrae a dilucidar si los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la L. 100\/1993, son procedentes en los eventos de retraso en el reconocimiento y pago de las mesadas de una pensi\u00f3n reconocida con fundamento en el art. 1\u00ba de la L. 33\/1985, por virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAl respecto, esta Sala se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la improcedencia de los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la L. 100\/1993, en los eventos de pensiones que no se conceden con sujeci\u00f3n a su normativa, tal y como ocurre en el presente caso. As\u00ed lo ha definido en sentencias CSJ SL 28 nov. 2002, rad. 18273,  CSJ SL 24 may. 2007, rad. 30325, CSJ SL, 1\u00ba sep. 2009, rad. 37045, ratificadas en fallos CSJ SL. 19 oct. 2011, rad. 49152, y CSJ SL, 30 ene. 2013, rad. 39662. Precisamente en esta \u00faltima indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cNo habr\u00e1 lugar al pago de los intereses moratorios pretendidos en la demanda, pues conforme a la jurisprudencia de la Corte \u00e9stos s\u00f3lo proceden respecto de pensiones concebidas por el Sistema General de Pensiones del Sistema General Integral de Seguridad Social previsto por la Ley 100 de 1993, y como es sabido la pensi\u00f3n de que aqu\u00ed se trata es la establecida en la Ley 33 de 1985.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn efecto, en sentencia de 28 de noviembre de 2002 (Radicaci\u00f3n 18.273), se\u00f1al\u00f3 la Corte \u201cque no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado art\u00edculo 141, para la Corte esa disposici\u00f3n solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensi\u00f3n que no se ajusta a los citados presupuestos\u201d. (Negrillas fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

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\u201cAs\u00ed las cosas, di\u00e1fano resulta para la Sala que como la pensi\u00f3n reconocida a favor del convocante est\u00e1 regida por el art. 1\u00ba de la L. 33\/1985, se equivoc\u00f3 el juez de apelaciones al confirmar la condena por concepto de intereses moratorios, en tanto que, \u00e9stos se concibieron exclusivamente para prestaciones cobijadas por la L. 100\/1993\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, el cargo prospera. La Corte casar\u00e1 la sentencia atacada en este espec\u00edfico aspecto, sin que sea menester agregar consideraciones en sede de instancia para revocar en el mismo sentido la dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad el 12 de diciembre de 2008\u00bb (fls. 62 a 69, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.  Surge de lo anteriormente expuesto, que los mencionados argumentos en los que, se repite, la instancia judicial acusada edific\u00f3 la providencia aqu\u00ed cuestionada, relacionados con que, en s\u00edntesis, no procede el cobro de los mencionados intereses trat\u00e1ndose de la mora en el pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n regulada en la Ley 33 de 1985, no revelan arbitrariedad o desmesura, toda vez que fueron fruto de una hermen\u00e9utica jur\u00eddica respetable, lo cual significa que el simple descontento del accionante no los descalifica ni los convierte en absurdos y con entidad suficiente para habilitar la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n suplicada, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la providencia criticada se hubiera incurrido en la causal de procedencia del amparo denunciada, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la determinaci\u00f3n criticada, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituye causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada en STC10081-2015, STC9898-2016 y STC2443-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.   A ese respecto, se ha considerado, que  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, Rad. 00514-01, mencionada en STC10972-2015; STC4936-2016; STC2443-2017).  <\/span><\/p>\n

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6.   Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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