{"id":99965,"date":"2026-06-25T19:42:54","date_gmt":"2026-06-25T19:42:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3232-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:42:54","modified_gmt":"2026-06-25T19:42:54","slug":"stc3232-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3232-2017\/","title":{"rendered":"STC3232-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3232-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00119-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Way Law EU contra los Juzgados Dieciocho de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal y Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La empresa accionante a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho superior al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades judiciales convocadas, con ocasi\u00f3n del auto emitido el 14 de enero de 2016, mediante el cual el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por la parte ejecutante, en el marco del proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra el Instituto de Diagnostico Psicol\u00f3gico IDIPSO LTDA, y que fue confirmada en sede de apelaci\u00f3n por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa misma urbe.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, que se ordene al mentado Despacho municipal, \u00abse declare sin valor ni efecto el auto de fecha 14 de enero de 2016 y en su lugar se mantenga vigente el [prove\u00eddo datado] 30 de octubre de 2015 por medio del cual se hab\u00eda modificado y aprobado el cr\u00e9dito en derecho\u00bb (fl. 40, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que dentro del tr\u00e1mite coercitivo antes referido, se liquid\u00f3 el cr\u00e9dito con corte al mes de mayo de 2015, por valor de $27\u2019301.055,389; el 6 de noviembre siguiente, la apoderada judicial de la parte ejecutante solicit\u00f3 la entrega de los dineros consignados a \u00f3rdenes del Despacho hasta la concurrencia de las liquidaciones de cr\u00e9dito y costas aprobadas, pero en respuesta a ello, en prove\u00eddo del 14 de enero de 2016, y sin explicaci\u00f3n alguna, la autoridad judicial encartada modific\u00f3 de oficio la cuenta antes aprobada, bajo el entendido que no se hab\u00edan aplicado en debida forma los abonos realizados por la sociedad ejecutada, quedando un saldo a favor de este \u00faltimo, de $10\u2019499.916,28, por lo que, adem\u00e1s, orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio y el levantamiento de las cautelas decretadas, decisi\u00f3n que apel\u00f3 sin \u00e9xito, pues fue mantenida \u00edntegramente por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta capital, determinaciones que, asegura, se traducen en la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas ius fundamentales invocadas (fls. 36 a 43, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, se limit\u00f3 a manifestar que \u00abcorrespondi\u00f3 a es[e] Despacho conocer en segunda instancia el ejecutivo No. 2012-01034, emitiendo decisi\u00f3n el 25 de noviembre de 2016. En consecuencia (\u2026), el expediente fue devuelto al Juzgado 18 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, el 16 de diciembre de 2016, impidiendo que se emita pronunciamiento de fondo sobre el litigio\u00bb (fl. 82, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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b.        A su turno, el Juez Dieciocho de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Sentencias de la misma localidad, dijo atenerse a las actuaciones surtidas dentro del ejecutivo objeto de la queja constitucional, y remiti\u00f3 el respectivo expediente en calidad de pr\u00e9stamo (fls.79, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez Constitucional de primer grado concedi\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que el Juzgado enjuiciado ciertamente hizo caso omiso a las manifestaciones de la parte accionante, pues \u00ablos juzgados de ejecuci\u00f3n civil atendiendo la existencia de los dep\u00f3sitos judiciales, los aplicaron como abonos a la obligaci\u00f3n en la fecha que fueron constituidos ante el Banco Agrario, sin embargo no repararon en que para que pudieran reclamarse por el interesado las sumas correspondientes, deb\u00eda proceder orden, incluso oficiosa, del juez, como lo regulaba el art\u00edculo 522 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2013vigente para el momento que se aprob\u00f3 la primera liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, momento desde el cual puede considerarse que se ha realizado el abono a la obligaci\u00f3n, pues ello implica que el dinero se encuentra disponible para su cobro por parte del demandante, reclamo que, por dem\u00e1s, hizo el interesado desde el 2 de octubre de 2015, respecto de lo cual, la \u00fanica actuaci\u00f3n surtida fue \u2013en el mismo auto que aprob\u00f3 la inicial liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito- solicitar informaci\u00f3n acerca de si se hab\u00eda realizado la conversi\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales para quedar a nombre de la Oficina de ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, no se compadece con el derecho fundamental al debido proceso que, ante la falta de pronunciamiento de la autoridad de conocimiento para resolver, como la ley procesal se lo exige, en torno al dinero cautelado, las consecuencias desfavorables de esa omisi\u00f3n deban correr por cuenta del ejecutante, pues, conocida la existencia de los pluricitados dep\u00f3sitos judiciales, desde el 23 de septiembre de 2015, fecha en la que el Banco Agrario indic\u00f3 con completa claridad que los t\u00edtulos judiciales ten\u00edan como destino el proceso cuya identificaci\u00f3n concuerda \u00edntegramente con el asunto bajo escrutinio, debi\u00f3 ordenarse su entrega al interesado en la cuant\u00eda aprobada en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u2013con independencia de que, adicionalmente, se dispusieran las gestiones pertinentes para que se realizara la conversi\u00f3n de los mismos- pues solamente as\u00ed puede entenderse que se encuentran a disposici\u00f3n del ejecutante.  <\/span><\/p>\n

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       De igual manera, resalta la Sala que en la liquidaci\u00f3n atacada por esta v\u00eda, se aplic\u00f3 un abono correspondiente al mes de noviembre de 2012, el cual no aparece relacionado en los reportes de dep\u00f3sitos judiciales, ni fue explicado su origen por parte del funcionario encartado, asunto que debe ser revisado para que el c\u00e1lculo obedezca, objetivamente a las constancias obrantes en el legajo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, dej\u00f3 sin efecto \u00ablos autos proferidos el catorce de enero, veintiuno de abril y veinticinco de noviembre de dos mil diecis\u00e9is, proferidos, los dos primeros por el juzgado Dieciocho de Ejecuci\u00f3n civil Municipal y el \u00faltimo por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, ambos de Bogot\u00e1\u00bb, y se orden\u00f3 al Juzgado dieciocho de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de esta ciudad, que \u00abresuelva las solicitudes de actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito y entrega de t\u00edtulos de dep\u00f3sitos judiciales presentadas por el activante el seis de noviembre de dos mil quince, de conformidad con lo se\u00f1alado en la parte considerativa de esta providencia\u00bb (fls. 84 a 91, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso la apoderada judicial de la sociedad Idipsi Ltda, que fue vinculada al presente asunto por fungir como extremo ejecutado dentro del tr\u00e1mite objeto de estudio, aduciendo para el efecto, que \u00abla liquidaci\u00f3n que presenta la parte demandante y de la que se duele no fue tenida en cuenta, es presentada mucho tiempo despu\u00e9s del pago realizado por [su] poderdante y de la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por pago, y sumado a ello, sin que el Juzgado de Ejecuci\u00f3n hubiese impartido el tramite pertinente.  <\/span><\/p>\n

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Para colmo de males, cuando por fin se da la terminaci\u00f3n del proceso, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n se tardan casi UN A\u00d1O para decidirse.  <\/span><\/p>\n

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De permitirse actualizar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, siguiendo la teor\u00eda de la orden constitucional, pues \u00e9ste aun continuar\u00eda sin pagarse, y ser\u00eda mi representada quien finalmente ver\u00eda lesionado de manera injustificada su debido proceso, repito, siempre gestion\u00f3 la conversi\u00f3n y el pago de los t\u00edtulos, consign\u00f3 los saldos, practic\u00f3 las liquidaciones, pag\u00f3 sumas adicionales para cubrir saldos y pese a ello ahora DEBE CARGAR NO SOLO CON LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE DILIGENCIA DE LA PARTE DEMANDANTE SINO LAS DEL OPERADOR JUDICIAL\u00bb (fls. 111 a 113, ib.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en una v\u00eda de hecho, vale decir, cuando su proceder es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por la sociedad Idipsi Ltda, se advierte de entrada que la misma tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, puesto que el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, a prop\u00f3sito del proceso ejecutivo que en su contra promovi\u00f3 la aqu\u00ed accionante, al resolver sobre la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por la parte ejecutante, la modific\u00f3, y en tanto que el c\u00e1lculo realizado por dicha autoridad judicial arroj\u00f3 valor a favor de la deudora, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del coercitivo, determinaci\u00f3n que fund\u00f3 precisamente en los respectivos c\u00e1lculos, aplicando los abonos realizados a la obligaci\u00f3n por virtud del embargo de dineros decretado en tal actuar procesal, en la fecha en que los mismos fueron realizados, lo cual desde el punto de vista de la Sala, no puede calificarse como arbitrario o caprichoso.  <\/span><\/p>\n

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2.1.  Y es que si bien el precepto 522 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acerca de la entrega del dinero embargado al ejecutante, precept\u00faa que \u00ab[c]uando lo embargado fuere dinero, salvo el caso previsto en el numeral tercero del art\u00edculo anterior, una vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o las costas, se ordenar\u00e1 de oficio o a solicitud de parte su entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado. Si lo embargado fuere sueldo, renta o pensi\u00f3n peri\u00f3dica, se ordenar\u00e1 entregar al acreedor lo retenido, y que en lo sucesivo se le entreguen los dineros que se retengan, hasta cubrir la totalidad de la obligaci\u00f3n\u00bb, no significa ello, per se, que s\u00f3lo hasta la ocurrencia de dicha entrega, o por lo menos, hasta que se emita tal orden por parte del fallador que conoce de la ejecuci\u00f3n, pueda imputarse el abono al cr\u00e9dito, interpretaci\u00f3n de la que hizo uso el Juez constitucional de primer grado, para la concesi\u00f3n del amparo, pues ello, indefectiblemente, ir\u00eda en desmedro de la parte deudora y generar\u00eda la causaci\u00f3n de r\u00e9ditos injustificados a su cargo y a favor del ejecutante, quien aun pudiendo hacerlo, no solicit\u00f3 la entrega de los dineros consignados a su favor, una vez en firme, por lo menos la primigenia liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, desconociendo, por adem\u00e1s, lo estatuido por el canon 1653 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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2.2.   Sobre esa particular tem\u00e1tica, y en un caso se similares visos al sub examine, determin\u00f3 la Corte que  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn efecto, a t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 521 del estatuto procesal, \u00abEjecutoriado el auto de que trata el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 507, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podr\u00e1 presentar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito con especificaci\u00f3n del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentaci\u00f3n, y si fuere el caso de la conversi\u00f3n a moneda nacional de aqu\u00e9l y de \u00e9stos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los documentos que la sustenten si fueren necesarios\u00bb y en concordancia el art\u00edculo 1653 del C\u00f3digo Civil indica que \u00abSi se deben capital e intereses, el pago se imputar\u00e1 primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital\u00bb. (Subrayado fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

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Normas de las que se desprende que cuando se realiza la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito deben tenerse en cuenta lo dispuesto en el mandamiento de pago y el auto o sentencia que ordenan seguir adelante la ejecuci\u00f3n; pero adem\u00e1s se deben descontar los abonos realizados por los obligados, en las fechas en que los mismos se hacen, e imputarlos primero a intereses y luego a capital.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, por cuanto s\u00ed no se reconocen  los pagos que se van realizando en el transcurso del proceso para el momento en que se efect\u00faan, no s\u00f3lo se desconoce la realidad procesal, sino que adem\u00e1s se permite que se generen r\u00e9ditos sobre sumas que ya se cancelaron.  <\/span><\/p>\n

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3. En ese orden, es claro, que el sub-lite el fallador cometi\u00f3 errores graves en la liquidaci\u00f3n, como imputar el abono de $54.000.000 que realiz\u00f3 el extremo pasivo el 5 de octubre de 2012, como si se hubiera hecho el 31 de diciembre de 2012, casi tres meses despu\u00e9s, lo que conllev\u00f3 no s\u00f3lo a que se cobraran rendimientos de dem\u00e1s, sino sobre sumas ya saldadas.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la misma tabla elaborada por el juzgador se advierte, que pese a que el dinero se sufrag\u00f3 con anterioridad y que por ello, correspond\u00eda al juzgador calcular los intereses generados hasta aqu\u00e9l momento (5\/10\/2012), para proceder de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1653 del C\u00f3digo Civil, esto es, descontar los intereses generados hasta ese momento, para luego aplicar lo que sobrara al capital, a efectos de verificar el saldo en que quedaba del cr\u00e9dito, prefiri\u00f3 tomarlo en cuenta s\u00f3lo hasta el 31 de diciembre de 2014.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Es decir, la juez sigui\u00f3 liquidando rendimientos hasta el 14 de octubre de 2014 sobre el total del importe del cheque, sin tener en cuenta que la deuda hab\u00eda disminuido por el pago hecho por la pasiva, lo que gener\u00f3 un mayor valor en la acreencia e hizo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del ejecutado, quien no vio reflejado su desembolso, pese a que la suma que consign\u00f3 si fue entregada al demandante, quien lo pidi\u00f3 en ejercicio de la facultad que le otorga el art\u00edculo 1650 de C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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4.  De ah\u00ed que la Juez pas\u00f3 por alto las reglas referidas a la liquidaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos y la imputaci\u00f3n de abonos, calculando intereses sobre sumas de capital que ya no exist\u00edan y desconociendo las fechas reales en que se hicieron tales pagos, lo que vulner\u00f3 los derechos al debido proceso y defensa de la tutelante y hacen necesaria la concesi\u00f3n del amparo, como mecanismo adecuado para restablecer el orden constitucional transgredido y brindar protecci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales de la accionante que fueron vulneradas, en ausencia de otro medio de defensa judicial que le permita propender por la protecci\u00f3n efectiva de sus derechos\u00bb (Resalta la Sala) (STC11724-2015).  <\/span><\/p>\n

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3.        Ciertamente, la autoridad del circuito convocada, al decidir en la forma como lo hizo, en punto del recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto que desat\u00f3 la inconformidad de la promotora de la salvaguarda, indic\u00f3 que \u00abla liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito no es m\u00e1s que una concreci\u00f3n aritm\u00e9tica de los valores ordenados en el mandamiento de pago y las posibles correcciones o adiciones que refiera la orden se seguir adelante la ejecuci\u00f3n. Adicional a ello, efectuado un abono a la acreencia perseguida, debe el juez de instancia proceder en los t\u00e9rminos consagrados en el art\u00edculo 1653 y siguientes del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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Partiendo de esta premisa normativa, se tiene que la parte demanda presenta inconformismo con la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito modificada y aprobada en primera instancia, pues a su criterio no dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1653 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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Bajo ese lineamiento y de la revisi\u00f3n del plenario se advierte el fracaso del recurso concedido, pues la liquidaci\u00f3n cumple los presupuestos legales al tenerse en cuenta para su realizaci\u00f3n el auto que libr\u00f3 el mandamiento de pago y aquel que dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Se concreta entonces el problema jur\u00eddico, en determinar la oportunidad en que los dineros constituidos para el proceso deben ser imputados como abonos a la acreencia.  <\/span><\/p>\n

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Como referente para el extremo recurrente, indica el Despacho que esta sede judicial comparte y defiende el criterio que refiere a la imputaci\u00f3n como abono la fecha en que es constituido el dep\u00f3sito para el proceso, por la raz\u00f3n que pasa a indicarse.  <\/span><\/p>\n

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Se supone que el acreedor acude a la administraci\u00f3n de justicia, para que a trav\u00e9s de ella mediante un cobro coercitivo se solucione la acreencia utilizando los mecanismos procesales previstos en la norma procesal bajo la instituci\u00f3n de las medidas cautelares.  <\/span><\/p>\n

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Con ellas, se logra la retenci\u00f3n del patrimonio del deudor, que entra a formar parte de una masa de bienes que proponen por el pago de la obligaci\u00f3n, siendo posible la entrega trat\u00e1ndose de sumas liquidadas de dineros, una vez acaecidos unos presupuestos normativos tales como la ejecutoria de la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y la aprobaci\u00f3n de las liquidaciones.  <\/span><\/p>\n

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En este punto, es que puede el acreedor confundir los fines y prop\u00f3sitos de las normas procedimentales, pues las medidas cautelares que son a ruego del ejecutante, en efecto comportan unas consecuencias que son las de retener dineros del deudor para saldar una obligaci\u00f3n, dineros que en {\u00faltimos se consignan a \u00f3rdenes de una acci\u00f3n judicial que inici\u00f3 y le corresponde al acreedor para que a trav\u00e9s de ella se satisfagan sus pretensiones.  <\/span><\/p>\n

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Luego, si el proceso lo inicia el ejecutante, los dineros all\u00ed previstos ya son imputables a la obligaci\u00f3n, pues de aceptarse la tesis del recurrente, ser\u00eda tanto como suponer que en cualquier momento como los dineros no han sido entregados ni imputados a la obligaci\u00f3n puedan ser devueltos al pagador, posici\u00f3n en la cual, muy seguramente el acreedor si no estar{ia de acuerdo, de este modo, es como se logra comprender que la suma que ingresa al proceso debe por expreso mandato legal imputarse en los t\u00e9rminos de que trata el art\u00edculo 1653 del C\u00f3digo Civil\u00bb (fl. 31 a 34, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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       4.        De este modo, los anteriores argumentos no merecen reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental, pues para la Corte lo resuelto, se repite, no obedeci\u00f3 al capricho ni al arbitrio de las autoridades judiciales convocadas, sino m\u00e1s bien a un estudio razonable que se sustent\u00f3 en el an\u00e1lisis de la normativa aplicable al caso, hermen\u00e9utica que comparte esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, lo que excluye la posibilidad de revisar la determinaci\u00f3n criticada a trav\u00e9s de la presente v\u00eda constitucional, y deja sin piso, entonces, las acusaciones de la parte accionante, quien a su alcance tuvo desde el momento de la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n, solicitar hasta el monto de la misma, la entrega de los dineros que se encontraren consignados a \u00f3rdenes del proceso; es decir, as\u00ed la conclusi\u00f3n eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra l\u00ednea interpretativa admisible o con elementos de persuasi\u00f3n distintos a los que sirvieron de cimiento al funcionario atacado para emitir la decisi\u00f3n blanco de cuestionamiento, pues como en la materia reiteradamente ha pregonado la Sala,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC13203-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone invalidar la sentencia impugnada, para entonces, denegar la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, y en su lugar, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3232-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00119-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)            Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99965","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99965","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99965"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99965\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99965"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99965"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99965"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}