{"id":99970,"date":"2026-06-25T19:43:57","date_gmt":"2026-06-25T19:43:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3238-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:43:57","modified_gmt":"2026-06-25T19:43:57","slug":"stc3238-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3238-2017\/","title":{"rendered":"STC3238-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3238-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b073001-22-13-000-2016-00706-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Irsa Laguna Gonz\u00e1lez, contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La ciudadana reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida, vivienda digna, seguridad social en salud, vida digna y m\u00ednimo vital, por considerar que la autoridad administrativa cuestionada los desconoce al no otorgarle una respuesta definitiva acerca de la restituci\u00f3n o compensaci\u00f3n en dinero, de la \u201cparcela No. 3 y 1\/7 parte de los lotes 9, 10 y 11\u201d de los predios de mayor extensi\u00f3n denominados San Andr\u00e9s y San Rafael, ubicados en el municipio de Rovira (Tolima), terrenos que le fueron adjudicados por el extinto Incora y que se vio obligada a abandonar tras el homicidio de su hija y las amenazas contra su vida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene a la tutelada \u00ab\u2026me informe de forma clara, precisa y de fondo si mi predio puede ser objeto de canje, es decir se me adjudique otra finca en reemplazo (\u2026) o si el estado puede adquirir dicho predio (\u2026) que haga visita al predio cuanto antes (\u2026) se le ordene (\u2026) se me brinde una soluci\u00f3n en materia de vivienda de forma definitiva, porque no puedo acceder a ning\u00fan subsidio, porque tengo esta finca en restituci\u00f3n de tierras pero tampoco puedo recuperarla\u2026\u00bb [Folios 2-6, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La reclamante elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n a la Unidad Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, respecto de la Parcela No. 3 del predio San Andr\u00e9s, ubicado en la vereda Riomanso del municipio de Rovira (Tolima), la cual fue radicada con el consecutivo No. ID 76603.  <\/span><\/p>\n

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2. El 8 de noviembre de 2016, la quejosa radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante la referida entidad, donde le solicit\u00f3 brindarle una soluci\u00f3n definitiva a su caso, debido a su avanzada edad y estado de vulnerabilidad. Adicionalmente, solicit\u00f3 que se le informara si el Estado colombiano pod\u00eda adquirir su inmueble o entregarle otro en compensaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. A la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo, la instituci\u00f3n demandada no hab\u00eda ofrecido respuesta, raz\u00f3n por la cual la accionante acudi\u00f3 a este mecanismo constitucional en busca de las soluciones all\u00ed reclamadas.  <\/span><\/p>\n

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Por ello, pretende que por esta v\u00eda se protejan sus derechos en la forma vista. [Folios 2-6, c.1]  <\/span><\/p>\n

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       1. Por auto de 5 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 22, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Unidad cuestionada manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la solicitud de amparo, basada en su carencia actual de objeto, pues puso de presente que mediante comunicaci\u00f3n fechada el 7 de diciembre de 2016, entregada efectivamente a su destinataria el 10 del mismo mes y a\u00f1o, ofreci\u00f3 respuesta al requerimiento de la demandante. [Folios 32-40, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 19 de diciembre de 2016, el Tribunal neg\u00f3 el amparo invocado, al evidenciar que el hecho que gener\u00f3 la queja se encuentra superado, en tanto la autoridad administrativa accionada ofreci\u00f3 respuesta clara, completa y de fondo a la peticionaria, durante el transcurso de este tr\u00e1mite constitucional. [Folios 54-59, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo, la memorialista impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, basada en que lleva muchos a\u00f1os esperando una soluci\u00f3n definitiva a su caso y la respuesta de la Unidad demandada no es suficiente para tal efecto, pues lo cierto es que no cuenta con una vivienda, es una persona de la tercera edad, discapacitada y sola. [Folios 63-65, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional, desarrollado por la Ley 1755 de 2015, garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, (ii) respuesta de fondo, (iii) notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado.  <\/span><\/p>\n

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Es necesario destacar, que una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, s\u00ed debe cumplir con los requisitos de ser oportuna, resolver lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, adem\u00e1s de ser puesta en conocimiento del solicitante.  <\/span><\/p>\n

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2. Ahora bien, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito de tutela, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 como mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas garant\u00edas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores.  <\/span><\/p>\n

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Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional.1  <\/span><\/p>\n

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3. Descendiendo al caso sub ex\u00e1mine, advierte esta Corporaci\u00f3n, que la solicitud contenida en el escrito dirigido por la accionante a la Unidad Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, estaba encaminada a:  <\/span><\/p>\n

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1. Obtener informaci\u00f3n acerca de \u00ab\u2026si [su] predio puede ser objeto de canje, es decir se me adjudique otra finca en reemplazo de la que tengo en Rovira, o si el estado puede adquirir dicho predio (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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2. Se practicara \u00ab\u2026visita al predio cuanto antes, teniendo en cuenta que existe cese al fuego bilateral (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. Se le brinde \u00ab\u2026una soluci\u00f3n en materia de vivienda de forma definitiva, porque no pued[e] acceder a ning\u00fan subsidio de vivienda (\u2026)\u00bb y \u00ab\u2026se le informen las opciones para recuperar esta finca o que [le] sea restituida en otra parte, para as\u00ed dejar de sufrir (\u2026)\u00bb, dadas las dif\u00edciles condiciones en que vive.  <\/span><\/p>\n

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Frente a lo anterior, la Unidad requerida, contest\u00f3 que a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n No. URT-DTTI-2016-3707 de fecha 7 de diciembre de 2016, entregada efectivamente a la interesada el 10 siguiente, ofreci\u00f3 respuesta a cada uno de los interrogantes de la accionante. Como soporte de su dicho, aport\u00f3 copia de la misiva, de cuyo contenido se extrae que efectivamente, se atendieron los pedimentos expuestos en el derecho de petici\u00f3n mencionado.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, en torno al primer punto de la solicitud, se contest\u00f3 a la libelista que la compensaci\u00f3n en dinero es \u00ab\u2026una medida que podr\u00e1 ordenar el Juez o Magistrado, es decir, decreta la entrega de un bien inmueble de similares caracter\u00edsticas al despojado, en aquellos casos en que la restituci\u00f3n material del inmueble sea imposible por las siguientes razones:  <\/span><\/p>\n

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* Que su inmueble est\u00e9 ubicado en zona de alto riesgo o amenaza de inundaci\u00f3n, derrumbe, desastre natural, que lo determina la autoridad estatal.    <\/span><\/p>\n

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* Por tratarse de un inmueble sobre el cual se presentaron despojos sucesivos y \u00e9ste hubiese sido restituido a otra v\u00edctima despojada de ese mismo bien.    <\/span><\/p>\n

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* Cuando repose prueba que acredite que la restituci\u00f3n jur\u00eddica y\/o material del bien implicar\u00eda un riesgo para la vida o la integridad personal del despojado o restituido, o de su familia.    <\/span><\/p>\n

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* Cuando el bien haya sido destruido parcial o totalmente y sea imposible su reconstrucci\u00f3n en condiciones similares a las que ten\u00eda antes del despojo.\u00bb    <\/span><\/p>\n

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Para atender a la segunda inquietud de la accionante, la Unidad le inform\u00f3 que \u00ab\u2026la visita al predio, procede en la Resoluci\u00f3n de inicio [del proceso de restituci\u00f3n de tierras, fase administrativa], en donde se ordena la comunicaci\u00f3n del acto que determina el inicio del estudio al propietario, (\u2026) para determinar con precisi\u00f3n el fundo objeto de despojo, teniendo en cuenta la situaci\u00f3n de seguridad, la densidad hist\u00f3rica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, precis\u00f3 que \u00ab\u2026para que se pueda dar inicio a un proceso de restituci\u00f3n, tanto la Ley 1448 de 2011, como el Decreto 1071 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1 del Decreto 440 de 2016, reglamentos de la ley), exigen del adelantamiento de ciertos tr\u00e1mites que son indispensables. (\u2026) la medida de restituci\u00f3n se rige por los principios de gradualidad y progresividad en la implementaci\u00f3n del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, anunciados desde los art\u00edculos 17 y 18 de la Ley 1448 de 2011 y desarrollados, de manera, m\u00e1s espec\u00edfica, en lo que concierne a restituci\u00f3n de tierras, en el inciso 2 del art\u00edculo 76 ib\u00eddem (\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable (\u2026) pues si no existen condiciones favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de revictimizaci\u00f3n para las personas solicitantes de registro, as\u00ed como de afectaci\u00f3n de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores\u2026  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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La unidad, cada cuatro meses solicita al Centro Integrado de Inteligencia para la Restituci\u00f3n de Tierras (CI2RT), los diagn\u00f3sticos de cada municipio del departamento del Tolima y con base en \u00e9stos, se procede o no a la micro focalizaci\u00f3n de los fundos. Con base en los insumos suministrados (\u2026) es que el Consejo de Seguridad Nacional, cuya secretar\u00eda t\u00e9cnica es ejercida por la oficina del Ministro Consejero par el Post-conflicto, Derechos Humanos y Seguridad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, conforme a lo ordenado en el art\u00edculo 3 del Decreto 469 del 17 de marzo de 2015, recomienda si cierta \u00e1rea se incorpora o no en una zona micro focalizada.  <\/span><\/p>\n

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El pasado 3 de octubre, el CI2RT nos envi\u00f3 el diagn\u00f3stico del municipio de Rovira, informando que hace presencia las RAT pertenecientes a las FARC, cuyo corredor de movilidad es Roncesvalles y San Antonio, donde adelantan actividades extorsivas y recomiendan no micro focalizar hasta tanto se realicen las actividades tendientes a identificar la presencia de sectores afectados por la siembra de minas antipersona\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Quiere decir lo anterior, que en desarrollo de esta acci\u00f3n constitucional y antes de que se emitiera la sentencia de primera instancia, junto con su contestaci\u00f3n de la demanda, la instituci\u00f3n accionada adjunt\u00f3 la respuesta a los interrogantes de la quejosa.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que el hecho vulnerador se encuentra superado, en la medida en que la Unidad accionada cumpli\u00f3 con el deber de responder la solicitud elevada por la ciudadana, absolviendo en su contestaci\u00f3n todos y cada uno de los puntos objeto de cuestionamiento.  <\/span><\/p>\n

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4. Ahora bien, de cara a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n invoca la reclamante, se le hace saber que no corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, brindarle la soluci\u00f3n urgente que ella depreca, pues no es esa su funci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que respecto a aquellos t\u00f3picos, la entidad dispuso remitir su derecho de petici\u00f3n a las autoridades que conforman el Sistema de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas, a donde est\u00e1 en posibilidad de acudir a solicitar que se le preste la ayuda y\/o apoyo que requiere, si a\u00fan no es beneficiaria de alguno de los programas que el Gobierno ha dise\u00f1ado para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De lo discurrido se concluye que el amparo invocado deb\u00eda negarse, por lo que se impone confirmar el fallo que se revis\u00f3 por v\u00eda de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sobre el hecho superado, v\u00e9ase sentencia de la Corte de 13 de abril de 2010, exp. 00135-01, reiterada en sentencias de 24 de octubre de 2011, exp. 00305-01 y 1\u00ba de agosto de 2012, exp. No. 00497-01.      <\/span><\/p>\n

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