{"id":99971,"date":"2026-06-25T19:44:12","date_gmt":"2026-06-25T19:44:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3239-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:44:12","modified_gmt":"2026-06-25T19:44:12","slug":"stc3239-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3239-2017\/","title":{"rendered":"STC3239-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2016-00875-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinte de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Catalina Rodr\u00edguez Vega contra los Juzgados Primero y Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucur\u00ed y Juzgado Promiscuo del Circuito de la misma municipalidad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a Luis Enrique Sarmiento y Jos\u00e9 Henry Rueda.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La ciudadana solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental de petici\u00f3n, que estima vulnerado por las autoridades judiciales accionadas por la falta de respuesta de fondo a las peticiones que a ellos elev\u00f3 el 25 de noviembre de 2016, con el prop\u00f3sito de conseguir unas certificaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene a las acusadas que emitan respuestas de forma clara y de fondo a sus pedimentos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 2 de diciembre de 2016, la accionante,  present\u00f3 petici\u00f3n a los juzgados accionados con el objeto de que aquellas oficinas le certificaran acerca de \u00abtodos y cada uno de los procesos ejecutivos de cualquier naturaleza (hipotecario, mixto, prendario etc.)\u00bb, en los que aparezcan como demandantes y demandados los se\u00f1ores Luis Enrique Sarmiento G\u00f3mez y Jos\u00e9 Enrique Rueda, a fin de aportarlos como prueba en el proceso penal seguidos contra \u00e9stos y donde ella es v\u00edctima. [Folio 26, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 7 de diciembre de 2016, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed, inform\u00f3 a la peticionaria por medio del oficio N\u00b0 2353, que en respuesta a su petici\u00f3n, en auto de esa fecha, \u00abse dispuso dejar a su disposici\u00f3n los libros radicadores del Juzgado a fin de que haga las consultas que considere pertinentes, o tome las copias que a bien tenga conservar\u00bb. [Folio 6, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 9 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la misma localidad, mediante oficio N\u00b0 2639, le respondi\u00f3 al tutelante que en atenci\u00f3n a su solicitud, le informaba que \u00abel Despacho no cuenta con un sistema electr\u00f3nico para extraer la informaci\u00f3n que usted requiere, pues solo maneja un registro f\u00edsico como son libros \u00edndice y radicadores los cuales usted directamente puede consultar para que precise los radicados de los procesos o causas civiles sobre las cuales requiere se le expida certificaci\u00f3n; advirti\u00e9ndole que seg\u00fan el Acuerdo PSAA14-10280 del 22 de diciembre de 2014, por el cual se asignan los valores de arancel judicial en asuntos civiles y de familia, deber\u00e1 consignar la suma de seis mil pesos ($6.000) a la cuenta No. 3-0820-000636-6 convenio 13476 del Banco Agrario de Colombia, por cada certificaci\u00f3n que usted requiera\u00bb.  [Folio 7, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Finalmente el 14 de diciembre de 2016, con oficio N\u00b0 2263, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal, del referido lugar, le comunic\u00f3 que \u00abno es procedente dar contestaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n invocado, sin embargo se advierte a la peticionaria que el tr\u00e1mite para la solicitud de certificaciones, est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 115 del C\u00f3digo General del Proceso y que adem\u00e1s dicha solicitud debe estar dirigida a cada proceso individualmente hablando, toda vez que esta oficina judicial funciona desde 1996 y no cuenta con sistema judicial XXI que facilite la b\u00fasqueda de cada uno de los procesos requeridos, m\u00e1xime cuando no se determin\u00f3 la fecha o las condiciones de los procesos. Por \u00faltimo, me permito indicar que en caso de proceder la solicitud de certificaci\u00f3n, se deber\u00e1 cancelar un arancel judicial por cada una de $6.000, conforme lo establece el Acuerdo N\u00b0 PSAA14-10280-10280 (sic) del 22 de diciembre de 2014\u00bb.  [Folio 25, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En criterio de la promotora del amparo se vulner\u00f3 su derecho fundamental invocado, pues existe una conducta omisiva por parte de los juzgados accionados, pues no han contestado de fondo sus peticiones. [Folio 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 19 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 enterar a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 11, c. 1]  <\/span><\/p>\n

       2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucur\u00ed empez\u00f3 por mencionar que la petici\u00f3n se radic\u00f3 el 2 de diciembre de 2016 y no el 25 de noviembre anterior como lo relat\u00f3 la quejosa. Indic\u00f3 que teniendo en cuenta la vacancia judicial, el t\u00e9rmino para contestar fenec\u00eda el 17 de enero de 2017, no obstante, el 14 de diciembre la contest\u00f3 ense\u00f1\u00e1ndole la forma para acceder a la informaci\u00f3n pretendida y que si bien, la respuesta no result\u00f3 ser en el sentido por ella esperado, si resolvi\u00f3 sus planteamientos.  Agreg\u00f3 copia de la respuesta entregada para su valoraci\u00f3n. [Folios 21-22, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el Juzgado Promiscuo del Circuito de esa ciudad, pidi\u00f3 denegar el amparo porque desde el 7 de diciembre de 2016 le dio respuesta a la petici\u00f3n incoada, en la que le inform\u00f3 no contar con una plataforma virtual que le permitiera seleccionar la informaci\u00f3n solicitada de una manera \u00e1gil. Expres\u00f3 que \u00abnunca le neg\u00f3 informaci\u00f3n a la accionante, todo lo contrario, la inst\u00f3 para que se accediera a ella\u00bb. [Folio 82, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal se\u00f1al\u00f3 que la tutelante falt\u00f3 a la verdad en su escrito introductor, toda vez que si le contest\u00f3 de fondo la petici\u00f3n que formul\u00f3 el 2 de diciembre de 2016 y a su vez, se la comunic\u00f3, motivo por el cual solicit\u00f3 no conceder el amparo. [Folio 90, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 20 de enero de 2017, el Tribunal Superior de Bucaramanga concedi\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, tras considerar que las contestaciones a las peticiones se dieron oportunamente y se pusieron en conocimiento de la reclamante, lo cierto es que ninguna de ellas ofreci\u00f3 una respuesta de fondo, m\u00e1s si se tiene en cuenta que la norma imperativa, art\u00edculo 115 del C. G. del P., precept\u00faa que el secretario certificar\u00e1 sobre la existencia de procesos sin auto que se lo ordene.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3, a los juzgados accionados que, en los diez d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia, expidieran las certificaciones solicitadas, \u00abprevio pago del arancel judicial a cargo de la peticionaria, quien deber\u00e1 aportar este a cada Juzgado, a cuantas certificaciones le sean expedidas\u00bb. [Folios 91- 104, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el Juzgado Primero Promiscuo de San Vicente de Chucur\u00ed la impugn\u00f3, con sustento en haber dado una respuesta oportuna y de fondo conforme a los par\u00e1metros previstos para ese efecto.  Mencion\u00f3 que no le neg\u00f3 el derecho a acceder a la informaci\u00f3n, \u00abtan solo se le requiere para que sea ella como interesada, quien precise las causas judiciales de las cuales necesita se le expida certificaci\u00f3n lo que resulta justificado (\u2026), pues no puede asumir la judicatura una carga propia del ciudadano interesado como es la de efectuar la b\u00fasqueda correspondiente\u00bb. [Folio 108, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

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2. De otra parte, el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, (ii) respuesta de fondo y (iii) notificaci\u00f3n de \u00e9sta al interesado. En ese orden, una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, s\u00ed debe cumplir con los requisitos de ser oportuna, resolver lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, adem\u00e1s de ser puesta en conocimiento del solicitante.  <\/span><\/p>\n

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2.1. En trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, la Corte ha reiterado, que \u201clas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido, se precisa, que \u201cno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer, si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, no hab\u00eda lugar, a denegar la respuesta al derecho de petici\u00f3n de manera autom\u00e1tica, como lo hizo el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucur\u00ed, tras considerar que no proced\u00eda porque no se pod\u00eda interponer para poner en marcha el aparato judicial, lo que la Sala, encuentra no ocurr\u00eda con en el caso.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque la solicitud de certificaciones sobre la existencia de procesos, son actuaciones netamente administrativas, que no corresponden al ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional y por tanto no est\u00e1 sometida a la Ley procesal, por lo que en tal sentido, las peticiones presentadas al respecto, deben contestarse de conformidad con los establecido en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 de 2015.  <\/span><\/p>\n

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3. Sentado lo anterior, se advierte que en el caso bajo estudio, la accionante reclama la presunta vulneraci\u00f3n a su derecho de petici\u00f3n, por cuanto las autoridades judiciales accionadas, no dieron respuestas claras, ni exactas a las solicitudes que ella present\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Al revisar el expediente, se encuentra que la ac\u00e1 reclamante, present\u00f3 escrito el 2 de diciembre de 2016, ante los despachos accionados, en ejercicio del derecho dispuesto en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el que pidi\u00f3 se certificara todos y cada uno de los procesos ejecutivos de \u00abcualquier naturaleza (hipotecario, mixto, prendario, etc.), en el que el presente se\u00f1or Jos\u00e9 Henry Rueda\u2026 como demandante y ejecutante\u2026 As\u00ed mismo en los que aparezcan los antes enunciados se\u00f1ores Luis Enrique Sarmiento G\u00f3mez y Jos\u00e9 Henry Rueda, como demandantes y demandados, entre estos mismos\u00bb, a fin de poder colaborar como v\u00edctima, con pruebas dentro de la investigaci\u00f3n que se segu\u00eda contra los mencionados se\u00f1ores.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, los despachos dentro del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 14 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 de 2015, es decir, de manera oportuna, contestaron, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucur\u00ed, indic\u00f3 \u00abel Despacho no cuenta con un sistema electr\u00f3nico para extraer la informaci\u00f3n que usted requiere, pues solo maneja un registro f\u00edsico como son libros \u00edndice y radicadores los cuales usted directamente puede consultar para que precise los radicados de los procesos o causas civiles sobre las cuales requiere se le expida certificaci\u00f3n\u00bb, advirti\u00e9ndole que deb\u00eda cancelar los aranceles respectivos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA14-10280 del 22 de diciembre de 2014. [Oficio N\u00b0 2639 de 9 de diciembre de 2016]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal, de la referida localidad, le dijo: \u00ab(\u2026) no es procedente dar contestaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n invocado, sin embargo se advierte a la peticionaria que el tr\u00e1mite para la solicitud de certificaciones, est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 115 del C\u00f3digo General del Proceso y que adem\u00e1s dicha solicitud debe estar dirigida a cada proceso individualmente hablando, toda vez que esta oficina judicial funciona desde 1996 y no cuenta con sistema judicial XXI que facilite la b\u00fasqueda de cada uno de los procesos requeridos, m\u00e1xime cuando no se determin\u00f3 la fecha o las condiciones de los procesos\u00bb. [Oficio N\u00b0 2263, de 14 de diciembre de 2016, folio 25, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, el Juzgado Promiscuo del Circuito de la misma municipalidad, profiri\u00f3 auto de 7 de diciembre de 2016, en el que se aclar\u00f3 que \u00abla creaci\u00f3n de este Juzgado data del a\u00f1o 2005 \u2013acuerdo PSAA 05-3162- y desde ese entonces no ha sido implementada una plataforma virtual que permita clasificar r\u00e1pidamente la informaci\u00f3n en los t\u00e9rminos solicitados por el accionante lo que conllevar\u00eda a disponer de un empleado que hiciera un[a] revisi\u00f3n manual de todos los libros radicadores y por ende retrasar las actividades ordinarias del despacho, lo que es inaceptable\u00bb. En todo caso, se dispuso \u00abdejar a su disposici\u00f3n los libros radicadores del Juzgado a fin de que haga las consultas que considere pertinentes, o tome las copias que a bien tenga conservar\u00bb, y de ser el caso expedir la certificaci\u00f3n aludida. [Comunicado con oficio N\u00b0 2353 de la misma fecha, visible a folios 6 y 82, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se advierte, que ninguno de los Despachos otorg\u00f3 las certificaciones, ni tampoco neg\u00f3 su otorgamiento, sino que de manera contraria a lo dispuesto en el ordenamiento legal (art. 115 CGP), le indicaron a la peticionaria, que para entregarle las mencionadas constancias, ten\u00eda que asistir a cada uno de los Despachos y revisar los libros radicadores, a fin de que ella misma determinara cu\u00e1les eran los procesos en que los mencionados se\u00f1ores hab\u00edan hecho parte y as\u00ed el empleado, pudiese del juzgado elaborar el correspondiente documento requerido, por cuanto dicho tr\u00e1mite era dispendioso y realizarlo por los integrantes de cada Despacho, pod\u00eda afectar el normal desarrollo del servicio de administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

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Respuestas, que no corresponde a una contestaci\u00f3n congruente y de fondo con lo solicitado, en tanto que no se resuelve lo pedido (certificaci\u00f3n), sino que se se\u00f1ala, que el Despacho no puede hacerlo por lo dispendioso que ser\u00eda dicho tr\u00e1mite, y que mejor acuda la solicitante a revisar los libros radiadores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo que contraviene, lo dispuesto en el art\u00edculo 115 del C\u00f3digo General del Proceso, que indica: \u00abel secretario, por solicitud verbal o escrita, puede expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, el estado de los mismos y la ejecutoria de providencias judiciales, sin necesidad de auto que las ordene. El juez expedir\u00e1 certificaciones sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia en el expediente, y en los dem\u00e1s casos autorizados por la ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Norma de la que se desprende, que es el Secretario a quien corresponde expedir tales certificaciones, por lo que concernir\u00e1 a \u00e9ste, verificar que los hechos objeto de tal constancia, tales como la existencia de proceso y el estado de los mismos, sin que pueda, trasladar dicha funci\u00f3n a la peticionaria, a la que no se le puede imponer la carga de ejercer dichas funciones pertenecientes a los servidores judiciales, con el argumento de que el tr\u00e1mite es dispendioso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Ahora bien, si consideraban los accionados que la petici\u00f3n presentada no era clara, porque no se establec\u00eda los a\u00f1os que se deseaba que se certificaran, pod\u00eda en ejercicio de la facultad que el otorga el art\u00edculo 17 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 de 2015, que indica \u00aben virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petici\u00f3n ya radicada est\u00e1 incompleta o que el peticionario deba realizar una gesti\u00f3n de tr\u00e1mite a su cargo, necesaria para adoptar una decisi\u00f3n de fondo, y que la actuaci\u00f3n pueda continuar sin oponerse a la ley, requerir\u00e1 al peticionario dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la fecha de radicaci\u00f3n para que la complete en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de un (1) mes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero ninguno de los Despachos, opt\u00f3 por ello, sino que prefirieron dar una respuesta incompleta a la petici\u00f3n del accionante, por lo que es necesaria la  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed como tambi\u00e9n se encuentra, que si el tr\u00e1mite era demasiado complejo y que no pod\u00edan dar contestaci\u00f3n sobre la certificaci\u00f3n, en el periodo establecido por la referida norma, tambi\u00e9n pudieron informarlo a la tutelante, y anunciarle cuando podr\u00edan tenerle una respuesta, de acuerdo a lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 ejusdem, pero de ninguna manera, no dar una respuesta concreta a lo suplicado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, cabe aclarar, que si bien la Corte Constitucional, en sentencia T-875 de 4 de noviembre de 2010, reconci\u00f3 que \u00abno obstante, las exigencias sustanciales de la respuesta, que en \u00faltimas se resumen en el hecho de que la misma sea de fond  o, no podr\u00edan desconocer la incidencia de eventualidades que obstaculicen o impidan su cumplimiento, en vigor de aquella m\u00e1xima del derecho que ordena: \u201cnadie est\u00e1 obligado a lo imposible.\u201d En este sentido, cuando se aduzcan motivos que reflejen la imposibilidad de la administraci\u00f3n para dar respuesta a la petici\u00f3n con base en circunstancias que desborden las posibilidades y la voluntad del sujeto, ora porque se trate de asuntos de competencia privativa de otra autoridad, ora porque acaezcan hechos que sobrepasen la esfera de dominio humano, \u00e9ste estar\u00eda eximido de la obligaci\u00f3n de ofrecer una respuesta materialmente conexa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n ha se\u00f1al\u00f3, que la referida \u00abobligaci\u00f3n de brindar al interesado una respuesta de fondo frente al asunto planteado estar\u00eda excusada por el acontecer de eventos que imposibiliten de manera ineludible la efectividad de la misma\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que no bastaba con la supuesta complejidad de revisar los libros radicadores o que un funcionario tuviera que dedicar exclusivamente a ello, descuidando el normal desarrollo del Despacho, para no resolver de fondo la petici\u00f3n; En primer lugar, porque tal como lo advirti\u00f3 el Tribunal en primera instancia, no se halla que la mencionada revisi\u00f3n sea compleja, en especial, cuando se limita \u00fanicamente a revisar la existencia de procesos de dos personas determinadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, dicha funci\u00f3n de certificaci\u00f3n sobre la existencia de procesos, la ley la otorg\u00f3 exclusivamente al Secretario del Juzgado, a quien corresponde, revisar tales hechos, y no puede justificarse para el incumplir su deber, en que dicha tarea es dispendiosa.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no existe en realidad circuantancias que imposibiliten ineludiblemente la expedici\u00f3n de las certificaciones, por muy dispendioso, que en principio parezca su tr\u00e1mite, por lo que es clara la vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n de la accionante y hab\u00eda lugar a conceder el amparo, tal como lo realiz\u00f3 el Tribunal Superior en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

5. Finalmente, en cuanto al precedente referido por los funcionarios y que se reiter\u00f3 en la imp\u00f1ugnaci\u00f3n, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la que se resolvi\u00f3 negar una tutela por violaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n presentado a la Superintendencia de Notariado y Registro, por una Corporaci\u00f3n que quer\u00eda obtener informe, sobre el n\u00famero de mujeres y hombres ocupantes y poseedores de predios en el departamento del Cauca, tras considerar que la entidad no neg\u00f3 el acceso a la : \u00abinformaci\u00f3n que manejan ni evadieron una respuesta de fondo a lo pedido, sino pusieron de presente que no cuentan con los medios para entregar lo solicitado\u2026 Y aun cuando ser\u00eda posible recopilar manualmente los datos, ello implicar\u00eda revisar 371.581 folios de matr\u00edcula inmobiliaria y 10.933 escrituras, respectivamente\u2026 Como lo anterior conllevar\u00eda, en la pr\u00e1ctica, que los accionados abandonaran el cumplimiento de sus funciones para dedicarse exclusivamente a la obtenci\u00f3n de esa informaci\u00f3n, resulta aplicable el principio de que nadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u00bb. (CSJ STP5921-2015, 14 de Mayo de 2015)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es necesario se\u00f1alar, que dicho precedente no es aplicable al caso bajo estudio, porque el problema jur\u00eddico que se debat\u00eda en dicho asunto difiere del ac\u00e1 estudiado, pues en aqu\u00e9l se analiz\u00f3 la imposibilidad de que la Superintendencia brindar\u00e1 una informaci\u00f3n, por cuanto no la entidad no contaba con \u00e9sta, porque jam\u00e1s llev\u00f3 registro de los datos solicitados por la peticionaria; en cambio, en el presente se discute es que no se haya otorgado la certificaci\u00f3n de existencia de procesos contra una persona determinada, en cada uno de los despachos, funci\u00f3n asignada legalmente al Secretario de cada oficina judicial, datos con los que cuenta en su libros radicadores, y que basta con un revisi\u00f3n de los mismo, por cuanto la tarea es complicada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, que mientras en uno se alega la inexistencia de la informaci\u00f3n, y que habr\u00eda que recopilarla, en \u00e9sta ocasi\u00f3n se se\u00f1ala que la verificaci\u00f3n del registro que lleva el Despacho es dispendioso, por lo que no le ser\u00eda aplicable la referida providencia.  <\/span><\/p>\n

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6. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado deb\u00eda concederse, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 C. S. de J. Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencias del 20 y 31 de marzo de 2000, exp. Nos. T. 4822 y T. 4867, respectivamente, entre otras.     <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2016-00875-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99971","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99971","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99971"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99971\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99971"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99971"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99971"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}