{"id":99973,"date":"2026-06-25T19:44:32","date_gmt":"2026-06-25T19:44:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3241-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:44:32","modified_gmt":"2026-06-25T19:44:32","slug":"stc3241-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3241-2017\/","title":{"rendered":"STC3241-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3241-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2017-00136-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que estima vulnerados por las autoridades judiciales acusadas al tramitar y decidir el proceso ejecutivo hipotecario promovido en su contra, en el que adem\u00e1s se adjudic\u00f3 el bien objeto de garant\u00eda real, pues, en su sentir, existe una nulidad por indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago que afecta toda la actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se decrete la nulidad de ese asunto y se suspenda la diligencia de entrega del inmueble adjudicado.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En la escritura p\u00fablica n.\u00b0 1920 del 26 de agosto de 2011, otorgada en la Notar\u00eda Treinta y Seis del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, D. C., Mar\u00eda Alejandra Leal Rodr\u00edguez constituy\u00f3 hipoteca abierta de primer grado sin l\u00edmite de cuant\u00eda a favor de Vilma Teresa Valencia Rave, M\u00f3nica Viviana Betancur Valencia y Vilma Andrea Betancur Valencia, sobre el bien ra\u00edz identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 50N-186921, ubicado en la vereda El Salitre de La Calera, Cundinamarca.  <\/span><\/p>\n

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2. Posteriormente, la hipotecante se oblig\u00f3 a pagar ciertas sumas de dinero a las acreedoras, mediante los pagar\u00e9s n.\u00b0 001, 002, 003, 004, 005 y 006, con vencimientos el 1\u00b0 de julio de 2012.  <\/span><\/p>\n

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3. En el 2013, las se\u00f1oras Valencia Rave y Betancur Valencia presentaron demanda ejecutiva con t\u00edtulo hipotecario contra la se\u00f1ora Leal Rodr\u00edguez, a fin de obtener el pago de las obligaciones incorporadas en los t\u00edtulos valores mencionados.  <\/span><\/p>\n

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4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago el 5 de septiembre siguiente, orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo y decret\u00f3 el embargo del inmueble objeto de garant\u00eda real.  <\/span><\/p>\n

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5. Una vez acreditado el registro de la medida cautelar aludida, se secuestr\u00f3 el bien ra\u00edz, en diligencia del 23 de enero de 2014, efectuada por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera y atendida por la misma ejecutada, quien adicionalmente fue notificada personalmente del libelo introductor.  <\/span><\/p>\n

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6. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, en auto de 20 de febrero del a\u00f1o citado, el juez de la causa decret\u00f3 la venta en subasta p\u00fablica del bien ra\u00edz perseguido.  <\/span><\/p>\n

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7. El Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al cual se reasign\u00f3 ese proceso, adjudic\u00f3 el inmueble a las demandantes por cuenta de su cr\u00e9dito, en providencia fechada el 1\u00b0 de septiembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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8. Mediante el despacho comisorio n.\u00b0 768 del 8 de septiembre de 2016, se comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera para que llevara a cabo la diligencia de entrega del predio adjudicado.  <\/span><\/p>\n

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9. El 5 de diciembre de 2016, la demandada solicit\u00f3 la nulidad del juicio ejecutivo por indebida notificaci\u00f3n de la orden de apremio.  <\/span><\/p>\n

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10. En auto de 12 de diciembre del a\u00f1o citado, se rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n por no haber sido propuesta oportunamente.  <\/span><\/p>\n

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11. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte pasiva formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, los cuales a\u00fan no hab\u00edan sido resueltos.  <\/span><\/p>\n

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12. En criterio de la peticionaria de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que los despachos accionados incurrieron en v\u00eda de hecho al no tramitar en debida forma el proceso ejecutivo adelantado en su contra, pues no se brind\u00f3 el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas para contestar la demanda a ra\u00edz de que ella reside en La Calera, adicionalmente la diligencia de secuestro y la notificaci\u00f3n personal llevadas a cabo por el juzgador comisionado, son irregulares porque el despacho comisorio fue emitido err\u00f3neamente, de otro lado se remat\u00f3 ilegalmente el inmueble objeto de hipoteca por un valor inferior su precio comercial, y finalmente se\u00f1ala propuso el incidente de nulidad hasta el a\u00f1o pasado debido a que no desconoc\u00eda que el t\u00e9rmino para ejercer su derecho de defensa era superior al brindado en ese asunto. [Folios 5-66, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 26 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los estrados judiciales querellados y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 68, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que no se cumple el requisito de la inmediatez ya que las providencias cuestionadas fueron emitidas m\u00e1s dos a\u00f1os antes de la interposici\u00f3n de la solicitud de amparo. [Folio 72-73, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera se opuso a la prosperidad del resguardo a ra\u00edz de que no se han transgredido las garant\u00edas superiores de la quejosa, quien al contrario, pretende dilatar la diligencia de entrega. [Folios 85-87, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la actora pretende que a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional se revivan actuaciones que ya fueron decididas y gozan de firmeza, motivo por el cual no es procedente la salvaguarda. [Folio 142, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 1\u00b0 de febrero de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo, debido a que las actuaciones de los funcionarios acusados en el proceso ejecutivo censurado no fueron antojadizas, arbitrarias o caprichosas, de otro lado la accionante no ejerci\u00f3 oportunamente su derecho a la defensa y todav\u00eda no se han resuelto los recursos contra el auto que rechaz\u00f3 el incidente de nulidad, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional. [Folios 148-153, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 su argumentaci\u00f3n inicial e insisti\u00f3 en que sus derechos fundamentales est\u00e1n siendo conculcados. [Folios 168, c. 1, y 4-22, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como protecci\u00f3n provisional, advirtiendo, eso s\u00ed, que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto se evidencia que la reclamante tiene otros medios de defensa judiciales id\u00f3neos para procurar la defensa de sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la accionante alega, en s\u00edntesis, que el proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario adelantado en su contra por Vilma Teresa Valencia Rave, M\u00f3nica Viviana Betancur Valencia y Vilma Andrea Betancur Valencia es nulo, puesto que el t\u00e9rmino de traslado de la demanda fue inferior al que le correspond\u00eda legalmente, lo que le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa, y adem\u00e1s fue notificada por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, quien no estaba facultado para tal fin dado que el despacho comisorio fue librado irregularmente, lo que adem\u00e1s imped\u00eda que fuera secuestrado el inmueble perseguido en ese proceso. Por consiguiente, esa persona considera que se le est\u00e1n transgrediendo sus garant\u00edas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, atendiendo el car\u00e1cter residual y absolutamente excepcional del amparo, no puede desconocer la Sala que la se\u00f1ora Leal Rodr\u00edguez a fines del a\u00f1o pasado la nulidad del juicio ejecutivo por indebida notificaci\u00f3n de la orden de apremio, entre otras irregularidades, que fue rechazada de plano por el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en providencia del 5 de diciembre de 2016, motivo por el cual la ejecutada interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, que todav\u00eda no han sido resueltos, lo que indica que en la actualidad se est\u00e1 decidiendo los medios de defensa judicial ordinarios utilizados por la promotora de la queja; de lo que se deduce, entonces, la improcedencia de la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, la determinaci\u00f3n del despacho accionado no puede considerarse definitiva al momento de la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, circunstancias que, sin lugar a dudas, tornan en prematura la v\u00eda constitucional y, a todas luces, emerge inconveniente la intervenci\u00f3n del juez de tutela, debido a que no es permitido que, a trav\u00e9s suyo, se suplan los mecanismos procesales de defensa.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, resulta inviable entrar a analizar, por medio de la presente acci\u00f3n, la soluci\u00f3n de una controversia que est\u00e1 pendiente de ser decidida por los jueces naturales mediante los mecanismos de contradicci\u00f3n que la legislaci\u00f3n adjetiva prev\u00e9 para tal fin.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este tema, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3241-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2017-00136-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         I. ANTECEDENTES      A. La pretensi\u00f3n   […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99973","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99973"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99973\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}