{"id":99974,"date":"2026-06-25T19:44:35","date_gmt":"2026-06-25T19:44:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3242-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:44:35","modified_gmt":"2026-06-25T19:44:35","slug":"stc3242-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3242-2017\/","title":{"rendered":"STC3242-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3242-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00602-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el trece de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Enrique Orozco Lozada frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos Municipales de la misma localidad y a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, al proseguir con la ejecuci\u00f3n en su contra, con base en un t\u00edtulo ejecutivo que hab\u00eda sido objeto de invalidaci\u00f3n en un proceso ejecutivo anterior, donde se present\u00f3 para el cobro.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se declare la nulidad de la actuaci\u00f3n judicial cuestionada y se dicten las \u00f3rdenes que sean necesarias para lograr el cumplimiento de la protecci\u00f3n que se otorgue. [Folios 4-41, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 23 de noviembre del a\u00f1o 2012, Carina Alejandra Guerrero, promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra el tutelante, para lograr el recaudo de veinticinco millones de pesos, representados en una letra de cambio, con fecha de exigibilidad del d\u00eda 13 de noviembre de 2012.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 1\u00ba Promiscuo Municipal de Puerto Boyac\u00e1, que mediante auto del 27 de noviembre siguiente, dict\u00f3 mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

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3. Agotada la actuaci\u00f3n procesal pertinente, el Juzgado 2\u00ba de la misma especialidad, al que fueron reasignadas las diligencias, dict\u00f3 sentencia el 8 de julio de 2014, a trav\u00e9s de la cual dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el ejecutado apel\u00f3 aquella decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. El 20 de enero de 2015, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del A quo, al declarar que el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n era inexistente por carecer de uno de sus requisitos esenciales, como era la firma de su creador, pues, se\u00f1al\u00f3 el juzgador \u00ab\u2026all\u00ed aparece inscrita la firma del se\u00f1or Orlando Enrique Orozco Lozada, como girado aceptante. A su vez, se hace menci\u00f3n a la se\u00f1ora Carina Alejandra Alvarado como beneficiaria de la orden de pago a cargo del se\u00f1or Orlando Enrique. No obstante, no aparecen (sic) en el t\u00edtulo la firma del creador (\u2026) De otro lado, existe un beneficiario, que para el caso es la aqu\u00ed demandante, mas no se advierte qui\u00e9n es la persona que emite la orden de pago.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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6. El 22 de abril de 2015, fue desglosado el documento crediticio del expediente antes rese\u00f1ado y el 23 siguiente, Cayetano Garc\u00eda Clavijo, en su calidad de endosatario y tenedor leg\u00edtimo, la present\u00f3 de nuevo para el cobro.  <\/span><\/p>\n

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7. Al d\u00eda siguiente, el Juzgado 2\u00ba Promiscuo Municipal de Puerto Boyac\u00e1 libr\u00f3 nueva orden de apremio.  <\/span><\/p>\n

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8. La notificaci\u00f3n personal al demandado se surti\u00f3 el 11 de mayo de 2015. En su defensa, \u00e9ste propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cfalta de buena fe excenta de culpa en el demandante\u201d, \u201ccosa juzgada\u201d, \u201cfalsedad ideol\u00f3gica y material del t\u00edtulo valor objeto de recaudo\u201d, \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n incoada y cobro de lo no debido\u201d y \u201clas gen\u00e9ricas\u201d.  <\/span><\/p>\n

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9. El 14 de marzo de 2016, el Juzgado cognoscente desestim\u00f3 los argumentos defensivos de la pasiva y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. En desacuerdo, el tutelante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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11. En providencia de 1\u00ba de septiembre de 2016, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, confirm\u00f3 integralmente la decisi\u00f3n censurada.  <\/span><\/p>\n

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12. El promotor del amparo, acude a este mecanismo constitucional, porque, en su sentir, las decisiones adoptadas en contra de sus intereses por los falladores de la segunda demanda ejecutiva, vulneran sus derechos fundamentales invocados, puesto que desconocen que en el proceso adelantado con antelaci\u00f3n, se hab\u00eda invalidado el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, luego \u00e9ste no pod\u00eda ser nuevamente ejecutado.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, orden\u00e1ndose dar traslado a los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 43, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado 2\u00ba Promiscuo Municipal de Puerto Boyac\u00e1, realiz\u00f3 una breve rese\u00f1a de la actuaci\u00f3n judicial cuestionada y concluy\u00f3 que no ha vulnerado garant\u00eda fundamental alguna al reclamante, puesto que su decisi\u00f3n, que, destaca, fue confirmada por su superior funcional, se ci\u00f1\u00f3 a las normas procesales y sustanciales que regulan la materia.[Folios 53-55, c.1]  <\/span><\/p>\n

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La ejecutante en el primer juicio compulsivo, en su calidad de vinculada al tr\u00e1mite constitucional, hizo \u00e9nfasis en que no existe la vulneraci\u00f3n alegada, porque las decisiones reprochadas por el tutelante, obedecen a la correcta aplicaci\u00f3n de las normas que regulan el asunto.  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de trece de enero de 2017, el Tribunal concedi\u00f3 el amparo invocado, por considerar que al haberse declarado inexistente el t\u00edtulo valor en el primer proceso ejecutivo adelantado contra el tutelante, era improcedente tomar este documento como la base de una segunda ejecuci\u00f3n. Por ello, orden\u00f3 a los falladores accionados invalidar la actuaci\u00f3n surtida al interior del tr\u00e1mite censurado.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconformes con la decisi\u00f3n, los integrantes de la parte actora en ambos juicios ejecutivos, la impugnaron, con fundamento en que el juez constitucional A quo invadi\u00f3 esferas reservadas exclusivamente a los funcionarios naturales e interpret\u00f3 erradamente las consecuencias del fallo emitido en el primer proceso, en tanto que \u00ab\u2026dice que el documento t\u00edtulo valor se extingui\u00f3 cuando procesalmente no es esa la consecuencia jur\u00eddica de la inexistencia de un t\u00edtulo valor por un requisito de forma\u2026\u00bb. As\u00ed mismo, afirmaron que en el asunto no se dieron los presupuestos de que trata el art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil, como para afirmar que la obligaci\u00f3n se extingui\u00f3. [Folios 102-115 y 120-130, c.1]  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido po  r la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en esos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra actuaciones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo decisiones que vulneran derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub judice, a partir del examen de la actuaci\u00f3n acusada, no logra advertirse una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, pues, contrario a lo determinado por el Tribunal Superior de Manizales, en sede de primera instancia, las autoridades judiciales accionadas han realizado una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad legal aplicable al asunto en cada uno de los estadios procesales en los que han intervenido como falladores, atendiendo, primordialmente, a la naturaleza del juicio donde se suscita la inconformidad del tutelante.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, de una cuidadosa revisi\u00f3n al fallo de segunda instancia, dictado el 1\u00ba de septiembre de 2016, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, que es el que resuelve de manera definitiva la controversia aqu\u00ed planteada y en el cual hubo pronunciamiento frente a todos y cada uno de los medios exceptivos propuestos por el ejecutado, as\u00ed como frente a sus reparos contra la sentencia de primera instancia, que, en esencia, son los mismos que dan soporte a esta queja constitucional, la Sala concluye que no existi\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, se tiene que el juzgador explic\u00f3 en detalle los motivos por los cuales no era viable considerar extinta o inexistente la obligaci\u00f3n expresada en el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n \u2013 letra de cambio -, con base en la sentencia dictada en el primer proceso ejecutivo adelantado contra el reclamante, donde en sede de segunda instancia se desestimaron las pretensiones de la ejecutante, por carecer el documento de uno de sus requisitos esenciales: la firma del creador, pues tal elemento se encuentra satisfecho con la firma del aceptante, quien puede ser considerado, al mismo tiempo, como girador y girado, seg\u00fan lo ha expuesto la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia.  <\/span><\/p>\n

As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 el Juez accionado:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026encuentra el despacho, que la letra de cambio, tal como fue presentada en este asunto, que obra a folio 1\u00ba del expediente, cumple con las exigencias del art\u00edculo 621 del c\u00f3digo de comercio, claramente indica el derecho que en \u00e9l se incorpora, ante la menci\u00f3n de tratarse de $25.000.000, y que adem\u00e1s se encuentra firmada directamente por el obligado.  <\/span><\/p>\n

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Expresamente refiere las fechas y lugar de creaci\u00f3n, indicando como fecha de creaci\u00f3n el 26 de octubre de 2012 en Puerto Boyac\u00e1, t\u00f3picos sobre los que no existe discusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo puntualizado, bajo el principio de la literalidad del convenio contractual por medio del cual se ejerce la facultad ejecutiva ligada a la acci\u00f3n cambiaria, en el anverso de la letra de cambio se encuentran dos constancias; primero, tendiente a certificar el tr\u00e1mite ejecutivo en el que se discuti\u00f3 la letra de cambio contra el deudor; dos, encaminada al endoso en propiedad, \u201csin responsabilidad\u201d, que utiliz\u00f3 la tenedora del t\u00edtulo, con la que en definitiva, desplaz\u00f3 su calidad de tenedora en el endosante, respecto del derecho incorporado en la letra de cambio, a favor de un tercero.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, a pesar de que en otrora oportunidad se dijera por la entonces titular de este despacho judicial Promiscuo del circuito y confrontando el t\u00edtulo valor objeto de recaudo, la ausencia de uno de los requisitos generales, como lo es la firma del creador, nada impide en esta nueva sede procesal, como se dijo al inicio y es obligaci\u00f3n del juzgado pronunciarse, como es obligaci\u00f3n, reitero, acerca de sus requisitos (sic) de la letra de cambio tra\u00edda como base de recaudo. El art\u00edculo 621 del c\u00f3digo de comercio, dispone que todo t\u00edtulo valor debe reunir los siguientes requisitos, a) la menci\u00f3n del derecho que en \u00e9l se incorpora; b) la firma de quien lo crea. En relaci\u00f3n con las letras de cambio, el art\u00edculo 671 de la misma normativa, indica los siguientes: orden incondicional de pagar una suma de dinero, nombre del girado, fecha de vencimiento, indicaci\u00f3n de ser pagadero a la orden o al portador.  <\/span><\/p>\n

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Advierte el art\u00edculo 676 ib\u00eddem, que la letra de cambio puede girarse a la orden o a cargo del mismo girador, precepto del cual se infiere que en un momento dado pueden converger en una sola persona, las calidades de girador y girado, por manera que en estos casos, el girador \u2013 creador, queda obligado como otorgante, por lo que no se requiere nueva signatura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cierto es que la disposici\u00f3n 621 que inicialmente se transcribe ha dado lugar a numerosas y variadas disquisiciones y discrepancias entre quienes consideran, como lo fue para la juez anterior de segunda instancia, que las letras de cambio deben contener en forma expresa y concreta la firma de quien lo crea, estim\u00e1ndose que esa persona es el girador; mientras que otros exponen que, como la orden de pago se la est\u00e1 extendiendo el girado, a s\u00ed mismo es \u00e9ste quien hace las veces de creador del t\u00edtulo valor y por ende ser\u00e1 su firma la que cumplir\u00e1 los dos cometidos en el documento: la del girado y la del creador.  <\/span><\/p>\n

       (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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       En relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n que hoy d\u00eda debe darse a la norma sobre la que se discierne, la doctrina ha expuesto lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u201cDenominamos teor\u00eda del formato la posici\u00f3n judicial y la doctrina de autores seg\u00fan la cual, la falta de firma en el lugar reservado para el girador en los formularios, machotes o esqueletos impresos, destinados a mudarse en letras de cambio, no logran ser t\u00edtulo valor y se convierten en pagar\u00e9, con el argumento, seg\u00fan el cual, la firma del creador es un elemento esencial y sin \u00e9l el documento no est\u00e1 llamado a producir los efectos cambiarios. No obstante que aparezca en otro sitio del formulario, generalmente perpendicular a la firma de quien dice aceptar la orden de pago.  <\/span><\/p>\n

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       No compartimos las posiciones que desconocen que el documento en cuesti\u00f3n no es letra de cambio (sic), porque en ninguna parte del C\u00f3digo dice en qu\u00e9 lugar del documento debe ir la firma del creador (\u2026),  de all\u00ed que afirmemos que cuando se precisa que falta la firma del girador, es porque s\u00f3lo se observa el espacio que el formulario ha reservado para \u00e9ste, que nos ha llevado a bautizar como la teor\u00eda del formato  <\/span><\/p>\n

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Se desconoce adem\u00e1s que una misma persona puede ocupar los lugares de girador y girado y que una sola firma, es suficiente para que se tenga como girada a cargo de ella misma, seg\u00fan el art\u00edculo 676. Si en el documento se consigna una orden de pago dirigida de \u201cP\u201d a Fulano y \u00e9ste estampa su firma, es indudable que la orden se la est\u00e1 dando \u00e9l mismo. (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, de vieja data la jurisprudencia se ha manifestado en el mismo sentido, como puede leerse en el auto del 30 de marzo de 1976 del Tribunal Superior de Manizales (\u2026): \u201c\u2026no objeta la Sala la premisa del Juzgado de primera instancia en cuanto se refiere a los requisitos que con sujeci\u00f3n a la precitada disposici\u00f3n del c\u00f3digo de comercio debe llenar todo t\u00edtulo valor, a los cuales, en el caso de la letra de cambio se suman los otros tres, que enuncia el art\u00edculo 671 del mismo c\u00f3digo, seg\u00fan el cual, la letra de cambio debe contener adem\u00e1s del derecho que el t\u00edtulo incorpora y de la firma de quien lo crea, la orden incondicional de pagar una suma de dinero, el nombre del girado y la forma de vencimiento, la indicaci\u00f3n de ser pagadera, a la orden o al portador.  <\/span><\/p>\n

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Pero si se aparta esta entidad del concepto del A quo, en lo concerniente a que a quien debe entenderse como creador de la letra, para efecto de exigir la firma en ella, pues seg\u00fan el criterio de aquel ese creador tiene que ser una persona distinta, al aceptante de la misma, lo que implica el desconocimiento de que girador y girado puede ser una misma persona y la exigencia de un requisito extralegal, como ser\u00eda el de que la letra para ser tal, debe contener m\u00e1s de una firma, lo que es ajustado a la reglamentaci\u00f3n legal de esta clase de t\u00edtulos valores, con arreglo a la cual, como se vio, basta una firma, la del creador de la letra de cambio porque en cuanto al girado, baste mencionar su nombre.  <\/span><\/p>\n

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Creador de la letra de cambio es quien da la orden de pagar una suma de dinero, pero en ninguna parte ha dicho la ley que esa orden no la pueda dar el mismo girado, de ah\u00ed que si \u00e9ste acepta sin que ninguna otra persona suscriba dicha orden, asume, indudablemente la calidad de girador o creador de la letra sin que pueda entonces decirse que le falta a ese t\u00edtulo valor, el segundo de los requisitos generales a que alude el art\u00edculo 621 del c\u00f3digo de comercio.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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En el anterior orden de ideas y como el despacho comparte la posici\u00f3n que ha quedado expuesta en estas citas doctrinales y jurisprudenciales, no podr\u00eda exigirse en el presente t\u00edtulo valor, como base de ejecuci\u00f3n, la firma del creador, en tanto, como qued\u00f3 probado, incluso, as\u00ed lo aceptan las partes y el mismo demandado, el creador del t\u00edtulo valor fue precisamente Orlando Enrique Orozco Lozada, elemento \u00e9ste que le da, la verdadera eficacia a la obligaci\u00f3n cambiaria que aqu\u00ed se cobra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, independientemente de que se hubiese firmado o no en la parte anterior del documento, como se alega por el apoderado judicial de la parte demandado, como tacha de falsedad, tal situaci\u00f3n en momento alguno le resta esa validez y eficacia a la letra de cambio, pues siempre ha subsistido la obligaci\u00f3n de cancelar la suma de dinero en cabeza del demandado, quien entre otras cosas, no ha negado ni la subsistencia de la misma, es decir su firma en el t\u00edtulo valor, no ha tachado de falsa esa r\u00fabrica que all\u00ed representa y por consiguiente, entonces, no se puede decir que efectivamente entonces se est\u00e1 frente a una (\u2026) falsedad en la r\u00fabrica.  <\/span><\/p>\n

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Acto seguido, procedi\u00f3 al an\u00e1lisis de las excepciones propuestas por el reclamante, respecto de las cuales concluy\u00f3 que no estaban respaldadas probatoriamente y, por tanto, no ten\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026no existe entonces, elemento de prueba v\u00e1lido para entender que en este evento se dio cosa juzgada que impidiera entonces nuevamente realizar pronunciamiento como en efecto se hizo por parte del Juez 2\u00ba Promiscuo Municipal, esta excepci\u00f3n no prospera, en tanto se reitera, no podemos hablar de que est\u00e9n las mismas partes involucradas en el conflicto.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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En este proceso, est\u00e1 probado que el se\u00f1or Cayetano Garc\u00eda Clavijo adquiri\u00f3 directamente de la beneficiaria o endosante (\u2026) el t\u00edtulo valor objeto del litigio, lo adquiri\u00f3 previa negociaci\u00f3n, perfectamente permitida por la ley por lo que conforme lo anteriormente dicho, adquri\u00f3 el t\u00edtulo de buena fe sin que se hubiese allegado elemento de prueba alguno que permita suponer que ese negocio jur\u00eddico no se llev\u00f3 a cabo, pues tal consideraci\u00f3n no solo va en contrav\u00eda del principio de la buena fe, de la misma negociabilidad de los t\u00edtulos valores, sino que se itera adem\u00e1s, no hay prueba en el plenario que se hubiesen utilizado argucias, artima\u00f1as jur\u00eddicas, como las tilda el apoderado del demandado, pero sin que se allegue soporte probatorio alguno.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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La presunta falsedad tampoco encuentra demostraci\u00f3n en tanto que se observa o se evidencia que a ciencia cierta que quien suscribi\u00f3 y se oblig\u00f3 en el t\u00edtulo valor fue directamente el se\u00f1or Orlando Enrique Orozco Lozada. Respecto de la firma colocada por la beneficiaria en la parte anterior del t\u00edtulo, como se dijo, no le resta eficacia ni validez a ese t\u00edtulo valor, en consecuencia, ninguna falsedad puede predicarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es certera y clara no solo la existencia del t\u00edtulo valor como tal, la suscripci\u00f3n por el demandado y el endoso que se hizo de la misma. Se reitera, ese endoso est\u00e1 permitido por la ley, el art\u00edculo 657 del C\u00f3digo de Comercio, claramente indica que el endosante contraer\u00e1 obligaci\u00f3n frente a todos los tenedores posteriores a \u00e9l, pero podr\u00e1 liberarse de su obligaci\u00f3n cambiaria mediante la cl\u00e1usula \u201csin mi responsabilidad\u201d u otra equivalente agregada al endoso que fue lo que se hizo en este evento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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Ya se explic\u00f3 al inicio del prove\u00eddo, porqu\u00e9 nos apartamos entonces de la decisi\u00f3n adoptada en sede de segunda instancia en este mismo despacho judicial, en tanto que de un plumazo se dijo simplemente que al documento le faltaba la firma del creador, cuando era evidente que el creador era precisa y justamente el directamente obligado (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

3. De este modo, es indiscutible que las extensas y detalladas consideraciones que el juzgador Ad quem accionado esgrimi\u00f3 como soporte de su sentencia confirmatoria de segunda instancia, est\u00e1n  soportados en la normatividad legal y no transgreden los derechos fundamentales del tutelante, de ah\u00ed que el reclamo constitucional queda reducido a una simple manifestaci\u00f3n de disenso con el criterio de la autoridad judicial convocada a este tr\u00e1mite, que no tiene entidad para fundar v\u00e1lidamente la petici\u00f3n de amparo, pues como lo tiene dicho esta Corporaci\u00f3n: \u201cno constituyen v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u201d.1  <\/span><\/p>\n

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De este modo, es necesario destacar como el fallador tom\u00f3 en consideraci\u00f3n cada uno de los argumentos que el tutelante plante\u00f3 para su defensa, para posteriormente desestimarlos con base en la motivaci\u00f3n que qued\u00f3 expuesta y que no se muestra irrazonable, caprichoza ni antojadiza como para considerar que es trasgresora de las garant\u00edas fundamentales invocadas en esta queja, contrario, se insiste a lo dicho de manera somera por el Tribunal A quo.  <\/span><\/p>\n

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Razones que llevan a esta Corporaci\u00f3n a revocar la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado, para, en su lugar, negar el amparo constitucional invocado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, NIEGA el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Fallo de 18 de octubre de 2011, exp. 2011-00177-01.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3242-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00602-01      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el trece de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99974","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99974","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99974"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99974\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99974"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99974"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99974"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}