{"id":99976,"date":"2026-06-25T19:44:48","date_gmt":"2026-06-25T19:44:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3244-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:44:48","modified_gmt":"2026-06-25T19:44:48","slug":"stc3244-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3244-2017\/","title":{"rendered":"STC3244-2017"},"content":{"rendered":"

      ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3244-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00007-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferida el veintis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 en la acci\u00f3n de tutela que Miguel Antonio Mill\u00e1n Ferro promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamentale al debido proceso, el cual considera vulnerado por la autoridad judicial accionada, al aprobar el remate que se efectu\u00f3 dentro del proceso ejecutivo hipotecario que en su contra adelanta Rosabel Romero Cardozo \u2013 cesionaria del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la anterior decisi\u00f3n y se rehaga la subasta cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal \u2013 Tolima, se adelanta el proceso ejecutivo hipotecario que la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero promovi\u00f3 contra los herederos determinados e indeterminados de Mar\u00eda Deicita Fierro de Mill\u00e1n, se\u00f1ores Miguel Antonio, Augusto y Juan Carlos Mill\u00e1n Fierro.  <\/span><\/p>\n

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2. El 2 de junio de 1998 se libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma de $10\u2019800.000 y se orden\u00f3 el embargo del inmueble que garantizaba la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. El 18 de mayo de 2010 se realiz\u00f3 diligencia en la que se declar\u00f3 legalmente secuestrado el inmueble. Puesto a disposici\u00f3n del secuestre, \u00e9ste consider\u00f3 pertinente dejarlo en manos del accionante en \u00abdep\u00f3sito provisional y gratuito\u00bb  <\/span><\/p>\n

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4. Embargado el inmueble y agostado el tr\u00e1mite pertinente, el 9 de mayo de 2014 se emiti\u00f3 sentencia en la que se orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien hipotecado.  <\/span><\/p>\n

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5. En auto de 4 de agosto siguiente se reconoci\u00f3 a Rosabel Romero Cardozo como cesionaria del cr\u00e9dito ejecutado.  <\/span><\/p>\n

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6. En auto de 12 de julio de la misma anualidad se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por la suma de $94.780.818 millones de pesos.  <\/span><\/p>\n

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7. Para llevar a cabo la subasta, el despacho mediante auto de 11 de noviembre de 2015 comision\u00f3 a la Notar\u00eda 2 del Espinal \u2013 Tolima.  <\/span><\/p>\n

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8. En la misma fecha el despacho aprob\u00f3 el aval\u00fao del inmueble por la suma de $249.856.000 millones de pesos.  <\/span><\/p>\n

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9. La Notaria comisionada estableci\u00f3 que la almoneda se realizar\u00eda el 23 de agosto de 2016 a las 2:00 pm, advirtiendo a los interesados que la postura admisible ser\u00eda aquella que cubriera por lo menos el 70% del valor del inmueble.  <\/span><\/p>\n

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10. El 4 de agosto de 2016, a trav\u00e9s de la emisora Espinal Est\u00e9reo, se anunci\u00f3 la fecha de la subasta.  Publicaci\u00f3n que fue repetida el domingo 7 de agosto siguiente en el peri\u00f3dico El Espectador donde se indic\u00f3, entre otras, que la \u00abdiligencia se llevar\u00e1 a cabo previa las formalidades legales contempladas en el art\u00edculo 525 del C.P. Civil\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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11.  En el d\u00eda programado, se dio apertura a la subasta ocasi\u00f3n en la que Rosabel Romero Cardozo hizo postura por cuenta de su cr\u00e9dito por la suma de $174.899.200.  <\/span><\/p>\n

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Al no presentarse m\u00e1s posturas y estimar la Notar\u00eda que aquella cumpl\u00eda con los requisitos legales, se le adjudic\u00f3 el inmueble a la cesionaria y se le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas para que consignara la diferencia y el impuesto establecido en el art\u00edculo 7 de la ley 11 de 1987.   <\/span><\/p>\n

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12. El mismo d\u00eda la adjudicataria cancel\u00f3 el valor del impuesto y el 25 siguiente consign\u00f3 a \u00f3rdenes del juzgado la suma de $80\u2019118.382 por concepto de la diferencia entre el cr\u00e9dito y lo ofertado.  <\/span><\/p>\n

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14. El accionante acude al amparo constitucional por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales de atender que la para la realizaci\u00f3n de la subasta, conforme se anot\u00f3 en la publicaci\u00f3n del remate que se hizo en el peri\u00f3dico El Espectador, se tuvieron en cuenta normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, disposiciones que ante la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012 quedaron derogadas.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo enfila su inconformidad contra la postura que hizo su acreedora, la que considera no debi\u00f3 admitirse de atender que no hizo la consignaci\u00f3n necesaria para tal fin.      <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 26, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal, remiti\u00f3 el expediente cuestionado. [Folio 36, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte la Notar\u00eda Segunda del Espinal manifest\u00f3 que la almoneda que se adelant\u00f3 ante su despacho cumpli\u00f3 con todas las formalidades que al respecto establece el art\u00edculo 450 del CGP.  <\/span><\/p>\n

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3. El 26 de enero de 2017 el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 deneg\u00f3 la solicitud de amparo de atender que la misma no cumpl\u00eda el presupuesto de subsidiariedad. [Folio 45-49, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con la decisi\u00f3n anterior, el accionante la impugn\u00f3. Aduj\u00f3 que la aplicaci\u00f3n de normas inexistentes para la realizaci\u00f3n de la subasta hace que se torne inexistente.    <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, de entrada advierte la Corte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues al no exponerse ante el juez de instancia las circunstancias que aqu\u00ed se alegan, aquella, como lo advirti\u00f3 el a quo, no cumple el presupuesto de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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Haciendo extensiva su inconformidad a la postura realizada por su acreedora, quien no consign\u00f3 el 40% necesario para realizarla.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, ha de advertirse al querellante que la codificaci\u00f3n procesal civil vigente, espec\u00edficamente el art\u00edculo 455, establece la oportunidad en que dichas circunstancias deben alegarse  y al respecto indica que \u00ablas irregularidades que puedan afectar la validez del remate se consideraran saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n\u00bb  (se subraya)      <\/span><\/p>\n

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Sucede, sin embargo, que los reparos que ahora expone el accionante no fueron puestos en conocimiento de la comisionada antes de que adjudicara el inmueble a la cesionaria del cr\u00e9dito, pues de las constancias obrantes en el expediente se observa que el mismo guard\u00f3 silencio al respecto, y s\u00f3lo mediante la presente solicitud de amparo pone de manifiesto esa situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, ante la inobservancia del principio de subsidiariedad, no hay raz\u00f3n para que el juez constitucional intervenga en la actuaci\u00f3n debatida, siendo pertinente recordar que la acci\u00f3n de tutela no puede ser empleada para soslayar que es en el proceso judicial donde -por excelencia- debe procurarse la protecci\u00f3n de las prerrogativas de orden fundamental de quienes participan en el litigio.  <\/span><\/p>\n

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De ese modo, si el tutelante no aprovech\u00f3 los instrumentos de defensa que tuvo a su alcance dentro del cauce procesal cuestionado, no puede aspirar a que en esta excepcional v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que \u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ SC 26 Ene. 2011, Exp. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

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4. Las anteriores razones se estiman suficientes para concluir la negativa de las s\u00faplicas del presente tr\u00e1mite  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia de fecha y procedencia inicialmente advertidas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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