{"id":99979,"date":"2026-06-25T19:45:10","date_gmt":"2026-06-25T19:45:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3254-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:45:10","modified_gmt":"2026-06-25T19:45:10","slug":"stc3254-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3254-2017\/","title":{"rendered":"STC3254-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3254-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-00006-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la providencia proferida el veintis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela que la Loter\u00eda de Bogot\u00e1 promovi\u00f3 contra el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medell\u00edn.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio, la entidad accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la autoridad judicial accionada al declarar extempor\u00e1nea la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el fallo de 21 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se conceda la apelaci\u00f3n formulada.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La Loter\u00eda de Bogot\u00e1 formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn,  al que le adujo haber incurrido en v\u00edas de hecho al tramitar el proceso ejecutivo que all\u00ed adelanta contra Margarita Garc\u00eda Higuita y Argemiro Garc\u00eda Sierra. [Folio 53, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Correspondi\u00f3 conocer el asunto al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, que en auto de 19 de diciembre de 2014 la admiti\u00f3 y dispuso la notificaci\u00f3n de los involucrados.  <\/span><\/p>\n

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3. Tras decretarse la nulidad del tr\u00e1mite constitucional, el 21 de abril de 2016 el despacho profiri\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual neg\u00f3 las s\u00faplicas peticionadas por la accionante.  <\/span><\/p>\n

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4. La anterior decisi\u00f3n se comunic\u00f3 a la accionante mediante ofici\u00f3 879 de 26 de enero de 2016.  Seg\u00fan la constancia de la entidad de correo certificado 4\/72, la comunicaci\u00f3n fue recibida por la entidad accionada el 2 de mayo de 2016.  <\/span><\/p>\n

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5. Mediante escrito de 6 de mayo siguiente, la gestora del amparo manifest\u00f3 su inconformidad con la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se desat\u00f3 la s\u00faplica que formul\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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6. El auto de 23 de mayo de 2016 el Juzgado decidi\u00f3 negar la censura formulada por la entidad tutelante al considerar que la misma era extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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7. Contra el prove\u00eddo anterior la quejosa formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. El 16 de junio siguiente el despacho mantuvo su determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. El accionante acude al amparo constitucional por considerar que las providencias anteriores vulneran sus derechos, de atender que conforme el autoadhesivo que manejan en el \u00e1rea de correspondencia, el oficio fue recibido el 3 de mayo, luego la impugnaci\u00f3n formulada el 6 de mayo es oportuna y por tanto debi\u00f3 concederse  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad accionada y se dispuso vincular a los dem\u00e1s intervinientes, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 36, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro del t\u00e9rmino otorgado el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito accionado manifest\u00f3 que sus actuaciones no dan lugar a la vulneraci\u00f3n alegada, toda vez que de acuerdo con la constancia de correo la entidad accionada se enter\u00f3 el 2 de mayo del fallo que emiti\u00f3 dentro de la acci\u00f3n constitucional que estuvo a su cargo.  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 26 de enero del presente a\u00f1o la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn deneg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada tras advertir que la decisi\u00f3n cuestionada no es arbitraria.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, la entidad accionada formul\u00f3 impugnaci\u00f3n manifestando que el despacho tutelado incurri\u00f3 en un error en el c\u00f3mputo de t\u00e9rminos, por lo que debe accederse a las suplicas que por esta v\u00eda presenta.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo, el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u2026Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb. (CSJ STC 2 sep. 2003, Rad. 0561-01; 10 nov. 2003, Rad. 0747-01; 23 ago. 2004, Rad. 0840-00; 14 oct. 2004, Rad. 1120; 8 mar. 2006, Rad. 0263-00; y 7 mar. 2013, Rad. 00122-01.)  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, t\u00e9ngase en cuenta, que incluso puede la entidad actora intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia y del tr\u00e1mite de tutela (CSJ STC 14 feb. 2013, Rad. 00247-00.); mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC 7 nov. 2012, Rad. 2041-01.)  <\/span><\/p>\n

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2. Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional, cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela, se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes.  <\/span><\/p>\n

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En este sentido, se ha dicho que \u00aben casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

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Sobre la comentada garant\u00eda se ha explicado que es \u00abde aplicaci\u00f3n inmediata en todas las actuaciones administrativas y judiciales, que comprende todo un conjunto de garant\u00edas de vital observancia para preservar la regularidad del proceso y, a trav\u00e9s de \u00e9l, la realizaci\u00f3n y efectividad del derecho sustancial\u00bb.2  <\/span><\/p>\n

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3. En el asunto sometido a la consideraci\u00f3n de la Corte, no se advierte la incursi\u00f3n de la v\u00eda de hecho que alega la gestora del amparo, pues contrario a lo que aquella considera, la declaratoria de extemporaneidad de la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 esta respaldada en la legislaci\u00f3n que regula el asunto, las pruebas obrantes en el expediente y el principio de perentoriedad de los t\u00e9rminos.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la impugnaci\u00f3n en las acciones de tutela, el art\u00edculo 31 del decreto 2591 de 1991 establece que la misma deber\u00e1 formularse \u00abdentro de los tres d\u00edas siguientes\u00bb a la notificaci\u00f3n del fallo de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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En el presente caso, a efectos de enterar a la entidad accionante de la sentencia proferida dentro del tr\u00e1mite constitucional que promovi\u00f3 con anterioridad, el Juzgado accionado procedi\u00f3 a remitirle oficio No. 879 del 26 del mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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Dicho documento, de conformidad con la constancia que la destinataria dej\u00f3 impresa en el comprobante de la empresa de corro certificado 4\/72, fue entregada en las oficinas de la Loter\u00eda de Bogot\u00e1 el 2 de mayo de 2016.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el t\u00e9rmino de tres d\u00edas con el que contaba la tutelante para formular su inconformidad iniciaba el d\u00eda 3 y fenec\u00eda el 5 siguiente, no obstante, la impugnaci\u00f3n de dicha entidad solo fue formulada hasta el 6 de mayo, siendo evidente que la decisi\u00f3n adoptada por el despacho accionada, en el sentido de declararla extempor\u00e1nea no comporta ninguna v\u00eda de hecho.  <\/span><\/p>\n

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4. Las razones que se dejaron consignadas son suficientes para concluir que el amparo deviene impr\u00f3spero.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisi\u00f3n de fecha y procedencia anotadas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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   MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia de tutela de 16 de noviembre de 2011, exp. 2011-01315-01. El mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos en los de 14 de octubre de 2008, exp. 2008-01646-00; 16 de febrero de 2009, exp. 2009-00193-00; 21 de enero de 2010, exp. 2009-02355-00.    <\/span><\/p>\n

2 Sentencia de tutela de 26 de octubre de 2010, exp. 2010-01753-00.      <\/span><\/p>\n

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