{"id":99984,"date":"2026-06-25T19:45:48","date_gmt":"2026-06-25T19:45:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3288-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:45:48","modified_gmt":"2026-06-25T19:45:48","slug":"stc3288-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3288-2017\/","title":{"rendered":"STC3288-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3288-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00440-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por la empresa Flota Cachira Ltda., frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, vincul\u00e1ndose al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, y a las partes e intervinientes en el juicio ordinario (n.\u00b0 2011-00229) que Imelda Ram\u00edrez le adelant\u00f3 ante el despacho convocado.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La gestora, a trav\u00e9s de su representante legal demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. La se\u00f1ora Imelda Ram\u00edrez de Infante formul\u00f3 en su contra proceso ordinario buscando se declarara \u00abla existencia de un [c]ontrato de mandato comercial\u00bb desde el 1.\u00b0 de agosto de 1992 hasta el 1.\u00b0 de agosto de 2006 entre estas y, consecuencialmente, se le condenara \u00abal pago de los honorarios generados con ocasi\u00f3n del aludido contrato\u00bb y de \u00ablos [c]anones de arrendamiento donde funcionaba la [a]gencia de pasajes de la empresa EMPRESA FLOTA CACHIRA LTDA., ubicada en el municipio de San Andr\u00e9s, Departamento de Santander\u00bb. (f. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.2. Se notific\u00f3 y oportunamente se opuso a las pretensiones; y en la etapa probatoria se recepcionaron los testimonios pedidos por las partes, se practic\u00f3 inspecci\u00f3n judicial en la citada \u00abagencia\u00bb de la demandada y dictamen pericial; y el 11 de marzo de 2016 el despacho vinculado profiri\u00f3 sentencia que tuvo por no probados los medios exceptivos, declar\u00f3 \u00abla existencia del contrato de simple mandato comercial\u00bb entre los extremos en litigio y \u00abneg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones\u00bb, la que fue apelada por la demandante y el a quo concedi\u00f3 la alzada en auto de 8 de abril de 2016 siguiente. (f. 2).  <\/span><\/p>\n

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2.3. En audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo efectuada el 28 de octubre siguiente, el Tribunal censurado \u00abREVOC\u00d3 parcialmente\u00bb la decisi\u00f3n de primera instancia, y en su lugar, la conden\u00f3 \u00aba pagarle a la se\u00f1ora IMELDA RAM\u00cdREZ DE INFANTE a t\u00edtulo de remuneraci\u00f3n del contrato de mandato […] dentro de los ocho (08) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo, la suma de $53.850.458\u00bb, con intereses comerciales en caso de no observarse el t\u00e9rmino concedido, y confirm\u00f3 lo resuelto en relaci\u00f3n con el \u00ab[a]rrendamiento\u00bb. (f. 2).  <\/span><\/p>\n

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2.4. Aduce que el Colegiado cuestionado incurri\u00f3 en \u00abdefecto factico por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio\u00bb, al cuestionar la credibilidad de los testimonios de Jacobo Rodr\u00edguez Maldonado, Pedro Delgado, Ram\u00f3n y Manuel Antonio Sep\u00falveda Monsalve \u00abpor raz\u00f3n de su vinculaci\u00f3n, como propietarios y socios\u00bb de la demandada (aqu\u00ed actora), circunstancia que \u00abno fue objeto de tacha por sospecha\u00bb y, adem\u00e1s, fueron \u00abdebidamente controvertidos por la parte actora\u00bb, y estas personas, \u00abpor el hecho de pertenecer a la empresa, conoc\u00edan ampliamente como se ejecut\u00f3 el [c]ontrato de mandato comercial, relatos que fueron espont\u00e1neos y que no fueron incoherentes como afirm[\u00f3] el Tribunal por el hecho de no coincidir exactamente con el monto de la contraprestaci\u00f3n recibidas [sic] por la demandante\u00bb, am\u00e9n que no ocultaron los v\u00ednculos sociales de los declarantes, puesto que con la contestaci\u00f3n de la demanda allegaron \u00abel Registro de la C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga, que los presentaba como tales\u00bb(ff. 2 y 9).   <\/span><\/p>\n

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2.5. El Tribunal \u00abse apart\u00f3 de las reglas de la l\u00f3gica, la sana cr\u00edtica y las normas legales pertinentes, y en este caso aplic\u00f3 equivocadamente el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo procedimiento Civil\u00bb porque en realidad cumplieron la carga procesal, para demostrar \u00abla forma como se pagaba en el tiempo y en el espacio, la remuneraci\u00f3n generada en el contrato de mandato mercantil, que vincul[\u00f3] a las partes\u00bb, y que dicho yerro del fallador \u00abdio lugar a que se impusiera a la millonaria condena\u00bb, que afecta gravemente, el patrimonio de la empresa gestora. (f. 10).  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado \u00abSE REVOQUE la respectiva sentencia proferida por la Sala civil-Familia del Tribunal Superior del distrito judicial de Bucaramanga, en su numeral Primero literal A, y en su lugar se restablezca[n sus] derechos fundamentales y constitucionales\u00bb. (f. 10)  <\/span><\/p>\n

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4.- Por auto de 27 de febrero del a\u00f1o en curso se dio tr\u00e1mite a dicha formulaci\u00f3n, admiti\u00e9ndola. (f. 31).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El magistrado ponente de la providencia cuestionada manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 con fundamento en los argumentos contenidos en el audio de la audiencia, a los cuales se remite, y considera que lo all\u00ed expuesto obedece a un razonamiento respetable y acorde a la normatividad aplicable, por lo que solicita se deniegue el amparo. (f. 42).  <\/span><\/p>\n

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2. El a quo vinculado manifest\u00f3 que la queja constitucional se dirige contra la sentencia de segunda instancia por lo que no se le puede endilgar a esa agencia judicial acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna, y que, por ende, se presenta una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y consecuencialmente depreca su desvinculaci\u00f3n. (ff. 45).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que la censora, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto f\u00e1ctico, enfila su reproche, contra el fallo proferido el 28 de octubre de 2016 por el Tribunal cuestionado, puesto que considera, dicha colegiatura cuestion\u00f3 la credibilidad de lo expresado por los testigos en raz\u00f3n a \u00absu vinculaci\u00f3n, como propietarios y socios\u00bb de la demandada (aqu\u00ed actora).  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Sentencia dictada el 11 de marzo de 2016 por el despacho vinculado, que tuvo por no probadas las excepciones, declar\u00f3 la existencia del contrato de mandato simple comercial entre las partes en contienda y deneg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones. (ff. 18-27).  <\/span><\/p>\n

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b) Acta de continuaci\u00f3n de la \u00abAUDIENCIA DE SUSTENTACI\u00d3N Y FALLO\u00bb realizada el 28 de octubre posterior en la que el ad quem acusado revoc\u00f3 parcialmente el numeral tercero de la determinaci\u00f3n de primer grado y, en su lugar, conden\u00f3 \u00aba la sociedad FLOTA CACHIRA LTDA. a pagarle a la demandante IMELDA RAM\u00cdREZ DE INFANTE,  a t\u00edtulo de remuneraci\u00f3n del contrato de mandato declarado en el segundo numeral de la sentencia de primera instancia , dentro de los ocho (8) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de este fallo, la suma de [$53.850.458], de conformidad con las razones expuestas\u00bb, con intereses comerciales en caso de no darse cumplimiento en el t\u00e9rmino concedido. (ff. 38-39).  <\/span><\/p>\n

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c) Disco Compacto que contiene lo actuado y decidido en la respectiva \u00abAUDIENCIA DE SUSTENTACI\u00d3N Y FALLO\u00bb. (f. 29).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizada la disposici\u00f3n cuestionada (28 de octubre de 2016), mediante la cual la Colegiatura querellada revoc\u00f3 parcialmente la del a quo y, con la que se agot\u00f3 la jurisdicci\u00f3n dentro del litigio que nos ocupa, advierte la Sala que no se observa proceder constitutivo del defecto f\u00e1ctico que la gestora le endilga y que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, dado que la postura adoptada en modo alguno luce caprichosa o antojadiza.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para emitir su providencia el colegiado censurado, precis\u00f3 en primer lugar, que atendiendo lo decidido por el a quo y el recurso de alzada presentado por la all\u00ed demandante, \u00abel problema jur\u00eddico principal se reduce a establecer si efectivamente est\u00e1 probado que se pag\u00f3 la remuneraci\u00f3n a la mandataria\u00bb en tanto que la declaraci\u00f3n de existencia de contrato de mandato comercial entre las partes no fue controvertida  <\/span><\/p>\n

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Para dilucidar dicho interrogante, parti\u00f3 de la base que conforme al art\u00edculo 1264 del C. de Co., este negocio jur\u00eddico \u00abes remunerado\u00bb, y que \u00abel mandatario tiene derecho a la remuneraci\u00f3n estipulada o usual en este g\u00e9nero de actividades, o, en su defecto a la que se determine por medio de peritos\u00bb, y en tal sentido, hizo \u00e9nfasis en que \u00abla empresa mandante tiene la carga de probar que pag\u00f3 a la se\u00f1ora Imelda Ram\u00edrez de Infante la remuneraci\u00f3n a que tiene derecho, pues corresponde siempre al deudor demostrar la extinci\u00f3n de las obligaciones que se le reclaman\u00bb porque, \u00ab[a]s\u00ed lo establece el art\u00edculo 1.757 del C\u00f3digo Civil, como tambi\u00e9n el art 177 del C.P.C. y ahora el 167 del C.G.P.\u00bb, adem\u00e1s, que \u00abla prueba del pago debe ser contundente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Valorado el material probatorio, manifest\u00f3 que contrario a lo expuesto por el juez de primer grado, para esa Sala \u00abno ofrecen credibilidad los testimonios de Jacobo Rodr\u00edguez Maldonado, Pedro Delgado Ram\u00f3n y Manuel Antonio Sep\u00falveda Monsalve, en raz\u00f3n a que es normal entender que la imparcialidad que debe tener todo testimonio est\u00e1 seriamente afectada en este caso, dado el inter\u00e9s que tienen en las resultas del proceso como conductores, propietarios de veh\u00edculos y socios de la sociedad demandada, calidades que ellos mismos se\u00f1alaron en sus declaraciones, y la \u00faltima condici\u00f3n, la de socios, tambi\u00e9n se comprueba con el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Flota Cachira Ltda, expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga, el cual fue allegado con la demanda y la contestaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A la par sostuvo que, adem\u00e1s, estos \u00abno son concordantes entre s\u00ed al referirse a la supuesta remuneraci\u00f3n que se le hizo a la mandataria\u00bb, pues, \u00abmientras Jacobo Rodr\u00edguez dice que ella descontaba de la remesas el 20%, sobre este punto Pedro Delgado y Manuel Antonio Sep\u00falveda no refieren nada. En lo que s\u00ed coinciden es en que descontaba $3.000 pesos por la planilla de pasajeros y si no hab\u00eda pasajeros los conductores se los pagaban, debi\u00e9ndose anotar aqu\u00ed, que lo declarado sobre este aspecto ofrece poca credibilidad en s\u00ed, en atenci\u00f3n a que no es normal que durante m\u00e1s de 13 a\u00f1os se mantenga invariable una remuneraci\u00f3n. Adem\u00e1s, el representante legal de la empresa, en su interrogatorio manifest\u00f3 un pago por una cuant\u00eda diferente, al se\u00f1alar que la demandante descontaba un porcentaje del 10% de los tiquetes, y que como m\u00ednimo cobraba por este rubro $5000 pesos, y el mismo porcentaje por las remesas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En el mismo sentido consider\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 4 de la resoluci\u00f3n 018 expedida por la gerente la empresa Flota Cachira el 27 de septiembre de 2002, que textualmente dice: \u201cLos conductores que no paguen planilla en San Andr\u00e9s a la se\u00f1ora Imelda Infante, esta ser\u00e1 descontada directamente de las planillas\u201d, no deja de ser m\u00e1s una intenci\u00f3n de lograr que los conductores pagaran por ese concepto, precisamente porque no lo hac\u00edan, m\u00e1s que una prueba del pago realizado a la mandataria\u00bb, la que , \u00ablejos est\u00e1 de demostrar que efectivamente el pago se realiz\u00f3\u00bb, ni a\u00fan \u00aben concordancia con las declaraciones antes relacionadas\u00bb, porque \u00abdarles credibilidad a estas ser\u00eda tanto como vulnerar el principio de la necesidad de la prueba, previsto por el art\u00edculo 174 de C.P.C. y ahora en el 164 del C.G.P., el cual no permite demostrar los hechos que interesan y favorecen a una parte con su propio dicho, pues pr\u00e1cticamente esto es lo que aqu\u00ed ocurrir\u00eda, dado que pretender o pretenden dar cuenta y raz\u00f3n del pago supuestamente efectuado a la mandataria, como conductores que cubr\u00edan la ruta al municipio de San Andr\u00e9s, quienes seg\u00fan su propio testimonio y el del gerente, eran quienes estaban encargados y obligados a efectuar el mismo por cuenta de los propietarios de los veh\u00edculos\u00bb. As\u00ed entonces, iter\u00f3 que \u00abno se puede permitir que prueben con su dicho el cumplimiento de su propia obligaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De cara al anterior an\u00e1lisis encontr\u00f3 que la empresa demandada no prob\u00f3 haber realizado el pago de la remuneraci\u00f3n reclamada en el libelo; por tanto, habiendo quedado sentado el derecho a dicha prestaci\u00f3n, procedi\u00f3 a establecer su monto. Con tal fin resalt\u00f3 que la misma no se estipul\u00f3 en el contrato, o por lo menos, no se acredit\u00f3, y \u00abpor previsi\u00f3n del art\u00edculo 1264 del C\u00f3digo de Comercio se debe cancelar la usual en este g\u00e9nero de actividades o la que se determine por medio de peritos\u00bb, y que dentro del sub lite \u00abse decret\u00f3 y practic\u00f3 un peritaje en la primera instancia, el cual concluy\u00f3 que deb\u00eda pagarse una comisi\u00f3n o remuneraci\u00f3n a Imelda Ram\u00edrez de Infante de $21\u2019942.500 pesos\u00bb, el que fue \u00abobjetado por error grave\u00bb por el extremo demandado.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente advirti\u00f3 que la objeci\u00f3n no fue resuelta en primera instancia, pero que la misma se rechazar\u00e1 porque dicho escrito no cumple con la exigencia que prev\u00e9 el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 238 del C. de P.C., de precisar \u00abel error, es decir la equivocaci\u00f3n o falencia de que adolecen los fundamentos del mismo\u00bb, pues, \u00abcomo reproche solamente se dice que los fundamentos t\u00e9cnicos contables no fueron tomados de la contabilidad de la sociedad demandada, manifest\u00e1ndose a la vez que en la informaci\u00f3n contable de la misma no existen datos referentes a ingresos por manejo de remesas y venta de tiquetes en la agencia del municipio de San Andr\u00e9s. Esta acusaci\u00f3n es inane y encierra una contradicci\u00f3n en si misma, pues no se le puede objetar al perito que no haya tenido en cuenta la contabilidad de la empresa, si ella no contiene ninguna informaci\u00f3n al respecto. No se puede tener en cuenta lo que no existe\u00bb; y respecto al contenido de la experticia sostuvo que \u00abla Sala le otorga credibilidad, puesto que en    los fundamentos del mismo se indic\u00f3 que se revis\u00f3 la informaci\u00f3n  contenida en los documentos que soportan las remesas, giros y pasajes que se hicieron durante los a\u00f1os en que la se\u00f1ora Imelda Ram\u00edrez de Infante labor\u00f3 en la oficina de Flota Cachira Ltda. en San Andr\u00e9s, y que reposan all\u00ed en poder de la actora\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adujo as\u00ed, que el perito \u00abestableci\u00f3 las ventas por remesas, giros y pasajes de cada uno de los a\u00f1os, desde 1992 hasta el 2006, procediendo luego a sacar el 10% del total de ventas de cada a\u00f1o como valor de la comisi\u00f3n que debe pag\u00e1rsele a Imelda Ram\u00edrez de Infante\u00bb, arrojando los siguientes resultados: \u00ab1992 $1\u2019001.420; 1993 $1\u2019065.320; 1994 $926.700; 1995 $976.330; 1996 $1\u2019303.520; 1997 $2\u2019218.670; 1998 $957.200; 1999 $1\u2019158.600; 2000 $2\u2019742.880; 2001 $723.300; 2002 $670.780; 2003 $2\u2019934.270; 2004 $2\u2019516.670; 2005 $1\u2019194.600; 2006 $1\u2019552.240\u00bb, pero que de esas sumas \u00abno se tendr\u00e1 en cuenta la correspondiente al a\u00f1o 1992, en raz\u00f3n a que la sentencia de primera vara solamente declar\u00f3 la existencia del mandato desde el a\u00f1o 1993, y esta decisi\u00f3n no fue controvertida en el disenso vertical\u00bb Asimismo consider\u00f3 que \u00abcon fundamento en la equidad y en principios como los de la completud del pago\u00bb esos valores deb\u00edan pagarse indexados, por lo que efectu\u00f3 el respectivo ajuste con base en el \u00edndice de precios al consumidor certificado por el DANE, operaci\u00f3n que arroj\u00f3 un total de $53\u2019850.458,oo.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, acot\u00f3 que \u00abno se acceder\u00e1 a la petici\u00f3n del pago del arriendo del local en donde realizaba la gesti\u00f3n de venta de tiquetes, giros y remesas la demandante, en raz\u00f3n a que no se arrim\u00f3 al proceso ni una sola prueba de que se hubiera pactado el arrendamiento del mismo. Adem\u00e1s en atenci\u00f3n a que el local tambi\u00e9n estaba ocupado por una droguer\u00eda de propiedad de la actora\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed entonces, procedi\u00f3 a revocar parcialmente el numeral 3.\u00b0 la sentencia impugnada y, en su lugar, conden\u00f3 a la sociedad demandada (aqu\u00ed actora) \u00aba pagarle a la demandante Imelda Ram\u00edrez de Infante, a t\u00edtulo de remuneraci\u00f3n del contrato de mandato […], dentro de los ocho d\u00edas siguientes a la ejecutoria de este fallo, la suma de […] ($53.850.458)\u00bb, con intereses comerciales en caso de no acatarse el t\u00e9rmino otorgado, y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de \u00abnegar el pago del arriendo pretendido en la demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de inconformidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De tales elucidaciones, se observa que el Tribunal encartado, contrario a lo afirmado por la querellante en el libelo genitor, profiri\u00f3 la providencia censurada con sustento en el examen que en forma conjunta, coherente y siguiendo los criterios de la sana critica realiz\u00f3 frente a las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso, con apoyo en las cuales adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona, am\u00e9n que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado, la que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, por lo que emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que no est\u00e1n demostradas las abiertas y evidentes circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudieran abrir las puertas del \u00e9xito a la pretensi\u00f3n tutelar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esto es, que habi\u00e9ndose establecido la existencia de un contrato de mandato comercial entre los litigantes, lo que no fue controvertido por las partes, deb\u00eda determinarse si se demostr\u00f3 el pago de la remuneraci\u00f3n a la mandataria, carga que correspond\u00eda a la sociedad demandada (aqu\u00ed accionante) que alegaba haberlo realizado; empero, auscultados los medios de convicci\u00f3n aducidos al sub judice encontr\u00f3 que dicho extremo no logr\u00f3 probar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n puesto que con tal fin alleg\u00f3 los testimonios de quienes fung\u00edan como sus conductores y socios, atestaciones que no resultaban suficientes para llevarle la convicci\u00f3n al fallador de que tal hecho hab\u00eda ocurrido, en lo medular, porque no era viable la demostraci\u00f3n de un suceso que le interesa y favorece con su propio dicho, pues de proceder as\u00ed se violar\u00eda el principio de la necesidad de la prueba; hermen\u00e9utica respetable que se bas\u00f3, cardinalmente, en los art\u00edculos 174, 176, 177, del C. P. C., y en los preceptos 1757 y 2184 y concordantes del C\u00f3digo Civil, art. 822 del C. de Co., la que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche a partir de la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo.  <\/span><\/p>\n

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6. Al respecto, la Sala tuvo la oportunidad de se\u00f1alar frente al tema que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[L]a jurisprudencia ha decantado que las declaraciones de las partes alcanzan relevancia, s\u00f3lo en la medida en que \u201cel declarante admita hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario, o lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicaci\u00f3n del principio conforme al cual a nadie le es l\u00edcito crearse su propia prueba\u201d (sentencia de 13 de septiembre de 1994, citada por Sent. Cas. Civ. de 27 de julio de 1999 Exp. No. 5195)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el mismo sentido, la Corte ha reconocido que, en principio, \u201ca nadie le es l\u00edcito o aceptable preconstituir unilateralmente la probanza que a s\u00ed mismo le favorece, cuando con aquella pretende demostrar unos hechos de los cuales deriva un derecho o beneficio con perjuicio de la otra parte, pues ello ser\u00eda tanto como admitir que el demandado, \u2018mutatis mutandis\u2019, pudiera esculpir su propia prueba, en franca contrav\u00eda de granados postulados que, de anta\u00f1o, inspiran el derecho procesal\u201d (Sent. Cas. Civ. de 4 de abril de 2001, Exp. No. 5502) (CSJ SC 27 jun. 2007 rad. 2001-00152-01).  <\/span><\/p>\n

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[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Por todo anterior, se observa que la autoridad querellada expuso las razones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas que cimentaron la decisi\u00f3n con la que resolvi\u00f3 de fondo el aludido litigio ordinario, lo que a juicio de la Sala conlleva un \u00abcriterio razonable\u00bb, por dem\u00e1s soportado en principios de rango superior como lo son la independencia y la autonom\u00eda judicial, lo que no permite, se itera una vez m\u00e1s, la intervenci\u00f3n del juez constitucional (Art. 228 y 230 de la C.P.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9.- As\u00ed mismo, como lo ha sostenido la Sala, la circunstancia de que la decisi\u00f3n adoptada en la providencia censurada resulte desfavorable a una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en     si misma considerada, escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, como quiera que este  <\/span><\/p>\n

\u00abNo puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir no se est\u00e1 demostrando el efecto apuntado en la demanda , ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (\u2026) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada, entre otras, en STC 3 sep. 2015 rad. 00493-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10.- Consecuentemente con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3288-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00440-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99984","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99984"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99984\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}