{"id":99988,"date":"2026-06-25T19:46:15","date_gmt":"2026-06-25T19:46:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3292-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:46:15","modified_gmt":"2026-06-25T19:46:15","slug":"stc3292-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3292-2017\/","title":{"rendered":"STC3292-2017"},"content":{"rendered":"

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                                 <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada Ponente  <\/span><\/p>\n

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                                STC3292-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00461-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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       Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Idarraga en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.- El gestor depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas.  <\/span><\/p>\n

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       2.- Arguy\u00f3, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1.- Dentro de la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n 2015-00152 que le instaur\u00f3 a Audiofarma, el fallo de primer grado estim\u00f3 sus pretensiones; de ah\u00ed que su contraparte lo apel\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por tanto, la colegiatura querellada, \u00abrevoca la sentencia del juzgador a quo, aduciendo de manera ingenua e infantil [sic] que la accionada no est\u00e1 obligada a cumplir lo pedido en [su] acci\u00f3n popular, ya que no presta servicio al p\u00fablico ninguno, olvidando que entrega medicamentos a los ciudadanos afiliados a las EPS, IPS [con] que Audiofarma tiene convenio\u00bb, aparte que deja de lado jurisprudencia que ense\u00f1a que \u00ablas personas con discapacidad f\u00edsica [\u2026] son ciudadanos con protecci\u00f3n constitucional reforzada\u00bb. Entonces, acota, lo conden\u00f3 en \u00abcostas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.- De otra parte, alude que la Regional Caldas de la Defensor\u00eda del Pueblo viola su deber funci\u00f3n al negarse a impetrar tutelas a su nombre, incumpliendo su deber legal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Solicita, conforme a lo relatado, \u00abse orden al tutelado de manera inmediata dar aplicaci\u00f3n de la tutela T-010 de 2011 de la Corte Constitucional y se revoque la sentencia de acci\u00f3n popular, en su lugar se confirme lo decidido por la a  quo\u00bb, y le otorgue a su favor las \u00abcostas de 2 instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Aparte, se \u00abtramite [su] pretensi\u00f3n contra la Defensora del Pueblo de Caldas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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       La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, luego de rese\u00f1ar las m\u00faltiples acciones de amparo instauradas por el petente en punto de las mismas razones aqu\u00ed expuestas, deprec\u00f3 se deniega la protecci\u00f3n instada dada la \u00abtemeridad\u00bb evidenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La colegiatura acusada guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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          1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Observada la disconformidad planteada, surge evidente que el reclamante enfila su inconformismo as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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       2.1.- Contra el tribunal acusado, al estimar que incurri\u00f3 en defecto material, ya que profiri\u00f3 la sentencia infirmatoria de segundo grado que supuestamente lo conden\u00f3 en \u00abcostas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.- Frente a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, ya que aparentemente \u00abse niega a presentar tutelas y acciones populares a [su] nombre\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Obran como demostraciones recaudadas, las siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.1.- Sentencia estimatoria de 2 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales (fls. 21 a 32).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.2.- Acta contentiva de la \u00abaudiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento\u00bb celebrada en el sub examine el 30 de enero de 2017,  en que se consigna que la colegiatura enjuiciada resolvi\u00f3: \u00abPrimero: absolver a la parte accionada por los razonamientos expuestos en la motiva de esta providencia. Segundo: no condenar en costas a la parte activa en favor de la parte pasiva\u00bb (fls. 19 y 20).  <\/span><\/p>\n

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       4.- En cuanto concierne con la disconformidad planteada en punto de la sala atacada habida cuenta que dict\u00f3 la providencia rese\u00f1ada en el numeral inmediatamente anterior, ha de relevarse que, contrario sensu a lo manifestado, no incurri\u00f3 en irregularidad que imponga la perentoria salvaguardia deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.1.- Lo anterior ya que, entre otras reflexiones, sostuvo que \u00abconforme al recaudo probatorio se observa que de acuerdo al objeto social descrito en el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad accionada no presta servicios al p\u00fablico en general\u00bb, habida cuenta que \u00aben s\u00edntesis suministra y vende medicamentos a las EPS e IPS\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       A esas cotas sigui\u00f3 diciendo, que en la \u00abinspecci\u00f3n judicial\u00bb se verific\u00f3 que es \u00abun sal\u00f3n grande donde ingresan ciudadanos, hay sillas, las personas toman un turno y esperan ser atendidas\u00bb, hall\u00e1ndose entre \u00abveinte y veinticinco individuos que tomaron asientos esperando el llamado, con cuatro puestos de atenci\u00f3n para suministrar los medicamentos, sin ba\u00f1os para el uso del p\u00fablico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Esgrimi\u00f3, seguidamente, que la demanda Audiofarma \u00aben su infraestructura\u00bb no cuenta con \u00abbater\u00edas sanitarias para ser utilizadas por los usuarios que asisten a reclamar los medicamentos que de conformidad con los convenios privados entre EPS e IPS\u00bb le han otorgado dicho labor\u00edo y, entonces, \u00abpor contera se concluye la inexistencia de servicios de ba\u00f1os para los individuos que se hallen en situaci\u00f3n de discapacidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Empero, realz\u00f3, \u00abel contenido del precepto 430 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo considera como servicio p\u00fablico toda actividad que satisfaga necesidades de inter\u00e9s general en forma continua, de acuerdo con el r\u00e9gimen jur\u00eddico dispuesto para ello, ya fuere en actividades realizadas por el Estado o personas privadas\u00bb, de donde surge que \u00abconcordante con ello es preciso revisar que la naturaleza jur\u00eddica de la entidad demandada no contiene ning\u00fan agregado que permita abarcar la instituci\u00f3n como de las obligadas a cumplir los lineamientos de las Leyes 361 de 1997 y 1618 de 2013\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por tanto, puso de presente que \u00abel objeto social de la parte demandada se limita a distribuir medicamentos de acuerdo con pactos negociales previamente adquiridos con instituciones de salud y por tanto no presta un servicio p\u00fablico a la comunidad en general, sino que sus actividades se derivan de las atenciones que los mismos contratantes le autoricen s\u00f3lo para dispensar a los pacientes los farmac\u00e9uticos prescritos\u00bb, por lo cual \u00abs\u00ed atiende ciudadanos pero no son del conglomerado en general sino los que las IPS y EPS le autoricen de acuerdo a la prestaci\u00f3n del servicio que \u00e9stas desarrollan\u00bb, resalt\u00e1ndose que \u00absi bien la actividad produce una tardanza relativa en la satisfacci\u00f3n de la necesidad de los usuarios que requiere del sistema de turnos\u00bb, lo cierto es que \u00abno por ello se perciben los requisitos impuestos en la normativa vigente para la reglamentaci\u00f3n de unidades sanitarias destinadas al uso de la comunidad\u00bb.    <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

       Manifest\u00f3, asimismo, que a pesar de no desconocerse las \u00abcircunstancias f\u00e1cticas\u00bb existentes en el \u00ablugar espec\u00edfico\u00bb donde se adujo obrar la presunta afectaci\u00f3n de \u00abderechos colectivos\u00bb, lo propio no impide ver que \u00abpor las condiciones espec\u00edficas de prestaci\u00f3n del servicio interno de acuerdo con la contrataci\u00f3n respectiva existente entre las instituciones, no se concibe como un prestador de servicios p\u00fablicos y por ello no debe guiarse por todas  las condiciones\u00bb normativas establecidas en los compendios legales de marras, ya que \u00abno est\u00e1 abierto a toda la comunidad\u00bb, m\u00e1xime cuando no qued\u00f3 probado que el \u00abpersonal que all\u00ed labora exceda\u00bb el n\u00famero de \u00abquince personas\u00bb, por lo que si bien media \u00abespecial protecci\u00f3n\u00bb a favor de las personas con impedimentos f\u00edsicos, no por lo se\u00f1alado las reglas que las protegen se deben extender \u00abde manera generalizada a todas las entidades\u00bb sino \u00abs\u00f3lo a las que la normativa vigente as\u00ed lo regule\u00bb, denot\u00e1ndose que en el \u00e1rea de la salud \u00abla Resoluci\u00f3n 04445 de 1996 del Ministerio de Salud dispone en el precepto 12 que la infraestructura de unidad sanitaria se requiere cuando se superen quince personas incluyendo pacientes, visitantes y personal\u00bb, empero esa imposici\u00f3n est\u00e1 dirigida a las \u00abinstituciones  prestadores del servicio de salud\u00bb, mas, seg\u00fan el Decreto 2200 de 2005 y la Resoluci\u00f3n 1403 de 2007, se establece que las \u00abfarmacias [o] droguer\u00edas\u00bb, ya sea \u00abmayoristas\u00bb o \u00abminoristas\u00bb, \u00fanicamente \u00abest\u00e1n obligados a cumplir con las disposiciones delineadas existiendo ausencia de norma que disponga la obligatoriedad de bater\u00eda sanitaria para el p\u00fablico en el sitio donde se presta la atenci\u00f3n\u00bb, lo cual tampoco est\u00e1 impuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial de esa municipalidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Finalmente, se explicit\u00f3 que no hab\u00eda \u00ablugar a condenar en costas en ninguna de las instancias\u00bb al petente, por no concurrir los requisitos del \u00abart\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         4.2.- Bajo esa perspectiva emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que, it\u00e9rase, no est\u00e1 demostrada la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustancial enrostrada, en tanto que de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que la valoraci\u00f3n probatoria y la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado, hermen\u00e9utica respetable que se bas\u00f3, cardinalmente, en las Leyes 361 de 1997, 472 de 1998 y 1618 de 2013, am\u00e9n de otras normas concordantes, la que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo, tanto m\u00e1s cuando el censor parti\u00f3 de una falacia al aseverar, en contra de lo verificado, que fue \u00abcondenado en costas\u00bb, hecho que en modo alguno ocurri\u00f3 seg\u00fan paladinamente se desprende de las acreditaciones compiladas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.- Al pronunciarse acerca de un caso de parecido contorno, esta Corporaci\u00f3n puso de presente que:  <\/span><\/p>\n

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[S]e concluye que el Tribunal  accionado, al decidir la segunda instancia de la acci\u00f3n popular instaurada por el se\u00f1or rodrigo medina rodr\u00edguez contra la se\u00f1ora soledad samudio serrano, no incurri\u00f3 en un proceder opuesto al ordenamiento sustancial o procesal aplicable, que permita sostener que en el sub judice se est\u00e9 frente a la situaci\u00f3n que tradicionalmente se ha denominado como una v\u00eda de hecho judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La anterior conclusi\u00f3n deriva de que el derecho fundamental invocado no aparece ciertamente conculcado con el contenido de la providencia judicial mediante la cual el Tribunal resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n de primera instancia, pues examinados los soportes allegados al tr\u00e1mite de tutela se observa que la autoridad competente abord\u00f3 la respetiva tem\u00e1tica de car\u00e1cter legal con base en las reflexiones de orden f\u00e1ctico y jur\u00eddico que se desprend\u00edan de lo acreditado en la aludida controversia, las que, sin olvidar el marco de competencia propia del Juez constitucional, se muestran razonables, as\u00ed como gobernadas por las disposiciones aplicables al proceso sometido a examen de los jueces naturales de la controversia, quienes, valga recordarlo, est\u00e1n dotados de una razonable autonom\u00eda para valorar los diferentes elementos de convicci\u00f3n aportados a esas diligencias de car\u00e1cter jurisdiccional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] As\u00ed las cosas, se impone anotar que la situaci\u00f3n sometida a consideraci\u00f3n de los Magistrados demandados fue objeto de un detenido y ponderado an\u00e1lisis f\u00e1ctico y probatorio de la tem\u00e1tica dilucidada, y en esa actividad no se aprecia efectivamente arbitrariedad, valoraciones inopinadas o decisiones por completo alejadas de los dictados del ordenamiento jur\u00eddico, ya que, en compendi\u00f3, el motivo para revocar la sentencia y desestimar las pretensiones de la citada acci\u00f3n popular surgi\u00f3 de considerar [\u2026] los elementos de convicci\u00f3n allegados, [\u2026] (CSJ STC, 28 ago. 2013, rad. 2013-01771-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.- Depurado lo anterior, y referente a la disconformidad enfilada contra la Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Caldas, ha de se\u00f1alarse que el amparo tambi\u00e9n ser\u00e1 denegado, conforme a los par\u00e1metros jurisprudenciales que pasan a exponerse, los cuales recogen \u00edntegramente el aspecto f\u00e1ctico ahora puesto de presente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.1.- En pret\u00e9rita oportunidad la Sala, en CSJ STC9598-2016, 14 jul. 2016, rad. 2016-00596-01, tuvo oportunidad de manifestar frente a una acci\u00f3n constitucional de id\u00e9ntica naturaleza, en que el sujeto aqu\u00ed petente otrora se doli\u00f3 de \u00abque la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas se ha negado a instaurar acciones de tutela a nombre de \u00e9l\u00bb, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con la censura dirigida frente a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, esta Corporaci\u00f3n ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en ocasi\u00f3n pasada respecto de los mismos hechos y pretensiones, raz\u00f3n por la cual, le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, por lo que la presente acci\u00f3n con relaci\u00f3n a dicha inconformidad se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] Se trata, entonces de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: \u2026[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01) (subrayado ajeno al texto original).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.2.- Conforme a lo anterior, la petici\u00f3n de resguardo dirigida en punto de la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas ser\u00e1 negada conforme al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, esto es, por hallarse temeraria la formulaci\u00f3n al efecto propuesta, habida cuenta que tal ya se intent\u00f3 en plurales oportunidades en el pasado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       6.- Finalmente, a los pedimentos del impugnante, respecto a que se le \u00abse escanee copia de [su] tutela y del fallo a [su] correo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com\u00bb, se ordenar\u00e1 que por secretar\u00eda se remita esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       7.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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                                           MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada Ponente                                         STC3292-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00461-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99988","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99988","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99988"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99988\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99988"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99988"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99988"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}